María del Carmen Corona González

Expediente 1675/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1675/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
04/11/2016

Partes del expediente

  • María del Carmen Corona González

Actuaciones

  1. Principal

    "... MESA 1 Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que en la especie, en proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis (foja 7-12), se tuvo por desechada la demanda de garantías promovida por MARÍA DEL CARMEN CORONA GONZÁLEZ, el cual se le notificó el veintiuno siguiente (foja 15); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA I "... Vista la demanda de amparo promovida por MARÍA DEL CARMEN CORONA GONZÁLEZ, contra actos de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1675/2016. Ahora, toda vez que dicha demanda está redactada bajo protesta de decir verdad, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En relación con el principio de definitividad existen los criterios siguientes, que no contravienen a la nueva Ley de Amparo: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". (Jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). El artículo y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Ahora, el principio de definitividad, que rige al juicio de garantías, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. "Artículo 849.- Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión". El numeral transcrito revela que contra los actos dentro del procedimiento de ejecución del Presidente de la Junta, procede el recurso de revisión. En el caso la quejosa MARÍA DEL CARMEN CORONA GONZÁLEZ, señala como acto reclamado que el Presidente de la Junta responsable pues a la fecha no acuerda el escrito de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis en el que solicitó a través de su apoderado legal despache ejecución en el juicio laboral 117/2012(4)BIS contra la Universidad del Mar, en cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral mencionado. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia aludida porque contra la omisión de la responsable procede el recurso de revisión; por ello, estaba jurídicamente obligada a agotar dicho recurso, a través del cual pudo haber sido nulificado. Luego, si la parte quejosa tenía a su alcance el mencionado recurso para combatir el acto de molestia aquí reclamado, es inconcuso que no se cumplió el principio de definitividad de la ley, pues en todo caso debió haber agotado la instancia jurisdiccional; empero al no ocurrir así, se actualiza la causa de improcedencia de que se trata. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 fracción XVIII, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por MARÍA DEL CARMEN CORONA GONZÁLEZ. Aunado a lo anterior, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido". Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." En relación con esta causa de improcedencia, existen la jurisprudencia y tesis, del tenor siguiente:Los artículos, jurisprudencia y tesis transcritos revelan que el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En la especie, el acto reclamado consistente en la omisión por parte de la responsable en despachar ejecución para lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 117/2012(4) Bis, acto que no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en el citado juicio laboral, pues no se ha determinado el cumplimiento total del laudo ni tampoco se determinó que hubiera imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento al mismo, casos en los cuales, el amparo indirecto resulta procedente. Conforme lo anterior, para la impugnación de los actos u omisiones en ejecución de un laudo, es necesario que se reclame "la última resolución", como presupuesto de procedencia de la vía indirecta. Además, cabe decir que también es improcedente el amparo indirecto promovido por la parte actora, no obstante que haya sido la parte vencedora en el juicio natural. Consideraciones similares que tuvo el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el toca en revisión 348/2014, deducido del juicio de amparo indirecto 512/2014 del índice de este Juzgado, promovido por Israel Jacinto López, contra actos del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, por conducto de Director General y que ahora, el suscrito hace suyas. En tal virtud, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. No obsta a lo anterior que la quejosa haya señalado como responsable a la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dado que de la lectura de la demanda se advierte que el acto reclamado lo atribuye al Presidente de dicha Junta; máxime que se trata de un acto en el procedimiento de ejecución, en el cual los actos los emite el Presidente en lo individua. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizadas únicamente para recibirlas, a las personas que nombra. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre del año en curso, se hace del conocimiento a las partes que este Juzgado de Distrito, se ubica a partir del diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, en Privada de Aldama número 106, código postal 71256, Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; lo anterior, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga..." NOT.PREVIO AVISO

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,074 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano