María del Carmen Corona Flores

Expediente 195/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
195/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
07/09/2018

Partes del expediente

  • María del Carmen Corona Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de siete de septiembre de dos mil dieciocho: Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja civil 49/2018, así como el juicio de amparo 195/2018-IV, agréguese el cuadernillo formado con motivo de dicho recurso. En consecuencia, comuníquese a la parte quejosa que la superioridad confirmó el auto que desechó su demanda de amparo, según se advierte de los resolutivos siguientes: PRIMERO. Se confirma el auto recurrido. SEGUNDO. Se desecha la demanda de amparo promovida por María del Carmen Corona Flores, en contra de la resolución de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dentro del toca de queja 04/2018, a través del cual se confirma el auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el expediente 723/2016 (.). En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena realizar la anotación de que el presente expediente es destruible una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Asimismo, conviene precisar que el documento exhibido por la parte quejosa no se ubica en los supuestos del artículo segundo, fracción XVIII del aludido Acuerdo General, por lo que es innecesario requerirla para que los recoja; no obstante, queda a su disposición, previa copia que quede agregada en autos. Ahora, toda vez que la parte promovente nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia, no deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Visto el escrito signado por la quejosa María del Carmen Corona Flores; en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de uno de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, remítase al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en turno, el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja, sin que haya lugar a distribuir copias entre las partes, ya que no han sido emplazadas dado el desechamiento de la demanda; manifestando en vía de informe que es cierto el acto impugnado. Por tanto, con diversa copia del escrito de recurso de queja, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto; una vez notificado el presente proveído a la promovente, remítanse las constancias precisadas dentro del plazo que prevé el artículo 101 de la Ley de Amparo, al citado Tribunal Colegiado.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de uno de marzo de dos mil dieciocho: Vista la demanda de amparo que promueve María del Carmen Corona Flores, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, de quien reclama la resolución del recurso de queja dictado el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en el toca de queja 04/2018, del índice de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 195/2017-IV. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que el acto reclamado consiste en la resolución del recurso de queja dictado el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en el toca de queja 04/2018, del índice de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; la cual, no produce efectos de imposible reparación a las partes, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, toda vez que el referido recurso de queja fue interpuesto en contra del auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente 723/2016, del índice del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el que se ordenó hacer efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintinueve de agosto y en consecuencia se tuvo por no presentado el dictamen en materia de agrimensura emitido por el perito Esperidion Conde Nieva, experto designado por la quejosa en el cuaderno de pruebas de la parte actora en el juicio 723/2016. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Para poder explicar lo anterior, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al deliberar y votar la contradicción de tesis 377/2013 entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesiones de veinte y veinticuatro de marzo de dos mil catorce, una mayoría de seis ministros se pronunció, en lo que interesa, en los siguientes términos: SESIÓN DEL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE..De la anterior transcripción se desprende que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de seis votos, determinó que de conformidad con la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Lo anterior, resulta relevante en este asunto, pues el acto reclamado en el presente juicio consiste en la resolución del recurso de queja dictado el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en el toca de queja 04/2018, del índice de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dicho recurso de queja fue interpuesto en contra del auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente 723/2016, del índice del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el que se ordenó hacer efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintinueve de agosto y en consecuencia se tuvo por no presentado el dictamen en materia de agrimensura emitido por el perito Esperidion Conde Nieva, experto designado por la quejosa en el cuaderno de pruebas de la parte actora en el juicio 723/2016, esto es, la resolución reclamada tiene como efecto la continuación del juicio de origen, por tanto, sólo tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de una sentencia adversa a los intereses de la parte aquí promovente, por lo que debe decirse que dicha determinación no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Así, la materia de la resolución reclamada es un tema que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, ya que sólo ocasiona que se traigan los autos a la vista para realizar el dictado de la sentencia correspondiente, hecho que bien podría repararse si la sentencia resulta favorable a las pretensiones de la inconforme. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues en caso de que la sentencia resulte adversa a sus intereses, entonces esa violación procesal sería reclamable a través del medio de impugnación o juicio correspondiente, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Por otra parte, en virtud de que el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, dada la naturaleza del presente acto, por única ocasión por única ocasión, se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este Juzgado para que se constituya en el domicilio que señaló la quejosa para oír y recibir notificaciones, y le requiera para que dentro del plazo de tres días, señale domicilio en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista, atento a lo dispuesto en los artículos 107y 108 del Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Cristina Pérez Cuatecontzi, y únicamente para para oír y recibir notificaciones a Maura Martinez Corona, toda vez que no cuenta con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este juicio, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que el presente juicio se tramite sin dilación alguna. Se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio.

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