MARÍA DEL CARMEN CHARINES ÁVILA y Otros.
Expediente 539/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2022
Partes del expediente
- MARÍA DEL CARMEN CHARINES ÁVILA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido del siete al catorce de octubre de dos mil veintidós, el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Hágase la anotación respectiva en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, trece de julio de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, por medio del cual el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Zaragoza, comunica el auto de veintiocho de junio último, dictado en autos del juicio de amparo 763/2022-III de su índice, por medio del cual el juzgado de su adscripción determinó no aceptar la competencia que declinó este Juzgado, por las razones que ahí expone. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. No obstante, este juzgado federal insiste en declararse legalmente incompetente, pues no se comparte la postura sostenida por el homologo oficiante, por las razones que se exponen. Ahora bien, uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. El artículo 37, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Por su parte, el artículo 48 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Así, del análisis del precepto invocado en primer término, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que son: La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el último supuesto, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así también, el artículo 48 antes transcrito, estatuye que cuando ante un Juez de Distrito se promueva un juicio de amparo que sea competencia de uno diverso, declarará que carece de competencia legal de plano y lo comunicará al que estime competente. Ahora bien, de la lectura del acuerdo de veintiocho de junio ulterior, dictado por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Zaragoza, se colige que determinó no aceptar la competencia para conocer del presente asunto, bajo el argumento toral de que el acto reclamado carece de ejecución material, lo que se traduce que se trata de una omisión simple que carece efectos positivos. Así, el juez homologo concluyó que al seguir literalmente las reglas de competencia establecidas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, consideraba que se actualiza la regla prevista en el tercer párrafo, por lo que será competente el juez del lugar en que se se lleva el proceso. En ese contexto, este juzgado disiente respetuosamente de lo manifestado por el diverso órgano jurisdiccional, pues se considera que corresponde al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Zaragoza, lo anterior, es así, ya que en esencia el quejoso en el escrito inicial demanda de amparo, señala el siguiente: -La restricción de poder visitar al familiar de las aquí quejosas en el Centro Federal de Readaptación Social Número 18 ("CPS Coahuila"). Por lo tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, puesto que, de la demanda de amparo de cuenta, el promovente, quien promueve por propio derecho, bajo protesta de decir verdad manifestó que se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 18 ("CPS Coahuila"), lugar en el que, se ejecuta el acto reclamado. De ahí que se sostenga que la acción reclamada no implique ejecución dentro de la demarcación territorial de este juzgado; además de acuerdo a las reglas que establece el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, para que este juzgado sea el órgano jurisdiccional competente para conocer de este juicio, es menester, que el acto reclamado se haya ejecutado, se estuviera ejecutando o se tratare de ejecutar en esta ciudad, lo que en el caso concreto no acontece, pues se reitera el acto reclamado tiene su ejecución en el Estado de Coahuila, con sede en Ramos Arizpe. Resulta aplicable, al caso por analogía la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido.". Por lo que, mediante atento oficio, remítanse los presentes autos al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EN TURNO, para que proceda a resolver lo conducente respecto a la contienda de competencia suscitada. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda presentado por María del Carmen Charines Ávila y Elvia del Socorro Ávila Jiménez, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Penitenciario Federal no. 18 "C.P.S. Coahuila" y otras autoridades. ? Regístrese con el número de juicio 539/2022-IV. ? Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de la litis ? La restricción de poder visitar al familiar de las aquí quejosas en el Centro Federal de Readaptación Social Número 18 ("CPS Coahuila"). Incompetencia Por cuestión de estudio y método, debe analizarse en primer lugar si este Órgano Jurisdiccional es constitucional y legalmente competente para conocer del asunto de que se trata, por ser una circunstancia de orden público, estudio preferente y oficioso, por imperativo del artículo 16 constitucional. 24/06/22 09:15:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c6.5f gilberto alejandro nolasco martinez Al respecto es aplicable la tesis jurisprudencial I. 2 P. J/40, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA.". Así la competencia constitucional de los Jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reglamentada en el artículo 37 de la Ley de Amparo que indican. "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [..] VII.- El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrán ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." El precepto trascrito establece que el juicio de amparo se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute, o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por su parte el artículo 37 de la ley de Amparo prevé: 24/06/22 09:15:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c6.5f gilberto alejandro nolasco martinez Amparo indirecto 539/2022 ??A???????????? "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dispositivo legal del que se desprenden básicamente tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los mandatos anteriormente transcritos se advierte que será competente para conocer del juicio de amparo, como en el presente caso acontece, el juez de Distrito con jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Entonces, si las quejosas, en esencia, reclaman la negativa de visitas al sentenciado, en el lugar en el que se encuentra recluido, por lo tanto, en la especie se actualiza la primera de 24/06/22 09:15:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c6.5f gilberto alejandro nolasco martinez las hipótesis descritas, puesto que, de la demanda de amparo de cuenta, las promoventes María del Carmen Charines Ávila y Elvia del Socorro Ávila Jiménez, quienes promueven por propio derecho, bajo protesta de decir verdad manifestaron que el sentenciado se encuentra interno en el Centro Penitenciario Federal no. 18 "C.P.S. Coahuila, con residencia en el municipio de Ramos Arizpe lugar en el que, se ejecuta el acto reclamado, ya que se le negó a las quejosas las visitas al sentenciado. De ahí que se sostenga que la acción reclamada no implique ejecución dentro de la demarcación territorial de este juzgado, por tanto, es evidente que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda. En esa tesitura de acuerdo a las reglas que establece el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, para que este juzgado sea el órgano jurisdiccional competente para conocer de este juicio, es menester, que el acto reclamado se haya ejecutado, se estuviera ejecutando o se tratare de ejecutar en esta ciudad, lo que en el caso concreto no acontece, pues se reitera el acto reclamado tiene su ejecución en el Estado de Coahuila, con sede en Ramos Arizpe. En consecuencia, se estima que debe conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito en Saltillo, Coahuila, en turno, que ejerce jurisdicción en aquélla entidad en términos del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 24/06/22 09:15:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c6.5f gilberto alejandro nolasco martinez Amparo indirecto 539/2022 ??A???????????? Se concluye lo anterior, toda vez que si bien el acto reclamado no proviene directamente de un proceso penal ni propiamente de la ejecución de una pena, sí se determina como parte de ésta, en razón que la negativa o restricción de las visitas al sentenciado constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, al advertirse que este tópico relativo a las condiciones de su internamiento se encamina a una de las finalidades que conlleva la ejecución final, como es la readaptación social del sentenciado por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Asimismo, tiene aplicación por analogía la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito 24/06/22 09:15:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c6.5f gilberto alejandro nolasco martinez o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido."1 Consecuentemente, con fundamento en el precepto 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los arábigos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013 y sus reformas, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano de control constitucional se declara legalmente incompetente para resolver este juicio de amparo y se declina en favor del Juez de Distrito en Saltillo, Coahuila, en turno, a quien deberá remitirse el presente expediente, para que informe lo relativo. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este 1 Registro digital: 2006160, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 14/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 633 Tipo: Jurisprudencia. 24/06/22 09:15:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c6.5f gilberto alejandro nolasco martinez Amparo indirecto 539/2022 ??A???????????? órgano judicial, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio de la parte quejosa Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Obtención de copias Se autoriza la obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, siempre y cuando medie previa solicitud por escrito en la cual se especifiquen las actuaciones que se requieren reproducir, para lo cual el solicitante deberá acreditar la personalidad con que se ostenta en el presente juicio y en su caso, se deberá dejar constancia en autos, excepto cuando se trate de actuaciones en sigilo. Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para tomar impresiones fotográficas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. 24/06/22 09:15:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c6.5f gilberto alejandro nolasco martinez Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las demás partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Finalmente, se toma conocimiento de la dirección de correo electrónico y el número telefonico que proporciona la parte quejosa, de los cuales se toma conocimiento para el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Asimismo. se solicita a las demás partes a que proporcionen a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación. Notifíquese.
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