María del Carmen Cendón Trespalacios

Expediente 1222/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1222/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • María del Carmen Cendón Trespalacios

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 1222/2022-B. En ese sentido, el artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En la especie, este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia que deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, con relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; y, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; estos últimos interpretados a contrario sentido, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.).". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetaran a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (.).". De los preceptos trascritos se tiene que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte que tenga un interés jurídico o legítimo. Por su parte, el numeral 6 de la Ley de Amparo, establece que la parte quejosa podrá promover juicio de amparo a través de representante legal, apoderado, defensor en materia penal o cualquier persona en casos específicos que prevé dicho ordenamiento legal, como lo es en el caso de menores de edad, discapacidad, mayor sujeto a interdicción (artículo 8 de la Ley de Amparo) o tratándose de actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 15 de la Ley de Amparo). Asimismo, debe precisarse que todo escrito presentando en un procedimiento judicial debe ser firmado por su autor o sus autores, sobre todo el escrito de demanda que da inicio al juicio, constituyendo esto un requisito formal esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante para ejercer cualquier derecho que le haya sido violado, máxime que la misma es indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe, debe entenderse que propiamente no existe agraviado y la demanda resulta improcedente. En ese orden de ideas, de la demanda que instó el presente juicio constitucional, se advierte que no contienen firma autógrafa o electrónica alguna, por tanto, este órgano jurisdiccional no se encuentra facultado para ordenar que se subsane tal extremo; pues tal omisión, no se encuentra prevista en ninguna de las hipótesis a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, mismo que dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De tal suerte que, un escrito presentando en las narradas condiciones, no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado por el peticionario de amparo debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza ni de las consecuencias inherentes a la misma. Por tanto, en el particular se surte la causa de improcedencia en estudio al no existir manifestación de la voluntad de ***, en su carácter de apoderado legal de ***, de ejercitar la acción de amparo, al no haber plasmado de su puño y letra su firma en la demanda de derechos fundamentales que se provee; tampoco haberlo hecho de manera electrónica, ni encontrarnos en un caso de excepción. Consecuentemente, procede desechar la demanda de derechos fundamentales promovida por *** en su carácter de apoderado legal de ***. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en su demanda de amparo; y como autorizados en términos amplios, por asó haberlo solicitado el promovente, y tratarse de materia laboral. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.

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