María del Carmen Casas Huerta

Expediente 1564/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1564/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • María del Carmen Casas Huerta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó en el presente juicio. De igual manera, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso, una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta, del Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, por medio del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado que le corresponde y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen por recibidas las constancias que acompaña la referida autoridad en su oficio de cuenta como complemento de su informe justificado, correspondientes al expediente ********************, de su índice. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la promovente del amparo ******************** señaló como acto reclamado la omisión de emitir el acuerdo correspondiente a la ******************** solicitada mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintitrés en el expediente ********************. En esas condiciones, de la constancia exhibida por la autoridad responsable -misma que adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte la sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintitrés dictada en el expediente relativo al juicio ordinario civil ********************, por la que el Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla resolvió dicho juicio. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]. Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no surtir efectos. Es de suma importancia advertir que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación y; b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. En ese sentido, del informe justificado rendido por la autoridad responsable se advierte que por sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintitrés dictada en el expediente relativo al juicio ordinario civil ********************, el Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla resolvió dicho juicio. En este sentido, se actualiza la causal de improcedencia antes precisada, en el supuesto de sustitución procesal, ya que de las constancias reseñadas, se advierte que la omisión del Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla de emitir el acuerdo correspondiente a la ******************** solicitada mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintitrés en el expediente ********************, y que constituye el acto reclamado en análisis, fue sustituido por la sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintitrés dictada en el expediente relativo al juicio ordinario civil ********************. De ahí, que al haber cesado los efectos de la omisión reclamada, por sustitución procesal, resulta ocioso examinar su constitucionalidad; toda vez que ya no está surtiendo sus efectos, al ser la sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintitrés dictada en el expediente relativo al juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, la que rige la situación jurídica de la parte quejosa. Cobra aplicación el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que con el número I.3o.C.92 K, aparece publicado en la página 1491, del Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165870, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Igualmente aplicable resulta el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que con el número III.3o.C.23 K, aparece publicado en la página 410, del Tomo V, Enero de 1997, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 199560, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ÉSTA Y NO AQUÉLLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta, del Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, por medio del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado que le corresponde y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen por recibidas las constancias que acompaña la referida autoridad en su oficio de cuenta como complemento de su informe justificado, correspondientes al expediente ********************, de su índice. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la promovente del amparo ******************** señaló como acto reclamado la omisión de emitir el acuerdo correspondiente a la ******************** solicitada mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintitrés en el expediente ********************. En esas condiciones, de la constancia exhibida por la autoridad responsable -misma que adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte la sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintitrés dictada en el expediente relativo al juicio ordinario civil ********************, por la que el Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla resolvió dicho juicio. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]. Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no surtir efectos. Es de suma importancia advertir que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación y; b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. En ese sentido, del informe justificado rendido por la autoridad responsable se advierte que por sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintitrés dictada en el expediente relativo al juicio ordinario civil ********************, el Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla resolvió dicho juicio. En este sentido, se actualiza la causal de improcedencia antes precisada, en el supuesto de sustitución procesal, ya que de las constancias reseñadas, se advierte que la omisión del Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla de emitir el acuerdo correspondiente a la ******************** solicitada mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintitrés en el expediente ********************, y que constituye el acto reclamado en análisis, fue sustituido por la sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintitrés dictada en el expediente relativo al juicio ordinario civil ********************. De ahí, que al haber cesado los efectos de la omisión reclamada, por sustitución procesal, resulta ocioso examinar su constitucionalidad; toda vez que ya no está surtiendo sus efectos, al ser la sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintitrés dictada en el expediente relativo al juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, la que rige la situación jurídica de la parte quejosa. Cobra aplicación el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que con el número I.3o.C.92 K, aparece publicado en la página 1491, del Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165870, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Igualmente aplicable resulta el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que con el número III.3o.C.23 K, aparece publicado en la página 410, del Tomo V, Enero de 1997, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 199560, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ÉSTA Y NO AQUÉLLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio signado por el Director General de Capital Humano de la Secretaría Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través del cual, remite lo siguiente: - Copia certificada del oficio ******************** de su contenido se advierte que señaló las doce horas del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la reunión de trabajo a fin de coadyuvar y coordinar las deducciones que deben realizar al pago de la quejosa ********************. Atento a lo anterior, se toma conocimiento de lo informado por la autoridad oficiante sin que por el momento se formule un nuevo requerimiento a la referida autoridad, toda vez que aún no comienza a transcurrir el plazo para informar sobre el desahogo de la reunión de trabajo programada para el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Por tanto, una vez que transcurra el plazo concedido, se proveerá lo que en derecho corresponda a fin de lograr el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.

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