María del Carmen Carrillo Palacios

Expediente 277/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
277/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
09/04/2019

Partes del expediente

  • María del Carmen Carrillo Palacios

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta que en el presente juicio de amparo no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por María del Carmen Carrillo Palacios, por propio derecho, contra actos de la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Jerez, Zacatecas, el secretario en funciones de Juez acuerda: Regístrese su ingreso en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número que legalmente le corresponda. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario y 172, fracción VII, todos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten de materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano se parte;" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios, o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes;" La parte quejosa reclama en este juicio de amparo: ". La sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, pronunciada por la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez, Zacatecas, dentro del Juicio Mercantil Ordinario promovido por la suscrita en contra de Gustavo Escobedo Varela, radicado bajo el número 109/2018 del índice de Gobierno, mediante la cual resuelve el Recurso de Revocación interpuesto contra los autos emitidos el siete de Noviembre de dos mil Dieciocho, mediante los cuales: A).- Foja 118, se proveyó conforme la solicitud de dos de octubre de dos mil dieciocho del demandado, de revocar la designación de perito Fármaco Biólogo VICTOR HUGO GUTIERREZ MATA teniendo por designado en su lugar a la INGENIERO CLAUDIA ROCIO LÓPEZ IBARRA a quien ordenó notificarle por conducto del ocursante (parte demandada) en tres días exhiba escrito aceptando el cargo conferido con todos los requisitos exigidos por la fracción III del artículo 1253 del Código de Comercio vigente y los apercibimientos de estilo. B).- Foja 121 se negó al actor su petición de tener precluido el derecho al demandado para que u perito acepte el cargo, remitiendo al auto mencionado en primer término." De lo antes transcrito, puede concluirse que el acto que reclama la parte quejosa, no tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos del mismo no son susceptibles de producir afectación de manera directa e inmediata a alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución General de la República. Se afirma lo anterior, toda vez que de los antecedentes de la demanda de garantías, se advierte que: 1. El veinte de febrero de dos mil dieciocho, María del Carmen Carrillo Palacios, presentó demanda en vía ordinaria mercantil contra Gustavo Escobedo Varela, por el pago de pesos, más anexidades, la que correspondió conocer al Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, registrándola bajo el número 109/2018. 2. En ocho de marzo de dos mil dieciocho, la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, admitió a trámite la demanda ordenando emplazar al demandado. 3. El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se llevó a cabo el emplazamiento del demandado Gustavo Escobedo Varela. 4. Seguidos los trámites correspondientes el catorce de junio de dos mil dieciocho, se abrió el periodo probatorio. 5. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho la parte actora, anunció las pruebas de sus intenciones. 6. Por auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho, la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, admitió la prueba pericial en grafoscopia de las intenciones de la parte actora a cargo del perito ingeniero Roberto García Luna. 7. La parte demandada al momento de desahogar la vista otorgada con el escrito de ofrecimiento de pruebas propuso como perito de sus intenciones, ad cautelam, para la pericial anunciada por la actora al químico farmacobiologo Víctor Hugo Gutiérrez Mata, el que se tuvo por designado el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. 8. El dos de octubre de dos mil dieciocho, el demandado, en lugar de notificar al perito Víctor Hugo Gutiérrez Mata, para que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 1253 del Código de Comercio; revoca la designación de perito y propone en su lugar a la ingeniero Claudia Rocío López Ibarra, solicitando ampliación del término de tres días para que ésta presente escrito de aceptación de cargo. 9. El siete de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por revocado al perito Víctor Hugo Gutiérrez Mata; y por designada en su lugar a la ingeniero Claudia Rocío López Ibarra, ordenando notificarle por conducto de la parte demandada para que en el término de tres días presente escrito de aceptación de cargo. 10. En seis de noviembre de dos mil dieciocho, la parte actora, acusó a la parte demandada la preclusión de su derecho para que el perito Víctor Hugo Gutiérrez Mata, aceptara el cargo y solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento de tener al demandado por conforme con el dictamen emitido por el perito nombrado por la actora. 11. Por auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho, la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, negó a la parte actora la petición de tener por precluido el derecho al demandado para que el perito de sus intenciones aceptara el cargo. 12. Inconforme con el contenido de los autos de siete de noviembre de dos mil dieciocho, la parte actora interpuso el recurso de revocación, que fue admitido por la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, mediante acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. 13. El veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, dictó resolución dentro del recurso de revocación, declarándolo improcedente y por tanto, firmes los autos de siete de noviembre de dos mil dieciocho; lo que constituye el acto reclamado. De lo anterior se corrobora que, como se asentó con anterioridad, el acto reclamado solo produce efectos intraprocesales, que pueden ser reclamados una vez que se dicte el fallo definitivo en caso que éste sea desfavorable al inconforme, mediante el juicio de amparo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, pues no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, a través de las garantías individuales. En efecto, la afectación que dice sufrir la parte quejosa, con motivo de la revocación del perito nombrado y la aceptación de nuevo perito; y el no tener por precluido el derecho de la parte demandada para que el perito de sus intenciones presente escrito de aceptación de cargo, podrían quedar sin efectos, si obtiene una resolución favorable a sus intereses respecto del juicio ordinario mercantil 109/2018, promovido por María del Carmen Carrillo Palacios contra Gustavo Escobedo Varela por el pago de pesos, ya que el acto reclamado constituye una violación al procedimiento, que no causa un gravamen irreparable, en los términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que ello sucede sólo cuando se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa violación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el procedimiento del que emana, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues por su naturaleza jurídica sólo producen efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable y, en el supuesto de que no lo fuera, estaría la parte aquí quejosa en aptitud de interponer el recurso ordinario si en su caso fuera procedente, o incluso acudir al juicio de amparo, donde podría delatar las violaciones procesales, por lo que con el acto reclamado, no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Es aplicable al respecto, por analogía el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la tesis VI.2o.C.167 K, que aparece publicada en la página mil ciento setenta y uno, tomo XVII, correspondiente al mes de Febrero de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.". Así como la tesis de jurisprudencia publicada en la página once de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación número cincuenta y seis, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE SE PRESENTA, PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". De igual forma, es aplicable al caso en lo conducente la tesis por contradicción 39/90, resultado de las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, legible en la página 280, tesis 420, tomo VI, Parte SCJN, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época del Apéndice de 1995, que dice: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En estas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por María del Carmen Carrillo Palacios, por propio derecho, contra actos de la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, con fundamento en el artículo 113 de la ley reglamentaria en consulta. Como lo solicita la quejosa ténganse por autorizados para oír notificaciones a los licenciados Víctor Torres Bañuelos y Maro Armando de Loera Barrios, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y como lo solicita a Julio César Ramírez Rodríguez, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en Andador Cuatro número 204, colonia Fuentes del Bosque en la ciudad de Zacatecas.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCIUSO B), EN RELACION CON EL 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DICTADO EN VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE: "Vista la demanda de amparo promovida por María del Carmen Carrillo Palacios, por propio derecho, contra actos de la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Jerez, Zacatecas, el secretario en funciones de Juez acuerda: Regístrese su ingreso en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número que legalmente le corresponda. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario y 172, fracción VII, todos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten de materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano se parte;" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios, o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes;" La parte quejosa reclama en este juicio de amparo: ". La sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, pronunciada por la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez, Zacatecas, dentro del Juicio Mercantil Ordinario promovido por la suscrita en contra de Gustavo Escobedo Varela, radicado bajo el número 109/2018 del índice de Gobierno, mediante la cual resuelve el Recurso de Revocación interpuesto contra los autos emitidos el siete de Noviembre de dos mil Dieciocho, mediante los cuales: A).- Foja 118, se proveyó conforme la solicitud de dos de octubre de dos mil dieciocho del demandado, de revocar la designación de perito Fármaco Biólogo VICTOR HUGO GUTIERREZ MATA teniendo por designado en su lugar a la INGENIERO CLAUDIA ROCIO LÓPEZ IBARRA a quien ordenó notificarle por conducto del ocursante (parte demandada) en tres días exhiba escrito aceptando el cargo conferido con todos los requisitos exigidos por la fracción III del artículo 1253 del Código de Comercio vigente y los apercibimientos de estilo. B).- Foja 121 se negó al actor su petición de tener precluido el derecho al demandado para que u perito acepte el cargo, remitiendo al auto mencionado en primer término." De lo antes transcrito, puede concluirse que el acto que reclama la parte quejosa, no tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos del mismo no son susceptibles de producir afectación de manera directa e inmediata a alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución General de la República. Se afirma lo anterior, toda vez que de los antecedentes de la demanda de garantías, se advierte que: 1. El veinte de febrero de dos mil dieciocho, María del Carmen Carrillo Palacios, presentó demanda en vía ordinaria mercantil contra Gustavo Escobedo Varela, por el pago de pesos, más anexidades, la que correspondió conocer al Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, registrándola bajo el número 109/2018. 2. En ocho de marzo de dos mil dieciocho, la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, admitió a trámite la demanda ordenando emplazar al demandado. 3. El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se llevó a cabo el emplazamiento del demandado Gustavo Escobedo Varela. 4. Seguidos los trámites correspondientes el catorce de junio de dos mil dieciocho, se abrió el periodo probatorio. 5. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho la parte actora, anunció las pruebas de sus intenciones. 6. Por auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho, la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, admitió la prueba pericial en grafoscopia de las intenciones de la parte actora a cargo del perito ingeniero Roberto García Luna. 7. La parte demandada al momento de desahogar la vista otorgada con el escrito de ofrecimiento de pruebas propuso como perito de sus intenciones, ad cautelam, para la pericial anunciada por la actora al químico farmacobiologo Víctor Hugo Gutiérrez Mata, el que se tuvo por designado el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. 8. El dos de octubre de dos mil dieciocho, el demandado, en lugar de notificar al perito Víctor Hugo Gutiérrez Mata, para que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 1253 del Código de Comercio; revoca la designación de perito y propone en su lugar a la ingeniero Claudia Rocío López Ibarra, solicitando ampliación del término de tres días para que ésta presente escrito de aceptación de cargo. 9. El siete de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por revocado al perito Víctor Hugo Gutiérrez Mata; y por designada en su lugar a la ingeniero Claudia Rocío López Ibarra, ordenando notificarle por conducto de la parte demandada para que en el término de tres días presente escrito de aceptación de cargo. 10. En seis de noviembre de dos mil dieciocho, la parte actora, acusó a la parte demandada la preclusión de su derecho para que el perito Víctor Hugo Gutiérrez Mata, aceptara el cargo y solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento de tener al demandado por conforme con el dictamen emitido por el perito nombrado por la actora. 11. Por auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho, la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, negó a la parte actora la petición de tener por precluido el derecho al demandado para que el perito de sus intenciones aceptara el cargo. 12. Inconforme con el contenido de los autos de siete de noviembre de dos mil dieciocho, la parte actora interpuso el recurso de revocación, que fue admitido por la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, mediante acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. 13. El veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, dictó resolución dentro del recurso de revocación, declarándolo improcedente y por tanto, firmes los autos de siete de noviembre de dos mil dieciocho; lo que constituye el acto reclamado. De lo anterior se corrobora que, como se asentó con anterioridad, el acto reclamado solo produce efectos intraprocesales, que pueden ser reclamados una vez que se dicte el fallo definitivo en caso que éste sea desfavorable al inconforme, mediante el juicio de amparo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, pues no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, a través de las garantías individuales. En efecto, la afectación que dice sufrir la parte quejosa, con motivo de la revocación del perito nombrado y la aceptación de nuevo perito; y el no tener por precluido el derecho de la parte demandada para que el perito de sus intenciones presente escrito de aceptación de cargo, podrían quedar sin efectos, si obtiene una resolución favorable a sus intereses respecto del juicio ordinario mercantil 109/2018, promovido por María del Carmen Carrillo Palacios contra Gustavo Escobedo Varela por el pago de pesos, ya que el acto reclamado constituye una violación al procedimiento, que no causa un gravamen irreparable, en los términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que ello sucede sólo cuando se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa violación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el procedimiento del que emana, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues por su naturaleza jurídica sólo producen efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable y, en el supuesto de que no lo fuera, estaría la parte aquí quejosa en aptitud de interponer el recurso ordinario si en su caso fuera procedente, o incluso acudir al juicio de amparo, donde podría delatar las violaciones procesales, por lo que con el acto reclamado, no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Es aplicable al respecto, por analogía el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la tesis VI.2o.C.167 K, que aparece publicada en la página mil ciento setenta y uno, tomo XVII, correspondiente al mes de Febrero de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.". Así como la tesis de jurisprudencia publicada en la página once de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación número cincuenta y seis, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE SE PRESENTA, PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". De igual forma, es aplicable al caso en lo conducente la tesis por contradicción 39/90, resultado de las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, legible en la página 280, tesis 420, tomo VI, Parte SCJN, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época del Apéndice de 1995, que dice: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En estas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por María del Carmen Carrillo Palacios, por propio derecho, contra actos de la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, con fundamento en el artículo 113 de la ley reglamentaria en consulta. Como lo solicita la quejosa ténganse por autorizados para oír notificaciones a los licenciados Víctor Torres Bañuelos y Maro Armando de Loera Barrios, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y como lo solicita a Julio César Ramírez Rodríguez, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en Andador Cuatro número 204, colonia Fuentes del Bosque en la ciudad de Zacatecas

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