María del Carmen Camino Fernández
Expediente 983/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María del Carmen Camino Fernández
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Visto estado de autos; causa estado. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por María del Carmen Camino Fernández, por su propio derecho; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo físico. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Cumplimiento a los lineamientos del acuerdo general conjunto 1/2009. En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Alfredo Montoya Revilla Secretario que autoriza y da fe.Dva
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Se recibe demanda de amparo por incompetencia. Por recibido el oficio 5661, signado por el Secretario de acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite los autos originales del amparo directo 664/2019, promovido por María del Carmen Camino Fernández, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en el cual obra glosado el informe justificado rendido por el titular de dicha responsable; de la misma forma, se tiene por recibido un cuaderno de pruebas por separado. Acúsese de recibo. Ahora, como de las constancias que se reciben se obtiene que mediante acuerdo de dos de los actuales, el tribunal oficiante determinó que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, en la cual se reclama la sentencia de nueve de mayo de dos mil dieciocho, emitida dentro del toca de apelación I-136/2018, que confirmó la interlocutoria de catorce de marzo del año en cita, que resolvió la segunda sección correspondiente al inventario y avalúo en el juicio sucesorio testamentario 862/2016, a bienes de Lucía Camino Fernández, al considerar que el citado acto no constituye sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio, acorde con las disposiciones de los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, 12, 37, 45, 170 de la Ley de Amparo, 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; además, que el conocimiento del amparo compete al Juzgado de Distrito en esta ciudad, en turno. Con las constancias remitidas por el tribunal colegiado, se ordena formar un tomo de prueba, respetando su sello, folio y rúbrica, agregándoles únicamente la carátula para su identificación. Avocamiento. En ese contexto, con apoyo en los artículos 45 y 107, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; en consecuencia, fórmese expediente con el escrito de cuenta y regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado con el número V-983/2019. Análisis de procedencia. En principio es menester señalar que los artículos 61, 62 y 113, todos de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. [.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por otra parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De una interpretación sistemática de las porciones normativas transcritas se obtiene que las causa de improcedencia son de estudio oficioso, esto es, que no hace falta que las partes intervinientes en un juicio de amparo las hagan valer para que el juzgado que conozca del caso en particular examine si se actualizan o no; por esa razón, el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda de amparo deberá analizarla y si se considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano; también se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueva el amparo dentro de los términos establecidos por la ley de la materia. Por último, se obtiene, que por regla general, el término para interponer la demanda de garantías es de quince días, el cual debe computarse de acuerdo a los siguientes supuestos: 1) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. 2) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, 3) Desde el día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Sentado lo anterior, resulta factible colegir que, en el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Es así, porque si bien de la demanda que dio génesis al expediente en que se actúa, se obtiene que María del Carmen Camino Fernández, pretende reclamar la sentencia de nueve de mayo de dos mil dieciocho, emitida dentro del toca de apelación I-136/2018; la realidad es que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, se obtiene que la aquí quejosa, tuvo conocimiento de dicha determinación el once de mayo de dos mil dieciocho; ello obedece al hecho de que la Sala responsable realizó la notificación mediante instructivo que se dejó por la Actuaria de tal adscripción. De ahí, que válidamente pueda afirmarse que el cómputo para la promoción del juicio de amparo comenzó a transcurrir el quince de mayo y feneció el cinco de junio de dos mil dieciocho; por lo que al momento en que esto se provee ya habría transcurrido en demasía el término previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que la quejosa manifestó haber tenido conocimiento de la sentencia reclamada el dieciocho de julio de la presente anualidad; sin embargo, ya quedó precisado que existe constancia de que el once de mayo de dos mil dieciocho se realizó la notificación relativa al acto del que se duele la quejosa. De ahí, que resulte factible considerar que se actualiza la hipótesis de improcedencia anunciada con antelación; máxime, que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por María del Carmen Camino Fernández, por su propio derecho contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Domicilio de la parte quejosa. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. Autorizados de la parte quejosa. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere en su escrito de cuenta, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo. Autorización a los actuarios adscritos. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. Horario para notificaciones en el local de este juzgado Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. Autorización de copias y de uso de instrumentos digitales Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Medidas sobre publicación de datos personales. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Se recibe demanda de amparo por incompetencia. Por recibido el oficio 5661, signado por el Secretario de acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite los autos originales del amparo directo 664/2019, promovido por María del Carmen Camino Fernández, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en el cual obra glosado el informe justificado rendido por el titular de dicha responsable; de la misma forma, se tiene por recibido un cuaderno de pruebas por separado. Acúsese de recibo. Ahora, como de las constancias que se reciben se obtiene que mediante acuerdo de dos de los actuales, el tribunal oficiante determinó que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, en la cual se reclama la sentencia de nueve de mayo de dos mil dieciocho, emitida dentro del toca de apelación I-136/2018, que confirmó la interlocutoria de catorce de marzo del año en cita, que resolvió la segunda sección correspondiente al inventario y avalúo en el juicio sucesorio testamentario 862/2016, a bienes de Lucía Camino Fernández, al considerar que el citado acto no constituye sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio, acorde con las disposiciones de los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, 12, 37, 45, 170 de la Ley de Amparo, 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; además, que el conocimiento del amparo compete al Juzgado de Distrito en esta ciudad, en turno. Con las constancias remitidas por el tribunal colegiado, se ordena formar un tomo de prueba, respetando su sello, folio y rúbrica, agregándoles únicamente la carátula para su identificación. Avocamiento. En ese contexto, con apoyo en los artículos 45 y 107, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; en consecuencia, fórmese expediente con el escrito de cuenta y regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado con el número V-983/2019. Análisis de procedencia. En principio es menester señalar que los artículos 61, 62 y 113, todos de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. [.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por otra parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De una interpretación sistemática de las porciones normativas transcritas se obtiene que las causa de improcedencia son de estudio oficioso, esto es, que no hace falta que las partes intervinientes en un juicio de amparo las hagan valer para que el juzgado que conozca del caso en particular examine si se actualizan o no; por esa razón, el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda de amparo deberá analizarla y si se considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano; también se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueva el amparo dentro de los términos establecidos por la ley de la materia. Por último, se obtiene, que por regla general, el término para interponer la demanda de garantías es de quince días, el cual debe computarse de acuerdo a los siguientes supuestos: 1) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. 2) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, 3) Desde el día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Sentado lo anterior, resulta factible colegir que, en el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Es así, porque si bien de la demanda que dio génesis al expediente en que se actúa, se obtiene que María del Carmen Camino Fernández, pretende reclamar la sentencia de nueve de mayo de dos mil dieciocho, emitida dentro del toca de apelación I-136/2018; la realidad es que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, se obtiene que la aquí quejosa, tuvo conocimiento de dicha determinación el once de mayo de dos mil dieciocho; ello obedece al hecho de que la Sala responsable realizó la notificación mediante instructivo que se dejó por la Actuaria de tal adscripción. De ahí, que válidamente pueda afirmarse que el cómputo para la promoción del juicio de amparo comenzó a transcurrir el quince de mayo y feneció el cinco de junio de dos mil dieciocho; por lo que al momento en que esto se provee ya habría transcurrido en demasía el término previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que la quejosa manifestó haber tenido conocimiento de la sentencia reclamada el dieciocho de julio de la presente anualidad; sin embargo, ya quedó precisado que existe constancia de que el once de mayo de dos mil dieciocho se realizó la notificación relativa al acto del que se duele la quejosa. De ahí, que resulte factible considerar que se actualiza la hipótesis de improcedencia anunciada con antelación; máxime, que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por María del Carmen Camino Fernández, por su propio derecho contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Domicilio de la parte quejosa. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. Autorizados de la parte quejosa. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere en su escrito de cuenta, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo. Autorización a los actuarios adscritos. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. Horario para notificaciones en el local de este juzgado Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. Autorización de copias y de uso de instrumentos digitales Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Medidas sobre publicación de datos personales. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.
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