María del Carmen Calvo González
Expediente 387/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María del Carmen Calvo González
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa, no impugnó el proveído de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó de plano su demanda de garantías, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de la quejosa María del Carmen Calvo González, dirigido al incidente de suspensión, mediante el cual solicita se le tenga autorizando para oír y recibir notificaciones a Margarita Ivonne Esquivel Jiménez y señala domicilio para oír y recibir notificaciones, sin que surta mayor acuerdo, lo anterior, toda vez que en proveído de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, se desechó de plano la demanda de garantías promovida por la referida quejosa.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo promovida por María del Carmen Calvo González, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Mixta de Primera Instancia con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora del análisis de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señala como actos reclamados la orden de desahucio dictada en el expediente civil 78/2017 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, y su ejecución; así, como la omisión de acordar el escrito de contestación de demanda formulada por la aquí quejosa. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que la quejosa, bajo protesta de decir verdad manifiesta que fue notificada de la orden de desahucio reclamada desde el día ocho de agosto de dos mil diecisiete. Lo expuesto por la quejosa constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Pues bien, planteada así la demanda de amparo de que se trata, y en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano", y por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, se advierte que en el caso, respecto de la orden de desahucio reclamada, se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé el artículo 61, fracción XIII, en relación con el 17, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de orden público, que impone desecharla de plano. En efecto, el artículo 61, fracción XIII, en relación con el 17, de la Ley de Amparo, establecen: Ahora, la quejosa, en su carácter de parte demandada en el juicio civil 78/2017, del que derivan los actos reclamados, se duele de la orden de desahucio dictada en el referido expediente civil 78/2017, que ordenó el desahucio del inmueble ubicado en calle del Morro sin número, colonia Marinero en Santa María Colotepec, Oaxaca, y su ejecución; orden que, como la propia quejosa lo manifiesta, le fue notificada el ocho de agosto del año en curso. De lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de cuenta, queda claro tuvo conocimiento de los actos reclamados el ocho de agosto de dos mil diecisiete, de ahí es claro que la demanda de amparo en cuestión se presentó de manera extemporánea. En efecto, partiendo de la base del conocimiento de los actos reclamados por la aquí quejosa, que fue el ocho de agosto de dos mil diecisiete, el plazo genérico de quince días que para promover la demanda de amparo establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del nueve al veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, sin contar los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de agosto de dos mil diecisiete, por inhábiles; por consiguiente, si la demanda de amparo de que se trata se presentó hasta el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados Sexto y Séptimo de Distrito en el Estado con' residencia en esta ciudad, es claro que fue presentada cuando ya dicho plazo genérico de quince días había transcurrido con exceso. En las relatadas consideraciones, respecto del acto reclamado en cuestión, se actualiza la hipótesis de improcedencia del consentimiento tácitos de los actos reclamados que prevé el artículo 61, fracción XIII, de-la Ley de Amparo, lo que impone se deseche de plano la presente demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIII, y 17, de la Ley en consulta. Por otra parte, en cuanto al diverso acto reclamado que hace consistir en la omisión de la autoridad judicial responsable de acordar el escrito de contestación de demanda que formuló en el expediente civil 78/2017 del que derivan los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Ahora, la quejosa en su carácter de parte demandada en el expediente civil 78/2017 del que derivan los actos reclamados, se duele de la omisión de la autoridad responsable de acordar su escrito de contestación de demanda presentado el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. En el caso, cabe puntualizar, que si bien es cierto de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario; más cierto es que cuando la solicitud se presenta dentro de un procedimiento jurisdiccional sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o sustantivas legalmente previstas, no es aplicable la tutela de dicha garantía, pues su naturaleza se rige por los principios de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece los lineamientos de la actividad de los tribunales obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes; cuestión que la diferencia de la petición formulada fuera de juicio. Por tanto, tratándose de un procedimiento jurisdiccional la autoridad debe circunscribir su actuación a los términos y plazos que establecen las leyes que lo regulan y no al breve término a que alude el invocado artículo 8 de la Constitución Federal. En el caso, la aquí "quejosa se duele de denegación de justicia, no de conculcación al derecho de petición, pues reclama la abstención o negativa de la autoridad judicial responsable de acordar su escrito de contestación de demanda. Sin embargo, contra ese acto, el artículo 697 fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, prevé expresamente el recurso queja', el cual debe agotarse previamente al juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: En efecto, el principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la quejosa debe previamente, acudir a las instancias ordinarias, previstas en una ley formal y material, que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le ocasiona afectación. En esas condiciones y tomando en cuenta que la parte quejosa tiene el carácter de parte demandada en el expediente civil 78/2017 de donde emana la denegación de justicia reclamada, tiene a su alcance el recurso de queja que hacer valer; además el acto reclamado no se encuentra en los casos de excepción que prevé el propio numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados no son de los de atención privilegiada o incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no se trata de aquellos que afecten la libertad personal, tampoco es tercera extraña, pues es parte en el expediente civil citado; finalmente, la procedencia de los medios de defensa citados no están sujetos a una interpretación adicional; por tanto, la parte quejosa está obligada a agotarlos, previamente, a solicitar la protección constitucional; de ahí que resulte improcedente el juicio de amparo. En las relatadas consideraciones, al quedar demostrada la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad judicial responsable de acordar el escrito de contestación de demanda en el expediente civil 78/2017 del que derivan los actos reclamados, por no haberse preparado la acción constitucional, misma que al ser manifiesta e indudable, impone desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en el artículo 113 de la Ley invocada. Como la quejosa señala los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados de este Juzgado, por consiguiente, por ser esa la voluntad de la quejosa y estar ajustada a derecho, como lo piden, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos; asimismo, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. Por otra parte, en cuanto a la solicitud que realiza en el sentido de que sus autorizados puedan hacer uso de los medios electrónicos para tomar fotografías; con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, se autoriza a las citadas personas el uso de los medios electrónicos siguientes: scanner portátil, cámara fotográfica y/o celular, para que pueda obtener una reproducción a través de dichos medios, de las constancias que obren en autos. En el entendido que dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal y no se deberán reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción, debiendo mediar solicitud verbal en cada acto, y por seguridad jurídica se deberá dejar constancia en autos por el Actuario Judicial. Finalmente, hágase saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional..."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8° para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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