María del Carmen Calvillo Valdez

Expediente 615/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
615/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • María del Carmen Calvillo Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, cuatro de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, especialmente con el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que el término de cinco días que tenían las partes para inconformarse en contra del auto de dieciséis de junio de este año en el que se desechó el presente juicio de garantías 615/2022-VIII, promovido por María del Carmen Calvillo Valdez (fojas 73 a 76); transcurrió para la quejosa del veintiuno al veintisiete de junio de este año, sin que haya hecho manifestación alguna; por ende, con fundamento en el ordinal 2º de la ley de la materia, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Consecuentemente, se aprecia que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De igual forma, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto desechado; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.Heroica Matamoros, Tamaulipas, cuatro de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el *** signado por ***; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado María Dolores Camacho Díaz, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo con anexos, suscrito por María del Carmen Calvillo Valdez, contra actos del Citibanamex, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, con sede en esta ciudad y de otra autoridad; regístrese el expediente bajo el número 615/2021-VIII, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a efectuar su análisis; dicho numeral establece, que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Cabe mencionar que la demanda de cuenta carece de firma electrónica, empero, el motivo fundamental que se analizará en torno a su procedencia, es uno diverso que a continuación se cita. En el caso que nos ocupa, este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que de manera textual, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Lo anterior se afirma, tomando en consideración que como hecho notorio para este tribunal, con apoyo en el ordinal 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de Amparo, existe juicio de garantías en trámite, con motivo de demanda biinstancial ingresada el veinticinco de marzo del presente año, en el que se aprecia que todo deriva de la cancelación de un cobro y la negativa de proporcionarle una respuesta; ocurso que está registrado ante este órgano, bajo el número 344/2022-VII. Bajo esa óptica, del análisis integral de la demanda con que se da cuenta, radicada bajo el número 615/2022-VIII, aparece como promovente la misma quejosa que en aquel asunto anterior, contra las mismas autoridades responsables, solicitando el mismo acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación. Pues en ambos asuntos, se señala como acto combatido, la negativa de cancelarle cobros indebidos a su cuenta donde recibe su pensión y la negativa de proporcionarle información del porqué de esos cobros y otro. En ese sentido, al realizar un examen comparativo de la demanda materia del amparo 344/2022-VII y la que nos ocupa, se observa en ambos ocursos, que se trata de la misma promovente, idéntico contenido de autoridades responsables, actos reclamados, antecedentes y conceptos de violación. Lo anterior se toma en consideración como se dijo, por ser un hecho notorio para el suscrito, dado que corresponde a juicios de amparo que se tramitan en este mismo tribunal federal. Respecto de la facultad para invocar la existencia de expedientes judiciales como hecho notorio, sin necesidad de adjuntar constancias al presente asunto y su relevancia para el análisis de causales de improcedencia, se citan la jurisprudencia P./J.16/2018 (10ª.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la tesis I.7o.A.16 K (10a.), del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, perceptibles con los símbolos de búsqueda 2017123 y 2006830, que constan publicadas en las páginas 10 y 1725, de los libros 55 y 7, junio de 2018 y junio de 2014, tomos I y II, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su orden dicen: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, PARA RESOLVER SI SE ACTUALIZA O NO ALGUNA CAUSAL RELATIVA, CUANDO EXISTA UN INDICIO SOBRE SU EXISTENCIA, VÁLIDAMENTE PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN LOS SITIOS O PÁGINAS ELECTRÓNICAS DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES, AL CONSTITUIR ÉSTA UN HECHO NOTORIO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 319, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL.", impuso la obligación al juzgador de amparo, de allegarse de oficio, las pruebas necesarias para resolver si se actualiza o no alguna causal de improcedencia cuando exista un indicio sobre su posible existencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Por otra parte, la información que aparece en las páginas o en los sitios electrónicos de las dependencias oficiales, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, constituye un hecho notorio que puede invocar el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito para desarrollar su actividad jurisdiccional, ya que su consulta es de fácil acceso para el público en general, pues basta con ingresar a la página oficial respectiva y proporcionar los datos que aparecen en los documentos aportados en el juicio para consultar y verificar la veracidad de la información respectiva, máxime si el propio quejoso o persona autorizada por éste es quien previamente proporcionó a la dependencia oficial la información necesaria para realizar el trámite correspondiente; información que se almacena en una base de datos y, posteriormente, se genera y consulta a través de medios electrónicos, en aquellos casos que así se encuentre regulado dicho trámite administrativo. De ahí que resulta válido que el juzgador de amparo, para resolver si se actualiza o no una causal de improcedencia, de oficio, consulte y verifique la información generada por medios electrónicos oficiales. Lo anterior se estima congruente con el principio constitucional de acceso a la justicia, sin que pretenda deslindarse a las partes de las cargas probatorias correspondientes, porque se trata únicamente de conocer plenamente si opera o no alguna causal de improcedencia, cuando exista un indicio sobre su existencia." De lo expuesto, el titular de este órgano de control constitucional advierte, que conoce de diferente demanda de garantías presentada, en la que reclama, como se dijo, en síntesis, la negativa de cancelarle cobros indebidos a su cuenta donde recibe su pensión y la negativa de proporcionarle información del porqué de esos cobros y otro; luego, se observa identidad de quejoso, autoridades responsables, antecedentes y conceptos de violación. En esta tesitura, la litis constitucional de los juicios de garantías 344/2022-VII y 615/2022-VIII, del índice de este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales, con sede en esta ciudad, versan en torno a la misma causa de pedir en esencia, con identidad de la misma quejosa, las autoridades responsables, antecedentes y conceptos de violación idénticos. Por lo que resulta evidente que se trata del mismo planteamiento jurídico medular en aquella contienda y en el nuevo juicio que se pretende instar; lo cual resulta improcedente, pues sobre el particular no puede legalmente ser ventilada en ambos juicios, aun cuando se invocaran violaciones constitucionales diversas, pues de ser esto posible, la verdad legal correría peligro de convertirse en controversia legal, consiguiéndose con esto la finalidad que tiende a evitar que se pronuncien sentencias que puedan ser contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados con idéntico objeto. En consecuencia, la nueva demanda biinstancial deviene improcedente, en atención a que los actos que constituyen la litis, son materia de otro juicio anterior (344/2022-VII). Se invoca la tesis VII.P.83K del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con registro electrónico 209531 y visible en la página 260, del tomo XV, enero de 1995, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." También, se cita la tesis XIX.2.12K del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, perceptible con el símbolo de búsqueda 203430 y que consta en la foja 312, del tomo III, enero de 1996, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo la voz: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, Constitucional, con fundamento en el dispositivo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda en cuestión. Téngase a la agraviada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; y, autorizado en términos amplios al profesionista que menciona; lo anterior, conforme a los ordinales 12 y 27 de la ley de la materia. De igual forma, solicita el acceso al expediente electrónico y su trámite por la misma vía, por lo que proporciona como nombre de usuario cesarbalboa y como correo electrónico balboa.casamatamoros@gmail.com; ahora bien, en términos del artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos de Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, se autoriza al nombrado profesionista para que tenga acceso a todo lo solicitado en el párrafo que antecede, por encontrarse registrado ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario descrito en el párrafo que antecede. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, e s decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el *** signado por ***; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado María Dolores Camacho Díaz, Secretario que actúa y da fe.

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