María del Carmen Bernal Hernández

Expediente 649/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
649/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • María del Carmen Bernal Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, no obstante que mediante acuerdo de diez de noviembre del año en curso, se le apercibió que se resolvería en relación a ello, conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa MARÍA DEL CARMEN BERNAL HERNÁNDEZ, para los efectos siguientes: ".1. Los ordinales 11, 12, 13 y 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit -ejercicio fiscal 2020- y 76, 77, 78, 80, 81 y 82, de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, que prevén el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la ahora quejosa, tanto en lo presente como en lo futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en el ámbito de su competencia, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 -doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional-, por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 -doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional-, por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, con sustento en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la quejosa, acreditada mediante el formato de pago respectivo. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, devuelva a la parte quejosa lo que pagó por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, derivados del pago de inscripción de documento público y préstamo hipotecario..." En cumplimiento a ello, el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, adjuntó al oficio recibido en este Juzgado el nueve de noviembre del presente año, copia del reporte de transferencia SPEI, del que se advierte que dio cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; restituyéndose de esa manera a la aludida parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue??? objeto en autos la parte quejosa y, el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el expediente en que se actúa. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad y anexo que acompaña, por medio del cual informa el cumplimiento al fallo protector dictado dentro del presente juicio de amparo; consecuentemente, con su contenido dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga respecto de dicho cumplimiento, apercibiéndole que de no hacerlo, este Juzgado resolverá conforme a las constancias que obran en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad y anexo que acompaña, y en atención a su contenido, téngasele informando las gestiones que se encuentra realizado a fin de dar cabal cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase nuevamente a la autoridad responsable, Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, para los efectos de que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente sumario. En el entendido que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable. Se hace del conocimiento de la citada autoridad responsable que subsiste el apercibimiento de que fue objeto mediante proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, en caso de no dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo sin causa justificada. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Director General Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, por medio del cual solicita que se requieran a la parte quejosa los documentos que refiere a efecto de encontrarse en aptitud de dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de esta última, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente a que quede notificada del presente proveído, proporcione a la Dirección General Jurídica de dicha Secretaría, dos copias de su Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, expedido por el SAT, estado de cuenta con clabe interbancaria de una Institución Bancaria Nacional, copia de su credencial de elector y de su comprobante de domicilio. En la inteligencia que dichos documentos deben estar a su nombre, a fin de que la autoridad responsable se encuentre en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; ello es así, toda vez que la observancia de las sentencias de amparo son de orden público y, por tanto, deberán cumplirse inmediatamente por las autoridades, pero como en este caso, ese cumplimiento depende en parte, de la referida parte quejosa, entonces, ante esa vinculación, también debe sujetarse al procedimiento que señala la Ley de la Materia para ese efecto; apercibiéndole que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se procederá en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase saber a la autoridad responsable, que una vez que la citada parte quejosa dé cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá remitir las constancias debidamente certificadas, ordenadas y legibles que acrediten el cumplimiento que se sirva dar a la ejecutoria de amparo pronunciada en autos, lo cual deberá efectuar dentro del plazo de tres días hábiles; apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé numeral 258 de la Ley de Amparo. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su posterior consignación ante la autoridad correspondiente, de conformidad con lo ordenado en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. En el entendido de que de conformidad con el artículo 193 de la citada Ley se considerará incumplimiento, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de su parte. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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