María del Carmen Beristain Sánchez
Expediente 146/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 146/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María del Carmen Beristain Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Córdoba, Veracruz, seis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de doce de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que la autoridad responsable se encuentre notificada de la resolución referida; en razón de que la misma carece de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no le causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente juicio deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL... Precisión del acto reclamado. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que aquél consiste en: ? La falta de respuesta al escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, ante la responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en Xalapa, Veracruz, al rendir su informe justificado negó la existencia del mismo, sin embargo, refirió que ya había dado contestación al citado escrito de la parte quejosa, por tanto, dichas manifestaciones evidencian la existencia del mismo. Tiene aplicación, por identidad jurídica, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el asunto que nos ocupa, este Juzgado de Distrito -de oficio- estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Disposición normativa conforme a la cual, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. En el caso, el acto reclamado consiste, esencialmente, en la falta de respuesta al escrito signado por la parte quejosa María del Carmen Beristaín Sánchez, presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, ante la responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en Xalapa, Veracruz, mediante el cual presentó sus documentos personales, así como el pago de derechos y solicitó la inscripción de la sentencia de fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete, dictada dentro del juicio agrario 405/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito treinta y uno, con residencia en Xalapa, Veracruz, para efectos de que el Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en Xalapa, Veracruz, inscriba dicha resolución y se expida a favor de la aquí quejosa, el certificado que ampare la parcela número 41Z1P1/2, del ejido San Juan de la Punta, del municipio de Cuitláhuac, Veracruz. Sin embargo, de las constancias que obran en autos se desprende, en lo que trasciende, que en respuesta al referido ocurso, la autoridad responsable expidió el certificado parcelario 000001081101, que ampara la parcela No. 41 Z-1 P1/2, del Ejido San Juan de la Punta del municipio de Cuitláhuac, Veracruz, a favor de la aquí quejosa María del Carmen Beristaín Sánchez, en el cual se asentó que se expedía de conformidad con la resolución judicial de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, asimismo que dicho documento se inscribió en el registro agrario nacional bajo el número de folio 30053003101071931R; y que giró el oficio DEV/AJ697/2020, mediante el cual notifica a la parte quejosa que dejaba a su disposición el citado certificado parcelario. La emisión del referido certificado parcelario representa que los efectos de la omisión de dar contestación al escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, ante el Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en Xalapa, Veracruz, reclamada por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda han desaparecido, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la omisión reclamada. Efectivamente, la conducta omisiva ejercida por la responsable, que motivó la promoción del juicio de amparo, cesó al haberse emitido el certificado parcelario 000001081101, de tres de septiembre de dos mil diecinueve, el cual notificó a la parte quejosa mediante oficio DEV/AJ697/2020, de once de marzo de dos mil veinte, con sello de despacho de diecinueve siguiente, los cuales remitió la responsable anexo a su informe justificado, en copia certificada; documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Lo que se hizo de su conocimiento mediante auto de veintidós de enero del presente año. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en mención. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 2a./J.205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 605, del tomo XXIX, correspondiente al mes de enero de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto reclamado en análisis, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo que impide analizar el fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se consulta en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar, que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 146/2020, promovido por***********, contra el acto y la autoridad precisada en el resultando primero, por los fundamentos y motivos expuestos en el diverso considerando cuarto del presente fallo
- Principal
Córdoba, Veracruz, trece de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que de conformidad con la circular CAP/3/2020, se suspendieron plazos y términos procesales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al esquema trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid19. Asimismo, de conformidad con la diversa circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó que el ordenamiento aplicable a partir del doce de enero del año en curso, para la operación de los órganos jurisdiccionales, con excepción de la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; por lo que se reanuda el presente asunto. En el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por otra parte, agréguese el oficio signado por el Jefe de la Administración Local de Correos de México, con sede en Córdoba, Veracruz, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, remite copia certificada de una lista que contiene diversos números de piezas y/o acuses postales, sin embargo, no se tiene la certeza de la fecha de recepción de la pieza postal 17475, factura 162, de veintidós de octubre de dos mil veinte, relativa al oficio 19844/2020, dirigido a la autoridad responsable Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. En consecuencia, requiérase al Jefe de la Administración Local de Correos de México, con sede en Córdoba, Veracruz, para que de manera inmediata remita copia certificada del acuse de recibo correspondiente. En ese entendido, continúa vigente el apercibimiento contenido en autos
- Principal
Córdoba, Veracruz, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de diecinueve de octubre del año en curso, se requirió a la autoridad responsable Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, para que remitiera copia certificada del oficio DEV/AJ697/2020, mediante el cual refirió se notificó a la parte quejosa que dejaba a su disposición el certificado parcelario 41 Z-1 P1/2, sin que a la fecha lo haya hecho. En tales condiciones, se requiere vía telegráfica a dicha autoridad, para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, computado legalmente, remita la constancia requerida. Apercibida que de no cumplir con lo solicitado, en el término indicado para ello, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De igual forma, se requiere al Administrador Local de Correos, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, computados legalmente, informe a este juzgado el trato que le dio a la pieza postal 17475, de la factura 162, de veintidós de octubre de dos mil veinte, respecto del oficio 19844/2020, dirigido a la autoridad responsable Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. Apercibido que en caso de no hacerlo en el término indicado, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 259, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En tales condiciones, para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, la que se llevará a cabo sin la presencia física de las partes, toda vez que ésta no se requiere, ya que el acto reclamado no se encuentra dentro de alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los que puede alegar verbalmente. Lo que obedece estrictamente a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 5°, fracción II, segunda parte, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia se llevará a partir de los escritos presentados o que se presenten hasta ese momento procesal, física o electrónicamente por las partes
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes
- María de Lourdes Cerón López684/2018
- María de Lourdes Margarita Reyes Torres480/2022
- María de Lourdes Martir Sobrevilla967/2021
- María de Lourdes Rosales Salazar865/2021
- María de Mar Zorrilla Pontón377/2021
- María del Carmen Aguilar Camarillo175/2020
- María del Carmen Bonilla Sánchez1112/2021
- María del Carmen Bonilla Sánchez434/2023
- María del Carmen Bonilla Sánchez861/2023
- María del Carmen Bonilla Sánchez1116/2021
- María del Carmen Canales Valdez103/2022
- Maria del Carmen Cruz Martinez93/2021