María del Carmen Bazúa Durán

Expediente 666/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
666/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
25/01/2022

Partes del expediente

  • María del Carmen Bazúa Durán
  • MARÍA DEL CARMEN BAZÚA DURÁN y Otros.
  • Luis Gottdiener Gutmann

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el cinco de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. En consecuencia, conforme lo establece el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado. Sin que obste para la anterior determinación el que no haya transcurrido el término a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión en contra de las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí que las partes sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos; consecuentemente, si en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio, el mismo no afecta a las referidas autoridades y por tanto, no están legitimadas para interponer recurso contra la citada resolución. Sirve como apoyo a lo anterior, la tesis XI.3o.4 K del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoprimer Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII junio de 1998, página 706, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento.". En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción c), del citado Acuerdo General, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. Por otro lado, en atención a lo dispuesto en la "CIRCULAR 1/2022, MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 AL INTERIOR DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a la cual es de fundamental importancia preservar la salud, vida e integridad del personal jurisdiccional y de las personas justiciables, y a buscar alternativas para dar continuidad a la prestación del servicio público de impartición de justicia; hágase del conocimiento de las partes que las labores inherentes a la tramitación, integración, resolución y eventual cumplimiento de las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional, se hará atendiendo a tales elementos, tomando en consideración el considerable número de casos positivos de COVID-19 reportados en el juzgado, lo cual ha disminuido sensiblemente el número de personas en condiciones de llevar a cabo las múltiples tareas que en este órgano se llevan a cabo, por lo que algunas actuaciones, acuerdos o diligencias podrían llegar a tener retrasos respecto de los tiempos o formas que para cada caso exige la ley, por lo que se pide comprensión a los justiciables y atención a los miembros del juzgado para cumplir con todo ello en cuanto sea posible. Asimismo, atendiendo a la circular de cuenta, en la parte en que instruye a privilegiar el trabajo remoto y a celebrar sesiones, audiencias y diligencias judiciales cuya naturaleza lo permita mediante el uso de videoconferencias y, en general, de manera remota; se ordena a los Actuarios del juzgado que implementen herramientas y opciones para la atención de las personas justiciables y, de manera especial para practicar notificaciones mediante la utilización de videoconferencias, informando al efecto a los justiciables de las dificultades que enfrenta el Poder Judicial de la Federación en general y este órgano jurisdiccional en especial, a fin de que la comunicación de los acuerdos dictados en los juicios en que son parte puedan llevarse a cabo con el menor retraso posible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Felipe Camacho Silva, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    En Ciudad de México, a las doce horas con treinta y cinco minutos del cinco de enero de dos mil veintidós, hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 666/2021, promovido por ********************, por su propio derecho, ante la presencia de Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido del Secretario Carlos Alberto García López, procede a declararla abierta, sin la comparecencia de las partes, en atención a las medidas sanitarias implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-Co2 (Covid19). Acto seguido, el Secretario hace relación de todas y cada una de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran la demanda de amparo, auto admisorio, constancias de notificación a las partes, así como el informe justificado de la autoridad responsable. De igual manera, CERTIFICA que al día de hoy no se encuentra transcurriendo plazo alguno; y que se encuentran emplazadas todas las partes en el presente juicio. El Juez acuerda: se tiene por realizada la relación de constancias para los efectos legales procedentes y, respecto de la certificación de cuenta, se tiene al Secretario informando de la misma, por lo que continúese con el trámite de la presente audiencia. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas en el juicio y que obran glosadas al expediente en que se actúa. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, pues es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto. Se cierra el periodo de pruebas. Acto seguido, se procede al desahogo de la etapa de alegatos y el Secretario certifica que las partes no los formularon y que el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, no formuló pedimento alguno. El Juez acuerda: se tiene por precluido el derecho de las partes para realizar manifestaciones a manera de alegatos y por precluido el derecho del Fiscal Ejecutivo Titular adscrito para formular intervención ministerial. Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado vía electrónica el catorce de mayo de dos mil veintiuno, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación ********************, ********************, por su propio derecho, promovieron juicio de amparo indirecto, en contra de las autoridades y por los actos reclamados siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalamos como autoridades responsables al Consejo Técnico, a la Directora, a la Coordinadora Interna del Departamento de Física y a la Coordinadora General del Departamento de Física, todos de la Facultad de Ciencias y al Consejo Universitario, todos de la Universidad Nacional Autónoma de México, [.]. IV. LA NORMA GENERAL ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: - - - Del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México se reclama: - - - 1) La Estructura de Gobierno del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (ANEXO 1). - - - 2) La omisión, en términos de los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de dar respuesta al escrito enviado por correo electrónico en fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno (ANEXO 2). - - - 3) La omisión, en términos de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tomar en cuenta las observaciones al documento Estructura de Gobierno del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México que fueron entregadas por un académico directamente afectado por dicho documento antes de ser aprobado. - - - De la Directora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México se reclama: - - - 2) La omisión, en términos de los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de dar respuesta al escrito enviado por correo electrónico en fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno (ANEXO 2). - - - 3) La omisión, en términos de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de enviar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México el documento Estructura de Gobierno del Departamento de Física aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México para su revisión, aprobación y expedición. - - - De la Coordinadora Interna del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México se reclama: - - - 2) La omisión, en términos de los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de dar respuesta a los tres escritos enviados por correo electrónico, uno en fecha diecisiete de febrero y dos en fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno (ANEXO 2). - - - De la Coordinadora General del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México se reclama: - - - 2) La omisión, en términos de los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de dar respuesta al escrito enviado por correo electrónico en fecha veintidós de febrero de dos mil veintiuno (ANEXO 2). - - - Del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México se reclama: - - - 4) La omisión, en términos de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de revisar, aprobar y expedir la Estructura de Gobierno del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México." SEGUNDO. Derechos Violados. La parte quejosa indicó que no existe tercero interesado; narró los antecedentes del acto reclamado; señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1°, 3°, fracción VII, 8°, 14, 16 y 17 Constitucionales y formuló los conceptos de violación conducentes. TERCERO. Desechamiento. Por razón de turno, tocó conocer de la demanda de amparo a este Juzgado de Distrito, el que por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, la registró con el número 666/2021; no obstante, en ese mismo acuerdo desechó de plano la demanda. En efecto, respecto de ********************, se desechó de plano la demanda de amparo ya que la misma carecía de la firma electrónica de los promoventes en cita. Lo anterior, pues en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se prevé que es optativo para los promoventes del juicio presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente, en este caso, los quejosos ******************** optaron por hacerlo de manera electrónica; por lo que conforme a ese precepto, los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica, conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal, la cual se estableció como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Por tanto, al no haberse firmado electrónicamente la demanda de amparo por los citados quejosos, no existía la posibilidad de identificar a su autor y como consecuencia de ello, no existe una manifestación de la voluntad que permita establecer la instancia de parte agraviada que se requiere para iniciar el juicio, por lo que se desechó de plano la demanda al no satisfacerse ese principio respecto de ********************. Por otra parte, respecto de ********************, se desechó de plano la demanda de amparo, al estimarse que los actos reclamados por ésta derivan de las funciones que le competen como parte de la Universidad Nacional Autónoma de México respecto a la planeación de la vida académica de la misma, trámites y evaluación del personal académico y los alumnos, por lo que era factible establecer que dicho proceso para emitir el documento señalado como Estructura de Gobierno del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México así como las omisiones reclamadas, se originan en la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza la citada universidad. Así, para efectos del juicio de amparo, no se concluyó que no podían tenerse como autoridades a las señaladas como responsables, ya que si bien existen ciertos supuestos en los que las autoridades universitarias pueden ser consideradas con tal carácter, ello no acontecía en la especie, pues atendiendo a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, era posible concluir que, a través de éstos, no se ejercía un poder público basado en una relación de supra a subordinación, que afecte de manera unilateral la esfera jurídica de la quejosa. Por tanto, debía desecharse la demanda promovida por ********************. CUARTO. Queja. Inconforme con la determinación anterior, ******************** interpuso recurso de queja, del que tocó conocer, por razón de turno, al Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que lo radicó con el número Q.A. 70/2021; y seguidos los trámites de ley, en sesión de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno emitió la resolución correspondiente, misma que culminó con el punto resolutivo siguiente: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja" Cabe precisar que de lo resuelto por la Superioridad, se advierte lo siguiente: "QUINTO. En el auto recurrido, el Juzgado desecho de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo interpuesta por ********************, al considerar que se actualizaba la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo y 108, fracción I Constitucional al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, pues la demande amparo carecía de firma electrónica de los quejosos. [.] Son inoperantes los argumentos referidos, ya que respecto de la determinación que pretende recurrir, ********************, no resiente agravio directo alguno, y en consecuencia este tribunal está impedido para entrar a su análisis. En las relatadas consideraciones, dado que el desechamiento de la demanda de amparo promovida por ********************, no causa un perjuicio en la esfera jurídica de la recurrente, se toma inatendibles los agravios que expresa en contra de dicha determinación. SEXTO. Por otra parte, el juzgador desechó la demanda promovida por ********************, al considerar que los actos reclamados no tenían el carácter de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y por ende, no eran suficientes de combatirse a través del mismo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5 de la Ley de Amparo, y 103 Constitucional. [.] En tales consideraciones, de conformidad con el artículo 103 de la Ley de Amparo, lo preocedente es declarar fundado el presente recurso de queja para que el Juez de Distrito admitida la demanda interpuesta por ********************, en contra de los acos que reclamó, y provea lo conducente, dejando intocado lo que no fue materia del presente recurso." QUINTO. Admisión. Por auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito tuvo por recibida la determinación anterior y, en cumplimiento a ello, en ese mismo acuerdo admitió la demanda de amparo únicamente por cuanto hace a ********************; se requirió a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le corresponde y se señaló fecha de audiencia constitucional. SEXTO. Ampliación de demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación ********************, ********************, por su propio derecho, promovieron ampliación de demanda en contra de la autoridad y por los actos reclamados siguientes: "IV. La Norma General, acto u omisión que de cada autoridad se reclama: - - - Del Coordinador Interno del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México se reclama: - - - 5) La respuesta en términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgada a tres escritos enviados por correo electrónico, uno en fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno y dos en fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno (anexo 4)". SÉPTIMO. Admisión de la ampliación. Por auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno se tuvo por recibida la ampliación de demanda propuesta por la parte quejosa, respecto de la respuesta de ocho de octubre de dos mil veintiuno, respecto de los tres escritos enviados por correo electrónico de fechas diecisiete de febrero de dos mil veintiuno (un escrito) y dieciocho de febrero de dos mil veintiuno (dos escritos), emitida por el Coordinador Interno del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cabe precisar que este Juzgado de Distrito refirió que no era óbice que el escrito de ampliación se encontrara presentado por "María Del Carmen Bazúa Durán, ******************** por nuestro propio derecho", no obstante, en cumplimiento a la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja Q.A. 70/2021 emitida por el Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se admitió el presente juicio de amparo únicamente por cuanto hace a ********************, de ahí que la ampliación de demanda se admitió únicamente respecto de ésta, por lo que se requirió a la responsable su informes justificados. OCTAVO. Audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia al tenor del acta que antecede, declarándose vistos los autos de este juicio de amparo para dictar la resolución que ahora se pronuncia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafos primero y tercero, de la Ley de Amparo; 52, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción I, segundo, fracción I, numeral 3, y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama una norma general de naturaleza administrativa en su carácter autoaplicativa, así como actos y omisiones de naturaleza administrativa carentes de ejecución, y la demanda se presentó en el territorio donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, y último párrafo, así como 76 de la Ley de Amparo, del estudio de la demanda y su ampliación, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama: Del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México: a) La aprobación del documento técnico denominado "Estructura de Gobierno del Departamento de Física" de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno; b) La omisión de dar respuesta al escrito enviado por ******************** vía correo electrónico el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno; y, c) La omisión de tomar en cuenta las observaciones al documento Estructura de Gobierno del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México que fueron entregadas por ********************. De la Directora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México: b) La omisión de dar respuesta al escrito enviado por ******************** vía correo electrónico el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno; y, d) La omisión de enviar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México el documento Estructura de Gobierno del Departamento de Física aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México para su revisión, aprobación y expedición. Del Coordinador Interno del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México: e) La omisión de dar respuesta a los tres escritos enviados por ******************** vía correo electrónico, el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno (un escrito) y dieciocho de febrero de dos mil veintiuno (dos escritos); y, f) La respuesta de ocho de octubre de dos mil veintiuno, respecto de los tres escritos enviados por ******************** vía correo electrónico, uno en fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno y dos en fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. De la Coordinadora General del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México: g) La omisión de dar respuesta al escrito enviado por ******************** vía correo electrónico el veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Y del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México: g) La omisión de revisar, aprobar y expedir la Estructura de Gobierno del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, consistente en: a) La aprobación del documento técnico denominado "Estructura de Gobierno del Departamento de Física" de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Ello, ya que además de que así lo refirió dicha responsable al rendir su informe justificado (fojas 181 a 198 del expediente en que se actúa), su existencia se acredita con las documentales glosadas a fojas 200 a 222 del expediente en que se actúa, consistente en copia certificada del referido documento y su aprobación por parte de la referida responsable; a la que, dada su naturaleza de documental pública se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. En otro orden de ideas, son ciertas las omisiones siguientes: Del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México: b) La omisión de dar respuesta al escrito enviado por ******************** vía correo electrónico el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. De la Directora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México: b) La omisión de dar respuesta al escrito enviado por ******************** vía correo electrónico el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Del Coordinador Interno del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México: e) La omisión de dar respuesta a los tres escritos enviados por ******************** vía correo electrónico, el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno (un escrito) y dieciocho de febrero de dos mil veintiuno (dos escritos). De la Coordinadora General del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México: g) La omisión de dar respuesta al escrito enviado por ******************** vía correo electrónico el veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Ello, ya que así lo refirieron dichas responsables al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 122 a 359 del expediente en que se actúa). Incluso, de manera expresa refirieron "si bien es cierto la Dra. ********************, entonces Coordinadora Interna del Departamento de Física no dio respuesta directa a los correos enviados por el hoy quejoso Dr. ******************** [.]" Aunado a lo anterior, la certeza de la omisión que se le reclama se acredita, además, con las documentales glosadas a fojas 20 a 22 del expediente en que se actúa, consistentes en la impresión de los correos electrónicos enviados por ******************** el diecisiete, dieciocho y veintidós de febrero de dos mil veintiuno dirigidos a las responsables. Documentales las anteriores, a las que con fundamento en los artículos 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede valor probatorio pleno. Lo anterior, pone de manifiesto que los ******************** envió diversas solicitudes vía correo electrónico y que, al día de la presentación de la demanda, no se había dado respuesta a las mismas; por ende, los actos omisivos resultan ciertos. Por su parte, es cierto el acto reclamado al Coordinador Interno del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, consistente en f) la respuesta de ocho de octubre de dos mil veintiuno, respecto de los tres escritos enviados por ******************** vía correo electrónico, uno en fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno y dos en fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Ello es así, ya que de esa manera lo refirió la responsable al rendir su informe justificado en ampliación de demanda (fojas 392 a 461 del expediente en que se actúa); lo que se corrobora con las documentales glosadas a fojas 446 a 450 del expediente en que se actúa, de las que se advierten la respuesta en comento y que fue dicha responsable quien la emitió; mismas que con fundamento en los artículos 129 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede valor probatorio pleno. Finalmente, son ciertos los actos reclamados siguientes: Del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México: c) La omisión de tomar en cuenta las observaciones al documento Estructura de Gobierno del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México que fueron entregadas por ********************. De la Directora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México: d) La omisión de enviar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México el documento Estructura de Gobierno del Departamento de Física aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México para su revisión, aprobación y expedición. Del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México: g) La omisión de revisar, aprobar y expedir la Estructura de Gobierno del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ello es así, ya que si bien dichas responsables negaron las omisiones reclamadas al referir que no se encontraban obligadas a actuar en ese sentido, lo cierto es que -conforme a su naturaleza-, la legalidad de su actuación es precisamente la materia de estudio que habrá de abordarse en el fondo del asunto, siempre que no se actualice alguna causa de improcedencia en el juicio. CUARTO. Análisis de causas de Improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo debe analizar de oficio las causas de improcedencia. En el caso, de oficio se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, estos últimos a contrario sensu, respecto de los actos siguientes: Del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México: a) La aprobación del documento técnico denominado "Estructura de Gobierno del Departamento de Física" de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno; y, c) La omisión de tomar en cuenta las observaciones al documento Estructura de Gobierno del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México que fueron entregadas por ********************. De la Directora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México: d) La omisión de enviar al Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México el documento Estructura de Gobierno del Departamento de Física aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México para su revisión, aprobación y expedición. Y del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México: g) La omisión de revisar, aprobar y expedir la Estructura de Gobierno del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo anterior es así, ya que no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que los mismos versan respecto de facultades de autogobierno propias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los artículos antes mencionados refieren lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" Conviene precisar que para la actualización de la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII de numeral 61 de la Ley de la Materia, es necesario efectuar el complemento relativo con otras disposiciones, debiéndose acudir para ello únicamente a la propia Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que en la especie se haya apelado al contenido de los normativos 1°, fracción I y 5°, fracción II, en comentario. De lo anterior se desprende que el juicio de amparo es un procedimiento especial que se inicia con el ejercicio de una pretensión consistente en hacer que se respete la norma constitucional por parte de una autoridad con relación a los derechos fundamentales de los gobernados. Así, la fracción I del artículo 1° de la Ley de Amparo fija la materia ordinaria del juicio de amparo por la actuación u omisión de una autoridad, de cualquier orden, que viole derechos humanos, lo cual hace que los actos de autoridad sean sometidos a un control constitucional de orden jurisdiccional; determinación que se complementa con el contenido de la fracción II del artículo 5° de la Ley de la Materia, en donde se refiere quiénes tienen el carácter de autoridad, siendo éstas las que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, pudiendo incluso revestir tal carácter los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad. De lo anterior, se colige que sólo están legitimados para intentar la acción constitucional aquéllos gobernados que por la aplicación en su contra de una ley o acto de una autoridad estimen vulnerados sus derechos fundamentales. Así, será autoridad para efectos del juicio de amparo, la que derivada de la potestad con la que se encuentra investida dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas derivado de una relación de supra a subordinación con el gobernado; situación esta última que restringe el concepto de autoridad en atención a la participación que tenga en el acto lesivo señalado como objeto de estudio en la demanda de amparo. Por lo que el juicio de amparo es improcedente si el acto reclamado no proviene de una autoridad, reconocida con esa característica, derivado de una relación de supra a subordinación con el gobernado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Así, no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos fundamentales para que el juicio de amparo se vuelva procedente, sino que es necesario que la contravención de los mismos se atribuya a una autoridad; pues en caso de que el ente responsable no tenga ese carácter, el juicio de amparo no puede ser procedente. Uno de los rasgos centrales del acto de autoridad para efecto del juicio de amparo, lo constituye la afectación unilateral de la esfera jurídica de los particulares o la modificación, extinción o imposición de obligaciones para éstos, independientemente de la naturaleza formal de quien lo emite; por lo que, el criterio material es determinante para definir el concepto de autoridad para los efectos del amparo. Al respecto, Ley de Amparo vigente precisa que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y agrega un elemento normativo mínimo consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la referida fracción II del artículo 5° de la Ley de la Materia. y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Bajo ese contexto, para efectos del caso concreto, resulta importante subrayar cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta, para saber cuándo los particulares tendrán el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, que son: a. Que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir: 1. Dicten, ordenen, ejecuten o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídica en forma unilateral y obligatoria, u; 2. Omitan actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. b. Que las funciones de los particulares estén determinadas por una norma general. Así, al exigir la Ley de Amparo que el acto de autoridad de un particular debe ser equivalente a un acto de autoridad, se estima que el mismo tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados y que la misma se sustente en una norma de carácter general. Ahora bien, para los efectos del presente asunto, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación, corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; destacando el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Por su parte, debe recordarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Federal, precisó que las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, atendiendo a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se funda en la libertad de enseñanza, sin que ello implique, de manera alguna, su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, restringida a sus fines; de manera que la autonomía universitaria, manifestada en su facultad de autogobierno, dota a las universidades de capacidad para, entre otras cosas, tomar decisiones definitivas al interior del cuerpo universitario, con independencia de cualquier órgano interior. Corolario a lo anterior, la Primera Sala del Alto Tribunal en la tesis 1a./J. 19/2010 de rubro "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR.", determinó que del artículo 3°, fracción VII, Constitucional se advertía que la autonomía de las universidades públicas, confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. De lo anterior, se establecen las premisas siguientes: 1. En términos del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autonomía de las universidades públicas se proyecta como una garantía institucional que mediante diversos principios salvaguardan su función de educar, investigar y difundir la cultura; 2. Dentro de estos principios está el de autogobierno, que las dota de capacidad para tomar decisiones definitivas al interior del cuerpo universitario, con independencia de cualquier órgano exterior; 3. Dentro de las competencias que comprenden al principio de autogobierno están aquellas de naturaleza ejecutiva, y dentro de éstas la designación de los funcionarios universitarios; y, 4. La garantía institucional de autonomía universitaria impide que algún órgano del Estado pueda vaciar la esfera de competencias de las autoridades de las universidades públicas, a través de una sustitución o suplantación. En la especie, los actos y omisiones reclamados en el presente juicio antes sintetizados, derivan de las funciones que les competen como parte de la Universidad Nacional Autónoma de México respecto a la planeación de la vida académica de la misma, trámites y evaluación del personal académico y los alumnos, por lo que con base en las consideraciones anteriores, es factible establecer que el proceso para emitir el documento señalado como "Estructura de Gobierno del Departamento de Física" de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México así como las omisiones reclamadas, se originan en la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza la citada universidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 2º, 3º y 12 de su Ley Orgánica, mismos que disponen a la literalidad lo siguiente: Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México "2º. La Universidad Nacional de México es una corporación pública, autónoma, con plena personalidad jurídica y sin más limitaciones que las señaladas por la Constitución General de la República". "3º. La autonomía de la Universidad no tendrá más limitaciones que las expresamente establecidas por esta ley" "12º. En las facultades y escuelas se constituirán consejos técnicos integrados por un representante profesor de cada una de las especialidades que se impartan y por dos representantes de todos los alumnos. [.]" Asimismo, el Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala: "CAPITULO VI De los Consejos Técnicos de las Facultades y Escuelas "45. Las facultades y escuelas de la Universidades tendrán como órganos de consulta necesaria, a los consejeros técnicos, formados en cada una de ellas de acuerdo con el artículo 12 de la Ley". "46. Los representantes profesores, propietario y suplente, serán designados en elección directa, mediante voto universal, libre, secreto, por los catedráticos con antigüedad mayor a tres años de enseñar en algunas asignaturas [.]" De igual forma, del Reglamento del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias, se advierte: "Obligaciones y Facultades "5. Las obligaciones y facultades del Consejo Técnico son las que marca la Legislación Universitaria en su Estatuto General, Artículo 49: I. Estudiar y dictaminar los proyectos o iniciativas académicas que les presenten el Rector, el Director, los profesores y los alumnos de la Facultad, o que surjan de su seno; II. Formular los proyectos de reglamento de la Facultad y someterlos, por conducto del Director, a la aprobación del Consejo Universitario; III. Estudiar los planes y programas de estudios para someterlos por conducto del Director, a la consideración y aprobación de los consejos académicos de área y en lo general, del Consejo Universitario; IV. Aprobar o impugnar las ternas que para Director del plantel le sean enviadas por el Rector; V. Hacer observaciones a las resoluciones del Consejo Universitario o del Rector que tengan carácter técnico o legislativo y afecten a la Facultad. Dichas observaciones deberán hacerse por mayoría de dos tercios de los votos computables del Consejo Técnico y no producirán otro efecto que el de someter el asunto a la decisión o reconsideración del Consejo Universitario; VI.Dictaminar sobre el nombramiento de profesores extraordinarios, elaborar los reglamentos especiales complementarios del Estatuto del Personal Académico y ejercer las facultades que éste les confiera. Además de las anteriores: VII. Conocer el presupuesto anual asignado a la Facultad, así como el reporte del ejercicio anual. VIII. Evaluar académicamente todos aquellos proyectos, planes de trabajo o informes, que de acuerdo con lo estipulado en el Estatuto del Personal Académico o en el Estatuto General de la UNAM, deban contar con la aprobación o autorización del Consejo Técnico. Para ello, el Consejo Técnico puede solicitar la opinión razonada de los consejos departamentales, comisiones académicas o comisiones ad hoc que el propio Consejo nombre. IX. Las demás que le confiera la Legislación Universitaria y este Reglamento" Finalmente, el Reglamento de la Facultad de Ciencias de dicha casa de estudios dispone lo siguiente: CAPÍTULO II ORGANIZACIÓN "3º. La Facultad de Ciencias está constituida por los siguientes departamentos: 1. Matemáticas. 2. Física. 3. Biología". "4º. Cada uno de estos departamentos formulará, dentro de las normas que establece este reglamento general, un reglamento especial en donde se especifique su organización y su funcionamiento". Del examen de los artículos transcritos, pone de manifiesto los siguientes elementos normativos: 1. El Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, es una autoridad administrativa autónoma y, por ende, depositaria de su gobierno. 2. En ejercicio de sus competencias normativas, ejecutiva y parajudicial, que deriva de la autonomía que la Constitución General de la República le confiere en su artículo 3o, el legislador le ha otorgado, en su carácter de autoridad administrativa de la universidad, la atribución de formular los proyectos de reglamento de la Facultad y someterlos, por conducto del Director, a la aprobación del Consejo Universitario. 3. El Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México formulará un reglamento especial en donde se especifique su organización y su funcionamiento, que en la especie es el denominado "Estructura de Gobierno del Departamento de Física" de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde esa óptica, es factible establecer que el mecanismo conforme al cual las autoridades responsables dictan la "Estructura de Gobierno del Departamento de Física" de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, constituye un procedimiento interno que deriva de la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza la citada universidad. Así, es claro que en este caso para efectos del amparo no pueden tenerse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que si bien existen ciertos supuestos en los que las autoridades universitarias pueden ser consideradas con tal carácter para los efectos del amparo, ello no acontece en la especie, pues atendiendo a la naturaleza jurídica de los actos y omisiones que se les reclaman, se llega a la conclusión de que, a través de éstos, no ejercen un poder público basado en una relación de supra a subordinación, que afecte de manera unilateral la esfera jurídica de la quejosa ********************. Esto es así, ya que el hecho de que las autoridades responsables hayan emitido la "Estructura de Gobierno del Departamento de Física" de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en sus términos, ésta así como las omisiones reclamadas, no son actos de autoridad para efectos del amparo, ya que constituyen actos de carácter académico y autónomo. Apoya lo anterior, la tesis 1a. XI/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. SU ALCANCE". Así, es claro que con la emisión del documento denominado "Estructura de Gobierno del Departamento de Física" de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como las omisiones reclamadas, no se ejerce un poder público basado en una relación de supra a subordinación, que afecte de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa; por lo que su posición frente a las autoridades universitarias que señala como responsables no es la de gobernado para efectos del juicio de amparo, por tratarse de una facultad inmersa en un ámbito de decisión autónoma de la que dichas autoridades se encuentran investidas. Por tal motivo, no se ejerce el poder público frente a la quejosa ********************; por ello, derivado de la emisión de ese documento denominado "Estructura de Gobierno del Departamento de Física" de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México así como de las omisiones reclamadas no puede resultarle afectado algún derecho fundamental protegido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, la emisión de dicho documento, en la que se determinó realizar modificaciones a la estructura basada en la organización a través de los cuerpos colegiados y coordinadores con diferentes funciones, con la finalidad de adaptarse a las circunstancias surgidas en función del crecimiento del Departamento de Física, cambios que fueron sometidos a votación de los miembros y del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México así como de las omisiones reclamadas, constituyen actos que tienen repercusiones únicamente, al interior de la universidad, específicamente en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias, en la que sus autoridades actúan bajo un grado de discrecionalidad para la determinación de sus procesos de planeación respecto a la vida académica de la Universidad y sus Facultades, en el caso particular del Departamento de Física, así como todo tipo de trámites y evaluación del personal académico y los alumnos, por lo cual dichos actos y omisiones, no tienen afectación directa a los ciudadanos y, por ende, no vulneran de ninguna manera su esfera de derechos fundamentales, porque en esa relación no opera una supra-subordinación jerárquica. De igual forma, cabe señalar que las autoridades responsables no privaron a la quejosa ********************, de algún derecho adquirido, y no puede considerarse como un planteamiento encaminado a evidenciar la violación de un derecho fundamental en su perjuicio, por encontrarse ausente el elemento de supra a subordinación característico del acto de autoridad; máxime que como miembro docente de dicha facultad se somete a las consideraciones que en el ámbito de la facultad resulten más favorables, ello porque constituyen actos que tiene repercusiones únicamente al interior de la Universidad, en el ámbito de su autonomía universitaria. Por ende, se estima que no se está en presencia de actos de autoridad que puedan ser combatidos a través del juicio de amparo, pues lo que ********************, pretende es cuestionar es el proceso de creación, emisión, alcances y efectos del documento denominado "Estructura de Gobierno del Departamento de Física" de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México que atañen precisamente a las facultades de autogobierno propias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo anterior, se insiste, en razón de que en esa deliberación se inserta en el ejercicio de las atribuciones de autogobierno de la mencionada casa de estudios, que en virtud de su autonomía no admite que un órgano estatal la sustituya o suplante, resolviendo y determinado a través de sus entes facultados para ello, la organización y funcionamiento del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que constituye un acto interno y, desde esa óptica, existe un impedimento constitucional y legal para que un órgano judicial de amparo cuestione la esfera de competencias de autogobierno universitarias, pues se reitera, los actos reclamados constituyen actos que tienen consecuencias, únicamente, al interior de la referida institución educativa relacionados con la organización y funcionamiento del Departamento de Física en cita. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 20/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. COMPETENCIAS QUE DERIVAN DE SU FACULTAD DE AUTOGOBIERNO". En consecuencia, al quedar de manifiesto que los actos reclamados no tiene el carácter de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo y, por ende, no es susceptible de combatirse en el mismo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º y 5º de la Ley de Amparo, y 103 de la Constitución; por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del apuntado ordenamiento legal. Debe referirse que la conclusión alcanzada no es contraria a lo resuelto por el Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de queja Q.A. 70/2021, ya la Superioridad expresamente refirió al resolver dicho recurso lo siguiente: "Por ende, en el caso, no era factible que al proveer sobre la presentación del escrito inicial, examinara la naturaleza de los actos y de la autoridad señalada como responsable a efecto de determinar si pueden calificar como unos emitidos por un poder público o si son equivalentes a un acto de autoridad, pues dicho examen, en su caso, está reservado al momento en que se integre la litis del amparo y se cuente con los elementos necesarios para emitir la resolución correspondiente". Por ello, considerando lo resuelto por el Órgano Colegiado de referencia, al estar debidamente integrada la litis y contar con elementos suficientes, se arriba de manera fehaciente a la conclusión alcanzada en la presente sentencia, en el sentido de que los actos reclamados en cita no pueden considerarse de autoridad para efectos del juicio de amparo. Finalmente, respecto de los actos reclamados consistentes en: Del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México: b) La omisión de dar respuesta al escrito enviado por ******************** vía correo electrónico el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. De la Directora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México: b) La omisión de dar respuesta al escrito enviado por ******************** vía correo electrónico el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Del Coordinador Interno del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México: e) La omisión de dar respuesta a los tres escritos enviados por ******************** vía correo electrónico, el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno (un escrito) y dieciocho de febrero de dos mil veintiuno (dos escritos); y, f) La respuesta de ocho de octubre de dos mil veintiuno, respecto de los tres escritos enviados por ******************** vía correo electrónico, uno en fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno y dos en fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Y de la Coordinadora General del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México: g) La omisión de dar respuesta al escrito enviado por ******************** vía correo electrónico el veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que independientemente de si son actos de autoridad o no para efectos del juicio de amparo, lo cierto es que los mismos no afectan el interés jurídico ni legítimo de la promovente, pues ******************** no suscribió los correos electrónicos cuya omisión de contestar reclama, ni la respuesta a éstos se encuentra dirigida a ella. Para demostrar lo anterior, conviene precisar que el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" De la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no generen una afectación a la parte quejosa, ya sea como titular de un derecho tutelado por una norma de derecho objetivo, o bien como titular de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, así como en contra de normas generales que no hayan generado un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En ese sentido, se estima necesario precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. Por su parte, el interés legítimo es el derecho que tienen las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos, y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. Dicho interés supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. De lo hasta aquí expuesto, debe precisarse que no es factible equiparar ambas clases de interés (jurídico y legítimo), puesto que presentan diferencias substanciales a fin de establecer los entes que se encuentran legitimados para instar la acción de amparo. Ciertamente, mientras que en el interés jurídico es necesario un derecho subjetivo con su correspondiente potestad de exigencia, consagrado en la norma objetiva; en el interés legítimo, sólo basta la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, por afectarse la esfera jurídica ya sea directa o derivada de la situación del sujeto respecto del orden jurídico, sin la necesidad de que la norma establezca a favor del individuo alguna facultad expresa y directa de exigir. Por otra parte, en relación con lo que ha quedado expuesto, es pertinente transcribir el artículo 5º, fracción I, de la Ley de la Materia, dispone lo siguiente: "5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" Como se advierte del precepto transcrito, para que el juicio de amparo sea procedente, basta que los actos que se reclamen en el mismo deriven de un acto concreto de autoridad que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma (interés jurídico), o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular, sea personal, directo o indirecto (interés legítimo), pues de esa manera prosperará la acción constitucional para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos, correspondiendo indefectiblemente a los gobernados, acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. Considerando lo anterior en directa relación con el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, se colige que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley; respecto a ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido cuál es el alcance del concepto de perjuicio, estableciendo que para los efectos del amparo, debe tomarse como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Así, los correos electrónicos cuya omisión de contestar se reclama fueron suscritos por ********************, que no es parte quejosa en el presente juicio, y no así por ********************; en tanto que la respuesta dada por el Coordinador Interno del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México el ocho de octubre de dos mil veintiuno no se encuentra dirigida a ella tal y como se desprende de la documental visible a foja 446 del expediente en que se actúa previamente valorada. Lo anterior, permite concluir que al estar suscritos los correos electrónicos por una persona diferente a la quejosa, en tanto que la respuesta a éstos no se encuentra dirigida a ********************, tales actos no afectan el interés de la peticionaria de amparo, por lo que ésta no se encuentra legitimada por falta de agravio personal y directo, presupuesto necesario para la procedencia de la acción constitucional. Por tanto, si los correos electrónicos fueron suscritos por ******************** y la respuesta a éstos no fue dirigida a la quejosa, es inconcuso que los actos reclamados en el presente juicio, en modo alguno le causan perjuicio; por tanto, carece de interés para promover la presente instancia constitucional. Por tanto, se hace patente que la promovente del amparo carece de interés jurídico y legítimo en el presente juicio, precisamente por no resentir afectación alguna a sus intereses por no haber suscrito los correos electrónicos cuya omisión de contestar se reclama ni la respuesta a éstos estar dirigida a ********************. De ahí que lo procedente, de conformidad con lo establecido en los artículos 61, fracción XII y 63, fracción V, de la ley de la materia, es sobreseer en el juicio de amparo respecto tales actos. Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese; por lista a la quejosa, por oficio a las autoridades responsables y al Fiscal ejecutivo titular adscrito, en términos del artículo 26, fracciones II, incisos a) y c); y III, de la Ley de Amparo. Lo resolvió Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Carlos Alberto García López, secretario de juzgado que autoriza y da fe, Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio del Coordinador Interno del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, por el que rinde su informe justificado respecto de la ampliación de demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a las personas que menciona; y, con apoyo en el artículo 28, fracción I, de la citada ley, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Con apoyo en el artículo 119, de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de su parte la documentales que exhibe, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Por cuanto hace al correo electrónico y número telefónico que precisa, téngase como medio de contacto para efectuar comunicaciones no procesales con la autoridad oficiante, por lo que póngase a disposición de los actuarios adscritos a este Juzgado para que, de ser necesario, faciliten las diligencias que se encomienden. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Brenda Elizabeth Mondragón Garduño, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que el que suscribe, fue adscrito como titular de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, de conformidad con el oficio SEADS/1104/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Brenda Elizabeth Mondragón Garduño, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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