María del Carmen Barradas Lara

Expediente 1236/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1236/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
09/01/2023

Partes del expediente

  • María del Carmen Barradas Lara
  • Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    se notifica la parte quejosa el acuerdo dictado el nueve de enero del presente año, que a la letra dice en " En Boca del Río, Veracruz, nueve de enero de dos mil veintitrés. De autos se advierte que mediante auto veintisiete de mayo de dos mil veintidós, entre otras cuestiones se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, sin embargo, se advierte que la parte quejosa María del Carmen Barradas Lara en representación de su menor hijo con identidad reservada, a través de las iniciales C.L.B. exhibió tres tomos de prueba en el presente expediente; ahora toda vez que dichos tomos resultan innecesarios al ser un asunto totalmente concluido, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que notifiquen personalmente a la parte quejosa, que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger los citados documentos. Apercibida que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, una vez concluido el mismo, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dichos documentos, junto con las actuaciones del presente expediente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 1236/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN a María del Carmen Barradas Lara en representación de su menor hijo con identidad reservada, a través de las iniciales C.L.B., parte quejosa en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario que continúen en este juzgado las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de sus actos, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN a María del Carmen Barradas Lara en representación de su menor hijo con identidad reservada, a través de las iniciales C.L.B., parte quejosa en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario que continúen en este juzgado las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de sus actos, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 1236/2021, del índice de este Juzgado de Distrito, yRESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz al día siguiente, María del Carmen Barradas Lara en representación de su menor hijo con identidad reservada, a través de las iniciales C.L.B. promovió juicio de amparo en contra un acto del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Décimo Séptimo Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz (fojas 2 a 11). SEGUNDO. Mediante acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó admitir la demanda de amparo; requerir de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dar la intervención que le compete a Cuahutémoc Lozano Ortíz como tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, así como fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 36 a 39). Dado que de autos se advirtió que por la naturaleza del acto reclamado y que en el juicio de origen existe contienda respecto a la representación del menor quejoso, mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, se requirió al Instituto de la Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal con residencia en Veracruz, Veracruz, para que designara un representante para el menor de edad identificado con las iniciales C.L.B. dentro del presente juicio de amparo, a lo que se dio cumplimiento por oficio de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, a través del cual el asesor jurídico del citado Instituto Federal de Defensoría Pública, licenciado Alfonso Sánchez Luna aceptó el cargo conferido de representante especial del menor (fojas 34, 89). TERCERO. Agotada la secuela procesal por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 55) y las constancias de la notificación de la representación social de la federación (foja 46) así como el emplazamiento al tercero interesado (foja 44) quien compareció a juicio mediante escrito de catorce de febrero de dos mil veintidós (fojas 64 a 67) y solicitó se sobreseyera en el presente juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto que es susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales relacionados con la legalidad y debido proceso, así como el derecho de alimentos de un menor de edad, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que la emisión del acto reclamado se atribuye a una autoridad residente dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles es el acto que se reclama al 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, siendo en este caso el siguiente: La resolución de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil 377/2021 por el titular del juzgado responsable, en la que se declaró parcialmente fundado el recurso de reclamación interpuesto por el demandado (aquí tercero interesado) y se suspendió de manera provisional el porcentaje que fue decretado como pensión alimenticia provisional a favor de su menor hijo con identidad protegida a razón del veinticinco por ciento de las percepciones del deudor alimentario. Acto notificado por lista de acuerdos de dicho órgano jurisdiccional el propio ocho de noviembre de dos mil veintiuno (foja 183 del tomo de prueba). De esta forma, establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al 1. Titular del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Décimo Séptimo Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz, como se aprecia del contenido de su informe justificado (foja 55). Lo que además se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil 377/2021 de su índice, en las que se aprecia la resolución reclamada (fojas 176 a 183 del tomo I de prueba); documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley, y de las cuales se advierte la existencia de los actos que se reclaman. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Sin que sea obstáculo para considerar lo anterior que por auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, el citado juzgador, ante la notificación que le fuera realizada por el diverso Juez Décimo de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, relativa a que el depósito judicial del menor decretado a favor de su padre Cuahutémoc Lozano Ortíz dentro del juicio ordinario civil 1134/2021 de su índice había sido revocada, ordenara la reactivación de la pensión alimenticia provisional a cargo de aquel a favor del citado menor en los autos del juicio 377/2021 de su propio índice (fojas 192 del tomo I de prueba). Lo anterior dado que, con motivo del diverso oficio 719 del citado Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en el que informó que debido a que en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 18/20202 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, se suspendió la ejecución de la resolución que revocó el depósito del menor y se ordenó que se mantuviera a éste al lado de su progenitor Cuahutémoc Lozano Ortíz hasta que se resolviera en definitiva dicho juicio de garantías, mediante auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se dejó sin efectos el oficio en el que se avisó al Departamento de Recursos Humanos Y/o Pagador de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz que se reactivaba el descuento del veinticinco por ciento de las percepciones del demandado a favor del menor de identidad protegida con las iniciales C.L.B. (fojas 235 y 236) por lo que debe considerarse que subsiste la materia del presente juicio. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. El aquí tercero interesado indicó que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, ya que María del Carmen Barradas Lara carecía de interés jurídico para reclamar la resolución de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, ello en atención a que los alimentos provisionales son susceptibles de cancelarse en la reclamación si no se reúnen los requisitos previstos en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Dicho motivo de improcedencia es infundado. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5, de la citada ley, así como contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, se establece que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, con relación al caso a estudio, el tercero interesado al invocar la citada causal de improcedencia, soslaya que la quejosa no acudió al juicio de amparo por su propio derecho sino en representación de su menor hijo de identidad reservada mediante las iniciales C.L.B., a favor del cual se fijó una pensión alimenticia provisional dentro de los autos del juicio ordinario civil 377/2021 del 1. Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Décimo Séptimo Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz. Asimismo, no tomó en consideración que la quejosa aduce que la principal fuente de agravio por parte de la promovente consiste en señalar que la resolución que suspende la pensión alimenticia provisional decretada a favor del menor afecta el interés superior de éste, puesto que el mismo fue sustraído del seno materno mediante engaños por parte de su padre y que el depósito del infante fue promovido como un medio por parte del aquí tercero interesado para evadir el pago de la carga alimentaria a su cargo, cuestiones que no pueden ser evaluadas sin analizar aspectos atinentes al fondo del juicio de garantías planteado y que por ella tornan en improcedente la causal de improcedencia invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Sin que en el caso se advierta, ni hayan hecho valer las partes, diverso motivo de improcedencia del juicio; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la promovente resultan ineficaces por los motivos que se expresarán en párrafos posteriores, sin que se advierta queja que suplir en el caso en términos del artículo 79, fracción II de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO A título de premisas que servirán al suscrito juzgador para dar solución al asunto planteado, se esboza lo siguiente. Fundamentación y motivación El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Dicho numeral contempla el derecho fundamental de legalidad, que se traduce en que las autoridades deben emitir sus actos conforme a la ley. Es ilustrativa del particular la tesis que se lee: "GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad". Por su parte, el artículo 16 de la Constitucional Federal, en lo conducente dispone: "(.) Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". En el precepto constitucional transcrito se dispone que toda resolución de autoridad judicial competente debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, de ahí que, para cubrir cabalmente tal aspecto, la autoridad judicial aquí responsable, está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Máxime que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en el análisis exhaustivo y congruente de los puntos que integran la litis, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos aplicables al caso en concreto, que permiten a los juzgadores expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como, en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas (hasta los criterios jurisprudenciales) aplicables al caso de que se trate, pues las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en un conflicto o litis que se les plantea. Ello atento a que en las resoluciones jurisdiccionales la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a fin de que el gobernado pueda advertir si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador estimó para resolver el debate. Son aplicables a lo hasta aquí dicho, los siguientes criterios: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." y; "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." De allí, que existe falta de fundamentación y motivación cuando la autoridad omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que consideró para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis que prevé la norma jurídica. Por otra parte, existe indebida fundamentación cuando el acto de autoridad invoca preceptos legales, pero los mismos no aplican al asunto en concreto por las características específicas de éste; y existe incorrecta motivación, en el supuesto en que la autoridad sí indica las razones que tomó en consideración para emitir el acto, pero dichas razones no concuerden con la norma legal que aplicó en el caso. Así, la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de la cita de normas en que se apoya una resolución o acto y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero los mismos no son aplicables al caso en concreto, y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no concuerdan con el caso específico, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos que invoca la autoridad y las normas que aplicó. Apoya lo anterior la jurisprudencia I.3º.C. J/47 que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR." Por su parte, la motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que revela y explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además de justificarla, le permite defenderse en caso de que resulte irregular; por tanto, la violación de esta garantía puede ser: a) Formal, cuando hay omisión total o incongruencia del argumento explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario no puede conocer lo esencial de las razones que informan el acto, de manera que esté imposibilitado para cuestionarlo y defenderse adecuadamente; y b) Material, cuando la explicación o razones dadas son insuficientes o indebidas, pero dan noticia de las razones, de modo que se pueda cuestionar el mérito de lo decidido. Por tanto, las posibilidades de defensa deben analizarse en función de las irregularidades o ilegalidades inherentes a la citada garantía, es decir, si derivan de: 1) omisión de la motivación, o de que ésta sea incongruente, lo cual se configura cuando no se expresa argumento que permita reconocer la aplicación del sistema jurídico o de criterios racionales; 2) motivación insuficiente, que se traduce en la falta de razones que impiden conocer los criterios fundamentales de la decisión, es decir, cuando se expresan ciertos argumentos pro forma, que pueden tener ciertos grados de intensidad o variantes y determinar, bien una violación formal tal que impida defenderse o, en cambio, una irregularidad en el aspecto material que, si bien, permite al afectado defenderse o impugnar tales razonamientos, resultan exiguos para tener conocimiento pleno de los elementos considerados por la autoridad en la decisión administrativa; e 3) indebida motivación, que acontece cuando las razones de la decisión de la autoridad no tienen relación con la apreciación o valoración de los hechos que tuvo en cuenta, o el precepto en el que se subsumen es inadecuado, no aplicable o se interpreta incorrectamente. Ilustra a lo anterior la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA EN FUNCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO." Alimentos en la legislación de Veracruz Los artículos 242 del Código Civil y 210 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado, señalan: "Artículo 242. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos." "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días.- En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva.- Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.- En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario." La institución de los alimentos, ya sea que se decreten de manera provisional o definitiva, tiene como finalidad el otorgar a los acreedores lo necesario para su subsistencia, es decir, el garantizarles lo indispensable para sus necesidades más apremiantes, mediante el otorgamiento de los conceptos que señala el numeral 239 del Código Civil de la entidad, a través de una medida que respete el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 242 de ese ordenamiento, esto es, debe atender a las necesidades de la acreedora y a las posibilidades del deudor para satisfacerlas; aunado a ello, deben tomarse en consideración otras circunstancias, tales como el entorno social en que aquél se desenvuelve, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a que pertenece. Asimismo, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece el trámite procesal de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, en el cual se tomarán en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverla, así como las pruebas documentales que obren hasta esa etapa procesal; con lo cual se concede al deudor un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje fijado provisionalmente, pues el juzgador toma como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda y los documentos que aporta, en razón de la prontitud con que se ordena resolver; pero la reclamación debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales y justifica otras circunstancias que el propio juzgador no tuvo en consideración al fijar la pensión provisional o que apreció incorrectamente en el auto de inicio y que sean idóneas para tal fin. Por otra parte, debe tenerse presente que la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 482/2012, el trece de marzo de dos mil trece, respecto a la noción judicial de "interés superior del niño", estimó lo siguiente: 1. El interés superior del menor es un principio de rango constitucional que se encuentra expresamente previsto en la regulación de los derechos de los menores contenidos en el artículo 4o. constitucional, y en correspondencia con el ánimo del Estado Mexicano de adecuar el marco normativo constitucional a los compromisos internacionales contraídos en el ámbito mundial. 2. El interés superior del niño es una expresión que "implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Además, acorde con el artículo 3.1. de la Convención Sobre los Derechos del Niño, en todas las medidas que tomen los tribunales, concernientes a los niños, será de atención primordial el interés superior del niño. 3. En armonía con lo anterior, ha sostenido que en el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los derechos humanos de algún menor, y que para dar sentido a la norma, se deben tomar en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. 4. Se ha sostenido que una expresión del alcance que tiene el interés superior del menor en la labor jurisdiccional, emerge en el ámbito procesal, pues con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio constituye uno de los aspectos más relevantes que amerita una especial atención de los juzgadores, en los asuntos que inciden sobre derechos humanos de menores, el Juez cuenta con un amplísimo abanico de facultades constitucionales para recabar de oficio todas las pruebas que sean necesarias para conocer la verdad de los hechos involucrados a fin de resolver la cuestión planteada, siempre de la manera que resulte de mayor cobertura para los derechos humanos del o los menores justiciables. Así las cosas, en un juicio de alimentos -como en la especie acontece- en el que un menor figura como actor material y acreedor, el planteamiento o solicitud de modificación de la pensión alimentaria correspondiente, revela que el derecho a percibir alimentos del menor no se encuentra, cuando menos desde un punto de vista jurídico, en un estado de desamparo total, a partir de que existe una determinación judicial que ha fijado una pensión alimenticia en favor del menor con el propósito de hacer frente a las necesidades básicas del niño o de la niña, que se encuentran comprendidas en el rubro de alimentos. Sin embargo, la ausencia de desamparo jurídico total en materia de alimentos para un menor, no puede interpretarse como una condición que releve al juzgador de atender el interés superior del menor sobre cualquier asunto relacionado con ese tópico (pensión alimenticia) dado que tal interés subsiste como principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse al menor en materia de alimentos o que pueda afectar los derechos alimentarios del menor, como sucede en el caso de la solicitud de disminución de tal pensión; y en consecuencia, aun cuando exista una determinación judicial que haya establecido una pensión alimenticia en favor de un menor, para dar sentido a las normas aplicables en materia de alimentos, se deben tomar en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. En la misma línea argumentativa, si tratándose de un menor que figura como actor material y acreedor en un juicio sobre alimentos que versa sobre el incremento, disminución o fijación de una "pensión mayor", subsiste el deber constitucional de los tribunales de atender al interés superior del menor. Aunado al hecho de que una expresión del alcance que tiene el interés superior del menor en el ámbito jurisdiccional emerge en el ámbito procesal, en el sentido de que, con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio constituye uno de los aspectos más relevantes que amerita una especial atención de los juzgadores, en los asuntos que inciden sobre derechos humanos de menores, como es el juicio de alimentos promovidos en su favor, el Juez cuenta con un amplísimo abanico de facultades constitucionales para recabar de oficio todas las pruebas que sean necesarias para conocer la verdad de los hechos involucrados a fin de resolver la cuestión planteada siempre de la manera que resulte de mayor cobertura para los derechos humanos del menor justiciable. Hasta aquí dichas premisas. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable: 1). El dos de marzo de dos mil veintiuno, María del Carmen Barradas Lara, en representación de su menor hijo de identidad reservada mediante las iniciales C.L.B., promovió juicio ordinario civil en el cual demandó de Cuahutémoc Lozano Ortíz el pago de una pensión provisional alimenticia y, en su oportunidad una definitiva a favor de la promovente y el citado menor (fojas 1 a 10 del tomo I de prueba). 2). Por auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz, acordó: admitir y radicar la citada demanda con el número de juicio 377/2021; fijar una pensión alimenticia de carácter provisional del cuarenta por ciento (40 %) del sueldo y demás prestaciones del demandado como trabajador de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Veracruz, distribuidos un veinticinco por ciento (25 %) para el menor y un quince por ciento (15%) para la promovente como concubina del demandado; y, emplazarlo a juicio (fojas 44 a 47). 3). Una vez emplazado el demandado, el seis de septiembre de dos mil veintiuno (foja 101 del primero tomo probatorio) por escrito presentado el veinte de septiembre siguiente, Cuahutémoc Lozano Ortíz contestó la demanda instaurada en su contra e hizo valer recurso de reclamación en contra de la pensión provisional alimenticia fijada (fojas 108 a 130 del primer cuaderno probatorio). 4). Por auto de veintinueve de septiembre siguiente, se acordó: dar curso al aludido medio de impugnación, así como vista a la actora por el término de tres días con el escrito de reclamación y sus anexos, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera (foja 103 del primer tomo probatorio). 5). Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintiuno, la actora desahogó la vista que se le dio con el escrito de la parte demandada (fojas 146 a 166 del tomo probatorio en cita). 6). El ocho de noviembre de dos mil veintiuno, el juez instructor resolvió: declarar parcialmente fundada la reclamación y, suspender el monto de la pensión provisional inicialmente fijada a favor del menor C.L.B. en un veinticinco por ciento (25 %) del sueldo y demás prestaciones del demandado, (fojas 178 a 185 del tomo I de prueba) determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN De la resolución reclamada se advierte que el juez responsable declaró parcialmente fundada la reclamación aquí combatida, con base exclusivamente en las siguientes consideraciones: El inconforme acreditó fehacientemente que el menor con identidad reservada con las iniciales C.L.B. se encuentra al momento de la resolución, esto con el legajo de copias certificadas del expedientes 1134/2021 del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Veracruz, Veracruz, en el cual se decretó el depósito judicial del citado infante en el domicilio ubicado en Paso y Troncoso número 874, altos 2 de Veracruz, Veracruz, señalándose como depositario a su padre Cuahutémoc Lozano Ortíz, circunstancia que ocurrió con posterioridad a la fijación de la pensión alimenticia provisional reclamada. Lo anterior aunado a los diversos comprobantes de gatos de pagos que el reclamante efectúa por conceptos de comidas, colegiatura y actividades extracurriculares del menor, lo que corrobora que éste se encontraba bajo su guarda al momento de resolverse la citada reclamación. De ahí que se consideró procedente suspender la pensión alimenticia provisional decretada a favor del menor de identidad reservada con las iniciales C.L.B., mientras se encuentre vigente la medida cautelar consistente en el depósito de dicho infante con su padre, decretada en autos del juicio ordinario civil 1134/2021 del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, Veracruz, quedando intocada la pensión provisional decretada en favor de María del Carmen Barradas Lara en su calidad de concubina del deudor alimentario. Esas son las razones torales de la autoridad responsable para declarar fundada la reclamación. Al respecto la quejosa señaló como conceptos de violación que el depósito decretado a favor del hoy tercero interesado fue concebido y ejecutado como una forma de evadir el cumplimiento de su obligación alimentaria para el menor de edad, lo que se puede apreciar del hecho de que la solicitud y decreto del depósito son posteriores al primer descuento que se hizo a las percepciones del demandado, en el juicio ordinario civil 377/2021 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Veracruz, Veracruz. El juez responsable omitió el análisis de pruebas contundentes como lo son el expediente 1134/2021 del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familiar y la Carpeta de Investigación VER/DXVII/FEMUJ/F3/3059/2021 presentada por la hoy quejosa ante el Fiscal Tercero Especializado en Investigación de Delitos de Violencia, Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas del XVII Distrito Judicial, ambos con sede en Veracruz, Veracruz. Asimismo afirma que aunque por momentos, la quejosa continúa conviviendo con el menor y que no hay razón para suspender el monto de pensión provisional decretada a favor de aquel, por lo que la misma deberá continuar o en el último de los casos deberá reducirse pero no suspenderse totalmente. Los referidos conceptos de violación, como se adelantó, se consideran ineficaces. Esto es así, porque se considera que el Juez de origen dio una adecuada fundamentación y motivación a la resolución de origen, explicando los motivos por los cuales consideró procedente el declarar que, en las condiciones que guardaba la situación del menor, no correspondía el pago de pensión alimenticia recepcionado por la madre del menor al encontrarse éste viviendo con diversa persona. Esto con las citadas constancias exhibidas por el reclamante, de las que se desprende el depósito de persona que fuera concedido a su favor respecto de su menor hijo de identidad reservada con las iniciales C.L.B.. En ese sentido el concepto de violación relativo a que resulta evidente que el citado depósito de persona fue urdido por el demandado con el fin de evadir el pago de la pensión alimenticia provisional decretada a su cargo por lo que hace a su menor hijo resulta ineficaz. Esto es así, dado que con independencia de apreciaciones subjetivas por parte de la hoy quejosa respecto a los motivos por los cuales se promovió el citado depósito, el hecho objetivo lo constituye la circunstancia que el menor por orden judicial se encontraba, al momento en que se resolvió el citado recurso, bajo la guarda de su padre. De ahí que si el menor quejoso se encuentra en depósito judicial a favor de su progenitor Cuauhtémoc Lozano Ortiz, otorgada judicialmente en el diverso expediente 1134/2021 del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz, y por ello dicho infante se encuentra incorporado al seno familiar al lado de su padre, quien tiene el carácter de deudor en el juicio de alimentos (tercero interesado en el presente juicio de amparo) al estar bajo la protección y resguardo en el domicilio fijado para ello, el menor actualmente está recibiendo directamente los presupuestos alimentarios, como son habitación, vestido, alimentos, y demás por parte de dicho ascendiente. Por ello, contrario a lo señalado por la promovente de amparo, se estima acertada la determinación del juez responsable de suspender el pago de la pensión alimenticia provisional decretada en favor del menor de identidad reservada con las iniciales C.L.B., puesto que de continuar el pago de la misma en los términos señalados originalmente esto es, que quién reciba la orden de entrega de dicha pensión sea su madre (quien no tiene al menor dentro de su seno familiar) dicha percepción económica no llegaría a éste, a efecto de satisfacer sus alimentos, vestimenta y demás gastos necesarios que se eroguen para su supervivencia, por lo que se le pondría en situación de riesgo, pues se estaría desviando el destino para el cual fue dictada en primer término. Guarda relación la tesis VII.2o.C.104 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. PARA SU OTORGAMIENTO NO SÓLO DEBE ACREDITARSE EL PARENTESCO DEL MENOR CON EL DEUDOR, SINO TAMBIÉN QUE QUIEN LOS RECLAMA EN SU REPRESENTACIÓN TIENE SU GUARDA Y CUSTODIA. EXCEPCIÓN A LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 9/2005 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si se atiende a la teoría general del proceso y a los presupuestos procesales de la acción, así como a la naturaleza jurídica de la institución de los alimentos que debe analizarse en su contexto jurídico esencial de la subsistencia de quién o para quién se solicite la medida provisional, y en este segundo supuesto, que otro solicita en ejercicio de la patria potestad, se estima que la petición debe estar en concordancia con otras instituciones jurídicas y no sólo en el acreditamiento de la filiación, sino que se inmiscuyen los aspectos relativos a la guarda y custodia como se infiere y puede correlacionarse con los artículos 345, 346, 351 y 352 del Código Civil del Estado de Veracruz, de los cuales se advierte que la obligación derivada de la patria potestad, referente a los alimentos, se vincula a la guarda y custodia de los menores, esto, obviamente para garantizar que aquéllos sean proporcionados a quien los necesita y se tenga la certeza de que les serán suministrados por quien así los pide, pues de no ejercer éstas, se desviaría el destino para el cual, en el caso de decisión judicial, van enfocados. En este contexto, si bien es cierto que si quienes solicitan alimentos en términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado acreditan con el acta de nacimiento el parentesco con el deudor, se les deben otorgar, también lo es que si lo hacen por medio de un representante, éste debe actuar en su beneficio y para ello tener la custodia, pero no deben concederse cuando si a quien se le solicitan (deudor) tiene al menor bajo su custodia, máxime si es en virtud de una decisión judicial, de donde es dable establecer, sin prueba en contrario, que los alimentos se están proporcionando directamente y, por tanto, quien acude en representación de un menor a solicitarlos y se demuestra que no tiene la custodia, entonces, no acredita la legitimación para solicitar la medida cautelar, pues si bien es verdad la patria potestad legitima, también lo es que ésta debe ser plena, y si de autos quedó establecido que no tiene la guarda y custodia del menor por el que solicita alimentos, es claro que en ese sentido, el destino de éstos ya no es con el propósito de que el menor los reciba y se beneficie. Por otro lado, debe acotarse que la presente resolución no contraviene la jurisprudencia 1a./J. 9/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, página 153, de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).", relativa a que la reclamación que se interponga en contra del auto que la fija de manera provisional jamás podrá tener el alcance de cancelarla o dejarla insubsistente, pues las normas no sólo tienen elementos objetivos o materiales, sino que también contienen elementos normativos o teleológicos. En otras palabras, éstas pueden describir una conducta para llegar al fin que teleológicamente se les encomendó, esto es, su finalidad, pero la realidad ofrece multiplicidad de conductas que objetivamente podrían adecuarse a dicha descripción, pero que en esencia no cumplan con el fin de la norma, por lo tanto, debe determinarse cuáles de esas conductas son las que cumplen con la función de ésta y cuales no, lo cual viene a ser también un elemento de cada disposición. En ese orden de ideas, no acreditándose la finalidad de la medida provisional de alimentos, es factible que ésta se pueda cancelar. De ahí que es de considerar que el presente controvertido, resulte una excepción más a la no cancelación de alimentos provisionales." Es por ello que se estima ineficaz el concepto de violación encaminado determinar la inconstitucionalidad de la determinación impugnada derivado del alegato, consistente en que el depósito del menor fue obtenido por medio de maquinaciones del ahora tercero interesado para evitar el pago de la pensión decretada a su cargo, puesto que en todo caso, demostrar lo anterior constituye la materia del diverso juicio ordinario civil 1134/2021 del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia de Veracruz, Veracruz, y no del juicio 377/2021 del que deriva el acto aquí reclamado en el que sólo corresponde resolver lo relativo a la forma en que se satisfagan las necesidades alimentarias de los acreedores accionantes. Igual consideración corresponde al concepto de violación relativo a que el juez responsable omitió el análisis de pruebas contundentes como lo son las relativas a las copias certificadas del expediente ordinario civil 1134/2021 del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familiar y la Carpeta de Investigación VER/DXVII/FEMUJ/F3/3059/2021, relativa a la denuncia presentada por María del Carmen Barradas Lara ante el Fiscal Tercero Especializado en Investigación de Delitos de Violencia, Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas del XVII Distrito Judicial, ambos con sede en Veracruz, Veracruz. Lo anterior, debido a que dichos elementos de prueba se encaminan a comprobar la improcedencia del depósito decretado en favor del tercero interesado, pero no son eficaces para sustentar el alegato relativo a que se debe mantener la pensión alimenticia provisional decretada a favor del menor en los términos originalmente señalados, puesto que, mientras la citada medida cautelar se mantenga vigente los alimentos del menor están siendo proporcionados directamente por el padre del mismo, y en consecuencia, el descuento realizado a éste opera en detrimento de la subsistencia del niño, en tanto dicha condición subsista. En ese mismo sentido, resulta ineficaz para establecer la inconstitucionalidad de la determinación judicial impugnada, el argumento referente a que la quejosa todavía mantiene momento de convivencia con su menor hijo, pues ello, de ninguna forma sustenta su consideración relativa a la necesidad de que se conserve activa la citada medida alimentaria provisional decretada en favor del menor, puesto que la carga alimentaria continúa siendo satisfecha con recursos aportados de forma directa por el padre del niño, en lugar de indirectamente a través del cobro de la citada pensión provisional, por lo que no se justifica la continuación de ésta aún reducida drásticamente. Sin que sea obstáculo para considerar lo anterior que mediante auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós (foja 194 del tomo I de prueba) dictado en los autos del juicio ordinario civil 377/2021, el 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, haya agregado el oficio 86 mediante el cual el Juez Décimo de Primera Instancia de la misma especialidad, con sede en la referida localidad, le informó que revocó el depósito de persona decretado en el juicio ordinario civil 1134/2021 de su respectivo índice; ello debido a que en diverso proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós (foja 237 del tomo de prueba en cita) indicó que recibió constancias en las que se advierte que en acatamiento a la suspensión concedida en el incidente de suspensión del juicio de amparo 18/2022 del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, se ordenó que el menor continuara bajo la custodia del menor hasta que se resolviera dicho juicio de garantías. De ahí que las condiciones en las que el Juez responsable se basó para declarar fundado el recurso de reclamación en la resolución aquí impugnada, se mantienen en virtud de lo ordenado en el citado juicio de garantías. CONCLUSIÓN. En esas condiciones, se advierte que los conceptos de violación expresados por la quejosa no resultan eficaces para justificar su afirmación relativa a la inconstitucionalidad de la interlocutoria en la que se suspendió el pago de la pensión alimenticia provisional a favor de su menor hijo, puesto que de las constancias acompañadas por la autoridad responsable y aún de las exhibidas por la propia quejosa se acredita que el citado menor no se encuentra al momento en su custodia por lo que la continuación de los descuentos a las percepciones del demandado en los términos ordenados originalmente con relación a dicho infante no cumplen con el fin para el que fue establecido y por el contrario puede resultar perjudicial para la satisfacción de las necesidades alimentarias de aquél. Lo anterior con independencia que el propio Juzgador responsable estableció la posibilidad de que en el momento en que dichas circunstancias cambien y el menor fuera incorporado al hogar de su progenitora, de manera inmediata se ordenara la reactivación de la citada pensión alimenticia provisional; en consecuencia, al resultar ineficaces los conceptos de violación que hizo valer la promovente, lo procedente es negar el amparo solicitado por ésta a nombre de su menor hijo. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, así como su publicación a través del SISE para su consulta por cualquier persona, en términos del reformado numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2020. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara, ni protege a María del Carmen Barradas Lara en representación de su menor hijo con identidad reservada, a través de las iniciales C.L.B. contra el acto reclamado y por la autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo en términos del considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

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