Maria del Carmen Barba de la Torre
Expediente 1926/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1926/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/10/2022
Partes del expediente
- Maria del Carmen Barba de la Torre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el oficio signado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Jalisco "2", por el que informa el tratamiento de la multa impuesta a en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, ordenada mediante acuerdo de tres de agosto de la presente anualidad, a saber, que el mandamiento de ejecución con número de control, relativo a la resolución , no fue diligenciado por los motivos que expone; téngasele informando lo anterior para los efectos legales conducentes. No obstante lo anterior, requiérase al órgano recaudador en cita, para que continúe informando el seguimiento del medio sancionatorio impuesto al funcionario público en cita. Anterior exigencia que deberá cumplir dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; bajo apercibimiento que de no atender lo requerido en el lapso indicado, se le impondrá una multa, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo.
- Incidental
Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve: 1. Se NIEGA a LA PARTE QUEJOSA, la suspensión definitiva de los actos reclamados a la autoridad señalada en el considerando 3 de esta interlocutoria.
- Principal
Agréguese a los autos el informe previo que suscribe la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General en representación de la autoridad responsable Secretaria de Salud, para los efectos legales a que haya lugar; con su contenido dese vista a las partes para que se impongan del mismo y hagan uso de sus derechos, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. Téngasele designando como delegados a las personas que menciona, en términos del numeral 9 de la ley de la materia; y, como domicilio procesal la residencia oficial de dicha dependencia.
- Incidental
Visto el oficio signado por el Delegado de las autoridades responsables adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal Jalisco, por el que informa solicita una prórroga para encontrarse en aptitud de dar cumplimiento al fallo protector, por los motivos que expone; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE UNA PRÓRROGA, para que dentro del plazo de DIEZ días siguientes a la notificación del presente acuerdo, se dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo constancia fehaciente de ello; esto es: "(.) emita una respuesta congruente a la solicitud de la quejosa, como se ordenó en ejecutoria de amparo, ya sea concediéndose o negándose la petición materia de juicio de amparo, y, asimismo, que exhiba evidencia fehaciente de que procedió a la emisión de esa contestación, como también se ordenó en dicho fallo protector". En el entendido, que deberá que ceñirse a los lineamientos establecidos en la resolución dictada en la inconformidad 28/2022, a saber: "[.] En este sentido, si bien se evidencia que la responsable en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, remitió el oficio antes reproducido, no puede estimarse aún que esté acatada en su totalidad. Se dice lo anterior, en razón de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es una cuestión de orden público, que el Juzgador constitucional debe verificar de oficio, y tomando en consideración que la protección constitucional se otorgó a la quejosa, para que se emitiera una respuesta en forma congruente con lo peticionado en su escrito de veintitrés de septiembre de dos mil veinte; y, tomando en consideración que, en el mismo, como se indicó, la peticionaria del amparo solicitó que se llevara una revisión minuciosa porque no está de acuerdo con el número de semanas que le reconocieron, y en respuesta a tal petición, la responsable en su oficio de cumplimiento ********************, de veinte de mayo de la presente anualidad -materia de análisis en este asunto-, ahora señala que la quejosa tiene que apersonarse ante el IMSS y contar con la documentación requerida como avisos afiliatorios, identificación oficial vigente y número de seguridad social, para realizar la búsqueda de semanas cotizadas, esto es, informa el trámite administrativo que ha de seguirse para llevar a cabo tal propósito, es evidente que la sentencia de amparo aún no se encuentra cumplida, y que el Juez de Distrito se adelantó al así haberlo declarado; incluso, el propio juzgador omitió considerar que esa respuesta evasiva es similar a las anteriores dadas por la autoridad y que así se ha considerado por este Tribunal Colegiado en recursos de inconformidad también anteriores. Es así, en atención a que de lo anterior se tiene que la autoridad responsable aun cuando en apariencia pretende demostrar que ya respondió a la petición de la quejosa, aquélla no ocurre de manera congruente en respeto al derecho constitucional previsto en el artículo 8º, de la Constitución Federal, pues antepone a una respuesta directa de la petición, la evasiva de que el promovente acredite el cumplimiento de determinados requisitos, lo que, en su caso, debió hacer valer durante la substanciación del juicio de amparo, pero no como forma de cumplimiento. De ahí que este órgano Colegiado estima que el requisito de acreditamiento de esos requisitos a fin de dar respuesta a la promoción de la quejosa, constituye una evasión que trastoca un derecho sustantivo de aquél, como es el de petición, en tanto que realmente no proveyó lo peticionado por el promovente del amparo. Efectivamente, atendiendo a que la autoridad receptora de una solicitud, se encuentra obligada a emitir una respuesta por escrito al gobernado y dársela a conocer en el menor tiempo posible, aunado al propósito de no volver nugatoria la referida garantía, debe entenderse que la contestación de la autoridad no debe ser ambigua, evasiva o limitarse a dar largas al asunto, sino que en forma precisa y directa debe resolver sobre las pretensiones que le fueron elevadas. Esto es, como lo afirma la recurrente, la autoridad en términos del artículo 8º constitucional debe emitir una respuesta sea en sentido negativo o positivo al gobernado, pero dar una contestación congruente con lo que se les está solicitando y no establecer evasivas o requerimientos que incluso resultan innecesarios; máxime, se insiste, si no fueron planteados en su informe justificado o en el trámite del juicio de amparo como cuestiones previas y necesarias para dar respuesta a la petición. [.] En conclusión, queda demostrado que la autoridad responsable no contestó congruentemente a la quejosa la petición que planteó en el escrito que le fue presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, lo que se traduce en una insatisfacción de las obligaciones que le impone a la autoridad responsable el artículo constitucional en comento y que constituyen el derecho de petición; es decir, evadió el pronunciamiento respecto de los puntos que le fueron propuestos, a lo cual, se encuentra obligado. [.] Además, no se pierde de vista que en la ejecutoria de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por este órgano Colegiado en los autos del toca de inconformidad 30/2021 emitió pronunciamiento en el sentido de que la resolución contenida en el oficio número ********************, de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, NO se traduce en cumplimentación de la sentencia de amparo. De ahí que se desprenda que el aludido oficio número 143901679100/0748/2020 no es un resolutivo por el que haya restituido a la quejosa en el goce de su derecho humano de petición, como se ordenó en ejecutoria dictada en juicio constitucional, toda vez que, en esa documental se reiteró el sentido esencial del diverso oficio número ********************, de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, respecto del cual, insístase, ya hay pronunciamiento por este órgano Colegiado acerca de que en tal determinación administrativa no hay cumplimiento de la sentencia protectora; por lo que resulta evidente que la segunda respuesta dada a petición de aclaración de semanas cotizadas de la quejosa expresada en el oficio número 143901679100/0748/2020, no constituye acatamiento total al fallo protector. Además en esos mismos términos se dispuso nuevamente en el recurso de inconformidad 7/2022, mediante ejecutoria veintiocho de abril de dos mil veintidós." Plazo anterior que se fija de manera excepcional, y por única ocasión, tomando en consideración lo manifestado por la encargada del cumplimiento, con fundamento en el último párrafo del mencionado artículo 192; lo que no se traduce en que este juzgado convalide la inobservancia de las disposiciones aplicables al caso. Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior en el lapso indicado sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional), en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y además se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Hágasele saber al citado ente, que con fundamento en el segundo párrafo de artículo 193 de la ley de la materia que el incumplimiento de una ejecutoria implica no sólo la falta de actos tendentes a acatarla, sino también el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales; e igualmente que el cumplimiento extemporáneo de forma injustificada, no la exime de responsabilidad; pero será considerado como atenuante al imponer la sanción penal, como lo señala el artículo 195 de la Ley de Amparo.
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