Maria del Carmen Ayala Enciso

Expediente 132/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 26 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
132/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
23/08/2022

Partes del expediente

  • Maria del Carmen Ayala Enciso
  • Juez Segundo Letrado Civil del Distrito Judicial de Torreón En la Ciudad de Torreón, Coahuila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen Garantía. No hay. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es depurable y el duplicado destruible, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria; dejándose sin efectos la medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión que deriva este juicio. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Anotaciones. Agréguense las constancias que en original constan en el cuaderno de antecedentes que derivó de este asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tales efectos se lleva en este juzgado de distrito. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, María del Carmen Ayala Enciso, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III) AUTORIDADES RESPONSABLES.- a).- C. Juez Segundo Letrado Civil del Distrito Judicial de Torreón en la Ciudad de Torreón, Coahuila; como ordenadora responsable. b).- Los CC. Actuarios adscritos a la Central de Actuarios de los Juzgados Mercantiles, de la Ciudad de Torreón, Coahuila." IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- De la autoridad señalada en el inciso a), se reclama el razonamiento actuarial de notificación y emplazamiento al Juicio Ejecutivo Mercantil 386/2020, de fecha 14 de febrero del 2020, radicado ante dicho Juzgado Segundo Letrado Civil en este Distrito Judicial de Torreón 2.- De ambas autoridades se reclaman todas y cada una de las consecuencias inherentes a dichas actuaciones, como lo serían el embargo y secuestro de bienes, así como las actuaciones subsiguientes seguidas a espaldas de la suscrita dentro del juicio ejecutivo antes señalado." Asimismo en proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa por ampliando su escrito de demanda respecto de la diversa autoridad denominada Actuario adscrito al Juzgado Segundo Letrado Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, respecto del cual reitero los actos reclamados en su escrito inicial. En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Admisión. Mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, previo acuerdo aclaratorio, se admitió a trámite la demanda de amparo; motivo por el cual, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito, lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna; es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; así como el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, al reclamarse actos emitidos por autoridades civiles que se encuentran dentro de la jurisdicción de este juzgado de distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que la parte quejosa reclama en específico lo siguiente: i. La diligencia de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil número 386/2020 promovido por Compañía Comercial Cimaco, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su endosatario en procuración Damián Alejandro Aldaz Vázquez, en contra de la aquí quejosa María del Carmen Ayala Enciso, del índice estadístico del Juzgado Segundo Letrado Civil del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad, y actuaciones posteriores. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable denominada Actuarios adscritos a la Central de Actuarios del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, negaron categóricamente los actos que se le reclaman, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. En efecto, ante la negativa precisa externada por la autoridad responsable antes mencionada al rendir su informe justificado, en torno a los actos reclamados a ella atribuido, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dichas autoridades se hallan en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin". Luego, si las autoridad responsable en mención negó la existencia de los actos que se trata y la parte promovente no desvirtuó tal negativa, es evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo; por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos que nos ocupan atribuidos a la citada autoridad responsable denominada Actuarios adscritos a la Central de Actuarios del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila. En congruencia con lo anterior, lo procedente, en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el juicio respectivo. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección. Tesis: 284. Página: 305.). "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.). CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables denominadas Juez Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, y Actuarios de su adscripción, pues al rendir su informe justificado, expresamente reconocieron su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno, para tener demostrados los actos que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Estas confesiones, lejos de estar desvirtuadas o contradichas en el juicio de amparo, se encuentran corroboradas con las constancias relativas con los actos reclamados, que fueron allegadas a este contradictorio federal por la referida autoridad judicial responsable, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata; por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Ahora bien, en el caso particular el suscrito juzgador estima que efectivamente, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, de acuerdo a lo siguiente: Los artículos en comento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Como se advierte, conforme a la naturaleza jurídica del acto reclamado, la demanda de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, conforme a las reglas instituidas en los citados artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Asimismo, del contenido de los mencionados preceptos, se advierte que para el cómputo del plazo de quince días, el legislador previó tres supuestos excluyentes entre sí, a saber: a) Un primer supuesto que se refiere al de la notificación formal del acto reclamado, en cuyo caso el plazo se computará a partir del día siguiente de aquél al en que surta efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, para lo cual se atenderá a la ley que rigió el procedimiento del juicio natural y que se encontraba vigente al momento de la notificación; b) Un segundo supuesto relativo a que la parte quejosa hubiere tenido conocimiento completo de la resolución o acuerdo que reclame por un diverso medio al de su notificación formal, para lo cual el plazo referido se contará a partir del día siguiente al en que ello ocurra; o bien, c) Un tercer supuesto que podrá actualizarse cuando el quejoso se ostente sabedor de la resolución o acuerdo reclamados, o de su ejecución, en cuyo caso, el plazo mencionado comenzará a contarse a partir del día siguiente de aquél al en que manifieste haber conocido el acto reclamado. De igual forma, del último de los preceptos citados, se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En ese contexto, al examinar integralmente la demanda de amparo promovida por María del Carmen Ayala Enciso, se obtiene que comparece en calidad de tercera extraña por equiparación al juicio ejecutivo mercantil 386/2020, promovido por Compañía Comercial Cimaco, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su endosatario en procuración Damián Alejandro Aldaz Vázquez, en contra de la aquí quejosa, del índice estadístico del Juzgado Segundo Letrado Civil del Distrito Judicial de Torreón, del cual reclama la diligencia de emplazamiento a juicio y actuaciones posteriores, incluyendo la sentencia. Ahora bien, en su demanda de amparo señala que tuvo conocimiento de la existencia del mencionado juicio ejecutivo mercantil 386/2020, hasta el catorce de enero de dos mil veintidós; sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte una diversa fecha de conocimiento. Efectivamente, contrario a lo que adujo la aludida quejosa, se tiene que conoció de los actos reclamados en una fecha anterior a la que menciona en su demanda de amparo, ya que de las constancias del citado juicio de origen, las cuales gozan de valor probatorio pleno al tenor de los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En efecto, de las constancias relativas al juicio de origen se advierte que el treinta de noviembre de dos mil veinte, el actuario adscrito al Juzgado Segundo Letrado en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, notificó a la parte quejosa el auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictado por el Juez Segundo Letrado en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. En el mencionado auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, el juez de origen, previa solicitud de la parte actora autorizó al actuario para que en compañía de la parte actora se constituyeran en el domicilio de la demandada María del Carmen Ayala Enciso (aquí quejosa), con el único fin de señalar y trabar bienes para embargo, la cual fue ejecutada y notificada en forma personal con la propia quejosa, quien firmó el acta de embargo en mención. Ahora bien, como se advierte de la diligencia de embargo efectuada el treinta de noviembre de dos mil veinte, la misma se entendió y notificó personalmente con la quejosa María del Carmen Ayala Enciso, tal es así que dicha notificación surtió sus efectos el uno de diciembre de ese mismo año; por lo tanto, la quejosa tuvo conocimiento de los actos que hoy reclama desde el esa última fecha, cuando le fue notificada la diversa actuación ocurrida en el mismo juicio de origen, de ahí que la presentación de la demanda de amparo resulta extemporánea, dado que la misma fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna hasta el cuatro de febrero de dos mil veintidós; esto es, mas de dos años dos meses despúes. Por lo anterior, considerando que la demanda de cuenta se presentó hasta el cuatro de febrero del año en curso, se tiene que su presentación es extemporánea, ya que como se mencionó transcurrieron poco más de dos años dos meses desde que la promovente se hizo sabedora de la existencia del juicio ejecutivo mercantil 386/2020, es decir, transcurrió en exceso el plazo legal de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por ello, se concluye que la quejosa consintió tácitamente los actos reclamados y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la citada fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata. Lo anterior es así, en tanto que es la fecha de la notificación de la mencionada actuación la que debe tomarse como punto de partida del término para la interposición del juicio constitucional que promueve contra el emplazamiento, en tanto que fue en ese momento en que tuvo conocimiento de la existencia del juicio instaurado en su contra, y no la que manifiesta la parte quejosa en su demanda de amparo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo XXXIII, enero de 2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Así como la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 291, tomo II, agosto de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe es el siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Sin que obste a la anterior determinación, el hecho de que la quejosa haya manifestado bajo protesta de decir verdad haber tenido conocimiento del acto reclamado el catorce de enero del presente año, en tanto que dicha manifestación se encuentra desvirtuada con las constancias relatadas y valoradas en líneas que anteceden, pues como se dijo, el treinta de noviembre de dos mil veinte, le fue notificado de manera personal a la parte quejosa el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veinte, en que el juez de origen, previa solicitud de la parte actora autorizó al actuario para que en compañía de la parte actora se constituyeran en el domicilio de la demandada María del Carmen Ayala Enciso (aquí quejosa), con el único fin de señalar y trabar bienes para embargo, lo que así aconteció como se relató. En apoyo a lo anteriormente expuesto se invoca, aplicada en lo conducente, la tesis jurisprudencial J/194, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XII, diciembre de 2000, página 1148, que literalmente dice: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada." Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que según la constancia de notificación realizada el treinta de noviembre de dos mil veinte, se entendió personalmente con la quejosa María del Carmen Ayala Enciso; en tal virtud el hecho manifestado por la quejosa en cuanto a que desconocía de la existencia del juicio de origen, no cambia la afirmación que hace el actuario adscrito a la responsable en el sentido de haber sido atendido o recibido por dicha persona, por lo que ha de bastar su afirmación en ese sentido, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia, lo que permite concluir que no hubo estado de indefensión para el interesado y que sí se practicó en su domicilio y sí quedó enterado de la existencia del juicio instaurado en su contra, máxime que en el caso particular en dicha diligencia obra la firma de la propia quejosa, cuya validez no fue desvirtuada en autos. Ello es así, en tanto que el funcionario al llevar a cabo la diligencia de notificación, tiene por disposición de la ley la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió la notificación antes mencionada con la persona que dijo ser la propia quejosa María del Carmen Ayala Enciso, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario; máxime que la parte quejosa tuvo a su alcance las constancias del juicio de origen, entre las que obra la mencionada notificación, dado que fueron agregadas al juicio de amparo desde la actuación de siete de marzo pasado, y con las mismas se dio vista a las partes a fin de que se impusieran de su contenido. Así, aun con la oportunidad que tuvo la parte quejosa, no ofreció prueba alguna tendente a desvirtuar la fe del actuario adscrito al Juzgado Segundo Letrado en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, de ahí que deba estimarse como cierto que esa diligencia se entendió con la propia interesada. Tiene aplicación al respecto la tesis visible en la página 202, del Tomo XI, Marzo de 1993, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, correspondiente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." De ahí entonces, en el caso concreto debe concluirse que la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, y por ende se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, por lo cual se procede a decretar el sobreseimiento del juicio de amparo promovido por María del Carmen Ayala Enciso. Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior determinación el hecho de que el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues en aquel momento no se contaba con las constancias del juicio de origen, de donde este órgano jurisdiccional ahora advierte la actualización de la causal de improcedencia en estudio, sino únicamente se tenía la manifestación bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa. Apoya a lo anterior la tesis I.4o.A.20 K del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 477, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta". Asimismo, tiene aplicación la tesis visible en la página 235, tomo XI, Junio de 1993, Materia(s): Común, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que se lee bajo el siguiente rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". En cuanto a los diversos actos reclamados por la quejosa consistentes en las actuaciones subsecuentes, incluyendo la sentencia y los actos realizados en ejecución de la misma; cabe decir, que en relación con los mismos se patentiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 217 de la misma ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como lo establece la jurisprudencia J/26, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XV, marzo de 2002, página 1225, registro electrónico 187496, de la literalidad siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD. Conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo: "La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete en Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales y federales. ..."; y esa obligatoriedad persiste hasta en tanto no exista otra tesis jurisprudencial con distinto criterio". Lo anterior es así, porque los precitados actos reclamados por la quejosa derivan de otro consentido, esto es, emanan del emplazamiento reclamado y la sentencia dictada en el juicio de origen, lo cual como ya se precisó en párrafos que anteceden, fue consentido por la solicitante de amparo, al no haber presentado su demanda de amparo, dentro del término de quince días siguientes a aquél en que tuvo conocimiento del mismo. En ese contexto, si los actos aquí impugnados no son más que una consecuencia derivada de aquél consentido, esto es, la sentencia definitiva y actuaciones ocurridas en ejecución de la misma, es obvio que respecto de tales actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia en comento, por constituir actos derivados de otro consentido. Tiene aplicación, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, volumen 217-228, primera parte, página 9, registro electrónico 232011, que expresa lo siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". Así como, la jurisprudencia VI. 2o. J/99, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo VII, febrero de 1991, página 96, con registro electrónico 223476, que dice lo siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que aún está transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de los informes justificados agregados en el presente juicio. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las nueve horas con diez minutos del dos de agosto de dos mil veintidós, para su celebración. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia setecientos cincuenta y siete, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." Notifíquese.

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