María del Carmen Avilés Lara
Expediente 786/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 786/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María del Carmen Avilés Lara
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado en el que se desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto, ha causado estado. Archívese este expediente, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado..., se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis prevista en el citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, este juzgado procederá a su destrucción..., Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez Cuadragésimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a las garantías consagradas en los artículos 4, 14, 16, 17 y 103 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno de los juicios de amparo como 786/2023, y provéase lo conducente en relación a dicha demanda de amparo. De la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Efectivamente, en el caso a estudio, la parte quejosa señala como acto reclamado el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en el que se reservó proveer sobre las medidas cautelares por ella solicitadas, hasta en tanto se encontrara emplazado el demandado ********************. Del escrito de demanda, se advierte que la quejosa es parte actora en el juicio de controversia familiar de guarda y custodia ********************, en contra de ********************, mismo que se encuentra radicado en el Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; donde mediante escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, demandó de ********************, la guarda y custodia de la menor con iniciales ********************, misma que una vez que se admitió a trámite, el trece de junio del año en curso, la quejosa solicitó se proveyera respecto de las medidas precautorias solicitadas, petición a la cual recayó el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en el que el juez responsable reservó proveer sobre las mismas hasta en tanto se encontrara emplazado el demandado referido, determinación que constituye el acto reclamado. En ese sentido, en contra de la determinación reclamada de dieciséis de junio del año en curso, que dicho sea de paso en estricto sentido no omitió proveer sobre las medidas solicitadas por la quejosa, sino que reservó hasta que se actualizara el hecho que señaló (se encontrara emplazado el tercero interesado) procedía el recurso de apelación previsto en los artículos 688, 689 y 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. De tal manera, se estima que la hoy quejosa no agotó el principio de definitividad para hacer procedente el juicio de garantías, ya que al ser parte en el juicio de origen, estuvo en aptitud de hacer valer los medios de defensa ordinarios que se aluden, y con ellos obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado, y si no los agotó antes de acudir al amparo, dicho acto carece de definitividad, motivo por el cual surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, en la fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido para esta juzgadora, que aún y cuando la parte quejosa estime que el acto que reclama es uno de aquellos señalados como de imposible reparación, por afectar materialmente derechos sustantivos de sus menores hijos, tutelados por la Constitución Federal o tratados celebrados por el Estado Mexicano; es de establecerse que previamente a la promoción del juicio de amparo, debe agotarse el recurso de apelación, al ser un medio ordinario de defensa cuya normativa establece la real posibilidad de que el desahogo del respectivo medio de convicción pueda suspenderse, al no operar una excepción al principio de definitividad, de cuyo cumplimiento no queda liberada la quejosa, pues aun cuando se trate de un recurso admisible en efecto devolutivo de tramitación inmediata, la propia legislación en su artículo 696 establece la posibilidad de que el acto que reclama, con la solicitud del impugnante y su apreciación del porqué el auto apelado puede generar daños irreparables o de difícil reparación, pueda suspenderse; porque el artículo 956 de dicho código hace expresa remisión a las reglas generales ahí previstas, en lo no contemplado en el capítulo especial destinado a las controversias del orden familiar. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.3o.C.833C, novena época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 1159, que señala: "APELACIÓN. ES NECESARIO INTERPONERLA PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y NO SE PUEDE SUBSANAR CON LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA FAMILIAR (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El legislador del Distrito Federal, en el título décimo sexto denominado de las "Controversias del orden familiar", reguló lo relativo a dicha figura jurídica particularmente en los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que otorgan facultades a los Jueces para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Conforme a esos preceptos, tratándose de cuestiones atinentes a los menores, se debe actuar oficiosamente tanto en la litis misma, al poder suplir, incluso, la falta de reclamación, como en la recepción de pruebas para decidir lo conducente, entre otros aspectos, tratándose del régimen de convivencia de dichos menores con sus progenitores. Sin embargo, la institución de suplencia de la deficiencia de la queja no es una base legal para concluir que quien es parte en un juicio ordinario familiar, deje de interponer oportunamente el recurso de apelación procedente contra la resolución que resuelve el fondo de la litis planteada, de acuerdo a los preceptos legales aplicables, ya que el principio de congruencia que rige la segunda instancia y el dispositivo que implica la necesidad de que el impulso procesal y la impugnación la realice la parte que resiente el perjuicio o agravio, supone que debe haber recurso, porque la suplencia es respecto de los agravios, lo cual sólo se puede dar si se interpuso el recurso. De modo que si la segunda instancia la abrió una de las partes únicamente respecto de la parte que le agravió, en el caso, el demandado en relación al tema de costas, entonces, la Sala responsable no estaba en aptitud de atender a las cuestiones vinculadas con la procedencia de la caducidad de la instancia en el juicio ordinario civil de divorcio necesario. Lo anterior es así porque la interposición del recurso de apelación por parte de la quejosa era necesaria para introducir a la litis de segunda instancia sus planteamientos y entonces sí, estar en aptitud de suplir la deficiencia de sus agravios, dado que para que el tribunal de apelación esté obligado a suplir la deficiencia de la queja es menester que la parte afectada apelara la resolución de primera instancia que le perjudicó. Luego, si solamente apeló su contraparte respecto al tema que le afectó, la litis de apelación se concretó a los agravios de éste, en tal virtud aunque la quejosa comparezca al juicio de garantías en nombre de los menores, tal circunstancia no la libera de agotar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en la parte relativa que le agravió y por ende, la responsable no estuvo en aptitud de pronunciarse al respecto, dado que dicha institución rige tratándose de los agravios en la apelación y conceptos de violación en el juicio de amparo, lo que implica que no puede substituir al recurso ordinario procedente y no tiene el efecto de que no se cumpla con el principio dispositivo de impugnar las consideraciones y correspondientes resolutivos de primera instancia que le perjudican y que no fueron motivo de apelación por la contraparte de la ahora quejosa." También sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, octava época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, febrero de 1993, página 271, que señala: "JUICIO DE AMPARO, PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE DEBE REGIR EN EL, AUN TRATANDOSE DE ACCIONES DEL ESTADO CIVIL O QUE AFECTEN EL ORDEN Y A LA ESTABILIDAD DE LA FAMILIA. Es inexacto que tratándose de un juicio de divorcio pueda promoverse amparo directo contra la sentencia de primera instancia sin necesidad de agotar el recurso de apelación contra ese fallo. Porque lo contrario se desprende de la simple lectura del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General. En efecto, dicho precepto previene que procede amparo directo tanto contra violaciones de fondo como contra violaciones de procedimiento, estando constituidas las primeras por aquellas que se cometen en las propias sentencias, y las segundas surgen en el curso del procedimiento. Y es precisamente al hablar de éstas últimas cuando el dispositivo exime de agotar los recursos ordinarios en juicios sobre acciones del estado civil o que afecten el orden y a la estabilidad de la familia. Lo que significa que no hay necesidad de preparar el amparo únicamente respecto de las violaciones de procedimiento, pero si existe obligación de apelar el fallo de primer grado." Del mismo modo, es aplicable al caso, la jurisprudencia 244, visible en la página 415, de la octava parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que dice: "RECURSOS SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Por consiguiente, al no agotar la quejosa el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y con apoyo en el diverso 113 de la invocada ley, procede desechar de plano, la demanda de garantías. Por otra parte, se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo; sin lugar a tener por señalado el correo electrónico para oír y recibir notificaciones, en virtud de que la Ley de Amparo no prevé dicha figura como medios de notificación; sin embargo, tienen a su alcance el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del Acuerdo General 12/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a efecto de tramitar su usuario y contraseña y estar en posibilidad de acceder al expediente electrónico del presente asunto, imponerse de los proveídos que se emiten y de las promociones relacionadas con éste, así como notificarse a través de dicho medio de las determinaciones que en derecho corresponda. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que menciona, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y ante los órganos jurisdiccionales, y por autorizadas en términos del segundo supuesto del artículo en cita, a las demás personas que indica, no así para recoger valores, dado que por seguridad jurídica serán entregados únicamente a la quejosa o representante legal con facultades expresas para ello. Por otra parte, como lo solicita, se le autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico al nombre del usuario "********************", así mismo para recibir notificaciones electrónicas incluso las de carácter personal de este juzgado, por así solicitarlo expresamente, toda vez que proporciona el nombre de usuario respectivo en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico del Poder Judicial de la Federación; por lo tanto, se autoriza a dicho usuario la consulta vía internet del expediente electrónico; para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario adscrito a este juzgado para que practique cualquier diligencia o notificación relacionada con el presente asunto Notifíquese vía electrónica a la quejosa.
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