Maria del Carmen Avalos Cortes
Expediente 711/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 711/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria del Carmen Avalos Cortes
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Como de la certificación secretarial se aprecia que el término de cinco días para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como de la citada constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, diligencia por practicar, ni constancias que devolver; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General..". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el articulo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
.CON ESTA FECHA SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA A LA PARTE QUEJOSA., EL PROVEÍDO DE SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: .Morelia, Michoacán, a seis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo presentada por las apoderadas de ********************, carácter que acreditan presuntivamente con el poder general para pleitos y cobranzas que anexan a la misma, contra actos del ******************** en ese sentido regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número II-711/2021-M. Ahora, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. La RESOLUCIÓN de fecha 24 veinticuatro de junio de 2021 dos mil veintiuno, pronunciada por el PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA del Estado de Michoacán, dentro del cuaderno número ********************, formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria que interpuso como oposición la ..., dentro del expediente número ********************, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, sobre Información Ad-perpetuam promovió la AHORA QUEJOSA ... ante el juzgado tercero de lo civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán.". Ahora, el suscrito estima que procede desechar la presenta demanda por ser notoriamente improcedente, conforme a lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, al surtirse la causa de improcedencia prevista por el precepto legal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Que entre otros, procede el amparo indirecto cuando se reclame una determinación de una autoridad jurisdiccional en la que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. En atención a ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 216/2014, de la que resultó el rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO.", determinó que efectivamente procede el amparo indirecto contra los actos de autoridad en el que determine declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivas, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107 fracción VIII, de la Ley de Amparo, se entienden como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, (esto por lo que respecta a la declinatoria), o bien cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la inhibitoria), ya que es hasta ese momento procesal cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del diverso 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, cuando se han producido todas la consecuencias del acto reclamado. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del expediente número ********************, formado con motivo del incidente de incompetencia por declinatoria que interpuso la aquí señalada como tercero interesada, en las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información ad-perpetuam ********************, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en la que determinó procedente tal cuestión. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del expediente de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, pues los actos que en su caso podrían ocasionar tal afectación, sería cuando la autoridad a favor de la cual se declinó la competencia acepta ésta, o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto, ya que sería en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa. Entonces, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa, no puede ser considerado como de imposible reparación; ya que en el caso particular se está en la incompetencia por declinatoria, y quien resolvió esa cuestión fue el pleno, superior jerárquico, del juez que conoce de ese asunto, lo que ocasiona que el acto respecto del cual procede el amparo indirecto, será aquel en el que la autoridad a la cual se decline la acepte. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 29/2015, aprobada por contradicción de tesis por el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, Página 22 del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." Así, como la tesis número 1086, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Luego, a efecto de aclarar la figura jurídica que se analiza, y que el suscrito considera se está en el supuesto jurídico, es necesario realiza un análisis ponderado del acto que en esta vía se reclama, el cual tendrá como propósito ubicar la causa de improcedencia que se analiza, por lo que para robustecer la determinación que se estimó en párrafos anteriores, se realiza el siguiente estudio. Así, es necesario evidenciar la diferencia y naturaleza entre la incompetencia por inhibitoria o declaratoria, el artículo 188 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece que la inhibitoria se propondrá ante el Juez a quien se considere competente y se le pedirá dirija oficio a quien estuviere conociendo del determinado asunto que se inhiba de conocer, para lo cual remitirá los autos de que se trate. En tanto que la declinatoria se intentara ante el Juez que conozca del negocio, solicitándole se abstenga de seguir conociendo y remita los autos al Tribunal competente; esto es, en el primer supuesto el planteamiento se realiza ante un Juez diverso al del proceso para que el pida que éste se inhiba de conocer de la misma, en tanto, que lo segundo se propone ante el Juez del conocimiento para que la decline a favor otro. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, las promoventes señalan domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese personalmente...; LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Morelia, Michoacán, a seis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo presentada por las apoderadas de ********************, carácter que acreditan presuntivamente con el poder general para pleitos y cobranzas que anexan a la misma, contra actos del ******************** en ese sentido regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número II-711/2021-M. Ahora, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. La RESOLUCIÓN de fecha 24 veinticuatro de junio de 2021 dos mil veintiuno, pronunciada por el PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA del Estado de Michoacán, dentro del cuaderno número ********************, formado con motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria que interpuso como oposición la ..., dentro del expediente número ********************, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, sobre Información Ad-perpetuam promovió la AHORA QUEJOSA ... ante el juzgado tercero de lo civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán.". Ahora, el suscrito estima que procede desechar la presenta demanda por ser notoriamente improcedente, conforme a lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, al surtirse la causa de improcedencia prevista por el precepto legal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Que entre otros, procede el amparo indirecto cuando se reclame una determinación de una autoridad jurisdiccional en la que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. En atención a ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 216/2014, de la que resultó el rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO.", determinó que efectivamente procede el amparo indirecto contra los actos de autoridad en el que determine declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivas, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107 fracción VIII, de la Ley de Amparo, se entienden como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, (esto por lo que respecta a la declinatoria), o bien cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la inhibitoria), ya que es hasta ese momento procesal cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del diverso 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, cuando se han producido todas la consecuencias del acto reclamado. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del expediente número ********************, formado con motivo del incidente de incompetencia por declinatoria que interpuso la aquí señalada como tercero interesada, en las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información ad-perpetuam ********************, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en la que determinó procedente tal cuestión. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del expediente de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, pues los actos que en su caso podrían ocasionar tal afectación, sería cuando la autoridad a favor de la cual se declinó la competencia acepta ésta, o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto, ya que sería en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa. Entonces, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa, no puede ser considerado como de imposible reparación; ya que en el caso particular se está en la incompetencia por declinatoria, y quien resolvió esa cuestión fue el pleno, superior jerárquico, del juez que conoce de ese asunto, lo que ocasiona que el acto respecto del cual procede el amparo indirecto, será aquel en el que la autoridad a la cual se decline la acepte. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 29/2015, aprobada por contradicción de tesis por el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, Página 22 del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." Así, como la tesis número 1086, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Luego, a efecto de aclarar la figura jurídica que se analiza, y que el suscrito considera se está en el supuesto jurídico, es necesario realiza un análisis ponderado del acto que en esta vía se reclama, el cual tendrá como propósito ubicar la causa de improcedencia que se analiza, por lo que para robustecer la determinación que se estimó en párrafos anteriores, se realiza el siguiente estudio. Así, es necesario evidenciar la diferencia y naturaleza entre la incompetencia por inhibitoria o declaratoria, el artículo 188 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece que la inhibitoria se propondrá ante el Juez a quien se considere competente y se le pedirá dirija oficio a quien estuviere conociendo del determinado asunto que se inhiba de conocer, para lo cual remitirá los autos de que se trate. En tanto que la declinatoria se intentara ante el Juez que conozca del negocio, solicitándole se abstenga de seguir conociendo y remita los autos al Tribunal competente; esto es, en el primer supuesto el planteamiento se realiza ante un Juez diverso al del proceso para que el pida que éste se inhiba de conocer de la misma, en tanto, que lo segundo se propone ante el Juez del conocimiento para que la decline a favor otro. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, las promoventes señalan domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese personalmente.
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