Maria del Carmen Avalos Cortes
Expediente 856/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 856/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria del Carmen Avalos Cortes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Del estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación que antecede, se tiene que con motivo de la crisis sanitaria por la enfermedad denominada Covid-19, se suspendieron las labores presenciales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Por su parte, la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; determinó que la suspensión de actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, concluyó el once de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, a fin de acatar lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2, del diverso acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la acotación en el expediente en que se actúa, que la reanudación de labores presenciales en este juzgado federal inició el doce de enero de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. Continuación del procedimiento. Además, de la certificación de inicio y del estado de autos, se desprende que trascurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. En esa virtud, como se trata de un asunto concluido y no existe acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 35, segundo párrafo del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó al escrito inicial de demanda, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión del presente auto para agregarla al expediente físico.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, para que ofertaran pruebas en el incidente de daños y perjuicios interpuesto en el expediente en que se actúa. Por tanto, en términos del artículo 67, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se señalan las TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos respectiva. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Visto el escrito signado por Francisco Gerardo Rivadeneyra Calderón apoderado legal de la quejosa María del Carmen Ávalos Cortés través del cual cumple con las prevenciones formuladas el once de los actuales Esto es en atención al escrito de cuenta se tiene que señala como autoridades responsables y actos recamados los que se precisarán a continuación: 1) Asamblea Ejidal del Ejido Benito Juárez de San Juan Tatarameo perteneciente al Municipio de Cuitzeo Michoacán 2) Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Benito Juárez de San Juan Tatarameo perteneciente al Municipio de Cuitzeo Michoacán 3) Secretario del Comisariado Ejidal del Ejido Benito Juárez de San Juan Tatarameo perteneciente al Municipio de Cuitzeo Michoacán 4) Tesorero del Comisariado Ejidal del Ejido Benito Juárez de San Juan Tatarameo perteneciente al Municipio de Cuitzeo Michoacán 5) Consejo de Vigilancia del Comisariado Ejidal del Ejido Benito Juárez de San Juan Tatarameo perteneciente al Municipio de Cuitzeo Michoacán A quienes atribuye: a) El acta de asamblea de veintiocho de agosto de dos mil veinte b) La constancia de posesión de veintiocho de agosto de dos mil veinte derivada de la referida acta de asamblea en favor de Andrea Hernández Ávalos 6) Fiscal General del Estado Fiscal Regional de Morelia Michoacán A quien reclama la recepción de la denuncia derivada del acta de asamblea de veintiocho de agosto de dos mil veinte 7) Agente del Ministerio Público adscrita Vianey Leticia López Castañeda De quien se duele del trámite de la carpeta de investigación MOR/053/35213/2020 Ahora el estudio íntegro de la demanda de amparo y escrito aclaratorio en relación con las autoridades señaladas en los números 1) 2) 3) 4) y 5) conduce a establecer que en el caso concreto se actualiza una causal de improcedencia lo cual con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia motiva que se deseche de plano pues los actos reclamados a esas autoridades no constituyen actos de autoridad En efecto los artículos 1° 5° fracción II y 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1o El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I Por normas generales actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte" "Artículo 5o Son partes en el juicio: ( ) II La autoridad responsable teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal la que dicta ordena ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas Para los efectos de esta Ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general " "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: ( ) XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley " De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte En ese tenor de la anterior transcripción se advierte que por autoridad para efectos del juicio de amparo se debe entender aquélla que dicta ordena ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y por ende como acto de autoridad a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución Además el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado Así también la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a /J 64/2011 las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio resulta irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni requiera del consenso de la voluntad del afectado Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden son las siguientes: La Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 118 Tomo V febrero de 1997 Materia Común Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 Segunda Parte que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO El término "autoridades" para los efectos del amparo comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias ya legales ya de hecho y que por lo mismo estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de "que disponen" cuyo primer precedente data de 1919 dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual En efecto las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica que a su vez modificó la estructura estadual y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado Por ello la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados pues estos organismos en su actuación con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado Esto es ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad Por ello este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello el juzgador de amparo a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras "autoridades" Y la diversa por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee en la página 1089 Tomo XXXIV Septiembre de 2011 Novena Época Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO NOTAS DISTINTIVAS Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado Asimismo el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean modifican o extinguen por sí y ante sí situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares Interpretado lo anterior en sentido contrario el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir cuando la autoridad señalada como responsable con independencia de su naturaleza formal no actúe provista de imperio para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación de coordinación y de supra a subordinación Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil mercantil agrario y laboral siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos y en el parámetro constitucional el juicio de amparo Se caracterizan por la unilateralidad y por ello la constitución establece una serie de garantías (sic) como limitaciones al actuar del gobernante; Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105 fracciones I y II de la Constitución Por tanto es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte peticionaria de amparo a las autoridades señaladas como responsables implica una relación de coordinación entre particulares o bien si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación a saber entre gobernado y gobernante y que por ello entraña la participación de un Órgano del Estado pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad realmente lo es o no para efectos del juicio de garantías ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto Para dilucidar lo anterior resulta preciso señalar que los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en los puntos 1) 2) 3) 4) y 5) se hacen consistir en: 1) La Asamblea Ejidal del Ejido Benito Juárez de San Juan Tatarameo perteneciente al Municipio de Cuitzeo Michoacán 2) Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Benito Juárez de San Juan Tatarameo perteneciente al Municipio de Cuitzeo Michoacán 3) Secretario del Comisariado Ejidal del Ejido Benito Juárez de San Juan Tatarameo perteneciente al Municipio de Cuitzeo Michoacán 4) Tesorero del Comisariado Ejidal del Ejido Benito Juárez de San Juan Tatarameo perteneciente al Municipio de Cuitzeo Michoacán 5) Consejo de Vigilancia del Comisariado Ejidal del Ejido Benito Juárez de San Juan Tatarameo perteneciente al Municipio de Cuitzeo Michoacán A quienes atribuye: a) El acta de asamblea de veintiocho de agosto de dos mil veinte b) La constancia de posesión de veintiocho de agosto de dos mil veinte derivada de la referida acta de asamblea en favor de Andrea Hernández Ávalos Como se advierte de lo expuesto el acta de asamblea mencionada y la constancia de posesión a que alude la parte quejosa están vinculadas a actos llevados a cabo por autoridades de una Asamblea Ejidal específicamente del Ejido Benito Juárez de San Juan Tatarameo perteneciente al Municipio de Cuitzeo Michoacán y no a autoridades del Estado Esto es el artículo 21 de la Ley Agraria específica que son órganos de los ejidos a) la Asamblea b) el Comisariado Ejidal y c) el Consejo de Vigilancia Mismos que son órganos de representación y ejecución del Ejido Por su parte el artículo 23 de la Ley Agraria precisa lo siguiente: "Artículo 23 - La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: I Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; II Aceptación y separación de ejidatarios así como sus aportaciones; III Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia así como la elección y remoción de sus miembros; IV Cuentas o balances aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos; V Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común; VI Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; VII Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano fundo legal y parcelas con destino específico así como la localización y relocalización del área de urbanización; VIII Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; IX Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad en los términos del artículo 75 de esta ley; X Delimitación asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación; XI División del ejido o su fusión con otros ejidos; XII Terminación del régimen ejidal cuando previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; XIII Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; XIV Instauración modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y XV Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido" Precepto de cual se destaca lo siguiente: A) La asamblea general de ejidatarios ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad coercitividad y unilateralidad b) Sus relaciones con los sujetos del ejido por ejemplo los avecindados son de coordinación ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales como el juicio agrario en términos del artículo 163 de la invocada legislación c) Aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada pero que no está cargada del imperio coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad Ello pone de manifiesto que los actos reclamados no fueron emitidos por una autoridad como tal pues como se precisó las autoridades señaladas como responsables del Ejido en cuestión no están dotados de imperio coerción y unilateralidad pues representan a una sociedad privada y no al Estado; de ahí que cualquier reclamación que pretendiese realizar la parte quejosa en contra de los actos emitidos por las mismas tendría que hacerla en la vía agraria pues de resultar acertado lo argumentado por ella sería el resultado de una acción efectuada por aquellos entes en su calidad de órganos directores del ejido (como sociedad privada) Apoya lo anterior la jurisprudencia XXVII 3o J/18 (10a ) localizable en la página 2184 Libro 16 Marzo de 2015 Tomo III Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto que se transcribirán a continuación: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS Del artículo 5o fracción II de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales son susceptibles de crear modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad cuyas funciones estén determinadas por una norma general Por su parte del proceso legislativo de la citada ley concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores) publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011 en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014 cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta Décima Época Libro 6 Tomo II mayo de 2014 página 853 en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral obligatoria y en una relación de supra subordinación" se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado a saber de: subordinación supraordinación y coordinación De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos desde esa posición creen modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria Ahora bien según el artículo 21 de la Ley Agraria la asamblea es un órgano del ejido no del Estado por lo cual no puede considerarse como autoridad máxime que de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así en estricto sentido pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992 presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido Por otra parte del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido por ejemplo los avecindados son de coordinación ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales como el juicio agrario en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada pero que no está cargada del imperio coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad Por tanto la asamblea indicada en sus relaciones con los sujetos del ejido no se ubica en una posición de supra a subordinación sino en una de coordinación por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo" En esas condiciones se colige que los actos reclamados no se realizaron en virtud de una relación de supra a subordinación esto es entre gobernante y gobernada por actuar los primeros en un plano superior a la segunda sino en una relación de coordinación esto es en un plano de igualdad; dicho de otra forma en torno al acto reclamado no se advierte que el que se analiza en esta instancia constitucional tenga características distintivas a los actos de autoridad puesto que en el caso concreto éstos surten sus efectos en el ámbito de la relación existente entre la parte quejosa (como avecindada) con las autoridades que señala como responsables (en cuanto directores de un ejido como una sociedad privada) Sin que en el caso a estudio se esté en el supuesto previsto por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5° de la ley de la materia pues el hecho de que se determine que los actos atribuidos a las responsables en este juicio "no son actos de autoridad" no implica por exclusión que deban ser considerados como "actos de particulares" susceptibles de ser impugnables en el juicio de amparo toda vez que para ello se requiere: Que realicen actos equivalentes a los de una autoridad es decir: Dicten ordenen ejecuten o trate de ejecutar un acto que cree modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u Omitan actos que de realizarse crearían modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas Que las funciones de los particulares estén determinadas por una norma general Así al exigir la nueva Ley de Amparo que el acto de un particular debe ser "equivalente" a un acto de autoridad se estima que el mismo tiene que ser una manifestación unilateral externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo como un órgano autoritario del Estado que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados empero ello en un plano de supra a subordinación Conforme a lo expuesto se estima que la relación entre las autoridades de un Ejido y la quejosa no es de supra a subordinación sino como ya se dijo de coordinación en la que los sujetos actúan en un plano de igualdad y bilateralidad ya que se rigen conforme a lo precisado en los artículos ya mencionados de la Ley Agraria En las relatadas condiciones al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 1° fracción I y 5 fracción II a contrario sensu de la Ley de Amparo con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal se desecha de plano la demanda de amparo en estudio Ahora por lo que ve a las autoridades y actos reclamados siguientes: 6) Fiscal General del Estado Fiscal Regional de Morelia Michoacán A quien reclama la recepción de la denuncia derivada del acta de asamblea de veintiocho de agosto de dos mil veinte 7) Agente del Ministerio Público adscrita Vianey Leticia López Castañeda De quien se duele del trámite de la carpeta de investigación MOR/053/35213/2020 Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 1 fracción I ambos de la Ley de Amparo que en su orden establecen: "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: [ ] XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de esta Ley [ ]" "Artículo 1 El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [ ]" En efecto de conformidad con lo dispuesto por los artículos invocados la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de la actualización de cualquiera de las hipótesis previstas en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo pero también de otras hipótesis que se pueden deducir tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales hipótesis que deben ser integradas atendiendo a la interpretación jurídica de la norma como así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a /J 175/2013 (10a ) que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia pero no son los únicos pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales Por tanto no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción" De las anteriores transcripciones se obtiene que sólo es procedente el juicio constitucional cuando se reclaman actos que violen los derechos humanos reconocidos en las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte Del análisis integral de la demanda y del escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado en forma destacada la recepción de la denuncia derivada del acta de asamblea ejidal de veintiocho de agosto de dos mil veinte del Ejido Benito Juárez de San Juan Tatarameo perteneciente al Municipio de Cuitzeo Michoacán así como el trámite de la carpeta de investigación MOR/053/35213/2020 Así tenemos que de acuerdo a la naturaleza de los actos impugnados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución General de la República la persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público en representación de la sociedad Por tanto la recepción de la denuncia y trámite de dicha carpeta de investigación no causan perjuicio a los gobernados ello ya que como se dijo las autoridades señaladas como responsables están facultados para llevar a cabo todas aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos en defensa de la sociedad; máxime que es de orden público e interés social la persecución de los delitos; de ahí la improcedencia del juicio de amparo contra tal acto Tiene aplicación al particular por similitud la jurisprudencia VI 3o 8 P del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito visible en la página 264 tomo III enero de 1996 Novena época materia penal Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "AVERIGUACION PREVIA CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO El artículo 21 constitucional en lo atinente dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y en su caso integrar la correspondiente averiguación previa de ahí que el desahogo de diligencias tendentes a su integración no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones por ser de orden público según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad posesiones o derechos En razón de lo anterior es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales" Como la jurisprudencia 68 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 49 tomo II materia penal Apéndice 2000 que establece: "AVERIGUACIONES PENALES La simple iniciación del proceso y las demás diligencias practicadas en la averiguación de un delito si no restringen la libertad derechos o posesiones de los acusados no pueden importar una violación de garantías" En esa orden de ideas este juzgador estima que respecto de los actos reclamadas consistentes en la recepción de la denuncia derivada del acta de asamblea de veintiocho de agosto de dos mil veinte y trámite de la carpeta de investigación MOR/053/35213/2020 se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el numeral 1 fracción I ambos de la Ley de Amparo a la luz del precepto 113 de la ley en aplicación lo procedente es DESECHAR DE PLANO por notoria e indudable improcedencia la demanda de que se trata No pasa inadvertido que al emitir la jurisprudencia 2a /J 54/2012 (10a ) la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el auto inicial de la demanda de amparo no es la actuación oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo Empero la misma es inaplicable al presente asunto porque en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis que la Sala en cita pronunció en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015 aclaró su rubro para quedar de la manera siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA" publicada en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso En efecto en la ejecutoria de la solicitud de sustitución la Segunda Sala del Máximo Tribunal precisó que únicamente será aplicable dicho criterio cuando se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica por lo que resultará inoportuno el auto inicial de la demanda de amparo para realizar un pronunciamiento en el que se analice si el acto proviene o no de autoridad para efectos del juicio de amparo En otras palabras la aplicación de la jurisprudencia no debe realizarse de manera generalizada pues en los casos que tenga que determinarse si el acto reclamado proviene o no de una autoridad para los efectos del juicio de amparo el órgano de control constitucional está en aptitud de realizar el análisis respectivo desde el auto inicial de trámite de la demanda de amparo siempre que no se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica De ahí que en el caso sea inaplicable la jurisprudencia 2a /J 54/2012 (10a ) pues en el presente asunto se reclamó la falta de expedición de nombramiento y clave presupuestal correspondientes Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo tratándose de casos como el presente siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego seguidas las formalidades de ley alcanzar la conclusión ahora formulada Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en la tesis consultable en la página 316 tomo X octubre de 1992 Semanario Judicial de la Federación Octava época que establece: "DEMANDA DESECHAMIENTO DE LA POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito el artículo 145 de la Ley de Amparo dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano sin suspender el acto reclamado Se comprende pues que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar con certeza que existe un motivo de improcedencia En otras palabras puede decirse atendiendo al contenido del precepto en consulta que la demanda podrá desecharse cuando se advierta fácilmente de su simple lectura que existe un motivo indudable de improcedencia y que de no ser así deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo sin que esto ocasione agravio pues siempre queda latente la posibilidad de examinar en la audiencia de fondo la existencia de causas que ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías empero referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio por tratarse de una cuestión de orden público según lo precisa el artículo 73 in fine de la Ley de Amparo" Así como la jurisprudencia J/23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito publicada en la página 921 tomo XXIV junio de 2006 Semanario Judicial de la Federación Novena época materia común que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales con su promoción (demanda) a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento Así cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio imparte justicia puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado sino que es efectivo ni se deja en estado de indefensión al promovente no obstante sea desfavorable al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo con independencia de que no comparta el sentido de la resolución dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico" Además la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de los promoventes del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada la cual debe ser analizada de oficio por este juzgador y en el caso la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a /J 10/2014 (10a ) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 487 libro 3 tomo I febrero de 2014 Décima época Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA Si bien la reforma al artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 10 de junio de 2011 implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos entre ellos el derecho a un recurso efectivo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución por lo que tales aspectos por sí mismos son insuficientes para declarar procedente lo improcedente" Así como la tesis número III 4o (III región) 14 K (10a ) consultable en la página 1641 sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara Jalisco libro XXIII agosto de 2013 tomo 3 materia constitucional Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima época que dice: "DERECHOS HUMANOS LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y POR ELLO SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado además de otros el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar entre otras cuestiones que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia y que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos Ahora bien los artículos 17 constitucional y 25 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido o efectivo de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables ni que el sobreseimiento en él por sí viola esos derechos Por el contrario como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida Por tanto las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada en la medida en que atendiendo al objeto del juicio a la oportunidad en que puede promoverse o bien a los principios que lo regulan reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia ni el de contar con un recurso sencillo y rápido o cualquier otro medio de defensa efectivo" Finalmente conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico
- Principal
Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, María del Carmen Ávalos Cortés, por conducto de sus apoderados legales Francisco Gerardo Rivadeneyra Calderón y Noé Ballesteros López solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye al Ejido Benito Juárez de San Juan Tatarameo, perteneciente al Municipio de Cuitzeo, Michoacán y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número III-856/2020. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]". Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo, y en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. Consideraciones previas. La parte promovente señala como autoridades y actos reclamados los siguientes: Imágenes tomadas de la demanda de amparo. De lo que se puede apreciar que se señala como autoridades responsables a: 1) Ejido Benito Juárez de San Juan Tatarameo, perteneciente al Municipio de Cuitzeo, Michoacán. 2) Integrantes de la Asamblea Ejidal del Ejido Benito Juárez de San Juan Tatarameo, perteneciente al Municipio de Cuitzeo, Michoacán. 3) Comisariado Ejidal del Ejido Benito Juárez de San Juan Tatarameo, perteneciente al Municipio de Cuitzeo, Michoacán. 4) Integrantes del Ejido Benito Juárez de San Juan Tatarameo, perteneciente al Municipio de Cuitzeo, Michoacán. 5) Fiscalía General del Estado de Michoacán. 6) Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán. 7) agente del Ministerio Público Vianey Leticia López Castañeda de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Y, que los actos reclamados son: a) El acta de asamblea general de ejidatarios del Ejido Benito Juárez de San Juan Tatarameo, perteneciente al Municipio de Cuitzeo, Michoacán, de veintiocho de agosto de dos mi veinte. b) La denuncia de despojo que dio inicio al número de expediente MOR/053/35213/2020. Ahora, de la narración de antecedentes de los actos reclamados, se desprende lo siguiente: 1. Que la quejosa María del Carmen Ávalos Cortés es poseedora en calidad de propietaria del lote urbano ubicado de la calle Zaragoza, número 82 de la Tenencia de Benito Juárez, Municipio de Cuitzeo del Porvenir, Michoacán. 2. Que esa calidad la obtuvo una vez que su esposo Pablo Matínez García, le cedió los derechos de posesión el veinte de diciembre de dos mil quince, ante el Jefe de Tenencia de dicha población, situación que regularizó ante la Dirección de Urbanismo Municipal del Ayuntamiento de Cuitzeo del Porvenir, Michoacán, mediante solicitud de acta de colindantes y croquis de localización de predio urbano. 3. También, tramitó procedimiento administrativo sobre manifestación de predio ignorado ante la Dirección de Catastro perteneciente a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, en el que como resultado se ordenó inscribir dicho predio en favor de la quejosa en el padrón catastral de Cuitzeo, Michoacán. Ahora, del análisis de los conceptos de violación se desprende lo siguiente: I. En el acta de asamblea reclamada se reconoció a Andrea Hernández Ávalos como nueva propietaria del predio anteriormente descrito, por mayoría de votos. II. Que la referida acta de asamblea - a decir de la parte quejosa- fue fabricada por el Presidente del Comisariado Ejidal, la secretaria y el Presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido multicitado. III. Que la denuncia reclamada se ampara en el acta de la asamblea mencionada. Asimismo, en el párrafo anterior al capítulo denominado "CAPÍTULO DE SUSPENSIÓN", la parte quejosa expone las razones por las cuales los actos reclamados a las autoridades agrarias y agente del Ministerio Público violan sus derechos humanos y sus garantías. Sin embargo, cuando realiza esa exposición respecto del referido agente del Ministerio Público hace referencia a la Fiscalía General del Estado. Por tanto, de todo lo anteriormente expuesto, se pueden observar diversas irregularidades que deben dilucidarse previo a determinar la procedencia o no de la demanda de amparo. En primer lugar, si lo que reclama es el acta de asamblea general de ejidatarios del Ejido Benito Juárez de San Juan Tatarameo, perteneciente al Municipio de Cuitzeo, Michoacán, de veintiocho de agosto de dos mil veinte, deberá precisar qué actos en específico reclama a las autoridades que precisa en su demanda y que quedaron enlistadas en párrafos anteriores, ya que de lo ya precisado se desprende que quienes tuvieron participación en la misma, como lo sostuvo la parte quejosa, fueron el Presidente del Comisariado Ejidal, la secretaria y el Presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido multicitado. También deberá aclarar qué actos reclama de manera particular al Fiscal General del Estado de Michoacán y Fiscal Regional de Morelia, Michoacán, ya que este órgano jurisdiccional podría deducir que el acto reclamado consistente en "la denuncia de despojo" que dio inicio al número de expediente MOR/053/35213/2020, se trataría de su recepción y trámite atribuido al agente del Ministerio Público Vianey Leticia López Castañeda de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, por lo que no queda claro entonces cuáles son los actos atribuible a aquellos fiscales. Lo anterior también porque se hacen diversas afirmaciones con calificativos respecto a las labores que se desempeñaron en la integración de dicho expediente, pero no se especifica claramente qué acto en particular le causa molestia. Por tanto, al advertirse tales irregularidades, resulta procedente imponer la siguiente: Prevención. Con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realicen lo siguiente: Primero. Indique, de manera clara y precisa qué acto o actos reclaman en esta instancia constitucional a cada una de las autoridades señaladas como responsables. En el entendido de que si a cada uno de ellos reclama actos distintos, deberá especificarlos así. Lo anterior, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo no se advierte que la parte quejosa sea concisa en hacer tales señalamientos. Cuestión que se debe dilucidar a fin de determinar la litis constitucional, el curso de la demanda y, en su caso, respecto de la suspensión de los actos reclamados. Asimismo, en caso de que atribuya a las autoridades algún acto positivo, deberá manifestar la fecha en que tuvo conocimiento de cada uno de los actos que señala, así como los antecedentes de los mismos. Segundo. Además, en atención a que se deben aclarar cuestiones relativas a los actos impugnados mencionados, es necesario que de igual manera se precisen los "antecedentes" de dichos actos con mayor amplitud, lo que deberá formular bajo protesta de decir verdad en términos del artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo (artículo 116, fracción IV, de la anterior Ley), tal cual lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la contradicción de tesis 334/2013. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia número P./J.127/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo X, noviembre de 1999, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Y la jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XXIV, julio de 2006, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes". Apercibimientos. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a las prevenciones formuladas, se tendrán como actos reclamados únicamente el acta de asamblea de veintiocho de agosto de dos mil veinte, así como la recepción de la denuncia penal por despojo que dio origen al expediente MOR/053/35213/2020, atribuidos tanto a los integrantes de la Asamblea, del Ejido y Comisariado Ejidal, todos del Ejido Benito Juárez de San Juan Tatarameo, perteneciente al Municipio de Cuitzeo, Michoacán, como a la agente Ministerio Público Vianey Leticia López Castañeda de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, respectivamente. Además, se le indica que deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que debe cumplirse en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia P./J. 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". Asimismo, los promoventes deberán dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal y no por medio de sus autorizados para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a este último se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". Domicilio procesal y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y por autorizados para ello a las personas que precisa. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a la parte quejosa, a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrá tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, la parte quejosa tendrá acceso al portal de servicios en línea en donde podrá realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrá ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: a. Consultar constancias. b. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. c. Notificarse. d. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órganos jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid- 19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: a. El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. b. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. c. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. d. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del día de hoy, tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdo general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: 1. El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. 2. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. Notificación. Se exhorta a los actuarios de la adscripción para que tomen las medidas sanitarias necesarias, debido al fenómeno de salud COVID 19, y previo a trasladarse a realizar las notificaciones que se dicten en este expediente, agoten los medios electrónicos, como pueden ser, correos electrónicos o fax, debiendo recabar el acuse de recibo ya sea electrónico o bien vía telefónica. Anotaciones. Por otro lado, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional. Digitalización del proveído. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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