María del Carmen Arredondo Olvera
Expediente 1061/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1061/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María del Carmen Arredondo Olvera
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación de la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se le realizó a la autoridad responsable Director de Desarrollo Urbano y Obras Pública del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, el diez de octubre último, como se advierte de la tarjeta de acuse de correspondencia relativa al oficio 23676/2023, que obra agregada a estos autos; y por tanto, que al día de hoy ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, correspondiente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, toda vez que en el fallo constitucional, se le impuso al Director de Desarrollo Urbano y Obras Pública del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, el medio de apremio ahí señalado, por los motivos expuestos en dicha sentencia. Por tanto, se ordena requerir al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de que reciba el oficio que derive de este acuerdo, proporcione el nombre de la persona que fungía como Director de Desarrollo Urbano y Obras Pública del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, Yucatán, al momento en que se originó el acto reclamado; así como su domicilio actual y correcto, precisando calle, número exterior, número interior, colonia, localidad, entidad federativa, código postal y municipio o delegación política; fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave. Debiéndose adjuntar para ello, a la misiva que derive de este acuerdo, copia autorizada de la sentencia definitiva firmada en este juicio el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, para los efectos legales conducentes. Apercibida dicha autoridad, que de no cumplir con lo anterior en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente al valor de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el numeral 237, en relación con el artículo 259, de la Ley de Amparo, y el numeral 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalente a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100, moneda nacional). Hecho lo anterior, proporciónese los datos al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, a fin de que se sirva hacer efectiva la sanción impuesta, proporcionándole para tal efecto, el importe en pesos, equivalente de la multa impuesta a la autoridad responsable. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SENTENCIA Visto los autos para resolver el juicio de amparo 1061/2023-II-B, promovido por ********************, en contra del acto que reclama del Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el seis de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama del Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por auto de siete de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda. Por tal motivo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la cual, previo diferimiento, tuvo lugar en los términos que constan en el acta levantada al efecto; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 en relación con el 57 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación n, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar de la autoridad responsable, lo siguiente: La omisión de dar contestación al escrito presentado ante la responsable el dos de mayo de dos mil veintitrés. TERCERO. Presunción de certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, omitió rendir su informe justificado a pesar de estar debidamente notificada para que así lo hiciera, tal como se advierte de la tarjeta de acuse de recibo correspondiente. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume como cierto el acto que se le reclama, con las consecuencias legales que dicha omisión implica. Cobra aplicación la tesis aislada emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, marzo de 1991, octava época, publicada en la página 165, con número de registro 223,406, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTA FACULTADO PARA OBLIGAR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES A QUE LO RINDAN. Si la autoridad responsable, no obstante encontrarse debidamente notificada de la solicitud de su correspondiente informe justificado, omite rendirlo, ello sólo da lugar a que se presuman ciertos los actos que se le atribuyen, y en su caso, a que se le imponga una sanción pecuniaria en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, mas no a obligar a la autoridad omisa a que lo rinda, porque el precepto legal invocado no lo autoriza ni su interpretación jurídica permite entenderlo así, pues carecería de toda lógica que si en el tercer párrafo del numeral citado se establecen sanciones para los responsables que no rinden sus correspondientes informes justificados, las que habrán de imponerse en la sentencia respectiva, deba paralelamente interpretarse que el juez de Distrito antes de resolver el juicio tenga que obligar a todas las autoridades a que rindan sus informes, pues entonces nunca se actualizaría la hipótesis indicada, de imponer multa a las autoridades cuando omitan rendir su informe justificado". Asimismo, la tesis aislada número II.1o.P.35 K emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV de Marzo de 2002, Materia Común, publicada en la página 1363, con número de registro 187512, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal." CUARTO. Causales de improcedencia. Al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello y no le causa perjuicio al ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resulta fundado y suficiente el concepto de violación expresado por la quejosa para concederle el amparo y protección de la Justicia federal que solicita. Como ya se dijo, en el presente asunto la quejosa reclama del Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, la omisión de dar contestación a su memorial de dos de mayo de dos mil veintitrés, presentando en la propia fecha ante la responsable, por medio del cual les hizo una petición, lo que considera transgrede en su perjuicio el contenido del artículo 8º Constitucional. Lo anterior es fundado por las siguientes consideraciones. Para evidenciarlo se estima pertinente transcribir el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que dispone lo siguiente: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del análisis del precepto constitucional antes transcrito se desprende que los requisitos que el gobernado debe observar para que se le respete ese derecho, son los siguientes: a) Deberá formularlo por escrito. b) De manera pacífica y respetuosa. Mientras que a la autoridad a quien se le haya dirigido, se le imponen las siguientes obligaciones: 1. Le deberá recaer un acuerdo escrito. 2. Deberá hacerlo conocer en breve término al peticionario. Ahora bien, del análisis del sumario, en especial de la documental ofrecida por la quejosa, se advierte que éste realizó una petición a la autoridad responsable desde el dos de mayo de dos mil veintitrés, según se desprende de la firma de recibido que obra en la misma. Por lo que al haber ejercido su derecho de petición en la forma que prevé la constitución, la autoridad responsable estaba obligada a actuar en consecuencia, es decir, a dicha solicitud debió recaerle una contestación por escrito y hacerla de su conocimiento en breve término al quejoso, lo que no aconteció en la especie. Asimismo, de las constancias que obran en autos no se advierte que al momento de presentarse la demanda de amparo e incluso a la fecha en la que se dicta la presente resolución, se le hubiere dado contestación a la misma, es decir, a más de cuatro meses después de efectuada la solicitud la autoridad responsable no ha dado respuesta a la misma, siendo que la Constitución General en su artículo 8° señala expresa y claramente que a toda petición deberá recaer una contestación por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, quien tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término a la peticionaria. En la inteligencia de que la expresión "breve término", debe entenderse como aquél en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, por lo que resulta inconcuso que el término transcurrido desde que se le formuló la petición hasta el momento de resolver el presente asunto, excede con mucho el término en que racionalmente puede estudiarse y acordarse la petición del promovente, pues la misma consiste en la solicitud de un vehículo propiedad del solicitante; por ende, transgrede en su perjuicio el derecho consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. En este orden de ideas y ante lo fundado del concepto de violación, lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable en un término no mayor a tres días, emita por escrito la contestación correspondiente a la petición que recibió el dos de mayo de dos mil veintitrés, y de inmediato lo haga del conocimiento a la quejosa por los medios legales a su alcance. En la inteligencia de que el amparo aquí concedido no la obliga a acordar de conformidad con lo solicitado, pues el derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, sino sólo las obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia número 130, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido." De igual manera sirve de apoyo a lo anterior, la diversa jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa Del Vigésimo Primer Circuito, que señala lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." SEXTO. Se impone multa a la autoridad responsable. Toda vez que la autoridad responsable Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, no rindió su informe justificado, no obstante que fue legal y oportunamente notificado, según se advierte de la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio 17169/2022-II-B, de treinta y uno de junio de dos mil veintidós, que obra agregada en autos. Con fundamento en lo establecido en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, se le impone multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional), que resulta de multiplicar cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, que lo es de $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional), correspondiente al presente año. Por lo que, una vez que cause ejecutoria la presente determinación, envíese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, proporcionándole la información necesaria para dar efectividad a lo anterior; solicitándose a esta autoridad que en su oportunidad se sirva informar a este Juzgado de Distrito las gestiones encaminadas y su resultado. SÉPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, en contra del acto que reclamó del Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, por los motivos señalados en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. Se impone multa a la autoridad responsable Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, en términos del considerando sexto de esta resolución. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: por cuanto que el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, no ha rendido su respectivo informe justificado en este asunto. Sin embargo, dado que el domicilio de dicha responsable se ubica fuera de la residencia de este Juzgado y por la distancia, existe la posibilidad de que se encuentre en tránsito postal para su entrega, el informe justificado correspondiente. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señalan las nueve horas con treinta y dos minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, como nueva hora y fecha para su celebración. NOTIFÍQUESE POR LISTA DE ESTRADOS.
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Mérida, Yucatán, siete de julio de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida, por MARÍA DEL CARMEN ARREDONDO OLVERA, contra el acto que reclama del Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán. ACTO RECLAMADO. Que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, como facultad exclusiva del juzgador federal, reclama esencialmente lo siguiente: LA OMISIÓN DE DAR CONTESTACIÓN AL ESCRITO DE DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, PRESENTADO POR LA QUEJOSA ANTE LA RESPONSABLE EN LA PROPIA FECHA. RADICACIÓN. Al efecto, fórmese expediente, regístrese con el número 1061/2023-II-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de referencia. NO ES EL CASO APERTURAR INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se tramita el incidente de suspensión, por no solicitarlo la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado ameritar su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con treinta y dos minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a la(s) autoridad(es) responsable(s), que deberá(n) rendir dentro del término de quince días siguientes a aquél en que reciba(n) el oficio en que se le(s) solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañarán, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Mandamiento que deberá(n) cumplir la(s) autoridad(es) responsable(s): a) De ser CIERTO el acto.- A través de la vía ordinaria, entregando su informe ante la oficina de correspondencia respectiva, adjuntando, en su caso, las constancias con las que apoyen el sentido de su informe. b) ÚNICAMENTE de ser NEGATIVO el acto.- Podrá enviarse vía electrónica a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx; o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (con su firma electrónica FIREL); y, c) En caso de existir convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitirlo vía interconexión. Apercibida(s) que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. TERCERO INTERESADO Cabe precisar que, en atención al acto reclamado y su naturaleza, por ahora no se advierte la existencia de persona alguna en la que pudiera recaer el carácter de tercero interesado en el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de copia autorizada del presente acuerdo, así como copia simple de la demanda de amparo. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa de treinta unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 251 de la citada ley, equivalente a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos, 20/100 M.N). PRUEBAS. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa las documentales que en copia certificada y simple anexó a su demanda, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda de amparo, y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala en el escrito constitucional. CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFONO Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 5°, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por proporcionados el correo electrónico y el teléfono que indica el promovente, para establecer comunicaciones no procesales en caso de ser necesario. EXHORTACION A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE LEY Por otra parte, no habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm Con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE VÍA ELECTRONICA Además, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Notifíquese a las partes, haciéndolo personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación y regístrese.
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