María del Carmen Arizmendi Peñaloza
Expediente 46/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 46/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/01/2018
Partes del expediente
- María del Carmen Arizmendi Peñaloza
Actuaciones
- Principal
ESTADO PROCESAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, el proveído de once de enero de la presente anualidad (fojas 14 a 18), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO DEL ASUNTO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido.
- Principal
SE PROVEE LA RAZÓN DE IMPOSIBILIDAD. En otro orden de ideas, se tiene por recibida la razón de imposibilidad asentada por la fedataria de la adscripción, por la cual hace constar su imposibilidad para notificar a la quejosa ****, el proveído de once de los actuales, por las razones que en ella expone. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, el auto referido, así como los autos subsecuentes, por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional federal; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, hágase lo propio con la segunda razón de cuenta, por cual el actuario adscrito hace constar su imposibilidad para emplazar al tercero interesado ******, por las razones que en ella expone. Atento a lo anterior, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se evidencia que en el presente sumario no existe tercero interesado; no obstante, de la certificación de cuenta se advierte que en el juicio de amparo 1891/2017, del índice de éste órgano jurisdiccional, es parte Rolando ****, por tanto, remítase al sumario constitucional referido, la segunda razón de cuenta, previa copia certificada que obre en autos. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Toluca, Estado de México; once de enero de dos mil dieciocho RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ****; fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 46/2018-V. DESECHAMIENTO Con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con artículos 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de garantías. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: - Acoso laboral. - Amenazas laborales. - Impedimento de trabajar. - Inminente baja del trabajo. - Suspensión de prima vacacional. - Suspensión de salarios. Pues la quejosa señala que labora con el cargo de abogada litigante en el *****, y manifiesta que no le permiten el registro de asistencia en su lugar de trabajo; asimismo, que el primero de noviembre firmó la nómina, donde le informaron a la quejosa que la Delegada Administrativa tenía en su resguardo la nómina y que por el momento no se encontraba; la promovente regresó varias veces recibiendo la misma respuesta; hasta que decidió espérala, hasta que la citada delegada la atendiera; quien le informó que por órdenes del Tesorero le habían suspendido su pago; aunado a que también ordenó, mediante oficio, darla de baja. En consecuencia, la quejosa, se dirigió a la oficina del Tesorero, donde le informó lo dicho por la Delegada Administrativa; por lo que el Tesorero aclaró la situación con la aquí quejosa, diciéndole que él no tenía la facultad para ordenar su baja; no obstante, que si cometió alguna falta grave su baja era inminente; consecuentemente, cuestionó a la multicitada delegada, a lo que ésta negó todo lo que había dicho con anterioridad; por lo que el Tesorero, ordenó que si no tenía faltas graves que "se hiciera lo que se tenía que hacer". Enseguida, la promovente manifiesta que al salir de la oficina del Tesorero, fue encerrada en el privado del Jefe del Departamento Laboral, donde éste le grito; amenazándola que aunque fuera con su sindicato y sin importar lo que dijera el Tesorero, no se iba a subsanar su situación. De lo expuesto, se advierte que se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, atento que dichos actos no provienen de autoridades para efecto del juicio de garantías, porque lo reprochado deriva de una relación eminentemente laboral (patrón-trabajador). Los preceptos legales citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos y omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Acorde con lo anterior, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así mismo, respecto a particulares con la calidad de autoridad responsable cuando el acto equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (sin que en el tema se esté en presencia de actos de particular). Cierto, sólo los actos aludidos dan lugar a la procedencia del juicio de garantías, sin embargo, el legislador no informó en la ley, quiénes son autoridad para los efectos del amparo, únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad, pueden llevar a cabo actos objeto del juicio de garantías, ni abordó las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales para efectos de dicho juicio. Alfonso Noriega en la obra intitulada "Lecciones de Amparo". Séptima Edición, Editorial Porrúa, página 346, sobre el tema sostiene: "De acuerdo con las doctrinas del derecho público, por autoridad debemos entender aquellos órganos que están, en atención a lo dispuesto por la ley, investidos de facultades de decisión y de ejecución. Con el fin de hacer más clara la exposición de esta doctrina, quiero consignar la opinión al respecto del maestro Gabino Fraga, quien dice: «La división de competencia entre los órganos de la administración da lugar a la clasificación de ellos en razón de la naturaleza de las facultades que les son atribuidas. Desde este punto de vista, los órganos de la administración pueden separarse en dos categorías, unos que tienen carácter de autoridades y otros que tienen el carácter de auxiliares. Cuando la competencia otorgada a un órgano implica la facultad de realizar actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera de los particulares y la de imponer a éstos sus determinaciones, es decir, cuando el referido órgano está investido de facultades de decisión y de ejecución, se está frente a un órgano de autoridad..." "En consecuencia, se debe aceptar, que a diferencia de los órganos que tienen el verdadero carácter de autoridades, existen otros, que se pueden llamar auxiliares, que carecen de las facultades de decisión y al mismo tiempo, de ejecución, toda vez que su actividad se reduce a coadyuvar con las autoridades en la ejecución de las decisiones por éstas dictadas." "Podemos pues, afirmar que tienen el carácter de autoridades, aquellas entidades que están investidas de las facultades de decisión o de ejecución y que, en consecuencia, están dotadas de la competencia necesaria para realizar actos de naturaleza jurídica, que afectan la esfera de los particulares y la de imponer a éstos sus determinaciones". En base a las anteriores consideraciones doctrinarias, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad en que en principio, sostuvo el criterio de que quienes disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, tenían el carácter de autoridad, lo que se interpretó con rigor en el sentido de que sólo tenían carácter de autoridad quienes dispusieran de fuerza pública, identificando la calidad de autoridad con la disposición de la fuerza pública, criterio que superó al sustentar con posterioridad la tesis del rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO"; de la que en síntesis debe destacarse, según las consideraciones que en esa tesis se contienen, que se estima una autoridad para efectos del amparo la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1.- Que tenga características de órgano público. 2.- Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3.- Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. De acuerdo con la doctrina, los organismos públicos en su actuación puede vincularse de distinta manera, y surgen así relaciones jurídicas que producen efectos que pueden o no dan lugar a actos autoritarios, tales relaciones se clasifican en: Las relaciones de coordinación que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, hipótesis en la cual todos concurren en calidad de gobernados. Las relaciones de supraordinación, que son las que efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad, son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, propia de un acto autoritario. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del estado, constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, en un plano de supra a subordinación, o sea entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el estado por el otro, investido en su imperio. Al respecto, Gabino Fraga expresa: "Cuando las facultades otorgadas a un órgano implican el poder de decisión y ejecución, es decir, la autorización para realizar actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera de los particulares y la de imponer a éstos sus determinaciones, se tiene el concepto de autoridad (.) Los órganos de administración que tienen el carácter de autoridades, pueden concentrar en sus facultades las de decisión y las de ejecución; y en este caso se les conoce con el nombre de órganos ejecutivos; pero también pueden suceder que sólo tengan facultades de decisión y que la ejecución en sus determinaciones se lleve a cabo por otro órgano diferente". Con base en lo anterior, se estima que a través de esta vía constitucional se intenta combatir diversos actos que emergen de una relación laboral entre la autoridad (parte patronal) que refirió como responsable y la quejosa, pues lo cierto es que, el efecto que tienen los actos que reclama, tienen un carácter estrictamente laboral, esto es, la autoridad actúa como, empleador, por lo que las determinaciones que adopte y que afecte los intereses de sus empleados dentro de esa relación laboral no pueden ser materia de estudio en el presente juicio de amparo. Así, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, se considera que con ellos solo se afectan derechos que pudieran corresponder a la trabajadora que incidirían directamente en el ámbito laboral. Esto es deriva de la relación de trabajo que existe entre esta y su patrón, de ahí que, indudablemente no es esta vía constitucional sino un procedimiento laboral que al efecto se siguiera, en que se tendría que dilucidar, a la luz de las leyes laborales aplicables en donde deberá ser estudiado por el tribunal de trabajo que corresponda, emitiendo una resolución que dirima esa controversia y no acudir directamente en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la quejosa no se ubica en los casos de excepción de los trabajadores al servicio de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, a que se refiere la facción XIII, Apartado B, del artículo 123 constitucional, que excluye a cinco grupos de trabajadores, los cuales guardan una relación administrativa con el Estado, a saber: 1. Militares; 2. Marinos; 3. Personal del Servicio Exterior, 4.- Agentes del Ministerio Público, y 5. Miembros de instituciones policiales. Como se ve, los cinco grupos indicados, constituyen la excepción que efectúa el artículo 123 constitucional entre el apartado B, fracción XIII, respecto de la regla general consistente en que la relación estado empleado se asimila a una relación laboral y que aquél debe considerarse como si fuera patrón, porque las atribuciones encomendadas por las leyes a esos grupos son de tal manera estratégicos y substanciales para el orden, la estabilidad y defensa de la Nación, o para su imagen externa, que su control requiere de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativo, casos en los que se insiste no se sitúa la solicitante de amparo. En mérito de lo anterior, dado que la relación que dio origen a los actos aquí reclamado, es de naturaleza laboral, resulta que el amparo es improcedente, en términos de la causal ya analizada, de ahí que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con el numeral 113 del ordenamiento en comento. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Como lo peticiona el quejoso, con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y a fin de evitar que los juicios de amparo queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el controvertido en que se actúa. TRANSPARENCIA. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. ..."
- Principal
DESECHAMIENTO. Con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con artículos 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de garantías. Como lo peticiona el quejoso,se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información.
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