María del Carmen Alvarado Morales
Expediente 1330/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1330/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/11/2020
Partes del expediente
- María del Carmen Alvarado Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable; por tanto, resulta procedente que este Juzgado Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia dictada en autos. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es conveniente precisar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, este Juzgado determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "(.)SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Bajo los lineamientos vertidos en la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, y párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se impone necesario conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para que el Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el oficio número ***** de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. 2. Emita otro en el que resuelva que el artículo 18 fracción X, del convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro, beneficia a la trabajadora quejosa, pues conforme a éste, basta que tenga veintiocho años de servicio, sin importar su edad, para que pueda acceder a la jubilación; y determine si con base en dicho convenio, cumple con los requisitos para la jubilación solicitada." b) Inconforme con la anterior resolución, el Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro interpuso recurso de revisión del que conoció el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, quien confirmó la sentencia dictada en el presente juicio. c) El once de marzo de dos mil veinte, se tuvo por recibida dicha resolución y se requirió a las autoridades el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, por oficios agregados en autos, las autoridades responsables y las vinculadas al cumplimiento para acreditar el acatamiento de la ejecutoria de amparo, realizaron lo siguiente: El Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, dejó sin efectos el oficio mediante el cual negó iniciar el trámite de jubilación de la parte quejosa y emitió uno diverso en el que declaró procedente la solicitud de jubilación y realizó las gestiones correspondientes a fin de remitir el expediente a la Legislatura del Estado para efecto de que se pronunciara el dictamen respectivo; Así el Pleno y la Comisión de Trabajo y Previsión Social, ambos de la Legislatura del Estado, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, autorizaron y emitieron el Decreto mediante el cual se concedió a la parte quejosa la jubilación en los términos precisados en la ejecutoria en cita, esto es: se aplicó el artículo 18 fracción X, del convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro, y, El Gobernador del Estado de Querétaro, allegó copia certificada de la publicación del dictamen legislativo al que se ha hecho alusión en el Periódico Oficial del Estado "La Sombra de Arteaga", la cual, también se encuentra adherida a los lineamientos marcados en el fallo de protector. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se colmaron los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas se desprende que las autoridades responsables y vinculadas dieron cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Luego, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA. Conforme al sistema previsto en los artículos 196, 201 y 203 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su consumación, pues al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de esas ejecutorias o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de este medio de impugnación, la satisfacción de esas obligaciones, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento para que, en su caso, se examinen en un nuevo juicio." Asimismo, en la jurisprudencia 9/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, Febrero de 2016, página 832 del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." ARCHIVO DEFINITIVO. Dado que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de DEPURACIÓN de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; lo anterior ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. OTRAS CONSIDERACIONES. Se hace la aclaración que ninguna de las partes allegó al juicio principal algún documento que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo tercero, del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, devuélvase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, las constancias que remitió previo desglose que se haga de la carátula de los tomo de prueba identificados como TOMO I, sin que se estime necesario solicitar el respectivo acuse de recibo al tener en consideración que la constancia de notificación hace las veces de acuse. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de noviembre de dos mil veinte. OFICIO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno, en representación del Gobernador del Estado de Querétaro, mediante el cual comparece en atención al requerimiento formulado en autos, y al efecto remite las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector otorgado a la parte quejosa. VISTA. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a la parte quejosa, con las constancias de cuenta, así como con todas las diversas misivas remitidas por las autoridades responsables en la etapa de ejecución de este juicio, a efecto de que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga; bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así se procederá a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que expidió el decreto por el que se concede jubilación a la aquí quejosa, mismo que fue remitido al Gobernador de esta entidad federativa para la publicación correspondiente, lo que se corrobora al tenor de las documentales que anexa a su misiva. Ahora bien, resulta conducente traer a glosa el contenido del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, que establece lo siguiente: "Artículo 81. (Trámite para publicación de proyectos de Ley o Decreto) Aprobado un dictamen de Ley, Decreto o Acuerdo por la Legislatura, se procederá conforme a lo siguiente: I. La Secretaría de Servicios Parlamentarios realizará los ajustes conforme a lo aprobado por el Pleno de la Legislatura; II. Hecho esto, la Presidencia de la Legislatura y Secretaría firmarán el proyecto de Ley o Decreto para remisión al Poder Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en su caso, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, "La Sombra de Arteaga"; III. Los ajustes que se realicen a los proyectos aprobados podrán contener variaciones para corregir el uso correcto del lenguaje, la gramática, la semántica, la claridad y congruencia legislativa respecto del marco normativo vigente. No podrá modificarse sustancialmente el contenido en los proyectos de Ley o Decreto, de tal forma que impliquen un sentido distinto al aprobado por el Pleno de la Legislatura. El oficio por el que se remita el proyecto de Ley o Decreto para promulgación y posterior publicación se firmará por la Presidencia de la Legislatura en funciones, independientemente de la fecha en que se haya aprobado por el Pleno. Los Acuerdos aprobados por el Pleno de la Legislatura no requerirán agotar el trámite previsto en el presente artículo, salvo indicación de la Presidencia de la Legislatura." SE VINCULA AUTORIDAD. Bajo esa tesitura, en aras de la pronta impartición de justicia y tomando en consideración que todas las autoridades están obligadas a realizar dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de las sentencias, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se tiene como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Gobernador del Estado de Querétaro. REQUERIMIENTO. En tal virtud, se requiere a la autoridad vinculada para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de la notificación del presente auto, informe a este Juzgado Federal lo relacionado a la publicación del dictamen antes precisado. En la inteligencia que dicha autoridad deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello, lo que en su caso, deberá acreditar fehacientemente. Lo anterior, no obstante que en el presente juicio no haya sido designado como autoridad responsable, sin embargo, en el ámbito de sus funciones le corresponde intervenir en el proceso de jubilación motivo de la concesión de este sumario. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 57/2007, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, Tomo XXV, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica" Así como la Jurisprudencia 2a. XXI/2019 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1343, Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, Materia Constitucional, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA COMPLETA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva consagra los siguientes principios: 1) de justicia pronta; 2) de justicia completa; 3) de justicia imparcial; y 4) de justicia gratuita. Ahora, si el citado derecho está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, solo materialmente jurisdiccionales. En ese contexto, es factible concluir que dentro del principio de justicia completa, se puede incardinar el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos, tal y como lo determinó previamente el órgano jurisdiccional correspondiente." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento a lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veinte. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida que, conforme a lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. RESERVA. Bajo esa tesitura, se reserva dar vista a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, hasta en tanto se cumpla con el fallo protector. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinte de octubre de dos mil veinte. ESTADO PROCESAL. Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo otorgado a las autoridades legislativas vinculadas para cumplir con el fallo protector, sin que a la fecha hayan realizado lo propio, a pesar de encontrarse notificadas. REQUERIMIENTO. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades legislativas en comento, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación del presente proveído, cumplan con la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades legislativas vinculadas, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán efectivas las medidas de apremio decretadas en autos. Notifíquese.
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