María del Carmen Alarcón Estrada

Expediente 731/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
731/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
13/10/2016

Partes del expediente

  • María del Carmen Alarcón Estrada
  • Financiera Rural Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal
  • Olga Leticia Velázquez Jaime

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, signado por la Actuaria adscrita del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 731/2016, cinco legajos de pruebas y copia certificada de la ejecutoria pronunciada el seis de los actuales, dentro del amparo en revisión 228/2016, en la que se resolvió: (.) PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. - - - SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Olga Leticia Velázquez Jaime, Alejandro Francisco y María del Carmen Alarcón Estrada, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Acúsese el recibo de estilo al tribunal oficiante, glósese las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes al expediente en que se actúa, al estar formado en su mayoría por copias simples de los originales que ya fueron devueltos, lo que hace innecesaria su conservación. En consecuencia y atento a la certificación de cuenta, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en Libro de Gobierno. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la fracción IV, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en el que se negó el amparo constitucional. c) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es depurable. Finalmente, al no ser necesaria su retención, devuélvase a las autoridades responsables, las constancias que adjuntaron a su informe justificado, que obran por separado, debiendo acusar por su recibo.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles en aplicación supletoria a la legislación de Amparo, intégrese a las presentes actuaciones el oficio de cuenta, mediante el cual la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Segundo Circuito, acusa recibo, e informa que el órgano colegiado de su adscripción admitió el recurso de revisión interpuesto por los quejosos Alejandro Francisco Alarcón Estrada, María del Carmen Alarcón Estrada y Olga Leticia Velázquez Jaime, el cual registró con el número 228/2016 de su índice; situación de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado los quejosos Alejandro Francisco Alarcón Estrada, María del Carmen Alarcón Estrada y Olga Leticia Velázquez Jaime, a través del cual interponen recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el presente sumario. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación de que se trata. Ahora, con copia simple del escrito de interposición del recurso que contiene la expresión de agravios, así como copias de las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes. Una vez integrado el expediente, esto es, que obren las constancias de notificación a las partes del presente auto, sin necesidad de ulterior acuerdo, remítase el original del escrito de expresión de agravios y el expediente original en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del medio de defensa, anexando una copia simple del mismo para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo indirecto 731/2016; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, remitido a este órgano jurisdiccional en la misma data, Alejandro Francisco Alarcón Estrada, María del Carmen Alarcón Estrada y Olga Leticia Velázquez Jaime, por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra el acto y la autoridad que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: (.) tienen el carácter de autoridad ordenadora los C.C. Magistrados que integran la Segunda Sala Civil Regional de Toluca del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (.) ACTO RECLAMADO: (.) de la autoridad señalada como responsable ordenadora, le reclamamos, la ilegalidad de la sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, dictada en el toca número 215/2016, relativo al recurso de apelación interpuesto por Alejandro Francisco Alarcón Estrada, María del Carmen Alarcón Estrada y Olga Leticia Velázquez Jaime, en contra de la sentencia interlocutoria emitida por la C. Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el incidente de liquidación de intereses moratorios, deducido del juicio ejecutivo mercantil del expediente número 566/2012, intentado por Financiera Rural Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal en contra de María del Carmen Alarcón Estrada, Alejandro Francisco Alarcón Estrada, Olga Leticia Velázquez Jaime y Socorro Estrada Hernández, a través de su albacea María del Carmen Alarcón Estrada, porque viola en nuestro perjuicio los artículos 8.1, 21, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como nuestras garantías de debido proceso legal, audiencia, legalidad y seguridad jurídica previstas por los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la autoridad señalada como responsable ejecutora, le reclamamos la ejecución material del acto reclamado a la autoridad ordenadora, consistente en todas las actuaciones encaminadas al cumplimiento. SEGUNDO. Preceptos y garantías violados. La parte quejosa narró los antecedentes del caso y dada la naturaleza del acto reclamado señaló como tercera interesada a Financiera Rural Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes y precisó que los actos impugnados son violatorios de los artículos 8.1, 21, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis (fojas 84 a 86) se admitió a trámite la demanda, se dio la intervención que legalmente le compete al representante social federal de la adscripción, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó emplazar a la tercera interesada y se fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados derivan de un recurso y juicio de naturaleza mercantil tramitado ante autoridades cuyo domicilio se encuentra en el municipio de Toluca, esto es, dentro del territorio en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se advierte del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 32, que es del contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que los peticionarios de amparo reclaman: La resolución de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, dictada en el toca de apelación 215/2016, por el cual la Segunda Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México reformó la diversa de ocho de marzo de dos mil dieciséis, emitida por el Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la que determinó declarar procedente la planilla de liquidación de intereses moratorios y condenar a los demandados al pago de $872,354.43 (ochocientos setenta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 43/100 moneda nacional), y su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Presidenta de la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca y la Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados (fojas 110 y 106, respectivamente), por lo que se tiene plenamente probada su existencia. Al respecto, conviene invocar la tesis jurisprudencial novecientos noventa y cuatro, visible en la página mil seiscientos trece, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, que señala: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa al autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad de ese acto. La certeza de que se habla, se corrobora además con las constancias que anexaron las responsables a sus informes con justificación, las cuales obran por separado en cinco anexos; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Cuestiones de procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público; sin embargo, las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia, ni se advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Marco referencial. A continuación se enuncian los antecedentes del juicio de origen, los cuales se desprenden de las constancias que las responsables acompañaron a su informe con justificación. i) Mediante escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil doce, Financiera Rural Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, por conducto de su apoderado Rosendo Guadarrama Monroy, demandó en la vía ejecutiva mercantil de María del Carmen Alarcón Estrada, Alejandro Francisco Alarcón Estrada, Olga Leticia Velázquez Jaime y de Socorro Estrada Hernández, a través de su albacea María del Carmen Alarcón Estrada, el pago de diversas prestaciones derivadas del contrato de crédito refaccionario de fecha veintidós de junio de dos mil cuatro. ii) El conocimiento de la demanda correspondió, por cuestión de turno, al entonces Juez Quinto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México (anterior denominación), quien la admitió a trámite, dictó auto con efectos de mandamiento en forma, y ordenó el emplazamiento de los demandados. iii) Seguido el juicio y agotadas las etapas procesales, el catorce de octubre de dos mil trece se dictó sentencia definitiva, en la cual se condenó a los enjuiciados al pago de las prestaciones reclamadas. Por auto de dieciocho de octubre siguiente se aclaró la sentencia definitiva en cuanto al nombre correcto de la codemandada María del Carmen Alarcón Estrada. iv) En desacuerdo con la sentencia anterior, Alejandro Francisco Alarcón Estrada, María del Carmen Alarcón Estrada y Olga Leticia Velázquez Jaime, interpusieron recurso de apelación, del que conoció la Primera Sala Civil Regional de Toluca, y por resolución de once de diciembre de dos mil trece, dictada en el toca 668/2013, confirmó la sentencia apelada. v) Inconformes con lo anterior, los citados demandados interpusieron demanda de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, y por ejecutoria de veintiuno de mayo de dos mil catorce dictada en el amparo directo civil 65/2014, concedió el amparo solicitado. vi) En cumplimiento a la ejecutoria anterior, mediante sentencia de treinta y uno de julio de dos mil catorce, la Primera Sala Civil Regional de Toluca confirmó la sentencia definitiva apelada. vii) Por escrito de diecinueve de junio de dos mil quince, la parte actora solicitó que se declarase que la sentencia definitiva y la dictada por la Primera Sala Civil habían causado ejecutoria. viii) Por auto de la misma fecha, la Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia de Toluca, México (actual denominación), indicó que no era dable acordar de conformidad lo solicitado, pues precisó que la sentencia dictada por el tribunal de Alzada el treinta y uno de junio de dos mil catorce causaba ejecutoria por ministerio de ley; asimismo, ordenó requerir a los demandados para que en el término de cinco días dieran cumplimiento con relación a las cantidades a las que fueron condenados. ix) En desacuerdo con el proveído anterior, Alejandro Francisco Alarcón Estrada, María del Carmen Alarcón Estrada y Olga Leticia Velázquez Jaime interpusieron recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Primera Sala Civil de Toluca, y por resolución de tres de agosto de dos mil quince reformó el auto apelado, precisando que la sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil catorce por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, aún no adquiría firmeza procesal, por lo que subsistía la suspensión concedida en contra de la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil catorce. x) Mediante escrito de siete de enero de dos mil dieciséis, la parte actora Financiera Rural Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, por conducto de su apoderado Rosendo Guadarrama Monroy, solicitó se decretara que la sentencia definitiva de catorce de octubre de dos mil trece había causado ejecutoria y que tenía el carácter de cosa juzgada; por lo que en auto de ocho de enero siguiente se determinó no acordar de conformidad la solicitud realizada, pues se indicó que la resolución emitida por el Tribunal de Alzada en fecha tres de agosto de dos mil quince había causado ejecutoria por ministerio de ley. xi) En desacuerdo con lo anterior, Alejandro Francisco Alarcón Estrada, María del Carmen Alarcón Estrada y Olga Leticia Velázquez Jaime interpusieron recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Segunda Sala Civil de Toluca y por resolución de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis confirmó el auto apelado. xii) El once de enero de este año la parte actora planteó incidente de liquidación de intereses moratorios, por lo que en esa data la juez responsable lo admitió a trámite y dio vista a la parte contraria para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniere. xiii) Una vez desahogado el procedimiento respectivo, el ocho de marzo de dos mil dieciséis se emitió la interlocutoria correspondiente, en la que, además de declarar la procedencia del incidente, se condenó a los demandados al pago de $872,354.43 (ochocientos setenta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 43/100 moneda nacional). xiv) En desacuerdo con tal fallo, los quejosos interpusieron recurso de apelación, el cual fue registrado con el número de toca 215/2016, cuyo conocimiento correspondió a la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la que se resolvió reformar la sentencia impugnada, regular el incidente de liquidación de intereses y aprobarlo por la cantidad de $869,261.79 (ochocientos setenta y nueve mil doscientos sesenta y un pesos 79/100 moneda nacional). Tal resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. SEXTO. Cuestión jurídica a resolver. A continuación, se examinará la constitucionalidad de los actos reclamados al tenor de los conceptos de violación formulados por la parte agraviada, sin que para tal efecto sea necesaria su transcripción, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. Lo afirmado encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, materia común, página 830, cuyo contenido es el siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los argumentos de inconformidad vertidos por los quejosos consisten esencialmente en: a) Que fue incorrecta la apreciación de la Sala responsable en el sentido de que nuestro sistema jurídico no prevé la figura del reenvío con plenitud de jurisdicción y como consecuencia que haya realizado el estudio de las operaciones aritméticas sobre las tasas de referencia que publica el Banco de México (CETES a 28 días) por el periodo comprendido del quince de mayo de dos mil doce al veintidós de diciembre de dos mil quince. b) Que incumplió con la garantía de audiencia y con las formalidades esenciales del procedimiento porque de manera oficiosa y parcial realizó la planilla de liquidación de intereses bajo los CETES a 28 días que publica el Banco de México a partir del quince de mayo de dos mil doce al veintidós de diciembre de dos mil quince. c) Que analizó la planilla de liquidación de intereses sin que el actor incidentista haya interpuesto apelación adhesiva, a pesar que carece de facultades para analizar cuestiones omitidas o mal resueltas por el juzgador primigenio, en contravención al principio de estricto derecho que rige la materia mercantil. d) Que fue indebido que la Sala responsable apreciara que la sentencia definitiva de catorce de octubre de dos mil trece causó ejecutoria por ministerio de ley al ser confirmada por el tribunal de alzada el treinta y uno de julio de dos mil catorce. e) Que es improcedente el incidente de liquidación de intereses moratorios porque el fallo de catorce de octubre de dos mil trece que condenó a los demandados no ha causado ejecutoria y, por ende, no constituye cosa juzgada, ni es la verdad legal y en su contra procede el recurso de apelación. f) Que la resolución de catorce de octubre de dos mil trece requiere que sea declarada judicialmente ejecutoriada, lo que deberá ser a petición de parte, por lo que al no haberse solicitado y declarado firme no puede exigírseles el pago de los intereses moratorios. g) Que la Sala responsable sostuvo que la sentencia de catorce de octubre de dos mil trece causó ejecutoria por ministerio de ley al haber sido confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en el amparo directo 65/2014 promovido pos los demandados en el juicio de origen, lo que crea confusión por no tener certeza de qué determinación se pretende ejecutar a través del incidente de liquidación de intereses moratorios. h) Que de acuerdo con la naturaleza de los juicios mercantiles, la litis es cerrada y se rige bajo el principio de estricto derecho, por lo que fue incorrecto que se declarara firme la sentencia definitiva cuando no ha existido solicitud al respecto por parte de la actora, ya que no fue válido que la responsable subsanara, mejorara y corrigiera las deficiencias del incidente de liquidación de intereses planteado por la actora, toda vez que lo realizó sin que la sentencia definitiva haya sido declarado firme, debido a que la determinación que así fue calificada es la de tres de agosto de dos mil quince y no la diversa de catorce de octubre de dos mil trece. i) Que la Sala responsable incorrectamente valoró el estado de cuenta certificado exhibido por la actora incidentista, ya que a pasar del valor probatorio preconstituido que tiene, éste fue desvirtuado por la objeción que la demandada realizó. j) Que el mencionado estado de cuenta certificado de la parte actora no tiene ningún valor, por lo que debió revocar la sentencia apelada. k) Que el incidente de liquidación de intereses planteado por la parte actora no se ajustó a las tasas de referencia publicadas por el Banco de México (CETES a 28 días) por el periodo del quince de mayo de dos mil doce al veintidós de diciembre de dos mil quince. l) Que a pesar de declarar parcialmente fundados los agravios formulados por los impetrantes en la apelación, no resolvió conforme a derecho, porque los condenó a pagar la cantidad de $869,261.79 (ochocientos sesenta y nueve mil doscientos sesenta y un pesos 79/100 moneda nacional) por concepto de intereses moratorios; sino que debió revocar la interlocutoria recurrida y determinar la improcedencia del incidente respectivo, porque el estado de cuenta certificado ofrecido por la actora no se ajusta a las tasas de referencia publicadas por el Banco de México (CETES a 28 días) por el periodo comprendido del quince de mayo de dos mil doce al veintidós de diciembre de dos mil quince. Los motivos de disentimiento señalados son infundados, por una parte y, por otra, inoperantes. De inicio, cabe señalar que los numerales 362, 1348, 1349, 1353, 1354, 1355, 1357 del Código de Comercio señalan: Artículo 362. Los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto el seis por ciento anual. Artículo 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes. Artículo 1337. Pueden apelar de una sentencia: (.) II. El vencedor que, aunque haya obtenido en el litigio, no ha conseguido la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios, o el pago de las costas, y, (.) Artículo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata. Artículo 1349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. Artículo 1353. Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten. Artículo 1354. En la audiencia incidental se recibirán las pruebas y acto seguido los alegatos que podrán ser verbales citando para dictar la interlocutoria que proceda la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los ocho días siguientes. Artículo 1355. Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, una vez contestado el incidente o transcurrido el término para hacerlo, el juez citará a las partes para oír la interlocutoria que proceda, la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los tres días siguientes. Artículo 1357. Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase. De una interpretación sistemática de los numerales transcritos, se obtiene que los deudores que demoren el pago de sus deudas deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés que para ese caso se encuentre pactado en el documento y que a falta de estipulación el interés será del seis por ciento anual. Destaca también, que los incidentes son aquéllas cuestiones promovidas en un juicio que guardan relación inmediata con el negocio principal; que en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase podrá promover un incidente la parte a cuyo favor se pronunció la liquidación si la sentencia condenatoria dictada no expresó cantidad líquida; asimismo, regulan la forma de tramitarse, los actos procesales que se verifican y la forma de resolverse. Bajo esa óptica, si se parte de la base que los intereses moratorios representan la sanción que se impone al deudor por el incumplimiento en la entrega de la suma prestada y que en el asunto que nos ocupa, mediante sentencia de catorce de octubre de dos mil trece se condenó a los demandados al pago, entre otras prestaciones, de los intereses moratorios; es innegable que para su cuantificación resultaba necesario que la parte vencedora planteara el incidente de liquidación correspondiente, en el cual, una vez que cumplió con la carga de presentar una planilla, la autoridad tiene la obligación de analizarla, pues sólo así podrá verificar, contrastándolo con los autos, si la información y cantidades contenidas en la planilla se encuentran ajustadas a derecho. En consecuencia, y contrariamente a lo aducido por la parte quejosa, si la Sala responsable arribó al conocimiento de que las cantidades propuestas son imprecisas, tiene el deber de resolver el citado incidente condenando a la cantidad correcta y no declarar, por como lo aduce, el reenvío de los autos a la juzgadora de origen, o bien, declarándolo improcedente; sino que debe avocarse al estudio del asunto planteado. Lo anterior significa que si las operaciones aritméticas propuestas se encuentran incorrectas, la responsable puede y debe corregirlas a fin de dictar una resolución ajustada a derecho, salvo que se requieran de operaciones cuya técnica en su elaboración exija conocimientos especializados; estimar lo contrario, esto es, declarar la improcedencia del incidente por no coincidir las cantidades, haría nugatorio el derecho para hacer efectiva la prestación de condena impuesta en la sentencia ejecutoriada, lo que significaría contrariar la obligatoriedad con la que está investida la cosa juzgada, apartándose además del cumplimiento estricto al principio de economía procesal. En efecto, la anterior conclusión se evidencia si tomamos como punto de partida que los párrafos sexto y séptimo del artículo 1344 de la codificación mercantil establecen: Artículo 1344. (.) El tribunal de alzada estudiará en primer término las violaciones procesales que se hubiesen hecho valer en los recursos de apelación preventiva y de encontrar violaciones procesales que sean trascendentes al fondo del Juicio y, sólo en aquellas que requieran ser reparadas por el juez natural, dejará insubsistente la sentencia definitiva, regresando los autos originales al juez de origen para que éste proceda a reponer el procedimiento y dicte nueva sentencia. De no ser procedentes los agravios de las apelaciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva o no habiendo sido expresados, o resultando fundados no sea necesario que la violación procesal sea reparada por el juez de origen, el tribunal estudiará y resolverá la procedencia, o no, de los agravios expresados en contra de la definitiva, resolviendo el recurso con plenitud de jurisdicción. Por lo que fue acertado que el tribunal de alzada una vez que resolvió sobre la procedencia del incidente de liquidación de intereses haya emitido su pronunciamiento sobre la legalidad de las cantidades reclamadas, puesto que actuó con plenitud de jurisdicción, sin que haya sido necesario remitir los autos a la juez primigenia para que éste dictara una nueva resolución. Bajo esa línea de pensamiento, debemos tomar en cuenta que el incidente que nos ocupa tiene como objetivo primordial determinar con precisión la cuantificación de los intereses moratorios a que quedó obligada la parte vencida en el juicio; por ello, resulta indispensable para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución que la Sala responsable, como directora del proceso, la precise; razón por la cual debe estimarse que no está impedida para examinar oficiosamente la planilla de liquidación de intereses y observar que sea coincidente con las cantidades reclamadas, pues sólo de esa manera podrá determinar correctamente si la planilla propuesta se encuentra ajustada a derecho y así, en caso de ser procedente, condenar las cantidades correctas. Por ello, no sería adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos propuestos en la planilla sin el previo análisis de su procedencia, ya que la Sala, al haberse sometido el asunto a su potestad, debe emplear el arbitrio judicial decidiendo en forma justa con apoyo en los elementos citados; suponer lo contrario, es decir, limitar su actividad tan sólo a aprobar o rechazar la planilla sin ponderar las cantidades y operaciones aritméticas utilizadas, incluso cantidades distintas a las que se señalan en la planilla, reduciría su intervención jurisdiccional a un trámite administrativo y no de análisis de legalidad. De ahí que, si la autoridad ordenadora responsable estimó que las cantidades propuestas resultaron superiores a las que conforme a derecho correspondían y, apoyada en tal circunstancia, efectuó las operaciones aritméticas correctas y posteriormente declaró procedente el incidente de liquidación de intereses moratorios, no resulta violatorio de derechos fundamentales, pues el hecho de que el actor incidentista no demostró puntualmente la procedencia de todas las cantidades exigidas en la planilla, no conducía a reenviar los autos a la juez de origen, sino que era obligación del tribunal de alzada dictar una resolución ajustada a derecho, lo cual, en el caso se tradujo en emitir su resolución apoyada en las operaciones aritméticas que estimó correctas, ya que en el supuesto de que advirtiera que las cantidades demandadas en la planilla son inferiores o menores a las que conforme a derecho procedieren, el límite de la autoridad estará a lo regulado en la planilla exhibida. Al respecto, se estima oportuno destacar la jurisprudencia 1a./J. 35/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 126, que establece: PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA. Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Luego, si el Juez es el director del proceso, es obvio que en él recae la responsabilidad de emprender esas funciones, circunstancia que al relacionarla armónicamente con la finalidad del incidente de liquidación y lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, conduce a estimar que el juzgador está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla; lo que conlleva a que no es adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos contenidos en ésta, sin el previo análisis de su comprobación y justificación, en razón de que el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada. También es aplicable la tesis II.4o.C.15 C del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 1426, que dispone: INCIDENTE DE GASTOS Y COSTAS. CUANDO NO SE JUSTIFIQUEN LAS CANTIDADES ADUCIDAS EN LA PLANILLA RESPECTIVA, EL JUEZ ESTÁ FACULTADO PARA EXAMINAR DE OFICIO Y CONDENAR A LAS CANTIDADES CORRECTAS CON LA ÚNICA LIMITANTE DE ESTAR A LO QUE EXHIBA EL INCIDENTISTA EN CASO DE QUE LAS CANTIDADES DEMANDADAS SEAN INFERIORES O MAYORES A LAS QUE PROCEDAN CONFORME A DERECHO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De lo dispuesto por el artículo 242 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, anterior al vigente dispositivo que, en esencia y en lo conducente, es similar a lo previsto en el diverso 1.228 del nuevo Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México el cual literalmente establecía: "Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado y se sustanciará el incidente con un escrito de cada parte, resolviéndose dentro del tercer día.-De esta decisión, si fuere apelable, se admitirá el recurso sin efecto suspensivo.", se advierte que dicho numeral resulta ambiguo, ya que no prevé la forma en que debe actuar el Juez en caso de que no se demuestre la procedencia exacta de todas y cada una de las cantidades propuestas en la planilla. Ante tal oscuridad, debe tenerse en cuenta que el incidente de gastos y costas, al igual que el de liquidación de intereses, tiene como objetivo primordial determinar con precisión la cuantificación de las costas a que quedó obligada la parte vencida en el juicio por sentencia ejecutoriada, si a lo anterior se suma la circunstancia de que el Juez tiene potestad para resolver de fondo el asunto planteado, y la obligación de dictar una resolución ajustada a derecho, entonces, resulta indispensable, para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución que el juzgador, como director del proceso, precise, examine y analice, aun de oficio, la planilla propuesta y corrija las cantidades presentadas condenando a las cantidades correctas, pensar lo contrario, es decir, declarar la improcedencia del incidente por no coincidir las cantidades, haría nugatorio el derecho para hacer efectiva la prestación de condena impuesta en la sentencia ejecutoriada, lo que significaría contrariar la obligatoriedad con la que está investida la cosa juzgada apartándose, además, del cumplimiento estricto al principio de economía procesal. Por lo que, si se limitara la actividad del Juez sólo a aprobar o rechazar la planilla sin admitir que puede hacer uso de su arbitrio, para aprobar, incluso, cantidades distintas a las que se señalan en ella, dicha intervención jurisdiccional se reduciría a un trámite administrativo y no de análisis de legalidad. Lo anterior tiene como limitante el supuesto en el que el juzgador advirtiera que las cantidades demandadas en la planilla son inferiores o mayores a las que conforme a derecho procedan, pues en este caso, el límite del Juez estará a lo regulado en la planilla que exhiba el incidentista, ya que actuar en sentido contrario, significa rebasar la litis, concediendo más de lo pedido. Entonces, como se dijo anteriormente, si la finalidad del incidente de liquidación de intereses es que se determine concretamente la cantidad por la cual debe despacharse ejecución, resulta obvio que es a la Sala a quien corresponde precisarla, dado que sólo aprobará las cantidades que importe la liquidación y que encuentren soporte lógico y jurídico. Además, la naturaleza jurídica del crédito de la parte vencedora emana de una sentencia (condena de intereses moratorios) y desde ese momento ingresa jurídicamente a su patrimonio, lo cual debe ser tutelado por el Estado. Razones por las cuales se estima que fue congruente que la Sala responsable, en uso de sus poderes de ordenar el proceso, haya realizado la valoración de las cantidades propuestas en la planilla de liquidación, pues esto no significa desequilibrio a favor o en contra de alguna de las partes, por el contrario, constituye la necesidad de proveer adecuadamente para el eficaz y pronto desarrollo del procedimiento de ejecución. En otro orden de ideas, previamente a analizar los motivos de inconformidad resumidos en los incisos d), e), f), g), h), i), j), k) y l), es oportuno precisar que por regla general un concepto de violación es inoperante cuando: Los argumentos que lo integran no atacan ninguno de los fundamentos del fallo reclamado; y, Solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen la sentencia materia de amparo, pero se dejan intocados otros que por sí solos son suficientes para seguir rigiendo el sentido del acto reclamado. La inoperancia se funda en la circunstancia de que los jueces federales carecen de facultades legales para decidir, de oficio, acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los fundamentos y razonamientos jurídicos esgrimidos por la autoridad responsable no impugnados por la parte quejosa, ya que de hacerlo supliría la deficiencia de la queja en un caso donde quienes acuden a la instancia constitucional no son menores o incapaces ni se advierte una violación manifiesta de la ley que haya dejado a los quejosos sin defensa, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, que establece los casos de excepción al principio de estricto derecho imperante en el juicio biinstancial en materia civil. Así, todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia legal indispensable, debe contener los argumentos necesarios tendentes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquellos, no resultan idóneos para ser analizados en el juicio de amparo. Ahora bien, del análisis de los conceptos de violación planteados en esta instancia y de los argumentos sustentados en la resolución recurrida, es claro que los analizados en este apartado no rebaten en forma alguna los fundamentos, razones y argumentos que sostuvo la Sala responsable para reformar la determinación que declaró procedente el incidente de liquidación de intereses moratorios en el juicio ejecutivo mercantil 566/2012. Ello es así, pues los peticionarios no atacaron los motivos lógico-jurídicos vertidos por la autoridad emisora de la resolución recurrida y por los cuales reformó la resolución incidental mencionada en el párrafo que antecede. En efecto, los impetrantes se limitaron a expresar cuestiones que vertieron como agravios al interponer el recurso de apelación, pues sólo insistieron en que debió declararse improcedente el incidente de liquidación de intereses moratorios ya que la sentencia definitiva de catorce de octubre de dos mil trece no ha quedado firme. Sin embargo, las manifestaciones de la parte recurrente, aquí impetrante, no están encaminadas a demostrar la improcedencia del incidente respectivo, pues no explica por qué el fallo de catorce de octubre de dos mil trece que condenó a los demandados no constituye cosa juzgada ni es la verdad legal; tampoco precisa cuál es el motivo por el que estima que la resolución mencionada debe ser declarada ejecutoriada a petición de parte; menos rebaten los argumentos de la Sala en torno al tema. En efecto, no se debatió la porción de la Sala responsable que sostuvo que la resolución definitiva de catorce de octubre de dos mil trece causó ejecutoria por ministerio de ley al haber sido confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en el amparo directo promovido por los demandados en el juicio de origen y por no haber prosperado el amparo directo en revisión interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pues sólo se limitan a mencionar que tal situación les crea confusión por no tener certeza de qué determinación se pretende ejecutar a través del incidente de liquidación de intereses moratorios. Asimismo, los quejosos adujeron que la Sala responsable debió revocar la interlocutoria recurrida y determinar la improcedencia del incidente de liquidación de intereses moratorios porque el estado de cuenta certificado ofrecido por la actora incidentista carece de valor probatorio y no se ajusta a las tasas de referencia publicadas por el Banco de México (CETES a 28 días) por el periodo comprendido del quince de mayo de dos mil doce al veintidós de diciembre de dos mil quince; sin embargo, tales aseveraciones son inatendibles, toda vez que no precisan cuáles son las características o requisitos que el estado de cuenta certificado debió cumplir para atribuirle valor probatorio; aparte de que, como ya se explicó, la Alzada estaba en condiciones de examinar de oficio la procedencia de la planilla, porque al asumir plena jurisdicción en el caso (ante la inexistencia del reenvío) podía determinar en el fondo el planteamiento incidental de que se trata, tal y como lo hizo en el caso mediante el empleo de operaciones aritméticas con un grado ordinario de dificultad. Resulta aplicable la jurisprudencia II.3o. J/22 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 56, agosto de 1992, página 48, cuyo rubro y contenido son del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACION, INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Son inoperantes los razonamientos expresados como conceptos de violación, si no atacan debidamente las consideraciones de la sentencia reclamada, puesto que al no estar facultados los tribunales de amparo a suplir la deficiencia de la queja, con excepción de los casos permitidos por la ley de la materia, no se puede analizar oficiosamente la inconstitucionalidad de la resolución combatida. Así como la diversa jurisprudencia I.6o.C. J/21 del Sexto tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se visualiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 1051, cuyo contenido es el siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo. No se soslaya el hecho de que para que proceda el estudio de los conceptos de violación basta con que se exprese la causa de pedir, pero ello en manera alguna implica que los peticionarios del amparo se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es a ellos a quienes corresponde exponer razonadamente por qué estiman que la resolución responsable transgrede su esfera jurídica. A lo antes expuesto, tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, que establece: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. De igual forma son inatendibles las tesis que invoca la parte agraviada en el apartado respectivo de su demanda de amparo, ya que la inoperancia de los motivos de discernimiento que se demostró imposibilita analizar los criterios jurídicos en los que fundó sus argumentos, porque los conceptos de violación resultaron insuficientes para sustentar la pretensión de los impetrantes. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 5, página 3552, que indica: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA. Del análisis a la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 130/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, de rubro: "TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.", se advierte que la obligación que se impone al órgano jurisdiccional de fundar y motivar la aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas en una demanda de amparo, parte del supuesto específico de que el tema planteado en ellas, haya sido efectivamente abordado por el tribunal constitucional; esto es, que el tribunal se pronuncie sobre el tema de mérito, expresando las razones por las que se acoge al criterio señalado o se aparta de él, pues en atención a la causa de pedir se estima que las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas constituyen o son parte de los argumentos de la demanda de amparo como conceptos de violación; de ahí que la obligación se actualiza, únicamente, cuando los temas contenidos en ellas son motivo de análisis por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso el tribunal de amparo deberá resolver si el argumento que se pretende robustecer con dicho criterio, resulta fundado o infundado, conforme a las pretensiones del quejoso. Sin embargo, cuando exista una diversa cuestión que impida atender a las cuestiones efectivamente planteadas en los conceptos de violación, así como en las tesis aisladas y de jurisprudencia que se invocan, esto es, que tales argumentos resulten inoperantes o inatendibles, por causa distinta a la insuficiencia dado que el objeto de la invocación de las tesis aisladas o jurisprudenciales es robustecer su argumento con un determinado criterio, no sólo no resulta obligatorio abordar el análisis y desestimación pormenorizada de cada uno de los criterios invocados sino, incluso, demostraría una deficiente técnica en el estudio, pues los conceptos de violación y argumentos de fondo que se pretenden demostrar con la aplicación de los criterios invocados resultan inatendibles, precisamente por existir una cuestión diversa al tema que en dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente para sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las jurisprudencias o tesis aisladas invocadas en la demanda de amparo. Por tanto, la falta de impugnación apuntada trae como consecuencia que los razonamientos de la Sala responsable permanezcan incólumes y continúen rigiendo el sentido de la resolución recurrida. Así las cosas, al haber resultado infundados e inoperantes los conceptos de violación formulado por los quejosos, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. La negativa del amparo se hace extensiva a la autoridad ejecutora Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, ya que en este caso el acto que se le atribuyó no se combatió por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hizo depender de la resolución reclamada. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 91, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 72, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que a la letra dice: AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía. Finalmente, cabe señalar que aun cuando algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el cuerpo del presente fallo hacen alusión a preceptos legales de la Ley de Amparo abrogada, lo cierto es que su contenido es aplicable por contener similares razones previstas en artículos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; por ende, tales criterios, a pesar de haberse integrado conforme a la legislación anterior, continúan en vigor al no oponerse a lo que establece la vigente y resultar aplicables al caso, tal como se establece en el dispositivo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a Alejandro Francisco Alarcón Estrada, María del Carmen Alarcón Estrada y Olga Leticia Velázquez Jaime, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo y tercero, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese; personalmente a los quejosos, a la tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, el día de hoy nueve de agosto de dos mil dieciséis, por así haberlo permitido las labores del juzgado, asistido de Christian Ballesteros de Paz, Secretario que autoriza y da fe.

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