María del Carmen Aguilar Valdovinos

Expediente 1275/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1275/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • María del Carmen Aguilar Valdovinos

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio JLCA/J2/2620/2023, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que adjunta a su oficio de cuenta, con las cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Ahora bien, de las constancias remitidas por el citado presidente a su oficio de cuenta, se advierte que dentro del juicio laboral **********, el veinte de octubre del año en curso, la autoridad responsable admitió la totalidad de las pruebas ofrecidas por la partes, señaló fecha y hora para el desahogo de las mismas, y notificó dicho auto a las partes. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado| que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, de autos se advierte que mediante auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, este Juzgado se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ************, apoderado de ******************, contra actos de los Integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: "La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que da tramite al juicio ordinario laboral número 2B 1827/2022, tramitado ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con dilación y demora en perjuicio de la quejosa, lo anterior acontece ya que de autos se desprende que en fecha 07 de julio del año 2023, a las 10:00 horas se desahogó la Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas y hasta la fecha la responsable no me ha notificado el acuerdo de admisión de pruebas en el que señale las fechas y hora de todas y cada una de las pruebas que se hayan admitido, por lo que YA HA PASADO 79 DIAS Y NO SE ME HA NOTIFICADO NADA CUANDO DEBIÓ RESOLVER DE MANERA INMEDIATA SOBRE LA ADMISION O DESECHAMIENTO DE LAS PRUEBAS O EN SU DEFECTO RESERVARSE EL ACUERDO Y EN UN TERMINO DE 5 DIAS RESOLVER SOBRE LA ADMISION O DESACHAMIENTO DE LAS PRUEBAS Y SEÑALAR FECHA PARA LOS DESAHOGOS DE TODAS Y CADA UNA DE ELLAS DENTRO DEL TERMINO LEGAL, y al no ser así, a todas luces se constituye el acto reclamado, puesto que la autoridad señalada como responsable no se ha apega a los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo dentro del término establecido en su artículo 880 fracción IV y 883, que a la letra dice.- CONCLUIDO EL OFRECIMIENTO, LA JUNTA RESOLVERÁ INMEDIATAMENTE SOBRE LAS PRUEBAS QUE ADMITA Y LAS QUE DESECHE EN CASO CONTRARIO, LA JUNTA SE PODRÁ RESERVAR PARA RESOLVER DENTRO DELOS 05 CINCO DIAS SIGUIENTES. POR LO QUE ME VEO EN LA NECESIDA DE SOLICITAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL PARA QUE ORDENE A LA RESPONSABLE A QUE ACUERDE SOBRE LA ADMISION O DESACHAMIENTO DE LAS PRUEBAS Y SEÑALE FECHA Y HORA PARA EL DESAHOGO DE TODAS Y CADA UNA DE ELLAS DENTRO DEL TERMINO LEGAL DEL ARTICULO 883 DE LA LEY DE LA MATERIA.". Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó al oficio de cuenta; documentales que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, por lo tanto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emana el acto reclamado en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de notificar el acuerdo de admisión de pruebas, por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; también lo es que dentro del multicitado juicio laboral, el veinte de octubre del año en curso, admitió la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, señaló fecha y hora para el desahogo de las mismas, y notificó dicho auto a las partes, según se advierte de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del Estado de Michoacán, en representación del Gobernador del Estado de Michoacán mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia interlocutoria de veinticinco de septiembre del año en curso; ahora bien, en atención a que no exhibe las copias necesarias para el traslado a las partes, con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte recurrente para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se le realice, exhiba quince copias más de su escrito de agravios, toda vez que no adjuntó copia alguna, debido a que una se agrega a este expediente, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una se remite al Tribunal de alzada para el Agente del Ministerio Público de su adscripción y doce para correr traslado a las autoridades responsables, dando un total de quince copias, apercibida que de no hacerlo en ese plazo se tendrá por no interpuesto el citado recurso. Notifíquese, por oficio a la autoridad recurrente.

  3. Principal

    Por lo expuesto, fundado se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ..., contra el acto reclamado al Presidente Municipal y Director de Ingresos, todos del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, Director de Ingresos, del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, con residencia en esta ciudad, Secretario General de Gobierno y Periódico Oficial, todos con residencia en esta ciudad, precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el punto considerativo tercero y sexto. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso ..., contra los actos reclamados a las autoridades Congreso y Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, precisado en el considerando segundo, por los motivos plasmados en el último punto considerativo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Zaraí Canché Chan, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, que lo permitieron las labores de este juzgado federal. Doy Fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por ... y por ... apoderada de los terceros interesados ..., carácter que se le reconoce en términos del instrumento notarial que en original acompaña a su escrito de cuenta y que este juzgado le reconoce de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se les tiene apersonándose a la tercera interesada ... y a los terceros interesados ..., estos últimos por conducto de su apoderada legal. Ahora, si bien ..., refiere que acude a esta instancia también en representación legal de ...; ..., lo cierto es que no exhibe documento que acredite dicha representación. Por otro lado, en el escrito de cuenta se aduce que se señala domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal; empero lo cierto es que no se señala domicilio alguno, por lo que los terceros interesados ..., que ahora se apersonan continúan con domicilio por lista que se publica en los estrados de este Juzgado, en tanto designe domicilio en esta ciudad para ese efecto. De igual forma, no ha lugar a tenerlos señalando autorizados toda vez que de sus escrito de cuenta no se advierte a quien o a quienes les otorga tal carácter. Finalmente, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados los alegatos en los términos que indica; sin perjuicio de hacer relación de los mismos al momento de la audiencia constitucional. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano