Maria de Socorro Olivas Magaña
Expediente 1508/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1508/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Maria de Socorro Olivas Magaña
Actuaciones
- Principal
Se tiene por recibido el escrito presentado por la quejosa por el que desahoga la prevención efectuada en autos; en consecuencia, se provee: Desechamiento. De acuerdo con el precepto 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora, del análisis de la demanda de amparo y ocurso aclaratorio se desprende que el quejoso reclama: El auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Décimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el expediente *, donde se ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que por su conducto informara a las instituciones de crédito y financieras el embargo trabado por la cantidad de $* (* pesos 00/100 moneda nacional), sobre las cuentas de la quejosa. El auto de nueve de octubre del año en curso que autorizó girar oficio al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el objeto de que le retenga el treinta por ciento del excedente del salario mínimo que reciba la ahora impetrante. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo y ocurso aclaratorio, se advierte que el acto reclamado fue dictado en el juicio ejecutivo mercantil *, promovido por *, en contra de la aquí quejosa, en el que se le emplazó el veintitrés de agosto del año en curso, no obstante, al no producir su contestación, en auto de veintiuno de septiembre siguiente se declaró su rebeldía, se ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que por su conducto informara a las instituciones de crédito y financieras el embargo trabado por la cantidad de $* (* pesos 00/100 moneda nacional), sobre las cuentas de la quejosa y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas; seguido el juicio en sus etapas procesales, por auto de nueve de octubre del año en curso que autorizó girar oficio al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el objeto de que le retenga el treinta por ciento del excedente del salario mínimo que reciba la ahora impetrante. En ese tenor, de lo narrado por la solicitante de amparo bajo protesta de decir verdad se advierte que la quejosa es parte demandada en el juicio de origen, en el que se le tuvo por emplazada y a la fecha no se ha dictado sentencia definitiva. Partiendo de esa base, la suscrita considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." De la interpretación de la porción normativa reproducida, se concluye que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea al modificarlo, confirmarlo o revocarlo, de tal suerte que cuando existe dicho medio ordinario de impugnación sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio en mención se fundamenta en la naturaleza del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. La obligación de mérito la exige esencialmente la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los actos provenientes de autoridades encargadas de la administración de justicia, esto es, sean judiciales o materialmente jurisdiccionales del orden federal, estatal, municipal y de cualquier materia civil, mercantil, administrativo, familiar, agrario, fiscal, entre otras. Así, cuando una de dichas autoridades emita un acto contra alguna de las partes del juicio o procedimiento que estén instruyendo bajo su jurisdicción, el particular habrá de agotar todos los mecanismos de defensa ordinaria que al efecto estén dispuestos a su favor para lograr la anulación, revocación o modificación de la determinación que le causa el agravio de que se duela. Asimismo, debe decirse que en torno al principio de definitividad sólo algunos casos y bajo condiciones específicas se surte su excepción, y son las previstas en la Ley de Amparo, en el transcrito artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 8, Libro 55, junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2017117, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En ese orden de ideas, se advierte que la quejosa no cumplió con el principio de definitividad, ya que contra los autos reclamados procedía el recurso de revocación, a que se refieren los artículos 1334 y 1339 del Código de Comercio, pues de su contenido literal se establece: "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 (Seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.). por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. (.)". Normativos transcritos de los que se desprende que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Ahora, se debe traer a cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 30/2013, explicó lo siguiente: Que la reforma del artículo 1339 del Código de Comercio, cuando el legislador modificó la redacción de su primer párrafo en el sentido de que "Son irrecurribles" las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a la cantidad fijada, únicamente tuvo la intención de limitar la posibilidad de interponer el recurso de apelación en contra de autos y de sentencias, atendiendo a la cuantía del negocio, dejando intocado el aspecto referente a que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil que por su cuantía no admitan el recurso de apelación, serán impugnables mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio. b) Que si bien el legislador, en el nuevo texto del artículo 1339 del Código de Comercio, empleó la expresión "Son irrecurribles" en lugar de "son inapelables", generando una confusión semántica, pues el significado corriente del término "irrecurrible" remite a la negación de interposición de cualquier recurso; lo cierto es que, que acorde a su origen y a su contexto normativo, el legislador al señalar que "son irrecurribles", en el caso concreto, se refirió ideológica y jurídicamente a que "son inapelables", pues por un lado, en el párrafo cuarto del mismo artículo se precisa que las sentencias que fueren recurribles lo serían por la apelación; y por otro lado, porque el contenido normativo de ese artículo versa sobre las modalidades de la apelación, máxime que se encuentra ubicado en el capítulo XXV, titulado "De la apelación". c) Que lo anterior, sirve para confirmar que el artículo 1339 del Código de Comercio reformado, al señalar que: "Son irrecurribles" las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a la cantidad fijada, se refiere ideológica y jurídicamente al recurso de apelación. d) Que si el artículo 1339 del Código de Comercio reformado, dispone que son inapelables las resoluciones que se dicten durante el procedimiento en negocios cuyo monto sea menor a la cantidad fijada, aunado a la circunstancia de que el artículo 1334 de la misma legislación establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, resulta inconcuso que, salvo disposición especial en contrario, en contra de las resoluciones que se dicten durante un procedimiento ejecutivo mercantil cuyo monto sea inferior al que establece el artículo 1339 del Código de Comercio reformado mediante decreto de nueve de enero de dos mil doce para ser apelable, procede el recurso de revocación que prevé el artículo 1334 de la misma legislación. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), de la Décima Época, registro: 2005047, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia: Civil, página: 401, de rubro y texto siguientes misma que es ilustrativa de lo hasta aquí dicho: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012)". En ese tenor, es de concluirse que tales proveídos admitían la posibilidad de ser combatidos mediante el aludido recurso de revocación, de ahí que no se cumplió con el principio de definitividad que exige la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo. Ello, pues cuando una autoridad emite un acto contra alguna de las partes del juicio o procedimiento que esté instruyendo bajo su jurisdicción, el gobernado tiene la carga de agotar todos los mecanismos de defensa ordinaria que al efecto estén dispuestos a su favor para lograr la anulación, revocación o modificación de la determinación que considera le causa agravio. En ese sentido, al tratarse de actos jurisdiccionales, en cuya regulación procesal se prevén recursos idóneos y efectivos para analizar las actuaciones dictadas en los procedimientos judiciales ordinarios, resulta inviable exentar al promovente del amparo de agotar los medios ordinarios de defensa, ya que corresponde a las autoridades de instancia en primer lugar pronunciarse sobre los motivos de impugnación de las partes. Por lo tanto, el agotamiento de los recursos ordinarios, antes de promover el juicio de amparo, es una regla operativa que obedece a la regulación del sistema procesal del juicio de amparo e implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional, pues éste constituye un medio de control extraordinario. De tal manera que, la obligatoria interposición de los medios ordinarios de defensa no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. En consecuencia, se determina que la impetrante tenía la carga de interponer el recurso de revocación en contra de los actos aquí reclamados, de manera previa a la promoción del juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en el inciso b), fracción III, del artículo 107 constitucional, pues a través de ese medio de impugnación pudieron ser revocados o modificados, y así desaparecer el agravio que dice sufrió; por ende, al no hacerlo se debe tener por actualizado el motivo de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 157, tomo XXXII, septiembre de 2010, Novena Época, con número de registro 163734, de rubro y texto siguientes: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS". En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos invocados y en el numeral 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa. Mesa III
- Principal
Se tiene por recibida la demanda promovida por ********, por derecho propio, contra el acto del Juez Décimo Noveno de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de ********** Radicación. Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el numeral 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1508/2023-III.****. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa se duele de:************El auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Décimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el expediente 219/2023, donde se ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que por su conducto informara a las instituciones de crédito y financieras el embargo trabado por la cantidad de $165,885.00 (ciento sesenta y cinco mil ochocientos ochenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), sobre las cuentas de la quejosa.****************************************El auto de nueve de octubre del año en curso que autorizó girar oficio al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el objeto de que le retenga el treinta por ciento del excedente del salario mínimo que reciba la ahora impetrante.****************************************Sin embargo, a fin de acordar lo conducente en caso de admitir la demanda, es necesario tener conocimiento de las actuaciones del juicio de origen, así como el estado procesal que guarda, el domicilio y nombre de las partes, a fin de determinar quién tiene interés de que subsista lo actuado en el juicio de origen y darle el carácter de tercero interesado, y por ende determinar si este juzgado es competente para conocer de la demanda de amparo, se provee:****************************************Prevención. El numeral 114 de la normatividad aplicable prevé los supuestos en que el juez de distrito mandará prevenir al promovente de la demanda de amparo, entre los cuales se encuentran:****************************************Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;********************Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley;********************No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente;********************No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y********************No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda.****************************************En consecuencia, a efecto de estar en aptitud de acordar respecto al desechamiento, admisión o competencia de la demanda, con apoyo en los artículos 110, 112 y 114, de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación cumpla con lo siguiente: ****************************************Conforme lo establecido en el numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad, señale los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, narrándolos de manera cronológica, desde la presentación de la demanda hasta la última actuación dictada en el juicio de origen de donde deriva lo reclamado, ya que es omisa en cumplir con lo dispuesto por el precepto normativo invocado.****************************************En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Tomo X, Noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 192843, de rubro: ****************************************"PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA".****************************************Manifieste cuál es el estado procesal que guarda el sumario primigenio y su naturaleza.****************************************Indique las localidades de las sucursales en las que abrió las cuentas bancarias que le fueron retenidas.****************************************Precise si se ha interpuso algún recurso o medio de defensa contra cualquier determinación emitida en el sumario primigenio y, en su caso, si desea señalar como responsable a la sala que haya conocido de éste.****************************************Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 481, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 522, Tomo II, materia Procesal Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Novena Época, registro 1002547, de rubro:****************************************"AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO ES LA SALA QUE CONOCIÓ DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, CUANDO EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN RECLAMA EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE ORIGEN Y TODO LO ACTUADO EN ÉL".****************************************Indique si ha comparecido al juicio de origen y la forma en que lo hizo.**************************************** Diga si alguna de las partes contendientes en el procedimiento de origen ha hecho valer un diverso juicio de amparo indirecto en contra de cualquier determinación dictada en él, o bien, si alguna lo promovió, informe qué juzgado de distrito conoció.****************************************Se apercibe a la solicitante del amparo, que si la demanda se insta con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida dentro de la controversia de origen, se afirmen hechos falsos u omitan los que consten en relación con los actos reclamados, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, en los términos que se precisan enseguida, sin perjuicio de dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrita, con fundamento en el numeral 261, fracción I, de la ley de la materia, el cual establece:****************************************"Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días:****************************************I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;****************************************(.)".****************************************En esas condiciones, dígasele que el desahogo del requerimiento que se efectúa se considera necesario para estar en aptitud de precisar con exactitud la litis constitucional, de conocer el origen de los actos reclamados, solicitar a las autoridades, a quienes les resulte el carácter de responsables, los correspondientes informes, y que éstos sean rendidos adecuadamente.****************************************Asimismo, con fundamento en el artículo 110, de la Ley de Amparo, dígasele que si su escrito aclaratorio lo presenta de manera física, deberá acompañar copias suficientes para ser distribuidas entre las partes, en caso de que la demanda de amparo sea admitida.****************************************Es aplicable al respecto, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Tomo XIII, abril de 2001, de la fuente y época citadas, registro 189977, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO".****************************************De igual modo, se apercibe a la solicitante de amparo que de no dar cumplimiento a los puntos indicados dentro del plazo señalado, la demanda se tendrá por no presentada, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del numeral 114 de la ley de la materia.****************************************Requerimiento. Gírese oficio al Juez Décimo Noveno de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que, dentro del plazo de tres días, legalmente computado, cumpla con lo siguiente:****************************************Informe el nombre de las partes y su domicilio, precise las prestaciones reclamadas, la naturaleza del expediente 219/2023.****************************************Narre las actuaciones del juicio de origen de donde deriva lo reclamado, desde la presentación de la demanda hasta su última actuación.****************************************Precise cuál es el estado procesal que guarda el expediente.****************************************Diga si ordenó embargar alguna cuenta bancaria de la quejosa, de ser así, informe si a la fecha se materializó.****************************************En caso de que se haya dictado sentencia definitiva, remita copia certificada de ella; y si en contra de ese fallo se hizo valer recurso alguno, de ser así, qué autoridad conoció de éste, así como el estado procesal que guarda.****************************************Indique si la ahora promovente ha comparecido al juicio de origen, y en caso de ser así, remita copia certificada de las constancias correspondientes.****************************************Informe si alguna de las partes ha hecho valer diverso juicio de amparo en contra de cualquier determinación derivada del procedimiento primigenio, de ser así, informe qué juzgado de distrito conoció y con qué número de expediente se inició.****************************************Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, previsto en el precepto 237, fracción I, 238, 261 y 262 de la Ley de Amparo.****************************************En el entendido que de ser confidencial la información solicitada, deberá hacerla llegar a este juzgado federal con las medidas pertinentes para su sigilo.****************************************Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con apoyo en el dispositivo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, se tiene como tal el localizado en ****************************************Autorizados. Se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona que designa, conforme lo establecido en el párrafo segundo, última parte, del artículo 12 de la Ley de Amparo, al no contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, al igual que a la restante persona que designa.****************************************Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la tesis 2a. VIII/2020, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4456, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2021840, que dice:****************************************"AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO".****************************************Habilitación de horas y días inhábiles. Con apoyo en el dispositivo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente así se practiquen. ****************************************Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la divulgación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí´ señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita.****************************************Digitalización. Con fundamento en los artículos 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 3º, fracción XII del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados mediante el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; de igual forma, se ordena integrar el expediente físico, en el cual únicamente deberán constar los documentos que se reciba de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen a cabo en este procedimiento.****************************************Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo.****************************************De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. Notifíquese personalmente a la quejosa y por oficio a la autoridad mencionada. MESA* III
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