Maria de Moncerrato Marban Memije
Expediente 333/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Maria de Moncerrato Marban Memije
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de treinta de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya realizado; en consecuencia, con apoyo en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara firme el referido auto. Archivo y anotaciones. En ese orden, archívese como asunto concluido el presente expediente, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, con la precisión que una vez que obren las constancias de notificación de este proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. En el Libro de Gobierno correspondiente realícense las anotaciones respectivas; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Destino del expediente. En tales condiciones, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en términos de lo establecido en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto en cita; consecuentemente, una vez que transcurran tres años a partir del presente proveído, de conformidad con lo establecido en el numeral 21 del citado Acuerdo General, destrúyase el presente expediente, previa acta de la relación que se elabore para la identificación. Notifíquese por lista.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por María de Moncerrato Marban Memije, contra actos de la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 333/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio de la demanda Por otro lado, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo materia del presente asunto, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese orden, este juzgador advierte de oficio que en el presente asunto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, éste último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Previamente a realizar el estudio correspondiente es necesario establecer que el acuerdo inicial, excepcionalmente es el momento oportuno para determinar si se actualiza, respecto de la autoridad a quién se atribuye el acto reclamado, el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, cuando se actualice el supuesto de que exista la certeza y plena convicción de que pese a admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una conclusión diversa. Así lo establece la jurisprudencia por contradicción número PC.III.L.J/5L (10a), emitida por el Pleno en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, página 1224, registro digital 2007580, del contenido siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial detrámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento". Ahora, del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se destaca que el juicio de amparo es improcedente atendiendo a las disposiciones normativas que contiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, en tanto que el catálogo de motivos de improcedencia que prevé en el precitado artículo 61 no es limitativo sino enunciativo. De esa forma, el juicio de amparo será improcedente también, si las normas constitucionales o las contenidas en la Ley de Amparo no son debidamente observadas o la simple promoción del juicio las contraría. Por su parte, del artículo 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se colige que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto unilateral que afecta la esfera del gobernado. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 164/20111, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En esa tesitura, existen tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) De coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) De supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Del contenido de los artículos antes mencionados y de la precisión de las relaciones que surgen entre las autoridades y los particulares, se desprende que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al supuesto de que los hechos que en el mismo se reclamen provengan de un acto de autoridad, o bien, de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, y que además, afecten los derechos supremos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, por actuar las primeras en un plano superior a los segundos; de ahí que aquellos actos emanados de relaciones de supra subordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares, cuando en estas últimas, la relación surja entre un particular y una autoridad, pero en un mismo plano de coordinación como particular, tales actos no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Ahora bien, en el caso concreto, de la demanda de amparo se observa que el acto reclamado a la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consiste en la omisión de dar contestación al escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintidós, por medio del cual solicitó se le hiciera del conocimiento qué empresa aseguradora se encuentra prestando el servicio de Seguro Institucional de Vida. En esa medida, este juzgador considera que la autoridad que la parte quejosa señaló como responsable, no actúa en su carácter de autoridad, sino en un plano de coordinación con la parte quejosa, ya que, la adjudicación del contrato de seguro institucional de vida, por parte de la responsable, se realiza en plano de igualdad, no supra a subordinación. Esto es, el acto reclamado es de naturaleza mercantil, ya que derivan del vínculo jurídico existente entre el contratista y la aseguradora, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de los tribunales del orden mercantil. Ello es así, toda vez que la quejosa exhibe copia fotostática de la que se advierte otorgó su consentimiento para ser asegurada y designar beneficiarios de los seguros de vida de los pensionistas. Luego, en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su artículo 5, dispone que la administración de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en dicha legislación, así como la del Fondo de la Vivienda, del PENSIONISSSTE, de sus delegaciones y de sus demás órganos desconcentrados, estarán a cargo del organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, que tiene como objeto contribuir al bienestar de los Trabajadores, Pensionados y Familiares Derechohabientes, en los términos, condiciones y modalidades previstos en esta Ley. Por su parte, el artículo 3 de la referida ley, dispone lo siguiente: "Artículo 3. Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros: I. De salud, que comprende: a) Atención médica preventiva; b) Atención médica curativa y de maternidad, y c) Rehabilitación física y mental; II. De riesgos del trabajo; III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y IV. De invalidez y vida." Por ende, como de los antecedentes de la demanda se advierte que la quejosa acude a reclamar una omisión cuyo origen deriva del incumplimiento de una prestación extralegal y contractual, que se otorgó en un plano de supra a subordinación; no le asiste el carácter de autoridad responsable al aludido instituto para efectos del juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en el diverso artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. Domicilio Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************. Autorizados Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por tener registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos a las personas restantes, por así haberlo solicitado. Expediente electrónico. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y los diversos 34 y 55, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta de este asunto vía electrónica bajo el usuario "********************", para tal efecto, se ordena realizar tal autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Aviso de transparencia Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Tramitación e integración de expediente electrónico y físico En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso. En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Vinculación de las notificaciones físicas o impresas que recaigan a esta determinación Finalmente, se ordena a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos que, conforme a las obligaciones inherentes a su cargo, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, notifique la presente determinación a las partes; en términos del dispositivo octavo, fracción II, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vinculen al expediente electrónico dichas notificaciones a cada una de las partes, según sea el caso, y hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite dichas circunstancias, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo; salvo aquellas que se generen electrónicamente o mediante lista de acuerdos. Notifíquese y vía electrónica a la quejosa.
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