María de Luz Solís Galeana

Expediente 450/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
450/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • María de Luz Solís Galeana

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; a diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Auxiliar de la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de ********************, en el que decretó la deserción del ratificante ********************, en autos del juicio laboral ********************; empero, es omiso en informar lo conducente respecto a la notificación realizada a la diversa ratificante ********************. Por tanto, requiérase a la junta responsable para que dentro del término de tres días contados a partir de aquel en que reciba el oficio respectivo remita copia certificada de la notificación de la diversa ratificante ********************, o bien, las constancias con las que acredite las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Con el apercibimiento que de incumplir sin causa justificada con lo indicado en el plazo otorgado, se impondrá a la omisa una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo vigente y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  2. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN: SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA VÍA ELECTRÓNICA MEDIANTE USUSARIO PROPORCIONADO, EL AUTO DE DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE DICE: Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad y de otra autoridad responsable. Regístrese en el libro de gobierno con el número 450/2023, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la quejosa ********************, como parte actora en el juicio laboral ********************, reclama por esta instancia: De la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje: a) El auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual se admitió a trámite el incidente innominado para determinar la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al laudo dictado en el expediente número ********************, promovido por la parte condenada ********************, mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Del Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje: b) El auto de tres de abril del año en curso, que negó su solicitud realizada por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en el sentido de dar inicio al procedimiento de ejecución del laudo dictado en el expediente número ********************. Precisado lo anterior, se advierte que respecto del acto identificado con el inciso a), se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Articulo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." La fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de garantías, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Luego, el segundo de los preceptos transcritos establece como regla de procedencia del amparo indirecto, que cuando se trate de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, tratándose de procedimientos de remate, la Ley de Amparo es específica en señalar que la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso también se harán valer la violaciones cometidas en ese procedimiento, en los términos del párrafo segundo del artículo 107 de la ley de la materia. Bajo esta fórmula se impide la reclamación autónoma e inmediata en contra de cada uno de los actos que integran la fase de ejecución a fin de que el amparo no constituya un obstáculo para la misma; y en cambio, se privilegia el principio de concentración para que en una misma demanda se puedan estudiar todas las violaciones que llegaren a suscitarse conjuntamente con el acto principal que determina la procedencia del amparo indirecto, siempre y cuando tal violación trascienda a su resultado por haber dejado sin defensa a la parte quejosa; lo que permite colegir que en la demanda de amparo se puede plantear el estudio de esas violaciones en vía argumentativa y no como actos destacados. Ahora, frente a los supuestos específicos de procedencia previstos en los párrafos segundo y último del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ubican otros actos que pueden emitirse después de que el juicio ha concluido, que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como aquellos que tienen una autonomía destacada, es decir, se desvinculan de los que natural u ordinariamente tienen como propósito la ejecución de una sentencia definitiva. Ese supuesto corresponde cuando los actos reclamados son dictados en un incidente de autonomía destacada, en cuyo caso el juicio de amparo procederá contra la resolución definitiva de tal incidente, en la inteligencia de que en contra de la misma podrán hacerse valer todas las violaciones que se hubieren suscitado dentro del trámite de aquella incidencia, siempre que esas violaciones procesales hubiesen dejado indefensa a la parte quejosa. Otro, de los supuestos se actualiza cuando aquellos sean de imposible reparación, lo cual da la pauta para que de manera excepcional sean reclamados, sin necesidad de esperar a que se dicte la última resolución, verbigracia, dentro del procedimiento de remate, se niegue a señalar fecha para el verificativo de la audiencia de remate, o bien, la resolución que niegue rematar los bienes embargados; en cuyo caso, no es necesario esperar a que se apruebe o desapruebe el remate, en razón de que si no se permite el control constitucional sobre dichas determinaciones, podría no llegarse nunca al final de la ejecución. Ilustra lo expuesto la Jurisprudencia 108/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, Tomo XXXIII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Entendiéndose como actos de imposible reparación, aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; respecto de los cuales no existe posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior; esto de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte en consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Bajo ese contexto, es factible concluir que el acto reclamado por la quejosa, consistente en el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual se admitió a trámite el incidente innominado para determinar la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al laudo dictado en el expediente número ********************, promovido por la parte condenada ********************, mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución de laudo, es decir la que declara el cumplimiento del laudo o la imposibilidad para lograrlo. Luego, si el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución de laudo, es decir la que declara su cumplimiento o la imposibilidad para lograrlo, aunado a que tampoco se encuentra en los supuestos de excepción abordados, esto es de aquellos que vulneren derechos sustantivos de la quejosa, ya que ese actuar jurisdiccional no trasciende a su persona, o bien, que se trate de un acto de autonomía destacada a la cosa juzgada o del procedimiento de ejecución; trae como consecuencia la actualización de la improcedencia del juicio invocada. Por otro lado, respecto del acto reclamado identificado en el inciso b), el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal; es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a una interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que contra el acuerdo dictado el tres de abril del presente año en el expediente laboral número ********************, por el Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Tres de Conciliación y Arbitraje de Acapulco de Juárez, Guerrero, que niega la solicitud realizada por la aquí quejosa en escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en el sentido de dar inicio al procedimiento de ejecución del laudo, que por esta vía se reclama, procede el recurso de revisión que establece la Ley Federal del Trabajo (después de la reforma de noviembre de dos mil doce), que es el ordenamiento que rige el acto reclamado, de conformidad con los artículos 849, 850, 851 y 852, que indican: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria." "Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne." "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." En efecto, los preceptos transcritos prevén que contra las resoluciones emitidas por los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, procede el recurso de revisión, lo que acontece en el presente asunto. De ahí que, antes de acudir al juicio de amparo, el acto reclamado es susceptible de ser controvertido a través del recurso de revisión, pues tal medio de impugnación tiene por objeto que la junta responsable, a la luz de los agravios planteados, confirme, revoque o modifique total o parcialmente el auto de tres de abril de dos mil veintitrés que constituye el acto reclamado, y al no hacerlo la quejosa incumplió el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, en virtud de que no le resulta el carácter de persona extraña al juicio laboral ******************** del que emana el acto combatido, pues es parte actora dentro del mismo. Aunado a que el auto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, derivado de un procedimiento penal. Por tanto, previo a instar el juicio de amparo la quejosa debió agotar el recurso idóneo para modificar, revocar o anular el acto aquí reclamado, exigencia que debe ser cumplida, al no encontrarse dentro de los supuestos previstos por el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia como excepciones al principio de definitividad. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para la quejosa cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia En este tenor, al actualizarse las causas de improcedencia en comento, las cuales son manifiestas porque se pueden determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudables porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la misma y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. AUTORIZADOS Dada la naturaleza del juicio, tengase como autorizados de la quejosa, en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo, como lo solicita se le autoriza la consulta del expediente electrónico y las notificaciones personales por vía electrónica, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, a través del usuario que proporciona (********************), salvo aquellas que este juzgado realice por medio de lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; por lo que, se instruye al servidor público responsable para que habilite los permisos necesarios a los mencionados usuarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal; sin que haya lugar a tener como domicilio para recibir notificaciones el que señala al existir manifestación expresa de que se realicen las notificaciones personales por la vía electrónica. DATO DE CONTACTO De igual forma, téngase como dato de contacto de su parte para únicamente para comunicaciones no procesales el correo electrónico que proporciona. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por último, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente. LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.

  3. Principal

    TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL LA PARTE QUEJOSA (VÍA ELECTRÓNICA).

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