Maria de Lourdes Zapata Hernadez

Expediente 722/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
722/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/05/2021

Partes del expediente

  • Maria de Lourdes Zapata Hernadez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I.- Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese, a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por Secretario del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual, comunica que recibió el oficio de esta autoridad en el que se le comunicó que este Juzgado no aceptó la competencia planteada por el Tribunal de mérito e informa que de acuerdo a la distancia y a las facilidades de las comunicaciones, resulta el Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Circuito, con sede en San Francisco de Campeche, Campeche, es el competente, por ser el más cercano a la residencia de la responsable ordenadora, por lo que ordena se comunique y remita las constancias al referido tribunal con sede en el estado de Campeche, a fin de que pueda determinar lo conducente en relación a la competencia que el Tribunal Oficiante declina a su favor. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En consecuencia, no habiendo diligencia pendiente por desahogar; archívese este expedientillo como asunto total y definitivamente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCION: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un expedientillo formado con motivo de la incompetencia decretada, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    *NL*MESA I.- Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el exhorto 23/2021, con número de orden 26/2021 remitido por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, recibido vía electrónica, con su respectiva evidencia criptográfica, de su índice, deducido del diverso exhorto 33/2021, con numero de orden 56/2021, derivado del presente juicio de amparo, del que se advierte que según la constancia actuarial de catorce de mayo de dos mil veintiuno, no le fue posible notificar al apoderado legal de la parte quejosa ..., el acuerdo de seis de mayo en curso, dictada en este juicio, por los motivos que expone en su razón actuarial; en consecuencia, a fin de no dejarla en estado de indefensión, con fundamento en el numeral 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase a la mencionada quejosa la notificación de este acuerdo, y el del seis de mayo en curso, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE. ACUERDO DE 6 DE MAYO DE 2021: Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Se agrega el oficio del Secretario del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual informa que declinó competencia para conocer del juicio de amparo promovido por ..., a favor de un Juzgado de Distrito con residencia en el estado de Yucatán. Fórmese expediente tanto físico como electrónico. Regístrese con el número 722/2021-I del índice de este órgano de control constitucional. Una vez realizado lo anterior, y analizados tanto la demanda de amparo como el auto por el cual el tribunal federal declinante se declara incompetente, este órgano de amparo estima que debe rechazarse la declinación, con fundamento en el ordinal 48 de la Ley de Amparo. Las razones son las siguientes: En su demanda de amparo, la quejosa Zepeda Hernández reclama el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 110/2014 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, todo lo actuado, como lo es la ejecución de la sentencia que se materializó en el remate de un bien inmueble de su propiedad; así como la emisión de la resolución de segunda instancia que confirmó la sentencia de primer grado, emitida por el Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito, en el toca 56/2020, afirmando no haber sido oída ni vencida en el juicio. Pues bien, los motivos que en esencia expone el tribunal federal declinante para no aceptar la competencia, se basa en un punto toral: -Se actualizó la figura de la jurisdicción escalonada, dado que por una parte se reclaman actos competencia de un juez de distrito (emplazamiento) cuyo estudio es preferente, y por otro lado, combate la sentencia de un tribunal unitario cuyo conocimiento correspondería a un Tribunal Colegiado; y que por ello, primero debe ser análisis de estudio el emplazamiento tildado de ilegal, que corresponde a un juez de distrito, y posteriormente de resultar inexistente o negarle el amparo, se estudiaría la resolución de segunda instancia por el tribunal competente. Y para ello, funda su decisión en la siguiente jurisprudencia aplicada por identidad jurídica sustancia que dice: Registro digital: 164073, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Laboral, Tesis: P./J. 70/2010, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Agosto de 2010, página 9, Tipo: Jurisprudencia EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto. Empero, este órgano de control constitucional estima que no se surte la competencia a favor de este juzgado para conocer de la demanda de amparo, en virtud que el acto reclamado versa en materia mercantil, donde las instancias jurisdiccionales antes de acudir a solicitar el amparo, son dos, y si bien la quejosa reclama el emplazamiento al controvertido de origen, lo cierto es que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 216/2009, determinó que para efectos del juicio de amparo indirecto, la autoridad que en apelación resolvió sobre la sentencia de primera instancia en el juicio del que emana el emplazamiento que se combate por la vía biinstancial de amparo como tercero extraño por equiparación, también tiene al carácter de responsable, al haber intervenido en actos posteriores al emplazamiento. Así, en la referida tesis jurisprudencia el máximo tribunal del país explica que a la autoridad de segunda instancia le reviste el carácter de responsable, toda vez que al tercero extraño por equiparación no sólo le afecta el ilegal emplazamiento a juicio sino también las determinaciones posteriores a éste, las cuales fueron tomadas durante todo el procedimiento como consecuencia de no haber sido legalmente emplazado; jurisprudencia que es del rubro y texto siguiente: En ese tenor, resulta que si efectivamente el emplazamiento del cual se duele la quejosa debe ser analizado en vía preferente en el juicio de amparo, también lo es que la autoridad que conoció de la apelación contra la sentencia de primer grado tiene carácter de responsable para efectos del juicio de amparo indirecto, respecto del emplazamiento en el juicio natural de primera instancia. Y en el presente caso, resulta que la autoridad que la quejosa señaló como responsable de resolver la resolución en apelación la sentencia de primera instancia de donde emana el emplazamiento reclamado, lo es el Magistrado del Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito, sobre el cual este juzgado de distrito no tiene competencia para conocer de sus actos por razón de grado, de acuerdo al artículo 36 de la Ley de Amparo. En efecto, el ordinal 36 de la ley de la materia expone que contra actos de los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán otros tribunales de la misma naturaleza. Luego entonces, al reclamar la quejosa el emplazamiento a un juicio ejecutivo mercantil, además de la resolución de segunda instancia emitida por el Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito, que en apelación resolvió sobre la sentencia emitida en dicho controvertido de primer grado; resulta que conforme al numeral 36 de la Ley de Amparo y a la jurisprudencia 1a./J. 13/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponde a un tribunal unitario de circuito conocer respecto de la demanda de amparo indirecto promovida por María de Lourdes Zepeda Hernández, pues el tribunal unitario responsable tiene ese carácter al reclamarse también el emplazamiento. Por ello, este juzgado federal estima que contrario a lo que consideró el tribunal declinante, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo por razón de grado, por las razones explicadas en líneas precedentes. Y al no surtirse la competencia legal a favor de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito no acepta la competencia planteada. En consecuencia, con fundamento en el citado numeral 48 de la ley de la materia, devuélvanse los autos de este juicio de amparo, previo cuadernillo que se forme con las constancias del expediente, al Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, a efecto de lo que a bien tenga a resolver. Sin que haya lugar a resolver sobre la suspensión pedida por la quejosa, en virtud que los actos reclamados no se trata de algunos de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Domicilio Ahora, toda vez que de autos se advierte que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el predio ubicado en la Avenida ..., de Tuxtla Gutiérrez Chiapas; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva notificar personalmente el contenido del presente proveído a la quejosa ...; y le prevenga para que en el término de tres días contados a partir de la notificación de este proveído, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones en este juicio, apercibido que de no hacerlo, con fundamento en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, las siguientes notificaciones que deban ser personales se le harán por medio de lista, la que se fijará en los estrados de este Juzgado Cuarto de Distrito y/o realice las recomendaciones señaladas en el párrafo de cuestiones previas del presente acuerdo; y hecho lo anterior se sirva devolver todo lo actuado a la brevedad posible. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en los artículo 61, 67 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 27, fracción II y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se habilita al Secretario del juzgado que da la cuenta correspondiente para que en uso de su firma electrónica envíe el exhorto de referencia sin necesidad de que se haga uso de la firma de la Titular de éste juzgado por economía procesal y mayor celeridad al asunto, aunado a que no existe disposición legal que así lo obligue para que tenga validez plena la citada comunicación oficial, y por el contrario, existe la designación referida de la Juez a la Secretaria del Juzgado para tales efectos, lo cual sí prevé la codificación citada; aunado a que en el exhorto de mérito se deberá agregar la imagen relativa al presente acuerdo donde conste claramente la firma de la Juez que autoriza el mismo. En el entendido de que de haber alguna imposibilidad técnica para el envío adecuado del exhorto por la vía electrónica, desde este momento se autoriza para que previa certificación de ello, y sin ulterior acuerdo se remita el exhorto por vía ordinaria, en aras de no paralizar el procedimiento en contravención de lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. Autorizados. Se tiene como autorizado de la parte quejosa a ..., en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que la presente demanda versa en materia civil y acreditaron encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, al estar registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Medios electrónicos. Por otra parte, tomando en consideración que a partir de la expedición de la Ley de Amparo vigente, el legislador incluyó en el trámite del juicio de amparo, la utilización de los avances de la ciencia, es decir, que el trámite del juicio de amparo podrá hacerse vía electrónica, lo que denota la apertura a las innovaciones tecnológicas, aunado a que las partes y sus autorizados tienen derecho a que se les expidan las copias que soliciten, y en aras de una administración pronta y expedita de la justicia en términos del artículo 17 constitucional, este Tribunal Federal no tiene inconveniente alguno de que la parte quejosa y las personas autorizadas en el presente juicio, obtenga la reproducción de actuaciones judiciales que obren en el expediente, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica, ante la presencia del secretario a cuyo cargo se encuentra el trámite de este asunto. Apoya a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009. Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Transparencia Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". Expediente electrónico Asimismo, conforme al acuerdo que establece los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de octubre de dos mil catorce, se ordena efectuar la digitalización electrónica del presente juicio de amparo en el que se actúa, respecto a las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que, al efecto, integren el mismo. Notificaciones a las autoridades vía electrónica Ahora bien, como el indicado Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dispone en sus artículos 12, 13 y 14 que el objetivo de la modalidad de juicio de amparo en línea consiste en evitar la práctica de las notificaciones personales, dado el estado de contingencia sanitaria que actualmente se vive, y el aprovechamiento de los adelantos tecnológicos para evitar ese contacto físico, se ordena notificar a las autoridades responsables, vía oficio que se remita al correo electrónico de éstas, desde el similar institucional de este órgano de control constitucional. Para ello, se requiere a las autoridades responsables el correspondiente acuse de recibo de la fecha y hora en que recibieron el correo electrónico antes referido, además se requiere a las autoridades responsables rindan sus aludidos informes dentro del plazo concedido. Por otro lado, conforme el acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, que determinó el inicio de labores de este órgano jurisdiccional, con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19); por ese motivo, se exhorta a las partes: A que obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. En el caso de las autoridades responsables, aunque se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, se les requiere para que proporcionen a este Juzgado una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional (4jdo14cto@correo.cjf.gob.mx) en formato PDF. Lo que de ningún modo sustituye la facultad de este Juzgado de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. A que en su primera comparecencia luego de la reactivación de este juicio, proporcionen los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o móviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea; pues ante los retos que se presentan al levantar la suspensión de labores mientras todavía se encuentran vigentes medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19, ha sido la postura de este Poder Judicial de la Federación, lograr una pronta y adecuada impartición de justicia, lo que implica mejorar el flujo de comunicación entre las partes y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos. A tener en cuenta que, conforme al acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el acceso al órgano jurisdiccional para la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringido; de modo que su asistencia al local que ocupa este Juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA I.- Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Se agrega el oficio del Secretario del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual informa que declinó competencia para conocer del juicio de amparo promovido por ..., a favor de un Juzgado de Distrito con residencia en el estado de Yucatán. Fórmese expediente tanto físico como electrónico. Regístrese con el número 722/2021-I del índice de este órgano de control constitucional. Una vez realizado lo anterior, y analizados tanto la demanda de amparo como el auto por el cual el tribunal federal declinante se declara incompetente, este órgano de amparo estima que debe rechazarse la declinación, con fundamento en el ordinal 48 de la Ley de Amparo. Las razones son las siguientes: En su demanda de amparo, la quejosa Zepeda Hernández reclama el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 110/2014 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, todo lo actuado, como lo es la ejecución de la sentencia que se materializó en el remate de un bien inmueble de su propiedad; así como la emisión de la resolución de segunda instancia que confirmó la sentencia de primer grado, emitida por el Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito, en el toca 56/2020, afirmando no haber sido oída ni vencida en el juicio. Pues bien, los motivos que en esencia expone el tribunal federal declinante para no aceptar la competencia, se basa en un punto toral: -Se actualizó la figura de la jurisdicción escalonada, dado que por una parte se reclaman actos competencia de un juez de distrito (emplazamiento) cuyo estudio es preferente, y por otro lado, combate la sentencia de un tribunal unitario cuyo conocimiento correspondería a un Tribunal Colegiado; y que por ello, primero debe ser análisis de estudio el emplazamiento tildado de ilegal, que corresponde a un juez de distrito, y posteriormente de resultar inexistente o negarle el amparo, se estudiaría la resolución de segunda instancia por el tribunal competente. Y para ello, funda su decisión en la siguiente jurisprudencia aplicada por identidad jurídica sustancia que dice: Registro digital: 164073, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Laboral, Tesis: P./J. 70/2010, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Agosto de 2010, página 9, Tipo: Jurisprudencia EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto. Empero, este órgano de control constitucional estima que no se surte la competencia a favor de este juzgado para conocer de la demanda de amparo, en virtud que el acto reclamado versa en materia mercantil, donde las instancias jurisdiccionales antes de acudir a solicitar el amparo, son dos, y si bien la quejosa reclama el emplazamiento al controvertido de origen, lo cierto es que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 216/2009, determinó que para efectos del juicio de amparo indirecto, la autoridad que en apelación resolvió sobre la sentencia de primera instancia en el juicio del que emana el emplazamiento que se combate por la vía biinstancial de amparo como tercero extraño por equiparación, también tiene al carácter de responsable, al haber intervenido en actos posteriores al emplazamiento. Así, en la referida tesis jurisprudencia el máximo tribunal del país explica que a la autoridad de segunda instancia le reviste el carácter de responsable, toda vez que al tercero extraño por equiparación no sólo le afecta el ilegal emplazamiento a juicio sino también las determinaciones posteriores a éste, las cuales fueron tomadas durante todo el procedimiento como consecuencia de no haber sido legalmente emplazado; jurisprudencia que es del rubro y texto siguiente: En ese tenor, resulta que si efectivamente el emplazamiento del cual se duele la quejosa debe ser analizado en vía preferente en el juicio de amparo, también lo es que la autoridad que conoció de la apelación contra la sentencia de primer grado tiene carácter de responsable para efectos del juicio de amparo indirecto, respecto del emplazamiento en el juicio natural de primera instancia. Y en el presente caso, resulta que la autoridad que la quejosa señaló como responsable de resolver la resolución en apelación la sentencia de primera instancia de donde emana el emplazamiento reclamado, lo es el Magistrado del Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito, sobre el cual este juzgado de distrito no tiene competencia para conocer de sus actos por razón de grado, de acuerdo al artículo 36 de la Ley de Amparo. En efecto, el ordinal 36 de la ley de la materia expone que contra actos de los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán otros tribunales de la misma naturaleza. Luego entonces, al reclamar la quejosa el emplazamiento a un juicio ejecutivo mercantil, además de la resolución de segunda instancia emitida por el Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito, que en apelación resolvió sobre la sentencia emitida en dicho controvertido de primer grado; resulta que conforme al numeral 36 de la Ley de Amparo y a la jurisprudencia 1a./J. 13/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponde a un tribunal unitario de circuito conocer respecto de la demanda de amparo indirecto promovida por María de Lourdes Zepeda Hernández, pues el tribunal unitario responsable tiene ese carácter al reclamarse también el emplazamiento. Por ello, este juzgado federal estima que contrario a lo que consideró el tribunal declinante, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo por razón de grado, por las razones explicadas en líneas precedentes. Y al no surtirse la competencia legal a favor de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito no acepta la competencia planteada. En consecuencia, con fundamento en el citado numeral 48 de la ley de la materia, devuélvanse los autos de este juicio de amparo, previo cuadernillo que se forme con las constancias del expediente, al Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, a efecto de lo que a bien tenga a resolver. Sin que haya lugar a resolver sobre la suspensión pedida por la quejosa, en virtud que los actos reclamados no se trata de algunos de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Domicilio Ahora, toda vez que de autos se advierte que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el predio ubicado en la Avenida ..., de Tuxtla Gutiérrez Chiapas; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva notificar personalmente el contenido del presente proveído a la quejosa ...; y le prevenga para que en el término de tres días contados a partir de la notificación de este proveído, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones en este juicio, apercibido que de no hacerlo, con fundamento en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, las siguientes notificaciones que deban ser personales se le harán por medio de lista, la que se fijará en los estrados de este Juzgado Cuarto de Distrito y/o realice las recomendaciones señaladas en el párrafo de cuestiones previas del presente acuerdo; y hecho lo anterior se sirva devolver todo lo actuado a la brevedad posible. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en los artículo 61, 67 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 27, fracción II y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se habilita al Secretario del juzgado que da la cuenta correspondiente para que en uso de su firma electrónica envíe el exhorto de referencia sin necesidad de que se haga uso de la firma de la Titular de éste juzgado por economía procesal y mayor celeridad al asunto, aunado a que no existe disposición legal que así lo obligue para que tenga validez plena la citada comunicación oficial, y por el contrario, existe la designación referida de la Juez a la Secretaria del Juzgado para tales efectos, lo cual sí prevé la codificación citada; aunado a que en el exhorto de mérito se deberá agregar la imagen relativa al presente acuerdo donde conste claramente la firma de la Juez que autoriza el mismo. En el entendido de que de haber alguna imposibilidad técnica para el envío adecuado del exhorto por la vía electrónica, desde este momento se autoriza para que previa certificación de ello, y sin ulterior acuerdo se remita el exhorto por vía ordinaria, en aras de no paralizar el procedimiento en contravención de lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. Autorizados. Se tiene como autorizado de la parte quejosa a ..., en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que la presente demanda versa en materia civil y acreditaron encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, al estar registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Medios electrónicos. Por otra parte, tomando en consideración que a partir de la expedición de la Ley de Amparo vigente, el legislador incluyó en el trámite del juicio de amparo, la utilización de los avances de la ciencia, es decir, que el trámite del juicio de amparo podrá hacerse vía electrónica, lo que denota la apertura a las innovaciones tecnológicas, aunado a que las partes y sus autorizados tienen derecho a que se les expidan las copias que soliciten, y en aras de una administración pronta y expedita de la justicia en términos del artículo 17 constitucional, este Tribunal Federal no tiene inconveniente alguno de que la parte quejosa y las personas autorizadas en el presente juicio, obtenga la reproducción de actuaciones judiciales que obren en el expediente, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica, ante la presencia del secretario a cuyo cargo se encuentra el trámite de este asunto. Apoya a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009. Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Transparencia Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". Expediente electrónico Asimismo, conforme al acuerdo que establece los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de octubre de dos mil catorce, se ordena efectuar la digitalización electrónica del presente juicio de amparo en el que se actúa, respecto a las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que, al efecto, integren el mismo. Notificaciones a las autoridades vía electrónica Ahora bien, como el indicado Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dispone en sus artículos 12, 13 y 14 que el objetivo de la modalidad de juicio de amparo en línea consiste en evitar la práctica de las notificaciones personales, dado el estado de contingencia sanitaria que actualmente se vive, y el aprovechamiento de los adelantos tecnológicos para evitar ese contacto físico, se ordena notificar a las autoridades responsables, vía oficio que se remita al correo electrónico de éstas, desde el similar institucional de este órgano de control constitucional. Para ello, se requiere a las autoridades responsables el correspondiente acuse de recibo de la fecha y hora en que recibieron el correo electrónico antes referido, además se requiere a las autoridades responsables rindan sus aludidos informes dentro del plazo concedido. Por otro lado, conforme el acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, que determinó el inicio de labores de este órgano jurisdiccional, con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19); por ese motivo, se exhorta a las partes: A que obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. En el caso de las autoridades responsables, aunque se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, se les requiere para que proporcionen a este Juzgado una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional (4jdo14cto@correo.cjf.gob.mx) en formato PDF. Lo que de ningún modo sustituye la facultad de este Juzgado de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. A que en su primera comparecencia luego de la reactivación de este juicio, proporcionen los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o móviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea; pues ante los retos que se presentan al levantar la suspensión de labores mientras todavía se encuentran vigentes medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19, ha sido la postura de este Poder Judicial de la Federación, lograr una pronta y adecuada impartición de justicia, lo que implica mejorar el flujo de comunicación entre las partes y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos. A tener en cuenta que, conforme al acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el acceso al órgano jurisdiccional para la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringido; de modo que su asistencia al local que ocupa este Juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación). NOTIFÍQUESE.

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