María de Lourdes Valdez Fernández

Expediente 871/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
871/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
09/03/2022

Partes del expediente

  • María de Lourdes Valdez Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado de autos y la copia certificada de la ejecutoria de veinticinco de febrero del año en curso, emitida en el recurso de reclamación 1/2022, interpuesto por María de Lourdes, Martha Alicia y Jaime, todos de apellidos Valdez Fernández, mismo que se desechó por extemporáneo, en contra del auto de presidencia de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo directo 871/2021. en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 202 y 214 de la Ley de Amparo, y al no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es DESTRUIBLE y carece de relevancia documental, por no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del acuerdo citado.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio de cuenta, de la Presidenta de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, conjuntamente con la Secretaria de Acuerdos y Amparos; en atención al mismo, téngasele acusando recibo de lo que refiere para los efectos legales a que haya lugar. En tal virtud, resérvese de acordar lo que en derecho proceda, hasta en tanto la Superioridad se pronuncie respecto del recurso de reclamación 1/2022, relacionado con este asunto.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que el término de tres días previsto en el párrafo segundo del artículo 104 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que María de Lourdes, Martha Alicia y Jaime, todos de apellidos Valdez Fernández, hayan impugnado la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, por la cual este tribunal desechó de plano la demanda de amparo promovida en contra del acto reclamado a la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, consistente en la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 424/2019; en consecuencia, se tiene por consentida dicha resolución. En tal virtud, devuélvanse el toca aludido y el expediente 612/2015, a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio de cuenta, con copia autógrafa, de la Presidenta de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 6116/2021, con el que, en cumplimiento al requerimiento de diecinueve de noviembre pasado, remite original y dos copias de la demanda de garantías; constancias de emplazamiento; diversas comunicaciones 817/2021, con copia autógrafa; 3111/2021 y 3112/2021, con los cuales la autoridades responsables rinden sus respectivos informes justificados; así como los autos del toca civil 424/2019 y expediente 612/2015; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente físico, y con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a los secretarios, actuarios y oficiales judiciales correspondientes, y demás encargados de la digitalización de constancias, a realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y la correspondiente resolución que, en su caso, se emita. Acúsese recibo. Ahora bien, el suscrito advierte, que respecto de la demanda de amparo promovida por María de Lourdes, Martha Alicia y Jaime, todos de apellidos Valdez Fernández, en contra de la resolución de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca civil 424/2019, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 62, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es oficioso y aun preferente, por ser una cuestión de orden público. Primeramente cabe apuntar, que el ordinal 17 de la ley de la materia, establece como término para la interposición del juicio constitucional, quince días, los cuales se computarán de acuerdo a lo que dispone el diverso numeral 18, que textualmente refiere lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". De lo anterior se deduce, que dicho término debe contarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rige, o a aquél en que haya tenido conocimiento o sabedor del acto reclamado; es decir, para realizar el cómputo mencionado en el caso a estudio, la ley aplicable resulta ser el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, ya que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, emitida por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, Hidalgo, en los autos del toca civil 424/2019; toda vez que la notificación del acto reclamado fue realizada al impetrante personalmente el veinte de octubre del año en curso. Bajo ese orden de ideas, y toda vez que la notificación del acto reclamado surtió sus efectos el veintiuno siguiente, el término de quince días para la presentación de la demanda de derechos transcurrió del veintidós de octubre al dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, descontando como inhábiles los días veintitrés, veinticuatro treinta y treinta y uno de octubre; uno, dos, seis, siete, trece, catorce y quince de noviembre del año que corre; por lo tanto, si el libelo constitucional fue presentado ante la autoridad responsable hasta el dos veintidós de noviembre de dos mil veintiuno (como se advierte del sello de recibido visible en el acuse al oficio 7528, del índice de este órgano federal), es inconcuso que el mismo es extemporáneo, razón por la cual el acto reclamado fue tácitamente consentido por la parte aquí quejoso, amén de que no se encuentra en ninguno de los casos de excepción enumerados en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En mérito de lo anterior, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por María de Lourdes, Martha Alicia y Jaime, todos de apellidos Valdez Fernández, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial 2a. I/2018 (10a.), sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 531, del Libro 50, enero de 2018, Tomo I, materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto rezan: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PRESENTADA ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA RESPONSABLE. EL ARTÍCULO 176, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, AL SEÑALAR QUE ELLO NO INTERRUMPE LOS PLAZOS QUE PARA SU PROMOCIÓN ESTABLECE LA LEY, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. El precepto citado, al prever que la presentación de la demanda de amparo directo ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos para su promoción, no viola el derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que contiene una formalidad constitucionalmente razonable, ya que ese requisito procesal atiende a razones de seguridad jurídica, pues precisamente con esa enunciación legislativa expresa se dota al justiciable de certeza legal respecto a las consecuencias jurídicas que le depara presentarla ante una autoridad distinta de la responsable. Asimismo, la aludida ininterrupción del plazo para accionar dicho medio de control constitucional responde a las exigencias de una correcta y eficiente administración de justicia, en tanto tiende a evitar que las demandas de amparo se interpongan, sin consecuencia alguna, ante cualesquiera autoridades del Estado, teniendo que remitir éstas, a su vez, los escritos a las autoridades que estimen competentes, con las dificultades y cargas presupuestarias operacionales que de ello deriven, generando un escenario de mayor incertidumbre jurídica a los gobernados en detrimento de la adecuada funcionalidad y operabilidad del juicio de amparo. Finalmente, esa formalidad procedimental no resulta excesiva ni desproporcionada pues, en todo caso, la consecuencia jurídica de no tener por interrumpido el plazo de 15 días para presentarla deriva de circunstancias estrictamente imputables al propio justiciable, quien tiene la carga procedimental mínima y básica de depositarla ante la propia autoridad que emitió la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que puso fin al juicio o procedimiento seguido en forma de juicio.". De igual forma sustenta lo anterior, la jurisprudencia 18/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, materia Común, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO. Del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 5/95, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 1995, página 40, se desprende que para determinar la oportunidad en la presentación de una demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo respectivo, los días hábiles en que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento haya suspendido labores, ya que sólo deben excluirse los días que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan como inhábiles, aunque los haya laborado la autoridad responsable y los días en que no haya laborado la autoridad responsable. No es óbice a lo antes expuesto lo previsto en el artículo 26 de la ley de la materia, en el sentido de que no se computarán los días hábiles no laborados por el juzgado o el tribunal en que deban hacerse las promociones, toda vez que tal disposición debe entenderse referida únicamente a los días hábiles en que la autoridad responsable haya suspendido sus labores, en tanto que es a ésta a la que le corresponde recibir la demanda de garantías por disposición expresa del artículo 163 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.". Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j), y III, de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo a las partes para su conocimiento. Como lo solicita la parte quejosa, después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizaron los nombres de usuario "CARLOSPRATT", "CARLA_PRATT" y "LIZLUCARIO", correspondientes a Carlos Jaime Pratt Straffon, Carla Pratt Corzo y Lizbeth Lucario Villanueva, respectivamente; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3º de Ley de Amparo; y los Capítulos Cuarto, Sección Tercera, y Quinto, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consultas del expediente vía internet y la práctica de notificaciones electrónicas; en la inteligencia de que dicha autorización surtirá efectos únicamente para este expediente. Y dada la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, en términos del artículo 5º, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; y para no contravenir lo establecido en el artículo 17 Constitucional; téngase el correo electrónico proporcionado únicamente como comunicación, sin que ello sea motivo de tomarse en cuenta como medio para notificación alguna. En su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en los artículos 1º, 3º, 9º, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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