Maria de Lourdes Uribe Rizo

Expediente 644/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
644/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
01/09/2021

Partes del expediente

  • Maria de Lourdes Uribe Rizo
  • MARIA DE LOURDES URIBE RIZO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio procedente del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa que se avocó al conocimiento de la demanda; de lo que el suscrito queda enterado para los efectos legales conducentes. Archívese el presente cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente asunto, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el expediente integrado en la versión impresa coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual la actuaria adscrita a este juzgado, manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal al tercero interesado ..., la resolución engrosada de veintinueve de julio de este año; en consecuencia, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA la sentencia aludida, este auto y los subsecuentes, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. LA RESOLUCIÓN ENGROSADA EL VEINTINUIEVE DE JULIO DE ESTE AÑO, SEÑALA: "V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 225/2020, promovido por ... contra actos de la Séptima Sala y Juez Vigésimo, ambos de lo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El tres de marzo de dos mil veinte, se ordenó separar la demanda que motivó el juicio de amparo 156/2020 de este índice, para conocer independientemente de la resolución que originó este asunto; por lo cual se recibió de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, la demanda donde la empresa quejosa solicitó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus garantías tuteladas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, consistentes en: "...la emisión de las siguientes sentencias.veintiuno (21) de enero de dos mil veinte (2020) que resolvió el Toca 1153/2019-12." Segundo. Admisión. Previo desahogo de prevención, el diecisiete de marzo posterior, se admitió la acción constitucional; se requirió informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; y dio intervención a la fiscal federal adscrita. Tercero. Trámite. Se rindieron los informes de ley; la parte tercera interesada fue emplazada; la representante social adscrita no formuló pedimento; finalmente, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este juzgador es legalmente competente para resolver este juicio de garantías, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Federal; 54, párrafo primero, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto, promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza civil, seguido ante un tribunal del orden común, con jurisdicción dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Acorde al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La sentencia de veintiuno de enero de dos mil veinte, dictada en el toca 1153/2019-12, por la Séptima Sala Civil de la Ciudad de México, que confirmó el auto de seis de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio especial hipotecario 515/2010, por el Juez Vigésimo Civil de la Ciudad de México, donde se reconoció a la moral quejosa como causahabiente de la demandada. La ejecución de dicha determinación. Tercero. Existencia. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con el informe rendido en sentido afirmativo por la sala responsable, como se corrobora de las constancias certificadas remitidas, de pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Tiene apoyo la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, visible en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, el juzgador responsable, negó el acto que se le reclamó; sin embargo, al haber aceptado la ordenadora es claro que la ejecución debe tenerse por cierta. Sirve de apoyo la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, página 56, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO". Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados: I. El veintiséis de octubre de dos mil doce, se dictó la resolución correspondiente al toca 744/2012, donde la Séptima Sala Civil de esta Ciudad, confirmó la sentencia definitiva de primero de marzo anterior, emitida por el juez Vigésimo Civil de esta Ciudad, conforme a los siguientes puntos resolutivos: "R E S U E L V E PRIMERO.- Ha procedido la vía especial hipotecaria, en que la parte actora sociedad mercantil denominada ... probó su acción y la parte demandada persona jurídica denominada ... no acreditó sus excepciones. SEGUNDO.- En consecuencia, se condena a la demandada a pagar a la parte actora la cantidad de $29´791,230.24 (VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 24/100 M.N.) por concepto de saldo del crédito, dentro del término de cinco días siguientes a que la presente resolución cause ejecutoria o legalmente sea ejecutable. TERCERO.- Se condena a la demandada a pagar a la actora la cantidad de al pago (sic) de la cantidad de $805,263.63 (OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N.) por concepto de intereses ordinarios generados al catorce de enero de dos mil diez, lo que deberá realizar dentro del término de cinco días siguientes a que la presente resolución cause ejecutoria o legalmente sea ejecutable, más los que se sigan generado hasta la total solución del presente asunto, que serán calculados a razón de aplicar sobre la cantidad sentenciada, la tasa anual que resulte de multiplicar por dos punto cinco puntos porcentuales la tasa TIIE a veintiocho días. CUARTO.- Se condena a la demandada a pagar a la parte actora la cantidad de $521,794.64 (QUINIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.) por concepto de intereses moratorios generados al diecinueve de marzo del dos mil diez, lo que deberá realizar dentro del término de cinco días siguientes a que la presente resolución cause ejecutoria o legalmente sea ejecutable, más lo que se sigan generando hasta la total solución del presente asunto, que se calcularán a razón de multiplicar por cero punto cinco la tasa ordinaria, sobre la cantidad sentenciada, mismos que se cuantificaran en ejecución de sentencia previo incidente correspondiente. QUINTO.- En caso de no efectuarse el pago dentro del término concedido a la parte demandada, deberá procederse a la realización del inmueble hipotecado en términos de lo dispuesto por el artículo (sic) 686 y 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en relación con el 2916 del Código Civil para el Distrito Federal, previa satisfacción de requisitos establecidos en los citados preceptos de ley. SEXTO.- Se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora las costas, las cuales serán cuantificadas en ejecución de sentencia, conforme al arancel vigente a la fecha de ésta resolución. (...)" II. En ejecución de sentencia, el veintisiete de mayo de dos mil trece, se tuvieron por exhibidos quince certificados de gravámenes de igual número de avalúos de los bienes materia del litigio. III. La resolución interlocutoria de once de julio de dos mil trece, aprobó el incidente de liquidación de intereses ordinarios y moratorios que condenó a la demandada a pagar $7´449,917.77 (siete millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos diecisiete pesos 77/100 moneda nacional), y $3´528,539.51 (tres millones quinientos veintiocho mil quinientos treinta y nueve pesos 51/100 moneda nacional), respectivamente. IV. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, se aprobó la cesión de derechos litigiosos a favor de la sociedad denominada ... V. El nueve de noviembre de dos mil quince, se proveyó la cesión de derechos litigiosos y tuvo como cesionario a ... VI. El cinco de octubre de dos mil dieciséis, fue instado un incidente de división en forma equitativa de la hipoteca constituida sobre el ... donde litigaron las siguientes prestaciones: "1. La división en forma equitativa de la hipoteca constituida el departamento número ochocientos uno (801) del edificio ubicado en ... que es de mi propiedad, por haberse reducido la obligación que garantiza la hipoteca. 2. La declaración judicial consistente en que la cantidad que se determine en el presente incidente es apta para redimir el gravamen que pesa sobre el inmueble de mi propiedad. (...)" De lo anterior recayó el auto de seis de octubre de dos mil dieciséis, que dice: "Ciudad de México, a seis de octubre de dos mil dieciséis. (...) Agréguese al tomo II del expediente, el escrito de cuenta de la C. ... tercera ajena al juicio sin lugar a dar trámite ya que el presente asunto ha concluido con sentencia definitiva de fecha uno de marzo de dos mil doce, confirmada por la Segunda instancia con fecha veintiséis de octubre de dos mil doce, y el incidente propuesto no tiene relación con la ejecución de sentencia, por lo que deberá estarse a lo previsto por el artículo 468 del código de procedimientos civiles para la Ciudad de México reservando sus derechos para que los haga valer en la vía y forma procedente. (...)" VII. El cuatro de octubre de dos mil diecisiete, la inmobiliaria quejosa solicitó la remisión de la deuda sobre los departamentos ochocientos tres y ciento dos, del edificio ubicado en la ... para lo cual exhibió diversos valores que en su concepto constituían el precio de liberación. Para acreditar su pretensión, la quejosa exhibió reproducción de la sentencia dictada el cinco de abril de dos mil diecisiete, por el Juez Primero Civil de la Ciudad de México en el juicio ordinario mercantil 772/2016, seguido contra la moral ... que en lo relativo condenó a esta última a otorgar y firmar a favor de la impetrante, la escritura pública de compraventa de los citados bienes. A lo cual recayó el auto de seis de octubre de dos mil diecisiete, que en lo que es atinente al presente asunto, dice: "(...) Agréguese al Tomo IV del expediente 515/10 el escrito del apoderado de ... en términos de la copia certificada del instrumento notarial 87, a quien se le reconoce el carácter de causahabiente de la parte demandada, en virtud de las copias certificadas anexas a la sentencia definitiva firme dictada en el juicio de otorgamiento y firma de escritura seguido ante el Juzgado Primero de lo Civil de este Tribunal, en contra de la parte aquí demandada, en virtud de las copias certificadas anexas de la sentencia definitiva firme dictada en el juicio de otorgamiento y firma de escritura seguido ante el Juzgado Primero de lo Civil de este Tribunal, en contra de la aquí demandada. (...) Dicha determinación fue objeto de aclaración en auto de diez de octubre siguiente, para quedar en la parte conducente en los siguientes términos: "...se deja sin efectos la vista ordenada en el auto de mérito a favor de la parte actora, tomando en consideración que los billetes de depósito ."; ".exhibidos por la moral ... que corresponde al valor de liberación de los departamentos 102 y 803 del inmueble ubicado en ... según la escritura 15,775 que obra glosada de la foja 131 a la 207 del tomo en que se actúa; en consecuencia con fundamento en el artículo 2912 del Código Civil, quedan redimidos del gravamen, por pago de la parte del crédito que garantizan; por lo que deberá cancelarse las hipotecas." Inconforme, la quejosa interpuso recurso de apelación que fue sentenciado el veintiuno de enero de dos mil veinte en el toca 1153/2019-13 por la sala responsable, y en cuyos puntos resolutivos se lee: "R E S U E L V E: PRIMERO.- Ha resultado infundado el recurso de apelación interpuesto por ... por conducto de su mandatario judicial ... en consecuencia: SEGUNDO.- Se confirma el auto del seis de octubre de dos mil diecisiete dictado por la C. Juez Vigésimo de lo Civil de este Tribunal." Esta última determinación y su ejecución integran la materia de los actos reclamados. Quinto. Conceptos de violación, donde la parte quejosa alega: A) El acto reclamado contraviene las garantías previstas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en relación a los ordinales 2249, 2269 del Código Civil, 55, 81, 296, 327 fracción VIII y 403 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para la Ciudad de México, y 227 de la Ley de Amparo, por dejar de aplicar la jurisprudencia de rubro: "CAUSAHABIENCIA PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN." B) La sentencia reclamada cuestionó indebidamente la buena fe alegada por la quejosa, para actualizar la figura de la causahabiencia, a partir de la relación con la sociedad demandada en el proceso. Lo cual es incorrecto porque el departamento ciento dos se adquirió posteriormente a la fecha de fusión de los predios, donde se constituyó, además la escritura 15,775 de siete de diciembre de dos mil siete que contiene la constitución de la copropiedad y la partición del crédito hipotecario, no puede considerarse como fecha de existencia del inmueble, porque no se puede dividir lo que no existe. C) El dato objetivo a considerar es si al momento de celebrar los contratos con los cuales la quejosa adquirió los inmuebles relacionados, la vendedora podía disponer de ellos, o no, atendiendo a su situación registral. D) La sala responsable dejó de considerar que respecto del departamento ochocientos tres, se celebró una promesa de compraventa y un contrato de asociación en participación el dieciséis de noviembre de dos mil cinco, y adquirido posteriormente el quince de mayo de dos mil seis, y del ciento dos, mediante contrato de promesa de compraventa de quince de junio de dos mil siete, y su hipoteca se inscribió el tres de julio de dos mil ocho y el diecinueve de diciembre de dos mil siete, respectivamente, por lo cual la quejosa no podía conocer previamente de esa inscripción inexistente. Es decir, al momento de la adquisición de los departamentos la quejosa desconocía que la moral vendedora no podía disponer legalmente de ellos, al no existir anotación registral que así lo demostrara, por esto la impetrante es tercera adquirente de buena fe, y eso hace inaplicable la tesis invocada por la autoridad. E) Es incorrecto desatender la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimando la causahabiencia también se puede demostrar cuando el bien está inscrito en el Registro Público de la Propiedad, porque el único tema de ese criterio es que tal figura jurídica se presenta cuando el adquirente tenga conocimiento del juicio que recae sobre el bien adquirido. Los conceptos de violación son infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados pues integran temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada en la demanda, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. La Constitución Federal, entre las garantías que tutela en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para estar en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Federal en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto, y legalidad. Fundar envuelve el deber de la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad, en tanto que motivar se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Acorde a los hechos narrados por la quejosa y las alegaciones de derecho planteadas, se tiene que su pretensión es obtener el reconocimiento de adquirente de buena fe, de los departamentos 803 y 102, del edificio ubicado en ... Lo cual se alega al sostener que la compraventa de tales bienes se efectuó antes de que se formalizara la constitución del régimen de copropiedad y división del crédito hipotecario, de todo el inmueble y al cual estarían sujetos posteriormente. Además, que la operación onerosa opuesta fue efectuada previamente a la anotación registral de la hipoteca que pesa sobre el inmueble, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, por lo cual, concluye, que al haberse vinculado al derecho real en un momento en que registralmente no pesaban anotaciones sobre él, tampoco se le puede imponer una regla de conocimiento de actos de esa naturaleza, en todo caso, se le debe aplicar una diversa conforme a la disponibilidad que debe demostrar el vendedor, y le pueda atribuir las consecuencias de la obligación actual que pesa en el bien. Por su parte, la autoridad desestimó la apelación a la constitución del adquirente de buena fe, para vincularlo al proceso como causahabiente, conforme a las siguientes consideraciones: Acorde a la sentencia de cinco de abril de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ordinario mercantil 772/2016 por el Juez Primero Civil de la Ciudad de México, seguido por ... contra ... se juzgó sobre la acción de cumplimiento del contrato, para formalizar los acuerdos de voluntades, sin analizar sobre los elementos esenciales que afectaran algún derecho de propiedad o posesión, porque no fue tema contencioso, como tampoco lo fueron los gravámenes constituidos. Tal fallo únicamente tuvo como objeto dar formalidad a los contratos de compraventa celebrados sin ésta, no generar un elemento de la acción o demostración de propiedad, por ello no tienen eficacia para destruir la hipoteca que pesa en los departamentos 803 y 102, porque en la escritura que constituyó la copropiedad y la división hipotecaria, se hizo constar la adquisición del lote de terreno respectivo; así como la adquisición de una fracción de terreno más y su fusión. En el caso, se ejerció una acción real derivado de la hipoteca que pesa en el inmueble que comprende los departamentos defendidos por la apelante (803 y 102), sujetos a régimen condominal, para garantizar el ejercicio del demandante a reclamar o hacer valer un derecho sobre la cosa. La acción es independiente de las obligaciones personales que la enjuiciada hubiere pactado con terceros, y que no estuvieren inscritos registralmente, y que por esa causa no puedan ser oponibles a la acreedora. Aunque la moral ... demostrara la compraventa de los departamentos citados, el dieciséis de noviembre de dos mil cinco, modificado el quince de mayo de dos mil seis y quince de junio de dos mil siete, respectivamente, se actualiza la causahabiencia por la estrecha relación de ésta con la sociedad demandada y ejecutada como causante, en mérito de la transmisión de la propiedad litigiosa. Aunque la apelante sustente su derecho de propiedad en actos jurídicos anteriores a la instauración del juicio especial hipotecario de origen, alegando desconocimiento de cualquier gravamen o limitación sobre ellos a la fecha de adquirir los departamentos en litigio, lo cierto es que cuando los adquirió no formaban parte del inmueble propiedad de la demandada, de modo que hasta el siete de diciembre de dos mil siete que se constituyó la copropiedad y se dividió la hipoteca, se tiene certeza de la existencia de los departamentos. Se actualiza la figura de la causahabiencia y el argumento del desconocimiento del juicio instaurado contra quien vendió a la recurrente, se supera con la hipoteca que pesa sobre el bien, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, y suponer lo contrario haría nugatorio el derecho decidido en la sentencia, llegando al extremo de que el acreedor tuviera que enfrentar en juicio y en ejecución, a sucesivos adquirentes bajo el argumento de ser compradores de buena fe. La buena fe se actualiza cuando aquel que no ha intervenido en un acto o contrato, y tiene un derecho adquirido por título oneroso amparado por una inscripción, y si en el caso no se demostró esta última implican consecuencias sólo para los celebrantes, y por eso debe quedar vinculada al resultado de la ejecución. La jurisprudencia invocada apoya las conclusiones, porque el carácter de causahabiente no solo se actualiza cuando se entabla una demanda, sino también cuando el bien está sujeto a un gravamen inscrito en el Registro Público de la Propiedad, como también se analizó en dicho precedente judicial. Sobre esa base, el problema jurídico a resolver consiste en determinar los elementos constitutivos de la figura jurídica del adquirente de buena fe, la relevancia de la inscripción registral, y su relación con la causahabiencia, en el contexto de la adquisición de un bien. Como se adelantó, no asiste la razón a la empresa quejosa. Ahora, el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria tiene por objeto dar estabilidad, así como seguridad jurídica al derecho de propiedad sobre bienes inmuebles, ya que su función es dar a conocer la verdadera situación jurídica de un inmueble, tanto respecto del derecho de propiedad, como de las cargas o derechos reales que pueda reportar, con la finalidad de impedir fraudes en las enajenaciones y gravámenes sobre inmuebles. La función registral está sujeta a diversos principios, como lo es el principio de fe pública, que parte de la premisa de que las inscripciones inmobiliarias gozan de una presunción de veracidad, la cual beneficia a los terceros de buena fe, otorga certeza y seguridad jurídica sobre la titularidad de los bienes y su transmisión. Por lo anterior, si bien es cierto que las inscripciones de los actos jurídicos en el Registro Público de la Propiedad tienen efectos declarativos, y no constitutivos, y por tanto, el derecho de propiedad no se crea u origina a raíz de su inscripción en el Registro Público, sino que dicha inscripción tiene sólo el efecto de darle publicidad a un derecho ya existente, también es cierto que excepcionalmente puede darse el caso de que la legitimidad en la adquisición no emane del título de propiedad del vendedor, sino de la fe pública registral. El principio de la fe pública registral protege al tercero de buena fe, que adquiere un bien inmueble a título oneroso de quien aparece como propietario en el Registro Público de la Propiedad; si posteriormente, algún tercero controvierte el título de propiedad de quien vendió a dicho tercero, y como consecuencia, el título del vendedor es anulado, por regla general, el derecho de propiedad adquirido a título oneroso por el tercero de buena fe prevalece sobre el derecho de quien haya sido el legítimo propietario -pero no aparecía como tal en el Registro Público de la Propiedad- si la causa de la nulidad no se desprende del título del vendedor ni del propio Registro Público. Esa es la dimensión del principio de la fe pública registral, el cual se explica ante la inseguridad jurídica que podría ocasionar dejar desamparado al tercero de buena fe que confió en las inscripciones que constan en el Registro Público de la Propiedad, después de revisar y de cerciorarse de la documentación e inscripciones correspondientes. Sin embargo, la protección que da el Registro Público de la Propiedad a los terceros de buena fe es muy excepcional, puesto que tiene como consecuencia el que se prive a una persona de un derecho real -incluido el de propiedad- sobre un inmueble, adquirido con anterioridad a la fecha en que el tercero adquirió el suyo, en beneficio del derecho real adquirido por el tercero, que es posterior. Por ello, es de suma importancia delimitar en forma clara a quien debe considerarse como tercero de buena fe, así como, interpretar y aplicar en forma restrictiva el concepto, de manera que no se aplique la excepción a cualquier tercero, porque ello produciría un efecto contraintuitivo, y debilitar la seguridad jurídica en el derecho de propiedad inmobiliario, puesto que se le otorgaría una herramienta al titular registral para desposeer y privar de los derechos reales adquiridos a cualquier persona a quien le haya transmitido previamente derechos reales sobre el inmueble de que se trate, en beneficio propio o de alguna otra persona, a título gratuito. Sobre esa base, se tiene que la operatividad de la figura del adquirente de buena fe tiene como condición necesaria la demostración de determinados elementos y/o circunstancias, para obtener la protección de la ley a favor de ese tercero de buena fe registral; por lo cual, será tercero de buena fe registral, exclusivamente quien cumpla con los requisitos siguientes: Que haya adquirido un derecho real sobre el bien inmueble de que se trate de quien aparece como titular registral, por virtud de un acto jurídico que se presuma válido al momento de la adquisición o de una resolución judicial; Que el derecho real adquirido a su vez haya sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad a favor del tercero adquirente; Que la adquisición sea a título oneroso, entendiendo por tal, que debe existir una proporción razonable entre el valor de la cosa y el precio o contraprestación pagado por ella; y Que los vicios del título del vendedor no se desprendan claramente del propio Registro Público de la Propiedad, y que no haya indicios suficientes de su conocimiento por parte del tercero. De otra forma, es decir, no contar con la demostración de todos los elementos normativos y de hecho enlistados y aun así buscar la constitución de la cualidad de tercero adquirente, se premiaría a quien actuó de mala fe o fue negligente, en perjuicio de quien contaba con un derecho real anterior sobre el mismo inmueble. En el caso, el hecho de que la moral quejosa haya adquirido un inmueble del titular registral libre de gravámenes, en el momento en el cual gozaba de ese estatus, y que además hubiere acontecido también de forma previa a la inscripción registral de una hipoteca, es insuficiente para considerarlo tercero de buena fe registral, porque como se sostiene en el acto reclamado, no demostró que esa operación que opone como evento constitutivo, por sí sola y/o en las condiciones en las cuales fue presentada, hubiere constado inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México. Es decir, la quejosa no satisfizo la carga de la prueba, sobre todos los requisitos que debió demostrar para constituirse como adquirente de buena fe, lo cual le resultaba propio y exigible porque al ventilarse sus propios intereses, le corresponde demostrar las circunstancias impeditivas, constitutivas y extintivas de su contraparte, puesto que la controversia se rige por el principio dispositivo. Aunado a que al tratarse de una posición extraordinaria, la figura de adquirente de buena fe tiene una connotación de pleno derecho, es decir, debe demostrar todos los extremos del acto jurídico que opuso, siendo insuficiente por sí solo, la fecha en que se constituyó el derecho posesorio alegado, si en el caso no consta la anotación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. De modo que una de las condiciones necesarias para acreditar los elementos de la figura jurídica del adquirente de buena fe, es la inscripción pretérita del acto jurídico oneroso constitutivo del derecho, al amparo del cual, se quiere constituir la legitimidad y preferencia sobre el bien inmueble litigioso, frente a quien actualmente lo dispone y/o detenta, pues de lo contrario, la falta de demostración de todos los requisitos enunciados y particularmente la anotación implica que no se puede acceder a esa cualidad específica y conlleva su ineficacia total para oponerse en la causa. Por ello, si la adquisición realizada por el tercero no cumple con los requisitos precisados, no puede tenérsele como tercero de buena fe, en cuyo caso, la consecuencia será que si llegara a anularse el título de su vendedor, esa nulidad se haría extensiva a su título propio. En ese aspecto es infundado el concepto de violación. Apoya lo indicado la tesis aislada 1a. CLIII/2012 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, de registro 2002086, de la Décima Época, que dice: "TERCERO DE BUENA FE REGISTRAL. El Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria tiene por objeto dar estabilidad y seguridad jurídica al derecho de propiedad sobre bienes inmuebles. Su función es dar a conocer la verdadera situación jurídica de un inmueble, tanto respecto del derecho de propiedad, como respecto de las cargas o derechos reales que pueda reportar el inmueble, con la finalidad de impedir fraudes en las enajenaciones y gravámenes sobre inmuebles. Lo anterior se logra mediante el cumplimiento de diversos principios registrales, como el principio de publicidad registral, que tiene por objeto dar publicidad a sus inscripciones, para que cualquier persona que consulte sus registros pueda tener la certeza de la situación de los inmuebles que están inscritos, así como los principios de legitimación y de fe pública registral, los cuales otorgan una presunción iuris tantum de veracidad a las inscripciones, que se mantiene hasta que se pruebe su discordancia con la realidad; pero si se trata de actos que afectan a terceros de buena fe, la presunción deja de admitir prueba en contrario, en cumplimiento a la finalidad de seguridad jurídica que persigue la institución. Dichos principios tienen por objeto asegurar que el comprador de un bien inmueble lo adquiera de quien tiene el legítimo derecho, con la finalidad de que el asiento registral se repute verdadero y sea oponible a terceros, aun cuando a la postre resultara no serlo. Las inscripciones inmobiliarias gozan de una presunción de veracidad, la cual beneficia a los terceros de buena fe. En consecuencia, cuando un tercero adquiere de buena fe, a título oneroso, un bien inmueble de quien aparece como propietario en el Registro Público de la Propiedad, si del propio registro no se desprende alguna causa de nulidad de las inscripciones, debe darse validez a la adquisición realizada por el tercero de buena fe, la cual debe prevalecer sobre cualquier otra que no derive del propio registro." En ese aspecto, también es infundado apelar a la disponibilidad del bien inmueble objeto del acto jurídico constitutivo alegado por la quejosa, como nota de validez del conocimiento sobre los gravámenes que pesan en los inmuebles relacionados, para oponerse a la causahabiencia, y a su vez, acreditar ser adquirente de buena fe. La parte quejosa considera que hasta la constitución del régimen del copropiedad y división hipotecaria, tuvieron "vida" jurídica los departamentos que litiga, y por ende es que a partir de la formalización de esas circunstancias, es que puede calificarse el conocimiento de la hipoteca que pesa en el bien, aunque hubiere generado operaciones sobre ellos previamente, y que por esa causa es que no se actualice la causahabiencia. Posición incorrecta porque cuando dos o más personas celebran un acto jurídico, entablan una relación por virtud de la cual, una puede exigir a la otra el cumplimiento de las obligaciones asumidas; cada una de ellas es correlativa a un derecho de la parte contraria, de manera que la contraparte está facultada para exigir el cumplimiento de la obligación asumida por su contraria. Al celebrar un contrato de compraventa, poniéndose de acuerdo en el precio y cosa objeto del contrato, el comprador queda obligado a pagar el precio acordado, y el vendedor a transmitir la propiedad de la cosa. Quedando ambas partes facultadas para exigir de su contraparte el cumplimiento de la obligación asumida. Sin embargo, una vez agotadas las obligaciones asumidas por las partes, el contrato se termina, debido a que se cumplió con su objeto. Tomando en cuenta que no queda obligación alguna pendiente, y por tanto, ningún derecho correlativo para exigir su cumplimiento, el contrato se da por terminado. A su vez, la causahabiencia tiene lugar mientras continúa vigente la relación jurídica en la cual el causahabiente se sustituye, puesto que si el contrato ha dejado de surtir efectos y se ha dado por terminado, ya no hay obligaciones que cumplir ni derechos correlativos para exigir su cumplimiento. Esto es, no es posible que un tercero se integre como parte a un acto jurídico que ha cesado, por el contrario, si el acto jurídico "originario" y/o que motivó la obligación posteriormente transmitida y/o en la cual se sustituyó el causahabiente, sigue vigente, es claro que sus efectos y consecuencias se trasladan a este último, y debe soportar las obligaciones de su causante. Por ello, si en los hechos que motivaron la controversia, tuvo lugar una transmisión de propiedad de un inmueble previo a su constitución en copropiedad y a la división de la obligación hipotecaria, mediante la celebración de diversos contratos, bienes que a su vez fueron parte de una unidad inmobiliaria que tuvo como origen inicial soportar una sola obligación, entonces es claro que si en la causa no se demostró que esa obligación inicial hubiera sido satisfecha, o bien, que los bienes que se defienden tuvieran independencia del resto que integran la unidad del inmueble, es claro que la obligación ha perseguido a este último desde la constitución de ésta, con independencia de consolidación en fracciones hipotecarias o inmobiliarias, puesto que esa diferencia no cambia la naturaleza de las cosas, si en realidad lo determinante es la permanencia de la existencia de la obligación. Visto así, es irrelevante que los departamentos litigados formalmente se hubieran particularizado hasta la declaración de copropiedad y división hipotecaria, porque previamente la quejosa realizó operaciones y se valió de ellos como objeto de éstas, con el objeto de constituirse derechos reales, cuya formalización posteriormente se buscó formalizar. Aspecto que se corrobora con la sentencia que exhibió la propia impetrante, donde se condenó a su contraparte a tirar la escritura correspondiente a los propios inmuebles, ya identificados inmobiliariamente, pues tal acción juzgada efectivamente llevó implícita la previa constitución de derechos reales, porque ese fallo pro forma ya no integró la materia de la propiedad, porque las partes ya habían perfeccionado ese aspecto. De modo que la relación entre la quejosa y la moral demandada que a su vez fue demandada y condenada a expedir un título constitutivo, sí tiene relevancia, si la última le transmitió un derecho que a su vez integraba una obligación más amplia, que no se demostró estar liquidada al solicitarse el reconocimiento de la calidad de adquirente de buena fe. En tanto que la falta de desvinculación de la obligación principal constituida a cargo de la moral vendedora, con la porción adquirida por la quejosa, persiguió ambas y su materia que son los departamentos demandados como propios, desde que fueron comprometidos por las partes, hasta su particularización inmobiliaria. En ese aspecto es infundado el concepto de violación. Apoya lo expuesto, la tesis 1a./J. 82/2013 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, de registro 2004657, de la Décima Época, que dice: "CAUSAHABIENCIA. NO EXISTE ENTRE QUIEN ADQUIERE UN DERECHO DE PROPIEDAD DEL TITULAR REGISTRAL Y LOS TITULARES REGISTRALES ANTERIORES AL VENDEDOR, SI SE TRATA DE COMPRAVENTAS DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE EL ADQUIRENTE SEA EN AUTOMÁTICO TERCERO DE BUENA FE REGISTRAL. La "causahabiencia" es la sustitución de la persona de quien directamente emana el negocio jurídico, por otra que queda ligada por los efectos de dicho negocio como si personalmente hubiese intervenido en la formación de la relación jurídica que le dio origen. Por virtud de la causahabiencia, el concepto de "parte" de un negocio jurídico se extiende a la persona que sustituye al causante, de manera que no se le puede tener como tercero, a pesar de no haber intervenido para nada en la celebración del mismo. En esa tesitura, el causahabiente se integra a la relación jurídica original, por virtud de la cual, una de las partes puede exigir a la otra el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Sin embargo, una vez agotadas las obligaciones asumidas por las partes, el contrato se termina, debido a que se cumplió con su objeto. De manera que la causahabiencia sólo puede tener lugar mientras continúa vigente la relación jurídica en la cual el causahabiente se sustituye, puesto que no es posible que un tercero se integre como parte a un acto jurídico que ha cesado. Ahora bien, el contrato de compraventa es por regla general "de ejecución instantánea", porque las prestaciones de las partes se ejecutan en un solo momento. Salvo cuando se celebre con reserva de dominio, o se pacte el pago del precio a plazos, por regla general, las obligaciones derivadas del contrato de compraventa se agotan en el momento en que la misma se celebra. De manera que en la compraventa de ejecución instantánea no hay un acto jurídico en el cual un tercero pueda sustituirse en calidad de causahabiente. Sostener lo contrario, implicaría que toda persona que adquiera la propiedad de un bien resulta ser causahabiente del primer titular. El causahabiente a título particular se coloca en la situación jurídica que tenía su causante en relación con un acto jurídico concreto, en el cual lo sustituye, de manera que se integra a una relación jurídica determinada, para asumir las obligaciones derivadas de esa relación jurídica exclusivamente; mas no puede atribuírsele la obligación de cumplir con las obligaciones que hayan asumido terceros con quienes no tiene vínculo jurídico alguno. No obstante, el hecho de que no exista la causahabiencia aducida, y por lo tanto, no se pueda ejercitar una acción personal, no quiere decir que el tercero adquirente resulte ser, en automático, un tercero de buena fe registral, puesto que sólo puede tener dicho carácter quien: (a) haya adquirido un derecho real sobre el inmueble de que se trate de quien aparece como titular registral, por virtud de un acto jurídico que se presuma válido al momento de la adquisición o de una resolución judicial; (b) haya inscrito en el Registro Público de la Propiedad a su favor el derecho real adquirido; (c) haya adquirido a título oneroso, entendiendo por tal, que debe existir una proporción razonable entre el valor de la cosa y el precio o contraprestación pagado por ella; y, (d) siempre y cuando no haya pruebas suficientes de su conocimiento respecto de los vicios del título de su vendedor, en su caso, o éstos no se desprendan claramente del propio Registro Público de la Propiedad. Cuestiones que el juzgador debe valorar en cada caso concreto para determinar si el tercero es de buena fe registral o no, pues la ausencia de buena fe del tercero adquirente no se debe a que sea causahabiente de los titulares anteriores a su vendedor, sino a que no puede aducir desconocimiento de los vicios de su título. Por otra parte, es infundado el concepto de violación donde se alega una incorrecta interpretación de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN. La doctrina define al causahabiente como el sucesor de los derechos de una persona, de quien ha adquirido una propiedad o un derecho, y puede ser a título universal cuando se trata de la totalidad del patrimonio o parte alícuota de éste, o a título particular, si únicamente se refiere a una cosa o cosas específicas. Ahora bien, desde el punto de vista procesal, para que se actualice la causahabiencia, tratándose de la adquisición de inmuebles, es necesario que mediante inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad o algún otro medio de prueba idóneo y fehaciente se acredite que el adquirente de esa propiedad o derecho tuvo conocimiento de que el bien de que se trata está sujeto a una controversia judicial y que, por ende, contrae un derecho litigioso, ya que de no acreditarse dicha situación, debe considerársele como tercero adquirente de buena fe, en tanto que desconoce el estado que guardaba el bien antes de adquirirlo." La causa de pedir de la parte quejosa consiste en interpretar el siguiente párrafo de la ejecutoria correspondiente a dicha jurisprudencia: "Dicho en otras palabras, es tercero de buena fe registral aquél que adquiere el inmueble con base en los datos que arrojan las inscripciones del Registro Público de la Propiedad, y conforme a las mismas aparece que el causante puede disponer libremente de la cosa." Sin embargo, es incorrecta la conclusión que obtiene la impetrante de dicha porción, aun vista de forma aislada. En la argumentación correspondiente a ese apartado, la Primera Sala del Alto Tribunal analizó la legislación civil de los Estados de Jalisco y Tamaulipas, respecto de las cuales en lo conducente y que incluye el párrafo ya transcrito, sostuvo: "(...) De las anteriores disposiciones se obtiene que es tercero de buena fe registral aquél que sin intervenir en un acto o contrato, tiene en relación con la cosa que ha sido objeto del propio acto o contrato, un derecho adquirido de buena fe, por título oneroso, amparado por una inscripción en observancia a los principios de publicidad y tracto sucesivo, siempre que su derecho no sea violatorio de ninguna ley prohibitiva o de interés público. Dicho en otras palabras, es tercero de buena fe registral aquél que adquiere el inmueble con base en los datos que arrojan las inscripciones del Registro Público de la Propiedad, y conforme a las mismas aparece que el causante puede disponer libremente de la cosa. Ahora bien, los referidos artículos 3001, 3007 y 3009 del Código Civil Federal, y sus correlativos o similares de las legislaturas locales que ahora se analizan (que lo toman como modelo) contemplan la buena fe registral de los terceros adquirentes de la propiedad de inmuebles que aparecen inscritos a nombre de determinada persona, cuando de esas inscripciones no se desprende imposibilidad jurídica para que el propietario pueda disponer de los mismos, en el momento en que por virtud de una operación jurídica se transmite ese derecho de propiedad, como podría ser un contrato de compraventa, una permuta o la adjudicación judicial a través del remate; sin que aquellas disposiciones establezcan más casos de excepción que los consignados en el propio texto de la ley, y que son los siguientes supuestos: a) cuando la causa de nulidad o afectación del derecho adquirido por el tercero resulte en forma clara de las propias inscripciones del Registro Público; b) cuando se trate de actos gratuitos, y c) contra actos o contratos que se ejecuten u otorguen violando una ley prohibitiva. Razón por la cual los principios derivados de esos preceptos legales, prevalecen sobre las disposiciones que emergen del artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, conforme al cual pudiera estimarse que no resulta obligatoria la anotación marginal de la demanda civil en la que se involucra el derecho de propiedad de un inmueble; y en ese sentido a pesar de que se considere como correcta la interpretación sobre ese precepto legal, acerca de que no es obligatoria la anotación marginal de la demanda que da origen al procedimiento civil, no puede considerarse que no obstante la ausencia de esa anotación, el tercero adquirente del inmueble materia de la litis que desconocía su situación jurídica, debe reportar las resultas del juicio, pues se insiste que tal estimación infringiría el concepto de valor superior, relativo a la protección del tercer adquirente de buena fe registral. Si bien puede considerase que el obligar a efectuar la anotación marginal de la existencia del juicio civil, implicaría que su ausencia arrojaría como consecuencia que el resultado del juicio civil no podría ser oponible al tercer adquirente cuando tenga el carácter de buena fe registral, y que con ello se cometan conductas ilícitas por aquellas personas que teniendo el carácter de propietarios de determinado inmueble, son demandados y vencidos en juicio civil, y para liberarse de la obligación de entregar el bien al vencedor, optan por enajenarlo a un tercero ajeno al contradictorio, que desconoce la situación jurídica en que se encuentra dicho inmueble en relación con aquel litigio, sino que confiando en la información derivada de las inscripciones del Registro Público deciden contratar con el demandado, pues de acuerdo a los principios de publicidad y tracto sucesivo de esas inscripciones se forman la opinión certera de que están contratando con la persona que en esa institución aparece como el propietario del bien; empero también cierto lo es que el vencedor del juicio civil aun cuando no pueda hacer valer el reconocimiento de su derecho frente a ese tercer adquirente de buena fe registral, sí tendrá a su alcance otras acciones tendentes a ver resarcido su interés, porque contra el demandado que enajena el bien a sabiendas de que se encontraba en litigio, podrá promover denuncia penal por el delito de fraude previsto por el artículo 387, fracción II, del Código Penal Federal (que tiene sus correlativos en los Códigos Penales de cada Entidad Federativa, y que aquí se invoca para ilustración) el cual dispone: "Al que por título oneroso enajene alguna cosa con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de ella, o la arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo, si ha recibido el precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó, parte de ellos o un lucro equivalente"; proceso penal en el cual el ofendido podrá obtener la reparación del daño causado. Por tanto, debe imperar el concepto relativo a la protección del tercero de buena fe registral, y en ese sentido, a la persona que adquiere bajo aquel concepto un inmueble que a la postre es afectado por el resultado de un juicio civil seguido contra su causante, no le es oponible dicha resolución si en la época en que lo adquirió, en la inscripción o en las inscripciones relativas en el Registro Público de la Propiedad, no existía anotación u observación alguna acerca de la existencia de dicho contradictorio, de tal manera que hagan deducir que el tercer adquirente sí conocía la situación litigiosa de la cosa; pues debe protegerse la finalidad de la institución del Registro Público, que no es otra sino la de otorgar seguridad jurídica en las operaciones en las que se involucra el dominio sobre inmuebles, de lo contrario ningún o escaso sentido tendría el principio de publicidad de aquella dependencia. (...)" Como se ve, la transcripción íntegra del criterio sostenido por la Primera Sala del Alto Tribunal reproduce la postura analizada al contestar los conceptos de violación previos, en el sentido que la posición del adquirente de buena fe, demanda la demostración de requisitos específicos, que operan de pleno derecho, entre ellos demostrar la anotación en el Registro Público de la Propiedad de la operación conforme a la cual se constituyó el derecho real que se quiere oponer frente a terceros. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 68/2006-PS, de la que derivó la jurisprudencia transcrita, determinó que, desde el punto de vista procesal, para que una persona tenga el carácter de causahabiente, esto es, que se considere el sucesor de los derechos de una persona de quien ha adquirido una propiedad, es indispensable que mediante inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad o algún otro medio de prueba idóneo y fehaciente, se acredite que el adquirente supo que el bien de que se trata está sujeto a una controversia judicial. Lo cual implica que ese conocimiento se puede presentar no solo a consecuencia de un proceso judicial contencioso stricto sensu, porque también tiene lugar con motivo de las propias anotaciones registrales donde obre relacionado el bien involucrado, que tenga el efecto de publicidad que demanda la figura jurídica invocada por la moral quejosa, y responda al principio de tracto sucesivo, es decir, que se haga posteriormente a la operación, y/o derecho opuesto, y que prevalezca sobre éste, si aquel no se publicitó con dicho trámite. Por tanto, es incorrecto sostener que el tercero adquirente de buena fe lo es aquel que adquiere un derecho en beneficio de los inscripciones del Registro Público de la Propiedad, porque en ese momento no constaban anotaciones, si al adquirirlo no satisfizo los requisitos enlistados, particularmente la anotación registral, que en suma es la interpretación correcta del precedente citado; en ese sentido, las circunstancias del caso tienen como consecuencia que el causahabiente contrajo un derecho litigioso de su causante. Por lo cual es infundado del concepto de violación. En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa extensiva a los actos de ejecución, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala del Alto Tribunal, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1 fracción primera, 73 a 77, 216 y 217, todos de la ley reglamentaria del juicio de garantías, se R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... contra actos de la Séptima Sala y Juez Vigésimo ambos de lo Civil de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones señaladas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma electrónicamente, ... Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ... secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy, veintinueve de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."

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