María de Lourdes Ugalde Texcucano
Expediente 1735/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1735/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/10/2019
Partes del expediente
- María de Lourdes Ugalde Texcucano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de octubre de dos mil diecinueve. Se acepta competencia y se ordena archivo. Agréguese a los autos el oficio del Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio 43337/2019 por el que se le envió original del juicio de amparo indirecto 1735/2019-III y un tomo anexo de pruebas, en virtud de que por auto del veinte de septiembre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por María de Lourdes Ugalde Texcucano, por cuanto hace a la sentencia del uno de junio de dos mil dieciséis, dictado en el juicio 274/2015 del índice del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla; asimismo, la autoridad oficiante informa que aceptó la competencia planteada por este Juzgado quedando registrado bajo el juicio de amparo directo 581/2019; asimismo, que desechó por improcedente la demanda de amparo respecto de la sentencia definitiva en comento. Archivo. En ese orden, al no existir diligencias que realizar archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente cuaderno de antecedentes, *** Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. ***Transparencia. *** Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de octubre de dos mil diecinueve. Causa estado auto. Remisión de expediente a Tribunal Colegiado en Materia Civil, en turno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, por el que este juzgado desechó la demanda de amparo y se declaró incompetente, por razón de la vía para conocer de la demanda de amparo promovida por María de Lourdes Ugalde Texcucano, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, se ordena remitir los autos que integran el juicio de amparo 1735/2019 del índice de este juzgado, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, solicitando atentamente al Tribunal de Alzada en comento que acuse recibo y precise si acepta o no la competencia, conforme al artículo 47 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
*** San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Parte quejosa pretende cumplir requerimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de la parte quejosa ***, a través del cual pretende cumplir el requerimiento efectuado el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. En ese sentido, debe decirse que en el citado proveído se requirió a la parte quejosa, en los términos siguientes: "Por lo tanto, es dable requerir nuevamente a la parte quejosa a fin de que precise cuál es el acto reclamado en el presente juicio de amparo, esto es así, pues del estudio del escrito aclaratorio se desprende que la intención de la promovente es reclamar el auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve y su notificación, así como la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 274/2015 del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. Es necesario precisar que en caso de que la parte quejosa no desahogue la prevención en los términos citados, es decir, que reitere la totalidad de los actos reclamados que señaló tanto en su escrito inicial como aclaratorio de demanda, se tendrán únicamente como tales el auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve y su notificación así como la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 274/2015 del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla." Ahora bien, del escrito de cuenta se advierte que la quejosa no cumplió la prevención en los términos antes precisados pues de nueva cuenta reiteró la totalidad de los actos inicialmente señalados en su escrito de demanda de amparo, por tanto, que se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia y se tienen como actos reclamados únicamente el auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve y su notificación, así como la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 274/2015 del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. En esas condiciones, se provee lo siguiente: ... Háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de la parte quejosa ***, a través del cual pretende cumplir el requerimiento efectuado el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. En ese sentido, debe decirse que en el citado proveído se requirió a la parte quejosa, en los términos siguientes: "Por lo tanto, es dable requerir nuevamente a la parte quejosa a fin de que precise cuál es el acto reclamado en el presente juicio de amparo, esto es así, pues del estudio del escrito aclaratorio se desprende que la intención de la promovente es reclamar el auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve y su notificación, así como la sentencia definitiva dictada dentro del expediente *** del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. Es necesario precisar que en caso de que la parte quejosa no desahogue la prevención en los términos citados, es decir, que reitere la totalidad de los actos reclamados que señaló tanto en su escrito inicial como aclaratorio de demanda, se tendrán únicamente como tales el auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve y su notificación así como la sentencia definitiva dictada dentro del expediente ***d el Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla." Ahora bien, del escrito de cuenta se advierte que la quejosa no cumplió la prevención en los términos antes precisados pues de nueva cuenta reiteró la totalidad de los actos inicialmente señalados en su escrito de demanda de amparo, por tanto, que se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia y se tienen como actos reclamados únicamente el auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve y su notificación, así como la sentencia definitiva dictada dentro del expediente *** del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. En esas condiciones, se provee lo siguiente: Desechamiento respecto del auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve y su notificación dictado dentro del expediente *** del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. En las relatadas consideraciones, conviene destacar los antecedentes del acto reclamado que se advierten de la demanda de amparo y de los escritos aclaratorios, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable: a. Por sentencia dictada el uno de junio de dos mil dieciséis dentro del Juicio Ordinario Civil de Otorgamiento por escrito de Contrato Verbal de Arrendamiento, Terminación del mismo, desocupación y pago de rentas *** del índice del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, promovido por *** en contra de ***, dentro del punto resolutivo quinto se determinó: "(.) Quinto. Se condena a la parte demandada ***, a desocupar y entregar a la parte actora, el inmueble arrendado identificado como ***, obligación que deberán cumplir dentro de los tres días siguientes de aquél en que cause ejecutoria esta resolución, apercibidos que de no hacerlo, se procederá a su lanzamiento con auxilio de la fuerza pública, autorizándose el rompimiento de chapas y cerraduras." b. En su contra, *** promovió demanda de amparo directo, la cual fue radicada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito bajo el número de expediente *** en el que resolvió negar el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión; asimismo, contra dicha sentencia, la quejosa interpuso recurso de revisión la cual fue desechada por improcedente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. c. En consecuencia de lo anterior, se requirió a la demandada la firma del contrato de arrendamiento de cinco de enero de dos mil catorce sin que hubiere dado cumplimiento, por lo que mediante proveído de siete de junio de dos mil diecinueve el Juez responsable ordenó firmar el mismo. d. Finalmente, en acuerdo de veintisiete de junio del año en curso, en cumplimiento al resolutivo quinto de la sentencia, se requirió a la demandada que en el término de tres días desocupara el bien inmueble y lo entregara a la parte actora bajo el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a su lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras, proveído que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo deriva de que el acto reclamado consistente en el auto de veintisiete de junio del año en curso, en cumplimiento al resolutivo quinto de la sentencia dictada en el juicio *** se requirió a la demandada que en el término de tres días desocupara el bien inmueble y lo entregara a la parte actora bajo el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a su lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras, son actos emitidos durante la etapa de ejecución de sentencia que no constituyen la última resolución de esa etapa, por lo que de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Es corolario de lo anterior, que el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el transcrito numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio de origen, en los términos siguientes: 1) Actos que gozan de autonomía en relación con la ejecución de sentencia; esto es, actos que no tienen como finalidad directa e inmediata cumplimentar la sentencia o laudo dictados en el juicio natural, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata (previo cumplimiento del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo); 2) Actos dictados en ejecución de sentencia. Hipótesis en la cual el juicio constitucional procede, únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; tratándose de remates contra aquella que los aprueba o desaprueba -en lo sustantivo-, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Las hipótesis vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXXIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Mayo de 2011, que prevé: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Ahora, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, prevé que sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa procesal, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordenan el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tal concepto fue adoptado en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que tomó como base la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril de 2001, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Las consideraciones expuestas en el criterio transcrito, parten de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. Debe destacarse que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de derechos sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, del Tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a julio de 2004, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Así, de los antecedentes narrados con anterioridad, se desprende que el procedimiento de ejecución de sentencia definitiva se inició mediante acuerdo del veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en el que el Juez responsable ordenó requerir a la demandada el cumplimiento de la sentencia, entre otras cosas, la firma del contrato de arrendamiento y la desocupación del bien inmueble; por tanto, tales actos son tendentes a lograr la ejecución de la sentencia que, entre otras cosas, condenó a la desocupación del citado inmueble, sin que actualicen la hipótesis relativa a la última resolución dictada en esa etapa ejecutiva, ya que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordenan el archivo definitivo del expediente; en consecuencia, el juicio de amparo promovido en su contra resulta improcedente. En efecto, el acto reclamado se ubica en una etapa posterior a la conclusión del juicio natural, y concretamente en la etapa de ejecución de sentencia, pero no constituyen la última determinación pronunciada en esa fase, ni se ubican en las hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, pues aun cuando la ejecución de una orden de desposesión pudiera considerarse como aquellas que afectan el derecho de propiedad o posesión respecto de un inmueble, lo cierto es que en el caso tal desposesión deriva de la cosa juzgada, pues como ha quedado precisado, en la sentencia de uno de junio de dos mil dieciséis, se condenó a la desocupación del inmueble materia del juicio; por ende, no implica una violación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, de ahí que se estime que el juicio de amparo promovido resulta improcedente. Para corroborar aún más lo anterior, conviene traer a colación las consideraciones torales que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/96 en la sesión del treinta y uno de enero de dos mil uno, que se transcriben a continuación: "Pues bien, del cúmulo de razonamientos sustentados por el Tribunal Pleno de este Máximo Órgano Colegiado del país, que anteceden, se logra obtener también las bases para la debida solución de la contradicción de criterios a que este asunto se contrae en lo específico. Sobre el particular, es pertinente retrotraer la atención al hecho relativo a que la contienda entre los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito gira en torno a que el Segundo se pronunció en el sentido de que esa "última resolución" es la que concede al inquilino un término de treinta días para que haga entrega voluntaria al actor del inmueble arrendado, apercibido de lanzamiento en caso contrario; mientras que el tercero lo hizo concluyendo que es aquella emitida posterior al incumplimiento y que ordena la ejecución material. Así las cosas, a criterio de esta Primera Sala a ninguno de los tribunales en conflicto asiste la razón y, por lo tanto, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia la tesis que sostiene esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto se asentará en ulteriores líneas. Para arribar a la conclusión que antecede es necesario precisar que en los recursos de revisión civiles números 2332/95, por un lado y 658/90, 833/90, 958/90, 1651/90 y 297/91, por el otro, dentro de los cuales los órganos colegiados de mérito sostuvieron sus criterios discrepantes, los hicieron al conocer de juicios de amparo indirecto promovidos en contra de sendos autos dictados por Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en etapa de ejecución de sentencia definitiva pronunciada en juicios de ese orden. Es decir, la mencionada fase ejecutiva obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público; por ello, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de aquellas que ordenan al condenado a entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndolo de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo. Empero, ninguno de tales proveídos resulta ser el último dictado en el procedimiento ejecutivo, pues ambos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado; en el primer caso, depende de la voluntad o no del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de primera instancia de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva. Por tal motivo, deviene inobjetable colegir que la "última resolución" que se pronuncia en el procedimiento de ejecución de sentencia de un juicio del arrendamiento inmobiliario es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva o, en su caso, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En ese orden de ideas, sólo en contra de la determinación que se dicte -reconociendo o declarando la imposibilidad de cumplir la sentencia-, procederá el juicio de amparo indirecto previsto por el párrafo segundo, fracción III, del artículo 114 de la ley de la materia. De esta manera no únicamente se impide la promoción de demandas de garantías en contra de cualquier determinación, sino también se da la pauta para poder reclamar todas las violaciones cometidas en el propio procedimiento ejecutivo." De las consideraciones transcrita, emanó la jurisprudencia 1a./J. 19/2001, de rubro y texto siguientes: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." (Tesis: 1a./J. 19/2001, Novena Época, Registro: 189344, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001. Página: 34) Así, por las consideraciones expuestas, se concluye la improcedencia del juicio de amparo promovido, por consistir un acto emanado en la etapa de ejecución de sentencia, por ende, impugnable hasta la última resolución dictada en esa etapa ejecutiva, entendida como aquella que aprueba el cumplimiento de la sentencia, o en su caso, declara la imposibilidad para ejecutarla. No se soslaya que el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero , de la Ley de Amparo, introdujo una nueva hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclame el auto que ordena requerir la entrega de los bienes rematados , el cual pudiera considerarse equiparable a la orden de lanzamiento y su ejecución que se reclama en el presente juicio; sin embargo, no puede ser aplicable en el presente caso, pues dicha hipótesis es muy específica para los actos dictados dentro de un procedimiento de remate, los que no necesariamente derivan de una sentencia de desocupación, sino de pago. En efecto, en las sentencia en las cuales se condena a parte demandada al pago de una cantidad, es factible que ante su renuencia se proceda al embargo de bienes y su posterior remate; por tanto, su naturaleza es diversa a la condena de desocupación que se impone en un juicio -como del que emanan los actos reclamados-, de ahí que, como se adelantó, no pueda ser aplicable en el presente caso la hipótesis prevista en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, respecto del acto reclamado consistente en el auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve y su notificación dictado dentro del expediente *** del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. Incompetencia respecto del acto reclamado consistente en la sentencia definitiva dictada dentro del expediente *** del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. Presupuesto procesal de competencia. Ante todo, se toma en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de análisis previo a cualquier otra cuestión, pues ha sido propósito del legislador facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que el afectado disponga de mejores posibilidades de defensa, por ello estableció reglas de competencia, aunado a que si un Juez de Distrito resuelve un juicio de amparo respecto del cual carece de competencia, tal circunstancia constituye una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento. Por tanto, se procede a examinar si en la especie se satisface este requisito. Incompetencia por razón de la vía. En ese sentido, este órgano jurisdiccional carece de competencial legal en razón de la vía, propuesta por el quejoso. Para corroborar tal aserto, resulta oportuno recordar que los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, contemplan que el juicio de amparo directo es un proceso constitucional autónomo, competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito, -excepción hecha de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se refiere el artículo 40 de la Ley de Amparo-, que procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En efecto el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.)" Del citado precepto, se desprende que el juicio de amparo directo procede en los siguientes supuestos: a) Cuando se reclame una sentencia definitiva o laudo, o; b) Cuando el acto reclamado sea una resolución que ponga fin al juicio. Bajo ese panorama, en la especie, la parte quejosa reclama en su demanda de amparo la sentencia definitiva de uno de junio de dos mil dieciséis; por tanto, dicha sentencia es reclamable a través del juicio de amparo directo. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47, 170 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente, por razón de la vía, para conocer de la demanda de amparo y, en consecuencia, una vez que quede firme el presente auto, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, a quien se estima competente para conocerla por los motivos y fundamentos expuestos. Háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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