María de Lourdes Tudón Hernández

Expediente 761/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
761/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • María de Lourdes Tudón Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el nueve de junio de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda que dio origen a este asunto. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que ha causado estado el proveído en mención, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado. Archivo. Se ordena devolver documentos. Ahora bien, se advierte que la parte quejosa exhibió documentos originales a su demanda de amparo. Devolución de documentos. Apercibimiento. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Glósese el oficio 6248/2023, que suscribe el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de ocho de junio de este año, dictado en el recurso de revisión administrativa 280/2023, del que se aprecia que se desechó el recurso de revisión interpuesto por Rafael Tiscareño Mercado, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales R.T.C. y M.P.T.C., contra la sentencia dictada el veintinueve de marzo del presente año.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Número de expediente: 761/2023 Acuerdo: Registro demanda. Vista la demanda de amparo promovida por María de Lourdes Tudón Hernández, por conducto de su apoderado jurídico Jorge Alfredo de la Vega Cuevas, personalidad que acredita con el anexo que acompaña, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 761/2023-VI. Desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. En relación con ello, debe tenerse en consideración, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Causa de improcedencia. Al analizar el escrito de demanda, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Marco jurídico. Dichos dispositivos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [...]" La fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. El segundo numeral establece la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos judiciales emitidos dentro de juicio que tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, en el entendido de que se considerarán de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica forma o adjetiva. De ahí que de la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. Ahora, en la contradicción de tesis 325/2015, la Segunda Sala del máximo Tribunal del País, destacó que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 constitucionales, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo, como lo es por ejemplo, la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o la falta de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional. En tanto que debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011580, Décima Época, visible en el Libro 30, de Mayo de 2016, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En ese contexto, por regla general, el amparo indirecto solo procede contra omisiones en materia laboral que provoquen una dilación procesal excesiva en el procedimiento de origen, esto es, cuando la autoridad laboral dicte proveídos, laudos o realizar diligencias, después de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en que concluyó el plazo en el que debió pronunciarse, o bien, diligenciar los actos procesales correspondientes. Del criterio jurisprudencial anterior, se advierte, en lo que aquí interesa, que si bien la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, dicho criterio encuentra su excepción cuando el Juez de Distrito advierta del escrito de demanda que existe una abierta demora del procedimiento, o bien, su paralización total, pues en ese sentido el juicio de derechos será procedente, por lo que estableció, que tratándose de materia laboral el juicio de amparo será procedente cuando transcurran más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en que haya concluido el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse los actos procesales, es decir, el gobernado podrá instar la presente instancia constitucional y reclamar la dilación procesal que impera en un juicio laboral cuando haya transcurrido el término de ley con el que contaba la autoridad para realizar determinada actuación procesal más cuarenta y cinco días naturales, pues solo en ese supuesto será procedente el referido juicio. Lo anterior es así, en razón de que en la Jurisprudencia en análisis se estableció que dicho término (cuarenta y cinco días naturales) es el periodo máximo de tiempo que prevé la Ley Federal del Trabajo para que un juicio laboral permanezca inmóvil, y, por ende, éste podía utilizarse como estándar mínimo objetivo a fin de ofrecer seguridad jurídica a las partes en el juicio. Ahora bien, los artículos 885, 886, 887, 888, 889 de la Ley Federal del Trabajo, establecen "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos.." "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado..." De la interpretación sistemática de los artículos anteriores, se desglosa que una vez que se declare cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes se formulará un proyecto que deberá reunir los requisitos citados en líneas precedentes, tales como, un extracto de la demanda y su contestación, así como los hechos controvertidos y de los aceptados por las partes y finalmente deberá contener una relación de las probanzas rendidas, la apreciación de las mismas, para finalmente, dictarse el laudo respectivo. El proyecto de referencia se entregará a los miembros de la Junta, quienes en cinco días podrán solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo o que juzguen conveniente, en cuyo caso, la Junta señalará día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días; y una vez transcurrido ese lapso o desahogadas las diligencias necesarias, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. Además cabe destacar que el artículo 750 del mismo cuerpo normativo establece: "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario". Del dispositivo legal transcrito se advierte que las notificaciones deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha. En resumen, la lectura de las normas transcritas ponen de manifiesto los diversos plazos, los cuales sumados arrojan un término de treinta y ocho días hábiles para que la autoridad dicte y notifique el laudo que resuelva una controversia de índole laboral. Caso concreto. En el caso, la quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 5194/2020/5. Asimismo, la quejosa señala, bajo protesta de decir verdad que, el quince de marzo de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción en dicho juicio. En consecuencia, el plazo de treinta y ocho días que le otorga la Ley Federal del Trabajo a la autoridad responsable para el dictado y notificación del laudo respectivo transcurrió del dieciséis de marzo al quince de mayo de dos mil veintitrés, previo descuento de los días inhábiles. Sin embargo, como se dijo la presente demanda de amparo es improcedente, en razón de que a la fecha de su presentación, esto es, siete de junio dos mil veintitrés, no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales desde que feneció el término otorgado en la ley para que la autoridad dicte el laudo correspondiente en el juicio de origen, esto es a partir del quince de mayo de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el criterio jurisprudencial precisado, como se desprende de la tabla siguiente: Fecha en que se cerró la instrucción Término para dictar el laudo y notificarlo. Fecha presentación demanda de amparo Días naturales transcurridos de la fecha en que se debió dictar el laudo y la fecha de presentación de demanda de amparo 15 marzo 2023 Del 16 de marzo al 15 de mayo 2023 Sin contar los días 18, 19, 20, 25 y 26 de marzo;1, 2, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de abril; y 1, 5, 6, 7, 13 y 14 de mayo; todos de 2023, por ser inhábiles. 07 junio 2023 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo, así como 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de junio de 2023. Total: 22 días naturales. Por tanto, como se dijo la presente demanda de amparo es improcedente, en razón de que para la procedencia del amparo en el que se reclamen dilaciones presuntamente excesivas de los Tribunales laborales en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, deben de transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, desde la fecha que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse la omisión reclamada; situación que no se actualiza en el caso concreto, pues al día en que se presentó la demanda de amparo -siete de junio de dos mil veintitrés- aún no concluye el término máximo a que se refieren los artículos 885, 886, 887, 889, 890 y 750 de la Ley Federal del Trabajo -aplicables de conformidad con el séptimo transitorio de la reforma a dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve- para el dictado y notificación del laudo dentro del expediente laboral 5194/2020/5, y consecuentemente, aún no transcurre el plazo de cuarenta y cinco días antes citado. De lo cual se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la omisión combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de sus derechos sustantivos. Lo anterior es así, pues como se dijo, el plazo máximo de treinta y ocho días que le otorga la Ley Federal del Trabajo a la autoridad responsable para dictar y notificar el laudo dentro del expediente de que se trata, transcurre del dieciséis de marzo al quince de mayo de dos mil veintitrés. Luego, el término de cuarenta y cinco días naturales establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comenzará a computarse a partir del día siguiente de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente se debió dictar y notificar el laudo respectivo -dieciséis de mayo de dos mil veintitrés-. Ese período transcurre del dieciséis de mayo al veintinueve de junio de dos mil veintitrés; por lo que a partir del treinta de junio de este año comenzará la dilación excesiva que facultaría a la quejosa a concurrir al juicio de amparo indirecto a impugnarla. Por tanto, atendiendo a lo anteriormente expuesto, la presente demanda de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 63/2022 (11a.), del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo II, página 1456, registro 2025625, que a la letra dice: AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si para efectos de la procedencia del amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo o si dicho plazo puede agotarse, incluso, durante la secuela procesal del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que para que resulte procedente el amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable de más de 45 días naturales al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), necesariamente debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Justificación: Conforme a la referida jurisprudencia, para poder considerar que una dilación en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, es de "imposible reparación", para efectos de la procedencia del amparo indirecto, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable que hayan transcurrido más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Lo que significa, a contrario sensu, que si no ha transcurrido ese plazo razonable, que como prerrogativa otorgó la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no sería posible el análisis de alguna violación de derechos humanos alegada, precisamente porque la dilación procesal impugnada -hasta ese momento- no sería de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto; de ahí la necesidad de que el plazo razonable al que hace alusión la referida jurisprudencia debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que a partir de ese momento el Juez de Distrito podrá determinar si el acto reclamado actualiza o no el supuesto de procedencia del amparo indirecto al que hace referencia, puesto que, de no ser el caso, tendría que proceder conforme lo establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. De no considerarlo así y, por el contrario, de estimar que la actualización del supuesto al que alude el criterio jurisprudencial puede concretarse durante la sustanciación del proceso, se estaría ignorando el principio de agravio personal y directo reconocido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, el cual exige una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso a fin de poder intentar la acción de amparo, lo que en el caso se traduce en la existencia de una dilación procesal de más de 45 días naturales." Decisión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en términos del artículo 113 de la norma en mención, se desecha la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente.

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