María de Lourdes Trujillo Guardeneros
Expediente 731/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 731/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María de Lourdes Trujillo Guardeneros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de cinco de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee y no ampara ni protege a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Comuníquese lo anterior a las partes y, toda vez que no hay actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido, y en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo general, se determina que el expediente principal es susceptible de depuración una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, con excepción del escrito inicial de demanda, en su caso, resoluciones recurridas, así como la sentencia definitiva y la ejecutoria correspondiente. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de noventa días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA QUE RESUELVE:Acapulco de Juárez, Guerrero; a cinco de octubre de dos mil veintidós. VISTO; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 731/2022, promovido por María de Lourdes Trujillo Guarneros, en contra de actos del Congreso del Estado de Guerrero, y de otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, validado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, en esta demarcación, y turnado al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, Luis Felipe Mancera De Arrigunaga y otros, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "[.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 2. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero; y 3. H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. IV. ACTOS RECLAMADOS. 1. Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclaman: a). La expedición, y aprobación del Decreto por el que se expidió la Ley número 150 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022, en la que se establece el cobro del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2022. De manera destacada, se reclaman los artículos 9, inciso c) y 12, fracción III, en los que se establecen algunos de los elementos esenciales de ese impuesto, tal como lo son la (i) la causación y la obligación de pago del impuesto predial correspondiente a predios urbanos edificados para los que se fijó el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado, y (ii) la base, que constituye el valor catastral del predio y de las construcciones. La expedición del Decreto que establece un incremento considerable en los valores unitarios de uso de suelo y construcción para la zona catastral 30 -aplicables a Playamar- que sirven de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria por parte del Ayuntamiento, como se ilustra en la siguiente tabla: . Es importante aclarar que los Condominios impugnan el Decreto con motivo de su primer acto de aplicación, cuya afectación se actualizó en GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 2 su esfera jurídica al momento de hacer el pago del impuesto predial, con la base del impuesto en términos de lo dispuesto en el artículo 15, fracciones II y VI de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero. 2. Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama: La promulgación del Decreto y de la Ley de 150. Se destaca que dicho acto no se combate por vicios propios, sino que se señala como autoridad responsable conforme a lo ordenado en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. 3. Del Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, se reclaman las violaciones procesales al procedimiento para la emisión del Decreto, reglado en la Ley de Catastro. En la medida en que estas quejosas espontáneamente -sin consentir expresa o tácitamente la contribución- efectuaron el pago del impuesto sin que mediara un ulterior acto coactivo de ejecución por parte de las autoridades hacendarias, no se señala a dichas autoridades como responsables del cobro. Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que éstas sí incurrieron en violaciones al procedimiento reglado correspondiente para la emisión del Decreto, tal y como se demuestra en el concepto de violación correspondiente." SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados y narración de antecedentes. La parte quejosa invocó como derechos transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16, y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transcribió los antecedentes del acto reclamado que estimó conducentes. TERCERO. Tramitación del juicio. Mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, radicó la demanda bajo el número de expediente 135/2022, y formuló prevención a la parte promovente del amparo con el objeto de que precisara los ordenamientos legales que por esta vía tilda su constitucionalidad, así como la participación de las autoridades señaladas con el carácter de responsables; siendo que por ocurso aclaratorio, señaló: "[.] 2.1. Precisión del acto reclamado. Bajo protesta de decir verdad se precisa que los siguientes actos son los reclamados en el escrito inicial de demanda de amparo: La discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se expidió la Ley número 150 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022, en la que se establece el cobro del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2022. De manera destacada, se reclaman los artículos 9, inciso c) y 12, fracción III, en los que se establecen algunos de los elementos esenciales de ese impuesto, tal como lo son la (i) la causación y la obligación de pago del impuesto predial correspondiente a predios urbanos edificados para los que se fijó el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado, y (ii) la base, que constituye el valor catastral del predio y de las construcciones ('Ley de Ingresos 150'). GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 731/2022 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 3 ??????? ?? La discusión, aprobación y expedición del Decreto número 156 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2022 ('Decreto') El Decreto establece un incremento considerable en los valores unitarios de uso de suelo y construcción para la zona catastral 30 -aplicable a Playamar- que sirven de base para el cobro de contribuyentes sobre la propiedad inmobiliaria por parte del Ayuntamiento. 3. La promulgación del Decreto y de la Ley de Ingresos 150. 4. Violaciones procesales al procedimiento para la emisión del Decreto, reglado en la Ley de Catastro. Resulta importante destacar que aún y cuando ese Juzgado señale que también se hace referencia a la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez y diversos dispositivos, en efecto, tal como ese Juzgado advierte, son meras referencias que sirven para la argumentación y el desarrollo de lo aducido en el escrito inicial de demanda de amparo sin que éstos se señalen como actos reclamados. Se insiste en que los actos reclamados en el juicio en que se actúa son aquellos señalados tanto en el apartado correspondiente del escrito inicial de demanda del amparo, como en el presente apartado. 2.2. Precisión de las autoridades responsables. Bajo protesta de decir verdad se precisa que las siguientes autoridades son las señaladas como responsables para efecto del juicio de amparo en que se actúa: 1. H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 2. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero; y 3. H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. De nueva cuenta, tal y como ese Juzgado señala en el Acuerdo dé Prevención, en el escrito inicial de demanda, en efecto, se hizo referencia a diversas autoridades; sin embargo no fueron señaladas como responsables en el presente juicio de garantías. Las referencias señaladas se proporcionan a su Señoría para un mejor proveer en el desarrollo de los argumentos aducidos en el escrito inicial de demanda de amparo y no se puede suponer que se hace referencia a más autoridades responsables de aquellas señaladas como tal en el apartado correspondiente del escrito inicial de demanda de amparo." En ese contexto, por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda; solicitó informes justificados a las autoridades responsables; otorgó intervención a la Fiscal Federal de su adscripción; y señaló hora y fecha para la audiencia constitucional. Mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, decretó la separación de juicios en términos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Amparo y a través del oficio 12612/2022-116 de su índice, remitió copia certificada de la demanda de amparo y anexos que acompañó la quejosa María de Lourdes Trujillo Guarneros, a fin de que por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, se turnara para su conocimiento en lo individual. Inconforme, con la señalada separación de juicios, la parte quejosa interpuso recurso de queja, motivo por el cual fue suspendido aquél procedimiento; en el entendido que por auto de siete de julio de GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 4 dos mil veintidós, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, tuvo por recibido el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, haciéndole del conocimiento el desechamiento por improcedencia del recurso de queja administrativo 133/2022; y por auto acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintidós, tuvo por recibida la diversa misiva en que se informó que causó estado el referido acuerdo de presidencia y, por tal motivo, se levantó la suspensión del procedimiento decretada. Por turno correspondió del conocimiento de la demanda de amparo por lo que hace a la quejosa María De Lourdes Trujillo Guarneros, a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, y por auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, fue radicada bajo el número de expediente 731/2022; se convalidaron las actuaciones practicadas por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, y se otorgó vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; se ordenó dar a la Fiscal Federal adscrita la intervención que legalmente le compete; y fue fijado día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; así, una vez integrados los autos, tuvo verificativo la audiencia de ley, con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 36/2016, que reformó al diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, en virtud de que se reclaman normas de carácter general emitidas por el Congreso local cuyo primer acto de aplicación tuvo GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 731/2022 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 5 ??????? ?? verificativo dentro del límite territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio1. TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza de los actos reclamados, es necesario fijarlos claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda y sus anexos, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis número P.VI/2004, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SUFIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."2; de ahí que, de conformidad con el análisis contextual señalado, se obtiene los reclamos siguientes: I. De las autoridades del Estado de Guerrero: Congreso, y Gobernadora, en el ámbito de sus respectivas atribuciones: La discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley Número 150 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2022, específicamente sus artículos 9, inciso c), y 12, fracción III. II. De las autoridades del Estado de Guerrero: Congreso, y Gobernadora; así como del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el ámbito de sus respectivas atribuciones: 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 2 Tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 6 El envío en calidad de proyecto, la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto número 156 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento de Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2022. III. Del Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero: La aplicación de los preceptos reclamados contenida en la determinación y cobro del impuesto predial por cuanto hace al ejercicio fiscal dos mil veintidós, en relación con el inmueble identificado con la cuenta catastral 030-001-002-0210, que originó la emisión de la factura con folio 2200495255. CUARTO. Oportunidad en la demanda. La demanda es oportuna tomando en consideración que el veintiocho de enero dos mil veintidós, la parte quejosa enteró la contribución que originó la emisión de la factura con folio 2200495255. De ahí que, el plazo de quince días para la presentación del amparo, quedó comprendido del treinta y uno de enero al veintiuno de febrero de dos mil veintidós, sin considerar en dicho cómputo los días sábados y domingos, y el siete de febrero (primer lunes de febrero, en conmemoración al 5 de febrero), al ser inhábiles en términos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. De manera que, si la demanda de amparo se presentó el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se debe estimar oportuna ya que se recibió dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Inexistencia del acto de aplicación reclamado. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 731/2022 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 7 ??????? ?? se actualicen en el particular, para de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, de análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO3." El Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al rendir informe justificado, negó categóricamente el acto de aplicación que se les atribuye; en ese contexto resulta inexistente el acto de aplicación de que se trata; y, máxime que el artículo 8 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, dispone a diversas autoridades como competentes en materia de catastro4. Para robustecer la conclusión alcanzada, debe ponderarse que la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales, deriva de la actuación de la parte quejosa frente al contenido legal aplicable con motivo del pago que efectuó por concepto de impuesto predial; y no porque en ejercicio de las facultades inherentes a las autoridades municipales, hubieran hecho efectivo el cumplimiento del mandato contenido; es decir, aunque pudiera ser cierto que las autoridades exactoras llevaron a cabo la determinación e incremento de la base gravable respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 030-001-002-0210; y, con ello dio lugar a recibir el pago del impuesto predial; lo cierto es que la aplicación de los normativos se materializó con el entero de la contribución que de manera voluntaria y 3 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, de abril de 1994, página 68. 4 Artículo 8.- Son Autoridades en materia de catastro: I. El Presidente Municipal. II. El Tesorero Municipal. III. El Director de Catastro Municipal. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 8 espontánea efectuó la contribuyente; de ahí que, la quejosa se ubica en la hipótesis de la autoliquidación. En relación con esa figura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2007-SS, en sesión de veintisiete de junio de dos mil siete, determinó lo siguiente o La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad, por lo que el que en un juicio de amparo el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, sólo acredita la autoaplicación de la ley y no da lugar a tener por acreditada la existencia de los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. De la ejecutoria aludida derivó la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 731/2022 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 9 ??????? ?? En aplicación del criterio jurisprudencial, se arriba a la conclusión que no puede considerarse que las autoridades municipales hayan aplicado en perjuicio de la parte quejosa la normatividad reclamada. o La quejosa acudió a este juicio de amparo con motivo del pago que, voluntariamente y en forma espontánea, efectuó del impuesto predial en el ejercicio fiscal de dos mil veintidós respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 030-001-002-0210. La mecánica para la determinación de las contribuciones locales se encuentra regulada, entre otros, por los artículos 28, 29, 30, 34 y 72 del Código Fiscal Municipal número 1525, de los que se desprende que el sistema contributivo municipal se rige por el principio autodeterminativo, ya que la determinación o liquidación de los tributos se efectúa -ordinariamente- por el propio contribuyente. La ley fiscal parte de un diverso principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias, de manera excepcional, la ley dispone que ese cálculo podrá ser realizado por la autoridad hacendaria. La autoliquidación es una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto administrativo, sino una simple declaración tributaria en la que el propio sujeto pasivo practica también la liquidación tributaria consecuente. La autoliquidación es una declaración liquidación practicada y presentada por el propio sujeto pasivo. ************* Consecuentemente, lo anterior razonablemente permite afirmar y sostener que el Decreto número 156 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento de Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2022, contiene los elementos suficientes de la construcción para poderle asignar una categoría a los inmuebles materia del impuesto predial, sin dejar en estado de indefensión al contribuyente puesto que elementos insertados son suficientes para lograr categorizar al inmueble materia del impuesto. No es inadvertido que la quejosa sostiene que las tablas de valores unitarios incluyen tipologías que no se encuentran contempladas en la legislación catastral, ya que por lo que hace a la determinación de la clasificación relativa a la clase particularmente al uso habitacional define las tipologías en a) precaria, b) económica, c) interés social, d) regular, e) interés medio, f) buena, g) muy buena y h) lujo, mientras que el Decreto contempla otras categorías como la popular, regular, semilujo, plus y premier, lo que lo afecta de inconstitucional, lo mismo ocurre respecto del uso, puesto que las tablas contemplan una serie de divisiones no reconocidas por la ley, tal como acontece al momento de incluirse una clasificación diferenciada entre los predios de uso habitacional, entre los que sean uni-familiares, respecto de los constituidos en departamento o condominio, lo que genera incertidumbre al sujeto del impuesto predial, pues en ninguna parte de la Ley de Catastro se encuentran establecidos dichos parámetros, lo que provoca que uno de los elementos de la contribución pueda ser elegido discrecionalmente por la autoridad administrativa, debido a que el legislador estableció una variedad de posibles bases gravables atendiendo a las diversas clasificaciones establecidas en las tablas (habitación, comercial e industrial) pero no estableció los parámetros que debe observar la autoridad administrativa para efecto de clasificar las tipologías, en los términos previstos en las tablas de valores unitarios. Sin embargo, contrario a lo argumentado por la parte quejosa, no debe perderse de vista que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "[.] Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. (.)." Del artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden los cuatro principios de justicia fiscal que configuran el sistema impositivo mexicano, los cuales son: legalidad, proporcionalidad, equidad tributaria y destino al gasto público. Estos principios nutren de contenido a los ordenamientos fiscales, pero también delimitan el margen de actuación del legislador para crear, modificar o derogar las normas que componen cada régimen tributario particular que integra dicho sistema. En lo que aquí interesa el principio de legalidad tributaria implica la exigencia constitucional al legislador ordinario de establecer los elementos constitutivos de las contribuciones de manera razonable, con el objeto de que los contribuyentes tengan certeza sobre la manera en que habrán de cumplir sus obligaciones fiscales, sin que ello lo vincule a definir cada vocablo o locución utilizado en las normas, sino por el contrario, se reconoce la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que definan su sentido y alcance, con motivo de las imprecisiones y oscuridad legales. El alcance de dicha garantía de legalidad tributaria se basa en que el legislador no debe prever fórmulas que representen prácticamente la indefinición de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ello se dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas quienes generen la configuración de los tributos, o bien, que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que debe contribuir al gasto público. En esa virtud, el principio de legalidad tributaria no llega al extremo de impedir el empleo de un método de interpretación jurídica para arribar al verdadero significado de cada uno de los elementos esenciales de la norma que crea el impuesto de que se trata, pues el objeto de dicha garantía tiene que ver con la prohibición de que sea la autoridad administrativa la que determine alguno de esos elementos esenciales, de modo que se abra la posibilidad de cometer arbitrariedades en contra del ciudadano que desconoce los lineamientos o formulas a utilizar para calcularlos, dejando a voluntad de la autoridad exactora y no del legislador, el cálculo de tal aspecto. Conviene citar por las razones que las informan, los siguientes criterios aislados, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: P. LXXVI/2010, Registro digital: 163097, y de la entonces Carta Sala, Tesis: 4a. XXXVI/91, Registro digital: 207876, que disponen: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL ALCANCE DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL NO TUTELA QUE LA DEBIDA DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE UN TRIBUTO SE HAGA BAJO UN ENTORNO PROPORCIONAL Y EQUITATIVO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los tributos se prevean en la ley y, de manera específica, sus elementos esenciales, para evitar que quede a la arbitrariedad de las autoridades exactoras la fijación del gravamen, el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, y para que el particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien los precise. Asimismo, al atender a la interacción de dicho principio tributario con la garantía de seguridad jurídica, en su vertiente de certeza manifestada en un suficiente desarrollo normativo, ha sostenido que el legislador no debe prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ello se dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas quienes generen la configuración de los tributos, o bien, que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que debe contribuir al gasto público. Sin embargo, este Alto Tribunal no ha sostenido que en cumplimiento al principio de legalidad tributaria, el legislador esté obligado, adicionalmente, a tutelar los diversos principios de proporcionalidad y equidad, como si aquél fuera una meta-garantía constitucional que se infringiría siempre que se faltara a la proporcionalidad o a la equidad aunque, desde luego, el legislador debe velar por que no se violen los principios mencionados en último término, sin que ello derive del principio de legalidad tributaria." "IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE. La exigencia de que los elementos esenciales de un tributo se consignen expresamente en la ley que lo establece, no llega al extremo de pretender la definición de los conceptos que utilice ni excluye la posibilidad de que la norma se interprete para averiguar su correcto alcance. Lo que prohibe la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, es que la creación propiamente dicha del impuesto quede a cargo de una autoridad distinta del legislador, lo cual no acontece cuando en la ley aparecen determinados los elementos del tributo, requiriéndose únicamente de la interpretación para fijar su exacto sentido, puesto que interpretar la ley no equivale a crearla, sino nada mas a desentrañar el sentido de la ya existente." Por tanto, no se transgrede el principio de legalidad tributaria ante la falta de definición -en la norma- de los conceptos de popular, regular, semilujo, plus y premier; y, que por tal motivo, impida al contribuyente atender su ámbito de aplicación, puesto que atendiendo el marco constitucional que regula el principio de legalidad tributaria y, que como ha quedado expuesto, no vincula al legislador a definir cada vocablo o locución utilizado; máxime en atención al reconocimiento de la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que definan su sentido y alcance, con motivo de las imprecisiones y oscuridad legales; y aún más atendiendo a que tales vocablos no dan pauta a una interpretación confusa que imposibilite su acepción. Es decir, aunque en el Decreto reclamado no se describen los parámetros para clasificar el inmueble en los tipos básicos de construcción adherida al suelo, que son: vivienda unifamiliar; departamento condominio; hoteles-moteles; comercios o prestación de algún tipo de servicio; escuelas; restaurantes; naves industriales/bodegas; estacionamiento; techumbres; terrazas; alberca; jardines; elevadores; pavimentos y banquetas; muros de contención; y, centros sociales, salón de eventos, estadios, foros y espectáculos; lo cierto es que de la imposición de los conceptos descritos se puede observar que éstos no necesitan mayor descripción, pues su definición es del dominio público y son perfectamente identificables por cualquier persona. De ahí que, son infundados los conceptos de violación analizados. Bajo ese contexto, al resultar infundados los conceptos de violación propuestos, lo que procede es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María de Lourdes Trujillo Guarneros, por los razonamientos expuestos en el considerando quinto que rige este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a María de Lourdes Trujillo Guarneros, por las razones dadas en el último considerando que rige esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta hoy cinco de octubre de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución, quien actúa asistida por Gustavo Vega Ascencio, Secretario que autoriza. Doy fe.
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ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS: La Secretaria hace constar que las partes no los formularon. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para formularlos con posterioridad. Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda.
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Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto; se tiene por recibido y agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por el Delegado del Congreso del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, por medio del cual acusa recibo de la comunicación oficial 24057/2022, por la que se le notificó el proveído de cuatro de agosto del año en curso; toda vez que en el acuerdo de ocho de septiembre actual, se le tuvo informando dicha circunstancia. Notifíquese
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