Maria de Lourdes Toledo Monroy

Expediente 847/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
847/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
27/10/2020

Partes del expediente

  • Maria de Lourdes Toledo Monroy

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Consultora Jurídica General, en ausencia del Consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso, a través del cual, devuelve el oficio 14507/2020, de veinticuatro de septiembre de la presente anualidad, ya que la representación Presidencial le Corresponde a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. En consecuencia, con la finalidad de dar continuidad al procedimiento, se ordena reexpedir el oficio en comento, a la autoridad ahí señalada por ser la encargada de la representación Presidencial. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra el acto que reclama del Director de Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 847/2020-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo1 , esta sede constitucional desecha la demanda de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causal manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la ley en consulta, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De los preceptos transcritos se infiere que, el juicio de amparo no es procedente, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observará, tienen el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I. Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual éstos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II. Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte; y, por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que, si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Ahora bien, la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: I. Del Director de Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos, reclama: La omisión de proveer lo relativo al escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil veinte, mediante el cual solicita se le otorguen vacaciones del periodo comprendido de julio a diciembre de dos mil dieciocho. Por lo tanto, la omisión reclamada, surge de una relación de coordinación entre patrón y trabajador dada la existencia de derechos y obligaciones que comparten entre sí, en virtud de que la parte quejosa lo que plantea es que no ha gozado del periodo vacacional comprendido del periodo de julio a diciembre de dos mil dieciocho, en virtud de que no ha sido incluida en el rol correspondiente, por lo que mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, elevó dicha petición al Director de Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos, en su calidad de superior jerárquico. De ahí que, si por tal relación laboral existe un desacuerdo entre dichas partes, entonces será en otra vía en la que se ventile tal problemática y no mediante esta vía constitucional, ello en base a que se encuentran prestaciones derivadas de un nexo de trabajo. Por tanto, dicha omisión no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en razón de que corresponden al vínculo entre patrón y trabajador; caso en el que se insiste, actúan en un plano de igualdad. Además, tampoco se está en el supuesto señalado por el artículo 5° fracción ll, de la Ley de Amparo, que al respecto señala que un particular tendrá el carácter de autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una noma general. En esa tesitura, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, tiene una naturaleza eminentemente laboral, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación; por tanto, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado, también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, congruentemente con la doble personalidad del Estado. Por ende, la omisión reclamada no puede ser considerada como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por lo expuesto, este Juzgado Federal considera que respecto del acto reclamado al Director de Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos, el juicio de amparo es improcedente, de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción II del artículo 5, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que éste no es autoridad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, en el presente asunto, se actualiza causa de improcedencia, prevista en los numerales 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a contrario sensu, por lo que se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Notifíquese personalmente vía electrónica

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