María de Lourdes Sosa García y Otros.

Expediente 416/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
416/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • María de Lourdes Sosa García
  • María de Lourdes Sosa García y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte a la fecha ha transcurrido el plazo de tres días otorgado a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento informado por la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, contra cuyos actos se concedió la protección federal. La parte quejosa desahogó la vista otorgada. Por tanto, este órgano constitucional procede a determinar si ha quedado cumplida o no la ejecutoria dictada en el presente asunto. En este sumario, el acto reclamado consistió en: La resolución de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, emitida dentro de los autos del juicio ordinario civil 268/2021-I del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, relativa al recurso de reclamación interpuesto por el ahora tercero interesado Manuel Alberto Pereda Morales. En la que se redujo la pensión alimenticia provisional originalmente establecida de veintitrés salarios mínimos diarios a favor de las aquí quejosas María de Lourdes Sosa García, por propio derecho y en representación de la menor de identidad resguardada N.P.S., así como por Fátima y Mariana, ambas de apellidos Pereda Sosa, por propio derecho distribuida en seis salarios mínimos para cada una de las hijas y cinco salarios mínimos para la cónyuge, a trece salarios mínimos diarios sin precisar cuántos corresponden a cada una. Mediante sentencia de quince de julio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo para el efecto de que el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz: Dejara insubsistente la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 268/2021-I de su índice (acto reclamado) Dictara una nueva en la que, conforme los lineamientos planteados en esta sentencia, determinara que el recurso de reclamación interpuesto por Manuel Alberto Pereda Morales era improcedente en relación con la pensión alimenticia fijada en favor de sus hijas (la menor de identidad resguardada N.P.S., así como por Fátima y Mariana, ambas de apellidos Pereda Sosa). Por lo que, debía subsistir el monto de los alimentos correspondiente a seis salarios mínimos diarios para cada una de ellas, establecido en auto de veintiséis de febrero último. Respecto de la diversa quejosa María de Lourdes Sosa García, analizando el único agravio declarado como procedente, respecto del cual refiere cuenta con ingresos propios al encontrarse dada de alta ante el Servicio de Administración y el Instituto Mexicano del Seguro Social, establezca nuevamente el monto que le corresponde, sin que sea dable lo reduzca significativamente, ello atendiendo a las consideraciones expuestas en la ejecutoria de amparo. Una vez tramitado el recurso de revisión interpuesto por el autorizado del tercero interesado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante ejecutoria emitida en sesión de veintinueve de abril del año en curso, dentro del toca 300/2021, determinó modificar la sentencia recurrida únicamente para el efecto de que abarcara el acto de ejecución también reclamado, es decir: ". únicamente en corregir la omisión del juzgado federal de pronunciarse sobre el acto reclamando consistente en la ejecución de la resolución combatida, por lo que este tribunal colegiado de circuito precisa que la concesión se debe de hacer extensiva, respecto del acto que se reclama de la autoridad responsable, en su calidad de ejecutora, pues al ser inconstitucional el acto que se le atribuye como ordenadora, también lo es aquel relativo a su ejecución." Consecuentemente, por acuerdo de veintiséis de mayo de los actuales, se requirió al Juez responsable, para que en el término de tres días, contado a partir de que fuera notificado de dicho acuerdo, justificara haber dado cumplimiento a la sentencia amparadora dictada por este órgano jurisdiccional. Seguida la etapa ejecutiva por proveídos de dieciséis de junio y once de julio pasado, al efectuarse el análisis de las resoluciones emitidas por la responsable con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria protectriz, este órgano jurisdiccional determinó que no se encontraba cumplida en sus términos por las razones ahí expuestas. Por lo que se requirió de nueva cuenta a la autoridad. Así, mediante oficio acordado el cinco de agosto pasado, la citada responsable remitió copia certificada de la nueva resolución dictada en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Con ello se dio vista a las partes a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. Por proveído de dieciséis de agosto pasado, se tuvo a la parte quejosa, realizando manifestaciones al respecto. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO En ese orden, impuesto de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se desprende la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, mediante resolución de cuatro de agosto de la presente anualidad: Dejó sin efectos la diversa de veintinueve de abril de dos mil veintidós. Asimismo, declaró parcialmente procedente la reclamación por parte de Manuel Alberto Pereda Morales -aquí tercero interesado- en contra de la medida provisional fijada por dicho juzgado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. En consecuencia regraduó el monto de la pensión provisional alimentaria establecida en el mencionado auto; y, en su lugar fijó una consistente veinte salarios mínimos diarios, a razón de ciento cuarenta y un pesos con setenta centavos moneda nacional ($141.70), lo que da como resultado la cantidad líquida diaria de dos mil ochocientos treinta y cuatro pesos moneda nacional ($2,834.00) a cargo del referido Pereda Morales, distribuida en seis salarios para cada una de las hijas aquí contendientes de apellidos Pereda Sosa; y dos salarios mínimos para la actora María de Lourdes Sosa García, en calidad de esposa. Lo cual deberá depositar por semanas anticipadas ante el juzgado de su adscripción. De la parte considerativa de dicha resolución se desprende fue dictada conforme a las directrices marcadas en la sentencia. Esto es, desestimó las razones que habían sido puestas en su conocimiento desde la petición de alimentos -pago de crédito hipotecario por parte del deudor alimentario y que la acreedora en su carácter de esposa cuenta con ingresos de veinte mil pesos por el arrendamiento de inmuebles propios-. Con lo anterior, resulta procedente declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida en sus términos. Los efectos del amparo quedaron satisfechos. Se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior, se sostiene sin que pasen inadvertidas las manifestaciones de María Esther Cazarín Sánchez, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, en el sentido que no se encuentre debidamente cumplida la sentencia. Considera la reducción de cinco a dos salarios mínimos, es trascendental, a pesar que se indicó textualmente al juez responsable que no era dable que la redujera significativamente. Agrega, que aun cuando la pensión se fijó en salarios mínimos cuando se hace la referencia, se pone la cantidad líquida vigente del salario mínimo, con lo cual el juez responsable incumple nuevamente con la sentencia amparadora, toda vez que la resolución que remitió para justificar que está cumplimento con la ejecutoria, es de cuatro de agosto de dos mil veintidós, por lo que si el salario mínimo vigente a partir del primero de enero de dos mil veintidós es de $172.87 (ciento setenta y dos pesos 87/100 m.n.) y no de $141.70 (ciento cuarenta y un pesos 70/100 m.n.) en la resolución debió precisar que la pensión alimenticia provisional para las cuatro acreedoras alimentarias debe cubrirse conforme al salario mínimo vigente de la época y a partir del primero de enero de dos mil veintidós, sobre la base de $172.87 pesos diarios. Al respecto, signifíquesele que en relación con el monto determinado por la responsable en su calidad de esposa, en la sentencia de mérito se precisó quedaba a su prudente arbitrio su fijación; y por cuanto a su argumento de que el salario debe ser el vigente al año dos mil veintidós, debe entenderse que al estar analizando la pensión provisional fijada en el año dos mil veintiuno, utilizó la cantidad vigente en aquel año para establecerla en forma líquida. Pero al hacerlo utilizando esa variable (salario mínimo) también es claro que la fijación de la pensión se ajusta tantas y cuántas veces el salario sufre modificación. Por lo que deviene innecesario requerir al juzgador precise tal circunstancia, si jurídicamente al graduar el pago de pensión provisional lo hizo en esa unidad. Por ende, para su liquidación basta adecuar su importe cada vez que el salario es modificado. Así por cuanto a las pensiones del año dos mil veintiuno se causan por el importe destacado, pero una vez que esté fue actualizado por la autoridad nacional, las del año dos mil veintidós son modificadas y así sucesivamente. Todo sin necesidad de pronunciamiento nuevo por parte del juez cada vez que eso suceda. DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse concedido la protección constitucional y carecer de relevancia documental. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN. En cuanto al original del incidente de suspensión, dado que fue concedida la medida cautelar definitiva, se decreta que -una vez transcurran tres años- es susceptible de depuración. Respecto al duplicado del incidente de suspensión -una vez transcurra el término de seis meses- es susceptible de destrucción. Insértese copia certificada del presente proveído en los cuadernos del incidente de suspensión para los efectos legales correspondientes. CUESTIONES ADMINISTRATIVAS. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO. Una vez recabadas las notificaciones de este acuerdo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, junto con los autos incidentales. DEVOLUCIÓN DE PRUEBAS. Resulta innecesario seguir conservando las documentales enviadas por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, con las cuales se formaron por separado tres tomos de pruebas, en atención a lo acordado en proveído de treinta de junio del año próximo pasado. Por tanto, devuélvanse a dicha autoridad sin necesidad de acusar recibo, la entrega del oficio que se gire con el contenido de este acuerdo, hará constancia de ello. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta. ********** [autorizada de la parte quejosa] desahoga la vista otorgada en proveído de cinco de agosto pasado, con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente sumario, informado por la autoridad responsable. Téngase por hechas las manifestaciones vertidas en dicho ocurso, sin perjuicio de ser tomadas en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, cinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta y su anexo. El Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en Veracruz, Veracruz, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria federal emitida en este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio y su anexo, córrase traslado y dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga. Apercibidas que de no desahogar la vista de mérito, únicamente se tomarán en consideración los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad oficiante, a efecto de resolver si ésta cumplió o no el fallo protector o si lo hizo con exceso o defecto. Notifíquese personalmente...".

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, once de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte las partes no desahogaron la vista otorgada del cumplimiento que el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, refirió dar a la sentencia amparadora dictada en este asunto. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a la calificación del mismo. En este sumario, el acto reclamado consistió en: - La resolución de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, emitida dentro de los autos del juicio ordinario civil 268/2021-I del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, relativa al recurso de reclamación interpuesto por el ahora tercero interesado ***********. En la que se redujo la pensión alimenticia provisional originalmente establecida de veintitrés salarios mínimos diarios a favor de las aquí quejosas María de Lourdes Sosa García, por propio derecho y en representación de la menor de identidad resguardada N.P.S., así como por Fátima y Mariana, ambas de apellidos Pereda Sosa, por propio derecho -distribuida en seis salarios mínimos para cada una de las hijas y cinco salarios mínimos para la cónyuge-, a trece salarios mínimos diarios -sin precisar cuántos corresponden a cada una-. Mediante sentencia de quince de julio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo para el efecto de que el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz: - Dejara insubsistente la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 268/2021-I de su índice (acto reclamado) - Dictara una nueva en la que, conforme los lineamientos planteados en esta sentencia, determinara que el recurso de reclamación interpuesto por Manuel Alberto Pereda Morales es improcedente en relación con la pensión alimenticia fijada en favor de sus hijas (la menor de identidad resguardada N.P.S., así como por Fátima y Mariana, ambas de apellidos Pereda Sosa). Por lo que, debía subsistir el monto de los alimentos correspondiente a seis salarios mínimos diarios para cada una de ellas, establecido en auto de veintiséis de febrero último. Respecto de la diversa quejosa María de Lourdes Sosa García, analizando el único agravio declarado como procedente, respecto del cual refiere cuenta con ingresos propios al encontrarse dada de alta ante el Servicio de Administración y el Instituto Mexicano del Seguro Social, establezca nuevamente el monto que le corresponde, sin que sea dable lo reduzca significativamente, ello atendiendo a las consideraciones expuestas en la presente resolución. Una vez tramitado el recurso de revisión interpuesto por el autorizado del tercero interesado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante ejecutoria emitida en sesión de veintinueve de abril del año en curso, dentro del toca 300/2021, determinó modificar la sentencia recurrida únicamente para el efecto de que abarcara el acto de ejecución también reclamado, es decir: ". únicamente en corregir la omisión del juzgado federal de pronunciarse sobre el acto reclamando consistente en la ejecución de la resolución combatida, por lo que este tribunal colegiado de circuito precisa que la concesión se debe de hacer extensiva, respecto del acto que se reclama de la autoridad responsable, en su calidad de ejecutora, pues al ser inconstitucional el acto que se le atribuye como ordenadora, también lo es aquel relativo a su ejecución." Consecuentemente, por acuerdo de veintiséis de mayo de los actuales, se requirió al Juez responsable, para que en el término de tres días, contado a partir de que fuera notificado de dicho acuerdo, justificara haber dado cumplimiento a la sentencia amparadora dictada por este órgano jurisdiccional. Por proveído de tres de junio último, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo copia certificada de la nueva resolución emitida con el fin de dar cumplimiento a la sentencia amparadora; y, se dio la vista correspondiente a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Debidamente notificadas fueron omisas en desahogarla. Seguido el juicio, con fecha dieciséis de junio pasado, se realizó un análisis de las constancias con las que la autoridad pretendió justificar el cumplimiento a la ejecutoria de mérito, concluyendo que la misma no fue cabalmente cumplida por lo que se requirió de nueva cuenta a la responsable para que la acatara en los términos correctos. Así, por auto de veinticuatro de junio pasado, se tuvo nuevamente a la autoridad responsable remitiendo copia certificada de una nueva resolución emitida con el fin de acatar en sus términos la sentencia amparadora; y, por segunda ocasión se dio la vista correspondiente a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Debidamente notificadas fueron omisas en desahogarla. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO En ese orden, impuesto de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se desprende la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, mediante resolución de veintiuno de junio de la presente anualidad: -Dejó sin efectos la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós. -Asimismo, declaró procedente la reclamación por parte de Manuel Alberto Pereda Morales -aquí tercero interesado- en contra de la medida provisional fijada por dicho juzgado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Regraduando el monto de la pensión provisional alimentaria fijada en el mencionado auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno; y, en su lugar fijó una consistente en veinte salarios mínimos diarios, a razón de ciento cuarenta y un pesos 70/100 M.N. ($141.70), lo que da como resultado la cantidad liquida diaria de dos mil ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N. ($2,834.00) a cargo del referido Pereda Morales, distribuida en seis salarios para cada una de las hijas aquí contendientes de apellidos Pereda Sosa; y dos salarios mínimos para la actora María de Lourdes Sosa García, en calidad de esposa. Lo cual deberá depositar por semanas anticipadas ante el juzgado de su adscripción. Ahora, entrando nuevamente al estudio de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria federal, se advierte el Juez responsable realizó lo siguiente: Como se precisó en la sentencia debía dejar sin efectos la resolución reclamada -lo cual se desprende hizo- y dictar otra, en la que conforme a las directrices planteadas en dicha resolución, determinara que el recurso de reclamación interpuesto por ********** era improcedente en relación con la pensión alimenticia fijada en favor de sus hijas (la menor de identidad resguardada N.P.S., así como por Fátima y Mariana, ambas de apellidos Pereda Sosa). Debiendo subsistir el monto de los alimentos correspondiente a seis salarios mínimos diarios para cada una de ellas. Lo cual así hizo. Sin embargo, con lo anterior no acató a cabalidad la sentencia. Ello se afirma, ya que de la referida resolución de veintiuno de junio del presente año, se advierte si bien regraduó el monto de la pensión provisional alimentaria fijada en el auto de radicación de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y en su lugar fijó una consistente en veinte salarios mínimos diarios, distribuida en seis salarios para cada una de las hijas (la menor de identidad resguardada N.P.S., así como por Fátima y Mariana, ambas de apellidos Pereda Sosa) de los aquí contendientes -como se estableció en la ejecutoria de mérito-; y, en relación con la aquí quejosa en su calidad de esposa María de Lourdes Sosa García determinó le corresponden dos salarios mínimos respecto de los veinte ya asentados. Lo cierto es que en la parte considerativa pasó por alto que no debía estimar válidas las razones que habían sido puestas en su conocimiento desde la petición de alimentos -pago de crédito hipotecario por parte del deudor alimentario y que la acreedora en su carácter de esposa cuenta con ingresos de veinte mil pesos por el arrendamiento de inmuebles propios-, al no ser hechos novedosos. Por tanto, no debían incidir en la graduación del monto de pensión alimenticia provisional fijado (como ya se había establecido en el requerimiento de dieciséis de junio pasado). Y con ello no debía reducir significativamente, como se dijo, la pensión fijada a favor de la parte actora. Es decir, si bien dejó intocado el porcentaje fijado para las hijas y determinó el correspondiente a la esposa. Lo cierto es que la argumentación para arribar a dicha determinación no es la que se estableció en la sentencia, puesto que toma en cuenta para la procedencia del recurso el pago del crédito hipotecario, razón que fue puesta en su conocimiento desde la petición de alimentos. En tales condiciones, se tiene por no cumplida la sentencia de amparo. Requiérase nuevamente al Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, para que dentro del improrrogable término de tres días, con apoyo en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, justifique el cumplimiento exigido o, en su caso, informe el impedimento legal que tenga para ello. En el entendido que subsiste el apercibimiento al que se conminó en el proveído de veintiséis de mayo último. Finalmente, dado que las autoridades jurisdiccionales civiles en el Estado de Veracruz se encuentran gozando de su periodo vacacional de verano, resérvese el envío del oficio correspondiente hasta en tanto reanuden labores. Notifíquese.

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