María de Lourdes Sicardi Sánchez

Expediente 644/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 29 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
644/2021
Año
2021
Actuaciones
29
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • María de Lourdes Sicardi Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se requirió a la Tesorería Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada y la Síndico Procurador de la Sindicatura Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que dentro del plazo de tres días hábiles, remitieran copia certificada con las que acrediten dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos a fin de que se restituya a la quejosa en sus derechos vulnerados. En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio presentado por la Síndico Procurador de la Sindicatura Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, y anexos que acompaña, mediante el cual en atención a lo requerido en autos, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el seis de octubre de dos mil veintidós, notificó a la parte quejosa la resolución en la que se dejó insubsistente la interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno y se negó la medida cautelar consistente en la suspensión temporal de su cargo e informa que la Directora de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento XXIV de Ensenada, Baja California, es la superior jerárquico de la Coordinación de Jueces Calificadores, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Asimismo, mediante oficio registrado con folio 11640 la autoridad Oficial Mayor del Ayuntamiento XXIV de Ensenada, Baja California, informó que la aquí quejosa está en aptitud de acudir a las instalaciones de la Coordinación de Jueces Calificadores a fin de reiniciar sus labores como Coordinadora de Jueces Calificadores. Por otra parte, glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento XXIV de Ensenada, Baja California, mediante el cual remite copias certificadas de los recibos de nómina expedidos a favor de la parte quejosa María de Lourdes Sicardi Sánchez; asimismo, informa su impedimento legal para dar cabal cumplimiento respecto de entregar los mismos. En ese contexto, toda vez que es obligación de este juzgado de Distrito, velar por el cumplimiento del fallo protector y que las ejecutorias concesorias de amparo, sean cabalmente cumplidas, requiérase a ************, a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, acredite haber comparecido a las oficinas de la Tesorería Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, con domicilio ubicado en el edificio municipal carretera Transpeninsular número 6500-A, ex ejido Chapultepec, en esta ciudad, con el fin de recibir el pago de nómina expedido a su favor en cumplimiento al fallo protector. Asimismo, requiérase a la quejosa para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, informe a éste órgano jurisdiccional sobre su presentación en las instalaciones de la Coordinación de Jueces Calificadores del Ayuntamiento XXIV de Ensenada, Baja California, a fin de reiniciar sus labores como Coordinadora de dicha dependencia. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se seguirá el procedimiento de ejecución relativo al fallo protector correspondiente, ante su desinterés de recoger los pagos de nómina expedidos a su favor, así como de reiniciar sus labores como Coordinadora de Jueces Calificadores, o bien, manifieste el impedimento legal que hubiese tenido para ello. En consecuencia, requiérase a la Tesorería Municipal y Directora de Asuntos Jurídicos, ambas del Ayuntamiento XXIV de Ensenada, Baja California, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, informen a éste juzgado de Distrito, la comparecencia de ********* ante dichas dependencias. En el entendido de que deberán remitir las constancias certificadas relativas a efecto de correrle traslado a las partes, apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se harán acreedoras, a una multa en lo individual, de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, conforme al artículo 193 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, se requirió al Oficial Mayor del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, para que dentro del plazo de tres días hábiles, remitiera copia certificada de los recibos de pago de veinte y veintisiete de octubre del año en curso, en los que se acreditara que la aquí quejosa María de Lourdes Sicardi Sánchez, firma de recibido, respecto al pago de su salario. En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Oficial Mayor del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, y anexos que acompaña, mediante el cual informa que dicha autoridad sólo realiza las gestiones de pago y una vez recibidos por la Tesorería Municipal, ésta genera el pago mediante cheque y es quien tiene los acuses de recibo firmados por la persona quien recibe dicho pago. Ahora toda vez que del párrafo supra, se advierte que a la compete realizar gestiones necesarias para dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos a fin de que se restituya a la quejosa en sus derechos vulnerados. Si bien la protección federal se concedió respecto a la autoridad Síndico Procurador de la Sindicatura Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, quien suscribe advierte que la Tesorería Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, tiene injerencia en dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, no obstante que la Tesorería Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, no fue señalada como autoridad responsable, está directamente vinculada a llevar a cabo las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento al fallo protector. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1ª./J. 57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, tomo XXV, mayo de 2007, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 172605, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." En consecuencia, remítase copia autorizada de la ejecutoria de amparo y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, acorde con los lineamientos del fallo protector requiérase a la Tesorería Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, en el ámbito de su respectiva competencia se restituya a la quejosa sus derechos vulnerados, esto es, remita a éste juzgado copia certificada de los recibos de pago de veinte y veintisiete de octubre del año en curso, en los que obre la firma de recibo de la aquí quejosa María de Lourdes Sicardi Sánchez, respecto al pago de su salario, en el entendido de que deberá remitir las constancias certificadas relativas a efecto de correrle traslado a las partes. En otro aspecto, si bien mediante oficio registrado con folio 11640 la diversa autoridad vinculada Oficial Mayor del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, manifestó que dicha dependencia no realiza notificaciones a los servidores públicos cuando se deja sin efectos la suspensión de sus labores, no obstante lo anterior, requiérase a la autoridad responsable Síndico Procurador de la Sindicatura Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la constancia de notificación realizada a la aquí quejosa María de Lourdes Sicardi Sánchez, de la que se desprenda que está en aptitud de reincorporarse a sus labores como Coordinadora de Jueces Calificadores del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California y así se restituya a la quejosa sus derechos vulnerados, en el entendido de que deberá remitir las constancias certificadas relativas a efecto de correrle traslado a las partes. Apercibidas la Tesorería Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada y la Síndico Procurador de la Sindicatura Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, que de no hacerlo así sin causa justificada, se harán acreedoras, a una multa, en lo individual, de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el siete de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, conforme al artículo 193 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades en mención, que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." De igual manera, hágase de su conocimiento que la información requerida podrán remitirla, de manera preferente, vía electrónico a la dirección oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, solicitándoles que hagan referencia al juicio de amparo en que sea actúa y al número de oficio que se le remitió para una mejor identificación del mismo. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa y anexos Alba Paola Elizabeth Granados León que acompaña, atento a su contenido, se le tienen por hechas las manifestaciones a que se contrae en el mismo, las que en su caso, serán tomadas en consideración al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo. Finalmente, dígasele que contrario a sus manifestaciones el expediente en el que se actúa guarda fidelidad entre la versión electrónica y física del mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California; asistido de Alba Paola Elizabeth Granados León, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que mediante proveído de veintisiete de octubre del año en curso, se requirió a la Dirección Jurídica y Oficial Mayor, ambos del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, con residencia en esta ciudad, y se les requirió para que dentro del plazo de tres días hábiles, remitiera copia certificada de las constancias con las cuales se acredite haber realizado las gestiones a fin de efectuarle el pago a la aquí quejosa atinente a la diferencia de sus prestaciones y así se restituya a la quejosa sus derechos vulnerados, en el entendido de que deberá remitir las constancias certificadas relativas a efecto de correrle traslado a las partes. En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por el Oficial Mayor del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, y anexos que acompaña, mediante el cual informa las gestiones realizadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, relativas a los recibos de pago de veinte y veintisiete de octubre del año en curso a favor de la aquí quejosa ***********, las mismas no se encuentran firmadas de recibido por la quejosa. Por tanto, requiérase al Oficial Mayor del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de los recibos de pago de veinte y veintisiete de octubre del año en curso a favor de la aquí quejosa ***********, en los que se acredite que la quejosa firma de recibido. En el entendido de que deberá remitir las constancias certificadas relativas a efecto de correrle traslado a las partes, apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se hará acreedor, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, se solicita a la autoridad vinculada que de manera preferente remita las constancias relativas, a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para la mencionada autoridad responsable, como en éste Juzgado de Distrito. Asimismo, conforme al artículo 193 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, tres de noviembre de dos mil veintidós. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa y anexos que acompaña, atento a su contenido, se le tienen por hechas las manifestaciones a que se contrae en el mismo, las que en su caso, serán tomadas en consideración al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo.

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