María de Lourdes Sánchez Barenca

Expediente 35/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
35/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/01/2023

Partes del expediente

  • María de Lourdes Sánchez Barenca

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos y, como se advierte de la certificación secretarial que antecede, el proveído de diecisiete de enero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por María de Lourdes Sánchez Barenca, por propio derecho, no fue recurrido dentro del plazo de cinco días hábiles a que se refiere el artículo 98, párrafo primero de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se declara que el acuerdo de desechamiento ha quedado firme. Por tanto, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Devolución de documentos a la quejosa Por otro lado, visto el estado de autos, específicamente de la certificación de cuenta, se advierte que en este expediente obra agregada una documental original que acompañó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda recibido en este Juzgado Federal el dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Por ello, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las aludidas documentales, previa copia certificada que se deje en autos. Con independencia de lo anterior, para el caso de no presentarse en el término concedido en el párrafo que antecede a recoger las documentales descritas, éstas quedan a su disposición por el plazo de NOVENTA DÍAS; apercibido que de hacer caso omiso dentro del término concedido, en su oportunidad serán destruidas sin ulterior acuerdo. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el inciso a), del artículo 21, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, vía usuario electrónico.

  2. Principal

    ° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo depositada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Décimo Tercer Circuito, con sede en este municipio, el trece de enero del año en curso, y turnada a este órgano jurisdiccional el dieciséis de enero siguiente, que promueve ******, por propio derecho, contra actos del Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro correspondiente, con el número 35/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Desechamiento Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito, se advierte que el Juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Una vez que se analizó el escrito de demanda, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios [.]" El referido precepto establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando el acto que se reclame sea materia de otro diverso juicio constitucional que esté pendiente de resolución (litispendencia), promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque por violaciones constitucionales diversas. Es decir, la causa de improcedencia por litispendencia, parte de la premisa de que el quejoso promueva un juicio de amparo contra la misma autoridad o autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, cuando previamente promovió un diverso juicio en el que existen las coincidencias mencionadas, y que éste se encuentre pendiente de resolución. Dicha improcedencia, se trata entonces, de una institución jurídica que se apoya en los principios de unidad y economía procesal, así como en la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, siempre y cuando la controversia anteriormente planteada se encuentre pendiente de resolución, ya sea en el mismo juzgado o tribunal o en otro diferente, y en ambos conflictos, exista identidad sustancial en los elementos del litigio planteado, es decir, en cuanto a sujetos, objeto y pretensión. En el caso, para demostrar la actualización de la litispendencia, conviene precisar que la demanda origen de este expediente fue promovido por María de Lourdes Sánchez Barenca, quien señala como actos reclamados: "III. La autoridad o autoridades responsables: 1. El Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (.). 2. La Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (.), Ciudad de México. IV. ACTOS DE AUTORIDAD RECLAMADOS: 1. Respecto del Delegado Estatal de Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al ser parte demandada en el juicio administrativo es a quien le recae la obligación de cumplir con los efectos de la sentencia definitiva de fecha 13 de marzo de 2020, así como la sentencia interlocutoria de queja por omisión en el cumplimiento con fecha de 30 de septiembre de 2022, ambas citadas en el juicio contencioso administrativo federal 2742/19-PC4-8. 2. En cuanto a la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se reclama la omisión de vigilar y obligar a la autoridad demandada en el juicio administrativo con el número de expediente ****** al cumplimiento inmediato de la sentencia definitiva e interlocutoria ya que debió agotar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento definitivo al juicio. En ese sentido, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se invoca como hecho notorio las actuaciones del juicio de amparo 1304/2022 del índice de este Juzgado, del cual se advierten los siguientes antecedentes: I. ******, mediante escrito presentado a través del buzón judicial el cuatro de noviembre de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, turnado el siete siguiente a este Juzgado, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos y autoridades siguientes: "III. La autoridad o autoridades responsables: 1. El Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (.). 2. La Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (.), Ciudad de México. IV. ACTOS DE AUTORIDAD RECLAMADOS: 1. Respecto del Delegado Estatal de Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al ser parte demandada en el juicio administrativo es a quien le recae la obligación de cumplir con los efectos de la sentencia definitiva de fecha 13 de marzo de 2020, así como la sentencia interlocutoria de queja por omisión en el cumplimiento con fecha de 30 de septiembre de 2022, ambas citadas en el juicio contencioso administrativo federal *****. 2. En cuanto a la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se reclama la omisión de vigilar y obligar a la autoridad demandada en el juicio administrativo con el número de expediente 2742/19-PC4-8 al cumplimiento inmediato de la sentencia definitiva e interlocutoria ya que debió agotar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento definitivo al juicio. II. El veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "En esas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: 1. La Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar, con sede en la Ciudad de México, dicte los acuerdos necesarios mediante los cuales inicie con el procedimiento establecido en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo; para lo cual deberá hacer uso de las facultades ahí previstas, con el objeto de obligar a las autoridades demandadas a cumplir con la sentencia dictada en el juicio de nulidad *********. 2. El Delegado Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cumpla de forma inmediata con la referida sentencia de nulidad dictada en el juicio ******" III. Es necesario precisar que en el citado juicio de amparo se encuentra transcurriendo el plazo de diez días para para que las partes se inconformen contra esa sentencia. De lo anterior, se tiene que las autoridades responsables y actos reclamados en este expediente, resultan los mismos que los señalados en el diverso juicio de amparo *****, del índice de este órgano jurisdiccional. Por ello, resulta inconcuso concluir que el presente juicio de amparo 35/2023 y el diverso ******, del índice de este órgano jurisdiccional, se promovieron por la misma quejosa, contra las mismas autoridades responsables, y por los propios actos reclamados. Asimismo, se dictó sentencia definitiva, la cual se encuentra pendiente de causar ejecutoria. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo y, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, por su notoria improcedencia, la presente demanda de amparo. Se invoca en apoyo, la tesis aislada I.11o.C.31 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Tomo II, febrero de 2019, página 3029, registro 2019187, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis aislada 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 324, Materia(s): Común, con registro digital 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA" Domicilio y autorizados En otro contexto, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, el cual será utilizado únicamente para el caso en que por alguna circunstancia no puedan realizarse las notificaciones vía usuario electrónico o bien, en el caso que por las circunstancias del asunto, se considere necesario realizar la notificación personal en el domicilio físico. Además, se tiene por autorizado, en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a********************, por encontrarse registrada su cédula profesional ante el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales" y así haberse solicitado expresamente. En tanto que, las diversas personas a que se hace mención en el proemio del escrito de demanda, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo, por no haber acreditado su calidad de licenciados en derecho, ni encontrarse dadas de alta en el mencionado "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales"; ello, sin perjuicio de que una vez que acrediten haber realizado el registro respectivo, se les autorice en los términos amplios que solicita. Además, tómense en consideración los correos electrónicos proporcionados, autorizándolos como vías para entablar comunicación no procesal. Autorización de notificaciones vía usuario electrónico Por otra parte, con fundamento en los artículos 34, 35, 36 y 98 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se le tiene por autorizado para acceder a este expediente electrónico, con el usuario "********************", a fin de que dicha parte pueda realizar la consulta correspondiente y, de igual forma, se tengan por practicadas las notificaciones en este juicio de amparo, por lo cual se instruye al actuario adscrito a este Juzgado, realice las subsecuentes notificaciones por esa vía. En consecuencia, se instruye al oficial judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo inmediato anterior. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". En otro contexto, hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, vía usuario electrónico.

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