María de Lourdes Ruiz de Velasco Zenteno
Expediente 1257/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1257/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- María de Lourdes Ruiz de Velasco Zenteno
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO, POR ASÍ ORDENARLO EL DIVERSO DE TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE... Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a once de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de treinta de agosto de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente proveído, dado que carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo archivístico, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado. Finalmente, respecto de los documentos exhibidos por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda; y toda vez que los mismos se encuentran catalogados como no originales en términos del Capítulo Primero de las disposiciones Generales del artículo 2, fracción XVIII del Acuerdo en cita, se dejan a su disposición para que comparezca a recogerlos en el plazo de tres días, previa copia simple y constancia de recibo que obren en autos, se le apercibe que de no hacerlo así una vez que transcurra el término de cinco años, tales documentos será destruidos junto con el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías promovida por María de Lourdes Ruiz de Velasco Zenteno, por conducto de su apoderado legal Eduardo José Ruiz de Velasco Zenteno, personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada que al efecto anexa, consistente en el testimonio de la escritura pública veintisiete mil doscientos treinta y cuatro, del veintiséis de marzo de dos mil novecientos noventa y nueve, del Notario Público Número veintiuno de la Ciudad de México, contra actos de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE con el número 1257/2019; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Respecto a la procedencia del juicio de garantías, los artículos 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Luego, se tiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: "1. EL ACTO CONFISCATORIO consistente en la apropiación material y jurídica de aproximadamente 5,200 Ml. X 40.00 Ml.= 20.80 Ha (inco mil doscientos metros lineales por cuarenta metros lineales igual a veinte hectáreas con ochenta metros, del predio propiedad de mi mandante quejosa. 2. LA INDEBIDA AFECTACIÓN, por parte de las responsables, sin concederme la correspondiente garantía de audiencia, de la parte proporcional del predio del quejosa, mediante la instalación de una línea de conducción de energía eléctrica, dentro de dicha propiedad. 3. LA OMISIÓN DEL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DEL ACTO EXPROPIATORIO Y APROPIACIÓN INDEBIDA Y CONTRARIA A DERECHO OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN de los referidos 5,200 Ml. x 40.00 Ml.= 20.80 Ha cinco mil doscientos metros lineales por cuarenta metros lineales igual a veinte hectáreas con ochenta metros, de la propiedad de mi mandante. 4. LA OMISIÓN CONSISTENTE EN DEJAR DE OTORGARME LOS DERECHOS HUMANOS DE AUDIENCIA, LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO, PREVIAMENTE A LA EMISIÓN POR PARTE DE LAS RESPONSABLES DEL ACTO PRIVATIVO DE MIS BIENES Y DERECHOS, puesto que cuando las responsables emitieron en su caso el Decreto Expropiatorio y el acuerdo de utilidad pública respectivos, conforme lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 26, fracción XXIV así como la Ley de Expropiación, en su Artículo 2, fracciones I y II, no se me incluyó en los mismos ni me vi afectado por su expedición, o de cualquier otra forma de apropiación por lo que toda afectación, ocupación y privación de mis bienes y derechos por parte de las responsables, resulta contraria a mis derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales correspondientes sic.." De su lectura se advierte que reclama la apropiación material y jurídica de cinco mil doscientos metros lineales por cuarenta metros lineales, igual a veinte hectáreas con ochenta metros del predio de su propiedad; la indebida afectación de las responsables, sin concederle garantía de audiencia; la omisión del pago de indemnización por concepto de acto expropiatorio; así como la omisión consistente en dejar de otorgarle los derechos humanos de audiencia, legalidad y debido proceso, previo a la emisión del acto privativo de sus bienes y derechos. Por lo que se tiene que dichos actos no pueden considerase por sí mismos como de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que se infiere en virtud de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido un criterio en el sentido de que para efectos del juicio de amparo, la Comisión Federal de Electricidad no tiene el carácter de autoridad responsable cuando de ella se reclame la instalación de líneas y postes de conducción de energía eléctrica como en la especie acontece, en razón de que para su constitución se requiere de la voluntad del dueño de la propiedad, particularidad que conduce a determinar que no se trata de un acto unilateral por medio del cual, se crea, modifica o extingue por sí o ante sí una situación jurídica, como lo mandata el artículo 5, fracción II de la Ley de la materia, previamente citado. Al respecto tiene aplicación por identidad de razón la Jurisprudencia 2a./J. 159/2009 9a. de la Segunda Sala, visible en la página 125 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2009, Tomo XXX, Novena Época, registro 166061, de rubro siguiente: "SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO PARA LA INSTALACIÓN DE POSTES Y CABLEADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE JUICIO DE AMPARO, PORQUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE CUANDO REALIZA ESTE TIPO DE ACTOS. En ese tenor, es primordial indicar que la servidumbre legal de paso, cuya finalidad es la instalación de postes y cables para la conducción de energía eléctrica, se constituye cuando se colocan los materiales necesarios y se entrega al propietario del predio gravado la indemnización correspondiente. En caso contrario, es decir, que no se entregue una indemnización al propietario del inmueble afectado, lo procedente es que tal suceso deba ordenarse previamente por autoridad jurisdiccional. En este orden de ideas, resulta evidente que cuando no hubiere existido una indemnización previa al dueño de la finca gravada, se estaría ante supuestos en los cuales el propietario del terreno puede ejercer la acción relativa para que, en términos de los artículos 1099 a 1102 del Código Civil Federal, la autoridad respectiva determine lo que en derecho proceda. Por consiguiente, la constitución de la servidumbre legal de paso por la instalación de las líneas y postes de conducción de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, como en el presente acontece, no es impugnable a través del juicio de garantías. En ese contexto, el Secretario de Energía, el Director General de la empresa productiva del Estado, Comisión Federal de Electricidad y el Subdirector de Transmisión y Transformación de la Empresa Productiva del Estado, Comisión Federal de Electricidad, señaladas por la parte aquí solicitante de amparo, no tienen el carácter de autoridad responsable. Por cuanto hace a lo que se reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, corre la misma suerte que las diversas autoridades, es decir, no puede impugnarse la inconstitucionalidad que alega la parte quejosa respecto al Secretario de Energía, el Director General de la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad y el Subdirector de Transmisión y Transformación de la Empresa Productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad pues dicha acto de aplicación lo alega con motivo de la invasión de la línea de conducción de energía eléctrica sobre el terreno que dice detenta, pues para poder analizar dicho acto es necesario que se cause un perjuicio de imposible reparación, reclamable en amparo indirecto, lo que no sucede al resultar improcedente la vía que pretende, como lo es a través de esta demanda de amparo Se cita para ilustrar lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 78/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170866 del tenor literal siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad. Sentado lo anterior, el juicio de amparo se torna improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, así como el diverso 217, todos de la actual Ley de Amparo, por lo que se procede a desechar la demanda planteada por su notoria improcedencia. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a ***, Claudio Modesto Mojica, Jorge Cruz Cordero, Olegario Fernández Díaz, toda vez que cuentan con registro de sus cedulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que menciona por no cumplir con el requisito anterior y por así solicitarlo expresamente. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 18, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como con el numeral 30, de la Ley de Amparo, no ha lugar a autorizar el acceso al juicio en que se actúa de manera electrónica a los licenciados Emma Félix Leyva y Omar Camarillo Salinas, toda vez que no cuentan con el registro correspondiente. De igual forma, como lo solicita, se autoriza el uso de cámaras fotográficas y/o lectores ópticos con el objeto de tomar placas fotográficas de los autos que obran en el presente asunto, lo anterior con fundamento en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sustenta a lo anterior, la tesis I.1o.A.23 K 10a., emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el veinticuatro de abril de dos mil quince, cuyo rubro es: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Finalmente, con fundamento en el numeral 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, expídasele únicamente copia certificada del presente proveído, previa razón que obre para constancia legal, misma que podrá obtener y recoger en cualquier día hábil, por conducto de sus autorizados, sin que haya lugar a acodar favorable su petición de las copias de los futuros acuerdos hasta la conclusión del juicio en que se actúa, en razón que a la presente data no obran en el sumario. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · 7,641 expedientes
- Maria de los Angeles Leyva Miranda577/2020
- Maria de Lourdes Cadena Gonzalez116/2022
- Maria de Lourdes Casarrubias Agatón1746/2022
- Maria de Lourdes Cuevas Magaña214/2020
- Maria de Lourdes Escobar Meza1020/2022
- María de Lourdes Nava Rámirez221/2018
- Maria de Lourdes Ruiz de Velasco Zenteno1348/2019
- María de Lourdes Ruiz de Velasco Zenteno1121/2019
- María de Lourdes Soberanis Nogueda306/2018
- María de Lourdes Vázquez Acosta784/2023
- MARIA DEL CARMEN ABRAJAN LEYVA y Otros.1178/2023
- Maria del Carmen Acuña Garibay1749/2022