María de Lourdes Romo Medina
Expediente 249/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 19/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María de Lourdes Romo Medina
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
El diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción con folio 18900 y anexos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos el oficio y anexos de cuenta, que remite el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y exhibe las constancias para acreditarlo; por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacerlo, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá lo conducente, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6937/2019 de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen*
- Principal
1El cinco de diciembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con número de folio 18167 y anexos. Conste Zacatecas, Zacatecas, a cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos el oficio y anexos de cuenta que remite la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el cual informa que se encuentra en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo y solicita se le conceda una prórroga para tal fin. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 193 de la Ley de Amparo, por única ocasión se le concede a la oficiante una prórroga de diez días hábiles siguientes a su legal notificación, para que remita a este Tribunal Federal las constancias relativas al cumplimiento total de la sentencia protectora dictada en este juicio constitucional, haciéndole saber que queda subsistente la multa decretada en autos para el caso de incumplimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado, ante Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen*
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: El veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, certifico: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En el presente juicio de derechos, no se tramitó incidente de suspensión. Que no existen documentos por devolver a las autoridades responsables. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción registrada con el folio 17739. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta testimonio de la resolución pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el amparo en revisión administrativo 808/2019 y los autos del juicio de amparo 249/2018. Acúsese recibo. Consecuentemente, glósese el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado al presente expediente previa extracción de las copias fotostáticas con las que se formó, las que deberán destruirse y realícense las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. Hágase del conocimiento de las partes que de la ejecutoria de mérito se desprende que quedó firme el sobreseimiento decretado y la Superioridad en la materia de la revisión confirmó la sentencia de dieciséis de julio de dos mil diecinueve (fojas 420 a 441), dictada por este juzgado. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente a la autoridad responsable secretario de Finanzas de Gobierno del estado, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, dé cabal cumplimiento a la resolución protectora en los siguientes términos: Sentencia dictada por este Juzgado Federal: "Bajo esta perspectiva, procede conceder la protección constitucional solicitada respecto del decreto 273 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que establecen el derecho de control vehicular, al haberse declarado su invalidez por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el efecto de que la autoridad que sea vinculada por razones de sus funciones al cumplimiento de este fallo, no lo aplique a la impetrante del amparo. Derivado de lo anterior, la concesión debe hacerse extensiva a la aplicación de: Los artículos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, relativos a los impuestos adicional para la infraestructura y Universidad Autónoma de Zacatecas; y, Del artículo 15 del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales y Reglas de Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. Ya que dependen de la norma declarada inconstitucional (artículo 99 de la Ley de Hacienda del estado de Zacatecas). Asimismo, la autoridad responsable recaudadora Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, deberá devolver a la quejosa las cantidades cubiertas que haya erogado por concepto del derecho de control vehicular, Impuesto adicional para la infraestructura y Universidad Autónoma de Zacatecas, en el recibo exhibido por la solicitante del amparo, devolución que deberá hacer con actualización e intereses correspondientes. Devolver de igual manera debidamente actualizado y con los intereses respectivos, lo erogado por concepto de aportación a la Cruz Roja Mexicana, respecto del recibo fiscal de folios V77764 (12 C)." Asimismo, remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Sin que en el presente caso sea necesario requerir el cumplimiento de la sentencia a las autoridades responsables Gobernador y Legislatura del estado, ambos con sede en esta ciudad, que participaron en el proceso de creación del acto reclamado; lo anterior, en términos del artículo 192, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al respecto la tesis de clave siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Finalmente, en virtud de que obran agregados dos documentos originales exhibidos por el quejoso (foja 17); con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ponen a su disposición dichos documentos por el término de noventa días naturales a fin de que los recoja, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, podrán ser destruidos junto con el expediente o con las constancias que de este se depuren. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Enrique.
- Principal
El veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, certifico: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En el presente juicio de derechos, no se tramitó incidente de suspensión. Que no existen documentos por devolver a las autoridades responsables. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción registrada con el folio 17739. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta testimonio de la resolución pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el amparo en revisión administrativo 808/2019 y los autos del juicio de amparo 249/2018. Acúsese recibo. Consecuentemente, glósese el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado al presente expediente previa extracción de las copias fotostáticas con las que se formó, las que deberán destruirse y realícense las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. Hágase del conocimiento de las partes que de la ejecutoria de mérito se desprende que quedó firme el sobreseimiento decretado y la Superioridad en la materia de la revisión confirmó la sentencia de dieciséis de julio de dos mil diecinueve (fojas 420 a 441), dictada por este juzgado. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente a la autoridad responsable secretario de Finanzas de Gobierno del estado, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, dé cabal cumplimiento a la resolución protectora en los siguientes términos: Sentencia dictada por este Juzgado Federal: "Bajo esta perspectiva, procede conceder la protección constitucional solicitada respecto del decreto 273 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que establecen el derecho de control vehicular, al haberse declarado su invalidez por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el efecto de que la autoridad que sea vinculada por razones de sus funciones al cumplimiento de este fallo, no lo aplique a la impetrante del amparo. Derivado de lo anterior, la concesión debe hacerse extensiva a la aplicación de: Los artículos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, relativos a los impuestos adicional para la infraestructura y Universidad Autónoma de Zacatecas; y, Del artículo 15 del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales y Reglas de Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. Ya que dependen de la norma declarada inconstitucional (artículo 99 de la Ley de Hacienda del estado de Zacatecas). Asimismo, la autoridad responsable recaudadora Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, deberá devolver a la quejosa las cantidades cubiertas que haya erogado por concepto del derecho de control vehicular, Impuesto adicional para la infraestructura y Universidad Autónoma de Zacatecas, en el recibo exhibido por la solicitante del amparo, devolución que deberá hacer con actualización e intereses correspondientes. Devolver de igual manera debidamente actualizado y con los intereses respectivos, lo erogado por concepto de aportación a la Cruz Roja Mexicana, respecto del recibo fiscal de folios V77764 (12 C)." Asimismo, remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Sin que en el presente caso sea necesario requerir el cumplimiento de la sentencia a las autoridades responsables Gobernador y Legislatura del estado, ambos con sede en esta ciudad, que participaron en el proceso de creación del acto reclamado; lo anterior, en términos del artículo 192, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al respecto la tesis de clave siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Finalmente, en virtud de que obran agregados dos documentos originales exhibidos por el quejoso (foja 17); con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ponen a su disposición dichos documentos por el término de noventa días naturales a fin de que los recoja, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, podrán ser destruidos junto con el expediente o con las constancias que de este se depuren. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Enrique.
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