Maria de Lourdes Romero Vilchis

Expediente 1088/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1088/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
11/09/2023

Partes del expediente

  • Maria de Lourdes Romero Vilchis

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio con evidencia criptográfica que autentifica la firma electrónica del signante Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Morelos, mediante el cual, acusa recibo del juicio de amparo 1088/2023 promovido por ********************, ********************, ******************** y ********************, por propio derecho, contra actos de la Comisión Reguladora de Energía y otras autoridades, e informa que se avocó al conocimiento del asunto planteado; lo que se tiene por comunicado, para todos los efectos legales conducentes. Anotaciones. Hágase la anotación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo de cuaderno de antecedentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE CUADERNO DE ANTECEDENTES COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de cuaderno de antecedentes. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 20, inciso I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Por otro lado, se hace la precisión que el criterio y plazo de conservación es el siguiente: Destruible y deberá conservarse en el archivo de este Juzgado durante TRES AÑOS; asimismo, el expediente no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el instrumento normativo en cita y no obran documentos originales que deban ser devueltos a quien corresponda. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que el auto que declino competencia en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto, el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo en que se actúa, de dónde se obtiene que de una búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte el diverso juicio de amparo ******* del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos. Sirve como sustento la tesis (V Región) 30.2 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado De Circuito Del Centro Auxiliar De La Quinta Región, visible en la página dos mil ciento ochenta y una de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, del rubro: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauracióndel Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión." Se solicitó información a OCC. Por lo que en atención al resultado de dicha búsqueda, se solicitó a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de este Circuito Judicial, a efecto de que proporcionara la boleta de turno respecto al juicio de amparo radicado bajo el número 1118/2023, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, por lo que en atención a ello, se provee: Cuestión previa. Ahora bien, una vez analizada la información respecto del juicio de amparo 1118/2023 del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, es decir, información obtenida a través de la búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como de la boleta de turno del diverso juicio de amparo 1118/2023, del índice del citado homólogo, se advierte que dichos juicios guardan estrecha relación entre sí, como se ilustra en el siguiente cuadro comparativo: JUICIO DE AMPARO 1118/2023, DEL INDICE DEL JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS. JUICIO DE AMPARO 1088/2023, DEL INDICE DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS. Quejoso: ********* Quejoso: *********** Autoridad responsable: Comisión Reguladora de Energía. Autoridad responsable: Comisión Reguladora de Energía. Acto reclamado: El permiso de distribución de Gas Natural por medio de ductos en la zona geográfica de Morelos, con número ****** Acto reclamado: El permiso de distribución de Gas Natural por medio de ductos en la zona geográfica de Morelos con número********. La demanda de amparo que se turnó al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito a las trece horas con cincuenta y dos minutos del once de agosto de dos mil veintitrés. La demanda de amparo que se turnó al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito a las trece horas con cincuenta y tres minutos del once de agosto de dos mil veintitrés. Por lo que se aprecia que la demanda que dio origen al amparo 1118/2023, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, fue recibida antes (trece horas con cincuenta y dos minutos del once de agosto de dos mil veintitrés), que la que dio origen a la demanda 1088/2023, pues esta última fue recibida en este Órgano Jurisdiccional a las trece horas con cincuenta y tres minutos del once de agosto de dos mil veintitrés. Para mayor aclaración, se inserta en el presente apartado, imagen de las boletas de turno, esto a fin de acreditar lo antes expuesto. Boleta de turno del expediente 1118/2023 Boleta de turno del expediente 1088/2023 Incompetencia. De igual forma, a su vez se advierte que son los mismos actos reclamados, esto, en razón de que en ambos juicios se combate EL PERMISO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR MEDIO DE DUCTOS EN LA ZONA GEOGRÁFICA DE MORELOS CON NÚMERO *******; lo anterior, no obstante, que los impetrantes de amparo son distintos. Por lo que, se deduce, que el asunto que nos ocupa, guarda estrecha relación con el diverso juicio de amparo 1118/2023, radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, toda vez, que el acto ahí reclamado consiste en el permiso de distribución de gas natural por medio de ductos en la zona geográfica de Morelos, y en el juicio de amparo que nos ocupa, en esencia se reclama el permiso de distribución de gas natural por medio de ductos en la zona geográfica de Morelos, es decir, el mismo acto reclamado. En esas condiciones, conviene precisar que tal como lo previenen los artículos 16 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, las cuestiones de competencia de los Jueces de Distrito están elevadas a norma de rango constitucional y reglamentadas por la ley de la materia; además, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de oficioso pronunciamiento para toda autoridad jurisdiccional. Así, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas de competencia de los Juzgados de Distrito cuando los actos reclamados requieren de ejecución material; no obstante, en el caso, se debe atender no a la citada regla general sino a la especial, prevista en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, vigente a partir de quince de marzo de marzo de dos mil veintidós, publicado el dieciséis de marzo siguiente, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, al considerar la suscrita que, en la especie, se actualiza el supuesto previsto en los artículos 45, fracción II, y 46, fracción XII, que disponen lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial de la siguiente manera: [.] II. Forma relacionada: Si al capturar los dato de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. [.]" "Artículo 46. Son criterios generales de relación en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [.] XIII. Las demandas de amparo o recursos que se refieran al mismo acto de autoridad, con excepción de aquellos presentados por distintos quejosos en contra de una misma norma general u omisión o cuando se trate de un diverso acto de aplicación de la norma; [...]" En relación con el diverso Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis, en el que en su artículo único, se reforman los artículos 29, párrafo primero, y 46, fracción III, así como los párrafos sexto y séptimo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, para quedar como sigue: "(...) Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que le corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que estime debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." De lo antes expuesto, se desprende que, tratándose de asuntos de nuevo ingreso, que se promuevan juicios de amparo directo o indirecto promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, o bien el acto reclamado sea el mismo en otro juicio ya asignado, y que si al capturarse los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto; para el caso de que se turne a diverso tribunal y éste estime que es a otro al que le corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que estime debe conocer; quien decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Es decir, en dicho Acuerdo General se advierte como criterio general de relación para el turno de un asunto de nuevo ingreso, cuando entre otros supuestos, provenga de un expediente administrativo o jurisdiccional identificado con el mismo número de índice y autoridad, así como antecedente inmediato anterior dentro de los cinco años anteriores a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común. En tal virtud, es de advertirse que, en el caso, el antecedente inmediato anterior es el juicio de amparo 1118/2023 del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos. En ese contexto, se considera que se actualiza el presupuesto procesal de competencia a favor del referido Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, toda vez que del estudio realizado a la demanda de amparo, se advierte que el antecedente inmediato anterior al presente juicio de amparo, es el diverso 1118/2023, del índice de dicho juzgado, en el que se combate el mismo acto reclamado en el presente asunto. En las relatadas condiciones, a fin de aprovechar el conocimiento previo por parte del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, en aras del principio de seguridad jurídica que debe prevalecer a favor de la parte quejosa, declara carecer de competencia legal, por razón de turno (antecedente directo), para conocer y resolver el presente asunto y estima que el tribunal competente para conocer de la demanda de amparo, debe ser aquél que previno en el conocimiento de una primera demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en Acuerdo General antes referido, previo cuaderno de antecedentes que se forme, se ordena remitir el juicio de amparo en que actúa al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, a quien la ley reserva su conocimiento, con preferencia respecto de los demás Juzgadores. Por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes; solicítese al órgano jurisdiccional de referencia el acuse de recibo correspondiente, así como, que informe la determinación que tome al respecto. Se instruye a la Oficial Judicial A. Asimismo, se comisiona a la oficial judicial A, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que habilite en dicho sistema la autorización de la consulta electrónica del juicio en que se actúa al Juzgado en turno que conozca del presente asunto, esto, toda vez que únicamente se encuentra glosada las constancias originales, y no así los acuerdos emitidos o constancias generadas vía electrónica. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca******************** Morelos; veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta******************** téngase por recibido el escrito signado por **************************************** autorizada del quejoso **************************************** mediante el cual******************** interpone recurso de queja contra el auto de dieciocho de agosto del año en curso******************** dictado en este juicio constitucional******************** en el que se proveyó respecto de las manifestaciones vertidas por la autorizada del quejoso. En consecuencia******************** con fundamento en los artículos 97 fracción I******************** inciso e)******************** 98******************** 99******************** 100 primer párrafo y 101 de la Ley de Amparo******************** remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito******************** en Turno******************** con sede en esta ciudad******************** por conducto de su Oficina de Correspondencia Común******************** el original del escrito de cuenta y copia del mismo para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción. Ríndase informe ante la citada Superioridad******************** en el sentido de que sí es cierto el acto recurrido******************** toda vez que en auto de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés******************** se proveyó respecto de las manifestaciones vertidas por la autorizada del quejoso. En ese sentido******************** acorde con lo dispuesto en el considerando décimo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal******************** que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma******************** adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; así como del artículo 113 del Acuerdo General 12/2020******************** del Consejo de la Judicatura Federal******************** que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo (el cual fue reformado por el primer acuerdo mencionado)******************** vigentes a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós******************** que en lo concerniente señalan que en los casos de la interposición de recursos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través de la plataforma correspondiente******************** es decir******************** el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto******************** remítase en su momento por esa vía electrónica el expediente del presente juicio******************** salvo que el órgano jurisdiccional destinario estime necesario contar con las constancias físicas. Se instruye. Se instruye al Secretario******************** para el efecto de que una vez que se encuentre debidamente integrado este expediente******************** dé cuenta a la titular******************** con la finalidad de que sea remitido el informe con el escrito de agravios en original y copia a la Superioridad******************** en los términos antes apuntados; consecuentemente******************** también se hace notar al oficial administrativo encargado de la tramitación de este asunto******************** que deberá vigilar oportunamente la integración del expediente******************** pues es responsabilidad de ambos su correcta tramitación. Manifestaciones. Respecto a la solicitud de la autorizada del quejoso por cuanto hace a la suspensión del procedimiento******************** hágase de su conocimiento******************** que no ha lugar a proveer conforme a lo solicitado******************** en términos de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley de Amparo******************** dado que en el presente juicio******************** ya se inició el desahogo de la audiencia constitucional y actualmente se está actuando dentro del incidente de objeción por falsedad de firmas******************** de tal manera que no es posible considera que se está "durante la tramitación del juicio"; ello sin perjuicio de que eventualmente pueda ser diferida la continuación de la audiencia******************** con motivo del trámite de dicho recurso o por diversa causa relacionada con el desahogo de pruebas en esta incidencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; quince de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo con cuatro anexos, presentada por *************, por propio derecho, contra actos del Comisión Reguladora de Energía y otras autoridades. Anotaciones. Regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1088/2023, y fórmese expediente. Actos reclamados. Ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el análisis de los actos reclamados por los gobernados que acuden en demanda de amparo debe efectuarse de modo integral y sistemático, atendiendo a la totalidad de las manifestaciones que se vierten en la demanda conducente, así como sus anexos, para estar en aptitud de dilucidar cuál o cuáles son los actos que verdaderamente se reclaman y las características propias de éstos, así como la situación jurídica que guarda la parte promovente con respecto de tales actos; y una vez hecho lo anterior, determinar válidamente tanto la competencia del órgano de control constitucional para conocer de la demanda aludida, así como la procedencia del juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, cabe citar la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 192097, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como la diversa de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 195745, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Siguiendo tales directrices, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa, en esencia, reclama lo siguiente: Declaratoria de incompetencia. Ahora bien, con fundamento en la facultad derivada del artículo 48 de la Ley de Amparo y luego de examinar el escrito de demanda, se considera que este órgano constitucional carece de competencia legal para conocer y resolver este asunto. En principio, es de señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En el caso, las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran establecidas en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es menester señalar, en relación con la competencia por materia, que es aquella que determina que en el Juzgado o Tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo que permite que los Juzgadores que lo integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con la prerrogativa de justicia pronta, completa e imparcial establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos por razón de la materia se distribuye entre diversos Tribunales o Juzgados, lo que da origen a la existencia de órganos administrativos, civiles, penales y de trabajo, entre otros, y a cada uno de ellos le corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, precisa que se podrán establecer órganos especializados por materia, no señala qué tipo de asuntos serán competencia de cada uno; sin embargo, en los artículos 51 a 61 de ese ordenamiento, se establece la competencia por materia de los Juzgados de Distrito y constan los lineamientos que el legislador tomó en consideración para determinarla. Asimismo, es menester precisar que nuestro Máximo Tribunal ha determinado que, para resolver los conflictos de competencia por razón de la materia, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad responsable, como se advierte de la jurisprudencia visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 167761, de rubro y contenido siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." Ahora bien, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Competencia Económica. El artículo transitorio Décimo Segundo del decreto en cita, establece lo siguiente: "El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior." Con base en ello, el Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de siete de agosto de dos mil trece, aprobó el "ACUERDO GENERAL 22/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS CUARTO Y QUINTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, Y SU TRANSFORMACIÓN COMO JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN Y SU TRANSFORMACIÓN COMO PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. ASÍ COMO SU DOMICILIO, FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO Y A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDICADOS. Y AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN". Asimismo, el nueve de agosto de dos mil trece, se publicó el Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, en el que en los puntos sexto y octavo se señala: "SEXTO. Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. [.] OCTAVO. A partir de la fecha señalada en los puntos SEGUNDO y CUARTO del presente acuerdo, la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región se denominará Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y del Centro Auxiliar de la Primera Región; y prestará servicio a los órganos jurisdiccionales motivo del presente acuerdo además del que brinda a los juzgados y tribunales auxiliares de su adscripción. Todos los asuntos nuevos que se presenten en la mencionada oficina de correspondencia común en días y horas hábiles a partir del diez de agosto de dos mil trece que correspondan a la materia administrativa en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se remitirán conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito especializados de que se trata, así como entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de la especialización de mérito según corresponda, en términos de los acuerdos generales que regulan el turno de los asuntos. Cuando el escrito inicial de demanda sea presentado utilizando el sistema de firma electrónica, la oficina de correspondencia común turnará el asunto inmediatamente al órgano jurisdiccional correspondiente. La Dirección General de Estadística Judicial en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información realizarán la adición de los rubros necesarios en el sistema de cómputo de la oficina de correspondencia común de que se trata, a fin de adecuarlos a sus nuevas funciones. Se faculta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos para emitir las reglas y dictar las disposiciones que permitan una forma eficiente y proporcional de asignación y turno de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales en términos del punto sexto del presente acuerdo". Lo anterior permite colegir que, tratándose de actos vinculados con los temas comprendidos en el marco normativo reproducido, se actualiza la competencia material de los Juzgados de Distrito Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, que son los órganos creados exprofeso para conocer de los temas relacionados. En cuando a dichos Juzgados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que serán legalmente competentes, cuando: A. El acto reclamado se atribuya a alguna de las autoridades en las materias establecidas constitucionalmente; y, B. En caso de atribuirse a una autoridad distinta, debe analizarse objetivamente el acto reclamado, para determinar si es de contenido inherente a la rama del derecho de la competencia económica, de la radiofusión o de las telecomunicaciones, así como de aquellos que guarden relación directa con los temas propios de esas subespecializaciones. Lo expuesto se contiene en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2012188, de epígrafe siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Para fijar la competencia por materia en el juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, además de lo sostenido en la tesis 2a./J. 119/2015 (10a.),* cuando se impugnen, entre otros supuestos, actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativos al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a las redes y a la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la libre competencia y concurrencia, a los actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; y cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la autoridad responsable como la del acto reclamado son administrativas, corresponde conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sin que sea el Especializado." Así como en la diversa jurisprudencia sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2008591, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado." En ese sentido, como se anticipó, en la especie se ejercita la acción constitucional de amparo contra: De lo anterior, se desprende que la materia de los actos que aquí se reclaman, atañe a las facultades inherentes de la Comisión Reguladora de Energía. En consecuencia, dada la naturaleza del derecho afectado, esto es, la distribución de combustible, tales actos son materia de la rama del derecho vinculada con la competencia económica, en términos de lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Efectivamente, el veinte de diciembre de dos mil trece, se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, de lo que destaca la adición al artículo 28 de la Constitución, a través del cual se crea la Comisión Reguladora de Energía, órgano que tendría bajo su responsabilidad el otorgamiento, la autorización y la revocación de permisos o concesiones para la generación y distribución de energía eléctrica que realizaran los particulares, así como para la refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos. Con la reforma en cita, se expuso, que dicha Comisión sería el órgano regulador de las actividades de refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos que realizara el Estado por sí mismo, los operadores de manera independiente o ambos de manera conjunta. Asimismo, fomentaría una sana competencia entre los distintos operadores, protegería los intereses de los usuarios, propiciaría una adecuada cobertura nacional y atendería a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. Lo cual, resulta acorde con la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, cuyo artículo 42, establece: "Artículo 42.- La Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios." Por tanto, tal y como lo ha establecido el Alto Tribunal, el sector energético al ser de interés general y prioritario, amerita una regulación especial de carácter asimétrico, lo que evidentemente, impacta en el derecho de competencia económica. Por tanto, para la valoración de esos temas se requiere de conocimientos técnicos y especializados que en el rubro de competencia económica tienen los órganos jurisdiccionales en esta materia. En efecto, de la reforma efectuada al artículo 28 Constitucional, se emitió la Ley Federal de Competencia Económica, de cuya iniciativa destaca lo siguiente: "[.]. Como inicio de esta política de Estado se plantean las siguientes acciones: [.]. - Creación de Tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Se realizarán las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitan dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica. (Compromiso 38). [.]. Asimismo, propone la creación de órganos reguladores con autonomía constitucional, con las facultades necesarias para asegurar el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y asegurar condiciones de competencia y libre concurrencia, tanto en los sectores referidos, como en la actividad económica en general. [.]. Con tal propósito se proponen diversas adiciones al artículo 28 de la Constitución a efecto de crear de (sic) la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órganos constitucionales autónomos, con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto. Una parte importante de la regulación en materia de competencia y de telecomunicaciones es su aplicación efectiva. La mejor regulación será incapaz de lograr sus objetivos si no se puede aplicar por la interposición de medios de impugnación y litigios múltiples, que en muchas ocasiones tienen la intención de ganar tiempo para eludir la regulación u obtener un beneficio económico. El tiempo que pasa entre la emisión de la regulación y su aplicación es vital para la efectividad de la misma. Una sanción contra una práctica monopólica o una declaración de poder dominante en el mercado requiere una aplicación eficaz y ágil, para detener las prácticas monopólicas antes de que las mismas eliminen a los competidores y ocasionen que el mercado sea acaparado por el monopolista en forma irremediable. En los últimos años, ha existido una alta cantidad de litigios sobre las resoluciones en esta materia, lo que ha impedido en la práctica una mayor competencia en los mercados. Al respecto, la OCDE, en el estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, consideró que 'Puede decirse que el actual sistema jurídico, aunado al frecuente uso del amparo, constituye el principal factor que impide la aplicación de la regulación en México. La consecuencia, como explica el informe, es una entidad reguladora incapaz de regular, pues la responsabilidad de la implementación efectiva de la regulación queda en manos de los tribunales. Esta estructura es sin duda ineficiente y su resultado insostenible.' El problema esencial no es la existencia de acceso a la justicia, el cual es un derecho fundamental de toda persona, sino evitar que las empresas en mercados vitales como los del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, abusen del sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir su poder de mercado o detener prácticas anticompetitivas. Las decisiones de las autoridades en esta materia deben estar sujetas a revisión, sin embargo, lo que debe evitarse es que las impugnaciones tengan como principal objetivo la suspensión de la acción reguladora y detengan o retrasen las decisiones tomadas por los órganos competentes, prevaleciendo el interés particular sobre el interés de la sociedad. [.]. Por lo anterior, es urgente dotar a las autoridades del sector de las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor. Se requiere que los tribunales que conozcan de impugnaciones contra resoluciones de órganos reguladores en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión no suspendan su aplicación, con el objeto de salvaguardar el interés de la sociedad en la prestación de estos servicios. Asimismo, para reducir el número de impugnaciones ante los tribunales (en ocasiones por el mismo actor) y que las decisiones en estas materias sean congruentes, es necesario que los juicios se concentren en tribunales especializados, con objeto de evitar criterios contradictorios que complican la aplicación de la ley y generan incertidumbre jurídica. Esto también permitirá que los juzgadores que resuelvan estas impugnaciones puedan especializarse para conocer los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, reviste una alta complejidad. Con el objeto de atender esta problemática y especializar el control jurisdiccional sobre las resoluciones de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, así como clausurar las vías de litigiosidad que propicia actualmente la posibilidad de controvertir dichas resoluciones a través del juicio contencioso administrativo federal, el juicio ordinario administrativo en materia de competencia económica y el juicio de amparo, la iniciativa propone reformar el artículo 28 constitucional para establecer que las normas, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones sólo podrán ser impugnados mediante mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Asimismo, se propone modificar el párrafo quinto del artículo 94 constitucional para que el Consejo de la Judicatura Federal incluya en la determinación del número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a Juzgados y Tribunales Especializados en Radiodifusión, Telecomunicaciones y Competencia Económica. Con estas reformas se da cumplimiento al compromiso número 38 del Pacto por México, consistente en la creación de Tribunales Especializados en Materia de Competencia Económica y Telecomunicaciones, así como al número 39, relativo a las impugnaciones de las resoluciones de los órganos reguladores, a través de las cuales se ha logrado eludir el cumplimiento de las mismas." Lo antes expuesto, permite concluir que con motivo de las reformas constitucionales de mérito, se reguló una nueva rama o clasificación del derecho administrativo, consistente en el derecho económico regulatorio, y dentro de este el derecho de competencia económica, el cual se dejó a cargo de órganos autónomos cuyas resoluciones sólo son impugnables vía juicio de amparo indirecto ante los órganos jurisdiccionales especializados en la materia; ello con la finalidad de brindar certeza a los agentes económicos mediante la aplicación eficaz y técnicamente informada de los marcos normativos que regulan esas actividades. Así las cosas, tenemos que los Juzgados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, tienen dentro de sus facultades conocer de los actos emanados de la actividad reguladora de los organismos constitucionales autónomos establecidos, específicamente, en el artículo 28 Constitucional, como en el presente caso, lo es la Comisión Reguladora de Energía, relativos a la libre competencia y concurrencia, a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. En ese orden de ideas, se estima que corresponde el estudio de la demanda de amparo a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México, en turno, y no así a la suscrita. Por ello, con fundamento en la normativa anteriormente invocada, este Juzgado Federal resuelve que carece de competencia legal, por razón de la materia, para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto; y, por ende, se ordena remitir los autos al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y con jurisdicción territorial en toda la República, en turno, a quien se estima legalmente competente, conforme a los motivos y los fundamentos expuestos. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión que señala el artículo 48 de la Ley de Amparo, ya que no se advierte que se esté dentro de los supuestos establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el diverso 15 de la Ley de Amparo. Solicitud de acuse de recibo. En esa medida, se solicita atentamente al Juez declinado acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. Autorizado. Téngase por autorizado con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, ya que se localizó registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Consulta del expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Al respecto, en virtud de que, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el nombre de usuario *******, se le autoriza consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo y las notificaciones se realicen por esa vía, por tanto, instrúyase a la Oficial Judicial A, a efecto de que realice las gestiones necesarias y se habilite la consulta del expediente electrónico y las notificaciones electrónicas. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós. (...) Notifíquese; y electrónicamente a la parte promovente.

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