María de Lourdes Robledo Chaidez

Expediente 282/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
282/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/04/2022

Partes del expediente

  • María de Lourdes Robledo Chaidez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido por la parte promovente y que ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte...resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo. Conforme lo anterior, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente; en el entendido de que se destruirá con posterioridad al CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO. ... Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    ... DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por María de Lourdes Robledo Chaidez, contra el acto que reclama del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 282/2022-4-B. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ... INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el caso en estudio, se actualiza un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, por el cual procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. Toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, en el caso, esto es la contenida en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5°, fracción I, y 6°, del propio ordenamiento legal en cita. Con la finalidad de corroborar el aserto anterior, se debe tener presente que los citados numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conviene prevenir que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 6° de la Ley de Amparo se prevé que puede promoverse el juicio por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y puede hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. Asimismo, la palabra perjuicio debe interpretarse en el sentido de ofensa al derecho del quejoso, por lo que para la procedencia del juicio de amparo debe exigirse la comprobación por parte de éste del derecho que en su concepto ha sido afectado por el acto que reclama de la autoridad responsable. En la especie, del análisis de la demanda que dio origen a este juicio, se advierte que no tiene plasmada la firma autógrafa de la promovente, por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 114 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 108 del mismo ordenamiento legal. En este sentido, sí la persona promovente no plasmó su firma original en el documento, es claro que no expresó su voluntad para promover el presente asunto, ya que la firma representa la manifestación de voluntad y consentimiento del contenido del documento y hace patente el requisito de instancia de parte, previsto en el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna y 6° de la Ley de Amparo. Luego entonces, se deduce que la demanda de amparo no fue promovida por quien perjudica el acto de autoridad. Ahora bien, toda vez que, de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional, el juicio de amparo debe seguirse a instancia de parte de agraviada, y como en el caso la demanda de cuenta, se advierte que no cuenta con firma la autógrafa sobre el nombre de María de Lourdes Robledo Chaidez, es decir, el escrito de demanda, así como sus copias, carecen de firma autógrafa (original) de la impetrante de garantías, por lo que, resulta obvio que no existe manifestación de su voluntad de promover el juicio constitucional, por tanto, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, como lo exige el precepto constitucional antes mencionado, así como el artículo 6o. de la Ley de Amparo, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, en relación con los preceptos legales invocados con antelación. Circunstancia que se corrobora con el contenido de la papeleta realizada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, en la cual se asentó dicha circunstancia. Por ello, una vez recibida una promoción en un órgano jurisdiccional, se tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital. Consecuentemente, ante la causa evidente e indudable de improcedencia en mención, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías. ... En esas condiciones, la demanda resulta improcedente, ya que como se dijo, tal deficiencia no se puede corregir mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, 6° de la misma legislación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el que indica la promovente y como autorizados con las restricciones del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones a Filiberto Lozano Romero y Andrea Ramírez Carrizo, por así haberlo solicitado la promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley d Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto ... DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Judiciales correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo.. .... Notifíquese personalmente.

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