Maria de Lourdes Rivera Martínez
Expediente 1247/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 34 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1247/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 06/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Maria de Lourdes Rivera Martínez
- Director y/o Comisionado de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de la Paz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Actuario mediante el cual notifica el auto por el que ese órgano colegiado acusa recibo del escrito de interposición del recurso de revisión y expresión de agravios, hecho valer por la parte quejosa; el expediente original del juicio de amparo de la estadística de este juzgado y dos tomos de pruebas; asimismo, informa que admitió el citado medio de impugnación. Lo anterior, se toma en conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, a veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa María De Lourdes Rivera Martínez, a través del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el presente asunto...se tiene a la parte quejosa haciendo valer recurso de revisión y expresando agravios, en contra de la sentencia dictada en este juicio...una vez integrado, remítase el juicio de amparo en que se actúa, escrito original de expresión de agravios, su respectiva copia y dos cuadernos auxiliares, al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, en turno, para la substanciación del citado recurso...NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta, en la que consta la imposibilidad que la actuaria judicial de la adscripción tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en atención a los motivos que expone. En tal virtud, se encomienda al actuario judicial de la adscripción para que realice la notificación a la parte quejosa de la sentencia referida, a través de las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado Federal, ya que en proveído de once de noviembre de dos mil veintidós, se le tuvo esa modalidad para oír notificaciones.
- Principal
Visto para resolver en el juicio de amparo 1247/2022, promovido por María de Lourdes Rivera Martínez, contra los actos que reclama del Juez Mixto del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia en La Paz, Estado de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito recibido el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, turnado a este órgano jurisdiccional el diez de noviembre siguiente, María de Lourdes Rivera Martínez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos del Juez Mixto del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia en La Paz, Estado de México, y otras autoridades, consistentes en: La orden de desalojo decretada sobre el inmueble que defiende, dentro del expediente 447/2017 del juzgado responsable y su ejecución. SEGUNDO. El once de noviembre del año pasado, se registró la demanda de amparo bajo el expediente 1247/2022 y se previno a la parte quejosa para subsanar diversas irregularidades. TERCERO. Desahogada tal prevención, el veintitrés de noviembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. ANTONIO CUETERO CORNEJO 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 25/05/24 17:00:00 4 CUARTO. Seguido el procedimiento, el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y que concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, primer párrafo, y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en virtud que se reclaman actos cuya ejecución se verifica dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Previo al estudio de la existencia del acto reclamado es menester precisarlo en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, analizando para tales efectos la demanda de amparo en su integridad. Apoya lo anterior la jurisprudencia 169, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del 2000 al Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo I, foja 207, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", así como la tesis VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". ANTONIO CUETERO CORNEJO 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 25/05/24 17:00:00 FORMAB-2 5 De la demanda de amparo y las constancias que obran en autos se desprende que la parte quejosa reclama: La orden de desalojo decretada sobre el inmueble que defiende, dentro del expediente 447/2017 del juzgado responsable y su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se atribuyen a las autoridades responsables Juez, Ejecutor y Notificadora adscritos al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia en La Paz, Estado de México, ya que así lo reconocieron al rendir su informe de ley. Máxime que de las constancias que integran el expediente 447/2017 del índice del juzgado responsable, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se corroboran la existencia de dichos actos reclamados. También es cierto el acto que se atribuye a las autoridades responsables Director de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de La Paz, Estado de México y Comandante de la Guarida Nacional, pues aún cuando lo negaron al rendir su informe de ley, es una consecuencia lógica del acto cuya existencia reconoció la autoridad ordenadora. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede el análisis de las causas de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, toda vez que éstas son cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en los artículos 62 y 74, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo y atento a lo señalado en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo XXII, página 201, que señala: ANTONIO CUETERO CORNEJO 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 25/05/24 17:00:00 6 "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías.". En esa tesitura, de oficio se advierte que se actualiza la causa de inejercitabilidad de la acción contenida en la fracción XII del numeral 61 de la Ley Amparo, toda vez que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico para instar el presente juicio de amparo. Dicha causa de inejercitabilidad de la acción, es del siguiente tenor: "61. El juicio de amparo es improcedente: --- XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Para llegar a esta conclusión es pertinente destacar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal dispone: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: --- I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. --- Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". ANTONIO CUETERO CORNEJO 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 25/05/24 17:00:00 FORMAB-2 7 Del contenido de dicha norma constitucional se aprecia como requisito de procedencia de los juicios de amparo: a) Que el quejoso acredite tener interés jurídico o legítimo (individual o colectivo), salvo para los asuntos en que se reclamen actos de tribunales en que se continúa exigiendo contar con el primero; y b) Que ese interés legítimo o jurídico se vea agraviado. Ahora, por agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual, empero, tratándose de interés jurídico es menester que además sea personal y directo como estaba antes de la reforma, en cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y además provenir de un interés individual o colectivo. Para mejor claridad sobre el tema, resulta necesario transcribir la parte conducente de la exposición de motivos que dio origen al contenido actual de ese dispositivo constitucional, que es del tenor siguiente: ".Por otro lado, la presente iniciativa contiene una serie de modificaciones y ajustes de redacción al texto vigente del artículo 107, las cuales se precisarán a continuación. --- En la fracción II se establece quién tiene el carácter de 'parte agraviada' en el juicio de amparo, señalándose que es aquella titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola las garantías o los derechos previstos en el artículo 103 y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. --- En efecto, además del objeto de protección y los efectos de las sentencias, la cuestión más relevante del juicio de amparo tiene que ver con el tipo de interés exigido para solicitarlo. Hasta ahora, en nuestro país se ha seguido la idea de que para tal efecto es necesaria la existencia de un interés jurídico, ANTONIO CUETERO CORNEJO 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 25/05/24 17:00:00 8 identificado con el derecho subjetivo. --- Si bien en el pasado esa forma de relación entre la situación de las personas y sus posibilidades de acceso a los procesos fuera correcta, toda vez que se pensaba a la sociedad mexicana como altamente homogénea cuando la forma de representación de la sociedad de nuestros tiempos es la pluralidad política y cuando existe una lucha social para lograr la incorporación al orden jurídico de una serie de demandas sociales, no es posible seguir exigiendo el interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Ello nos conduce a concluir que la forma de resolver el problema del interés para acudir al juicio tiene que ver con la forma en que se vislumbran las posibilidades de acceso a la justicia. --- Frente a la disyuntiva de mantener el sistema en sus términos actuales o abrir nuevas posibilidades de impugnación, se propone introducir la figura del interés legítimo. --- Se trata de una institución con un amplio desarrollo en el derecho comparado y con algunos antecedentes en el nuestro que, justamente, permite constituir como quejoso en el amparo a aquella persona que resulte afectada por un acto en virtud de, o la afectación directa a, un derecho reconocido por el orden jurídico -interés jurídico- o, cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho pero sí la situación jurídica derivada del propio orden jurídico. --- No obstante lo anterior, se propone limitarlo en tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener.". Desde esa óptica, el legislador en el texto actual del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció y amplió las personas que tienen el carácter de parte agraviada en el juicio de amparo (bajo el que se definía el interés jurídico para promover el juicio de amparo antes de la reforma constitucional en materia de amparo), introduciendo como nueva posibilidad de impugnación la figura del interés legítimo individual o ANTONIO CUETERO CORNEJO 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 25/05/24 17:00:00 FORMAB-2 9 colectivo para promover la acción contra actos no emanados de autoridades jurisdiccionales cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos en la Constitución Federal y con ello se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por ende, el espíritu del legislador fue ampliar la procedencia del juicio de amparo tanto para aquellas personas que vean afectado su interés jurídico -como se exigía antes de las reforma en comento-, como para aquellas personas que vean afectado su interés legítimo, ya sea individual o colectivo. La locución interés en su concepción más simple (lato sensu) debe entenderse como la inclinación o el ánimo que existe entre la necesidad del ser humano y el bien o medio a través del cual se procure su satisfacción. Por su parte, se puede definir al interés en un sentido acotado como la aspiración legítima bien de orden pecuniario o moral, que representa para una persona la existencia de una situación jurídica o la realización de una determinada conducta. Así, como se dijo anteriormente, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, el interés jurídico presupone la existencia de un derecho subjetivo protegido por la ley, que es violado o desconocido, con lo cual se infiere un perjuicio a su titular, facultándolo para acudir ante los órganos jurisdiccionales a demandar que esa transgresión cese. Y por su parte, el interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparada. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad, es decir, una lesión objetiva a la persona derivada de la aplicación de la ley. ANTONIO CUETERO CORNEJO 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 25/05/24 17:00:00 10 Es así que con meridiana claridad se advierte que no es factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo- pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la ley en estudio así lo han estimado, al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Orienta lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 141/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, diciembre de dos mil dos, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone ANTONIO CUETERO CORNEJO 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 25/05/24 17:00:00 FORMAB-2 11 únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.". Y la diversa tesis XXVII.1o.(VIII Región) 4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en la página mil trescientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XV, tomo 2, diciembre de dos mil doce, Décima Época, cuyos rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SUS CARACTERÍSTICAS. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa.". Así, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite cualquiera de ellas para su procedencia, esto ANTONIO CUETERO CORNEJO 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 25/05/24 17:00:00 12 es, ya sea que demuestre contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. En el caso, la parte quejosa en su carácter de propietaria, reclama la falta de emplazamiento al procedimiento de origen en el que se decretó la entrega y desocupación del inmueble que defiende; de ahí que se estima que el estándar a considerar en el presente juicio de amparo es el relativo al interés jurídico. Por tal motivo, como se anticipó, de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que objetiva y técnicamente significa, que uno de los presupuestos jurídico procesales para la procedencia de la acción constitucional, es la demostración de la afectación del interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico a favor del titular, lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva. Asimismo, el interés jurídico se identifica con el principio de instancia de parte agraviada, contemplado en el artículo 6° de la Ley de Amparo, numeral que para mayor comprensión, se transcribe a continuación: "6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. --- Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". Dicho principio rector del juicio biintancial, significa que el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por el titular de los ANTONIO CUETERO CORNEJO 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 25/05/24 17:00:00 FORMAB-2 13 derechos sobre los cuales se reclama una afectación; y por otro lado, el principio de agravio personal y directo, consiste en que la afectación ocasionada por el acto de autoridad y que se reclama mediante el juicio de amparo, constituye un perjuicio inmediato, ya sea de manera directa o en grado predominante o superior, a alguno de los derechos subjetivos de los que ese gobernado es titular. En otras palabras, como lo reconoce la jurisprudencia, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo objeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado es un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado), que cuando es violentado por la autoridad, legitima a su titular para comparecer ante los tribunales federales encargados del control constitucional, haciendo surgir el interés jurídico del afectado, que debe estar plenamente acreditado y no inferirse a base de presunciones. Luego, para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable que quien lo promueva haya resentido un agravio pues, en efecto, sólo así puede acudir al juicio de amparo, debiendo ser titular del derecho que alega infringido y como consecuencia de esa violación, resulta afectado en sus intereses jurídicos. Esto, porque el interés jurídico, ciertamente, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos constitucionales en su perjuicio; es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma general, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Precisamente, porque el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una ANTONIO CUETERO CORNEJO 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 25/05/24 17:00:00 14 autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Entonces, el perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes de los peticionarios del amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Así, la falta de interés jurídico deriva de la ausencia de afectación directa de algún derecho subjetivo, por orden lógico, previo a analizar si los actos reclamados afectan dicho interés con relación a la quejosa, debe examinarse si es titular del derecho que aduce tener, de lo contrario, si no lo tiene, no es dable considerar que sufre afectación alguna, que es lo que genera el interés jurídico y, la falta de éste, a su vez, la improcedencia del amparo. Sobre todo, porque la sola presentación de la demanda de amparo no establece en modo alguno una presunción juris tantum a favor de la peticionaria de la protección constitucional, a fin de acreditar su interés jurídico; dado que, la eficacia del mismo está condicionada a su demostración, sin que sea permisible ni válido relevar a la parte promovente de su obligación de probarlo para instar el juicio constitucional. Precisado lo anterior, debe tenerse presente que la quejosa María de Lourdes Rivera Martínez, manifiesta que los actos reclamados vulneran su esfera de derechos, en razón que se le pretende privar del bien inmueble que defiende sin ser emplazado al expediente 447/2017 del índice del juzgado responsable, relativo al juicio ordinario civil promovido por Constructora Reynolds, sociedad anónima de capital variable, en contra de Comisariado Ejidal de Los Reyes La Paz y su Barrio Tecamachalco, Estado de México, respecto del sito en la carretera federal México Puebla y avenida de Las Torres Nicolás, municipio de La Paz, Estado de México, con una superficie de cinco mil quinientos metros cuadrados, es decir, se ostenta como tercero extraña en estricto sentido. ANTONIO CUETERO CORNEJO 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 25/05/24 17:00:00 FORMAB-2 15 Ahora, a fin de acreditar su interés jurídico, el solicitante de amparo ofreció los siguientes medios de convicción: 1. El original del contrato de compraventa de diecisiete de junio de mil novecientos noventa y uno. 2. El acta de defunción expedida a nombre de Modesta Sánchez Medina. 3. El dictamen de identidad en materia de topografía de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. 4. Las copias simples de diversas actuaciones relacionadas con el toca 264/2018 del índice de la Primera Sala Colegiada Civil de Texcoco, Estado de México y de un diverso procedimiento seguido ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 23, con sede en Texcoco, Estado de México. Sin embargo, dichos medios de prueba no resultan idóneos y suficientes para acreditar su interés jurídico sobre el inmueble relacionado con el procedimiento de origen al que cual aduce debió ser llamada la promovente del amparo. Lo anterior es así, ya que en cuanto a la documental señalada con el numeral 2, se acredita únicamente lo que en ella se contiene, a saber la defunción de quien en vida respondiera al nombre de Modesta Sánchez Medina; pero de ninguna manera la posesión o propiedad del predio que en esta instancia defiende la parte quejosa. De igual manera, por lo que hace a las documentales identificadas con el numeral 4, consistentes en copias simples de diversas actuaciones jurisdiccionales; por sí mismas carecen de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del promovente, ya que no existe en autos otro elemento que, relacionado con estas pruebas, pudiera generar ANTONIO CUETERO CORNEJO 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 25/05/24 17:00:00 16 convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 21/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 213 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso.". Cobra vigencia la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 183 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Octava Época, de contenido siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por tanto, esta Sala en ejercicio de dicho arbitrio, considera que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que ANTONIO CUETERO CORNEJO 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 25/05/24 17:00:00 FORMAB-2 17 reproducen, pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado, que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer.". Ahora, por lo que se refiere a la documental precisada con el numeral 1, relativa al contrato de compraventa de diecisiete de junio de mil novecientos noventa y uno, aún cuando se trata de un documento de fecha cierta derivado del fallecimiento de uno de los intervinientes en su celebración, resulta insuficiente para evidenciar el interés jurídico de la parte promovente para impugnar los actos reclamados, ya de su contenido no puede inferirse que el predio que se defiende sea el mismo que constituyó la materia de controversia en el procedimiento natural, pues no existe identidad respecto a la superficie, y por consecuencia, ubicación, medidas y colindancias. Con base en lo anterior, se concluye que el inmueble que defiende la parte quejosa en este juicio de amparo, es diferente al que es objeto del juicio natural; máxime que la prueba idónea para demostrar la identidad del bien, es la pericial en agrimensura, misma que no fue ofrecida en el presente juicio de amparo por la parte promovente, y además del caudal probatorio no se advierte prueba alguna que en forma fehaciente acredite tal extremo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1606, del tomo XIII, Enero de 2001, del ANTONIO CUETERO CORNEJO 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 25/05/24 17:00:00 18 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado.". No obsta a lo anterior, la documental ofrecida por la parte promovente precisada con el numeral 3, consistente en el dictamen de identidad en materia de topografía de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, pues se trata de un documento que no constituye propiamente el desahogo de una pericial, al no haberse seguido las formas que la propia ley impone para su ofrecimiento, y que al no estar relacionado con alguna otra prueba agregada a este sumario constitucional, no genera convicción a este órgano jurisdiccional sobre su contenido; máxime que fue elaborado a solicitud de la parte solicitante del amparo y sin que se tuviera en consideración las actuaciones que conforman el procedimiento natural sobre el predio que fue materia de litigio. Apoya lo anterior, la tesis 1a. CCCXCVIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, registro digital 2007982, página 715, cuyo contenido es el siguiente: "DICTAMEN PERICIAL EXTRAJUDICIAL. SU VALORACIÓN COMO PRUEBA DOCUMENTAL NO TRANSGREDE A LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES POR DENEGACIÓN DE JUSTICIA. El peritaje realizado por uno o varios especialistas de manera extrajudicial constituye una fuente de prueba; así, cuando tal dictamen llega al juicio como medio de prueba documental, por así haberlo ofrecido el interesado y haberse admitido en esos términos por el juzgador, no resulta válido pretender darle el ANTONIO CUETERO CORNEJO 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 25/05/24 17:00:00 FORMAB-2 19 tratamiento y el valor de una prueba pericial, esto, pues el artículo 402 es claro en prever que son los medios de prueba aportados y admitidos, los que habrá de valorar el juzgador en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia. Para llegar a esa conclusión, debe precisarse que la prueba pericial es el prototipo de medio de prueba, porque por regla general, sólo puede tener vida con plenos efectos jurídicos si existe un proceso; así, para afirmar la existencia de la prueba pericial, ésta debe seguir las formas que la propia ley impone a las partes, pues se trata de un medio de prueba en el que ambas partes están en posibilidad de interrogar a los especialistas sobre los temas que han surgido en el proceso mismo, a partir de la demanda y de su contestación de lo que ha trascendido al juicio y es materia del litigio. En ese sentido, para hablar de la prueba pericial propiamente dicha, como medio de prueba, necesariamente han de observarse las formas previstas en la ley para su ofrecimiento y desahogo; puede ocurrir, en cambio, que la fuente de la prueba sea el peritaje realizado por uno o varios especialistas extrajudicialmente, pero que al juicio llegue como medio de prueba documental, en cuyo caso el órgano jurisdiccional habrá de valorarlo como una prueba documental, sin que tal circunstancia implique vulneración a los artículos 14 y 17 constitucionales por denegación de justicia, pues es evidente que en uno y otro caso, es decir, sea que se trate de un dictamen pericial llegado al juicio en forma de documento o que se trate de una prueba pericial que en su desahogo siga la reglamentación prevista en la ley, las partes han de tener la intervención que la ley les permite y, en su valoración, el juez ha de observar las reglas prescritas en los artículos 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el sentido de que serán valorados en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, quien deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, con las reglas precisas sobre el valor de los documentos, según sean públicos o privados.". ANTONIO CUETERO CORNEJO 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 25/05/24 17:00:00 20 En esta tesitura, al no haber demostrado la solicitante del amparo la afectación a su interés jurídico -lo cual es una carga procesal que le compete- debe soportar las consecuencias de su omisión. Aunado a lo anterior, el hecho de que se tenga por acreditada la existencia de los actos reclamados, no es suficiente para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa, pues el informe rendido por la autoridad responsable tampoco es idóneo para acreditar su interés jurídico, dado que en él reconoció la existencia de los actos reclamados en el respectivo ámbito de su competencia, pero no la existencia de un derecho en favor de la solicitante de la protección constitucional; de ahí que esa aceptación de los actos reclamados no subsana la falta de interés jurídico ni legítimo de la parte promovente del amparo. Es aplicable la tesis publicada en la página trescientos setenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-II, febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, DEBE PROBARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La existencia del acto reclamado no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que se afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo, el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.". Igualmente, el hecho de que la parte peticionaria de amparo haya expresado bajo protesta de decir verdad que es propietaria del inmueble defendido en este sumario constitucional, también es insuficiente para acreditar la detentación real (propiedad o posesión) del referido bien, pues la parte quejosa debe aportar pruebas fehacientes con las cuales acredite tal extremo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 27/90, dictada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veintinueve, tomo V, Primera Parte, ANTONIO CUETERO CORNEJO 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 25/05/24 17:00:00 FORMAB-2 21 enero-junio de mil novecientos noventa, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que expresa: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés.". En ese orden, la parte solicitante de la protección constitucional no acredita la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica reconocida en la legislación, que genere el derecho que pretende defender, de manera que la promovente tenga una base objetiva que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a ejercer ese poder de hecho. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, tomo XV, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia ANTONIO CUETERO CORNEJO 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 25/05/24 17:00:00 22 material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común.". Consecuentemente, si en autos no está demostrado el interés jurídico que la parte quejosa refiere tener respecto al bien inmueble que defiende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, razón por la cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, procede sobreseer en el juicio de amparo. ANTONIO CUETERO CORNEJO 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.29.55 25/05/24 17:00:00 FORMAB-2 23 Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J.16/94, de la Octava Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, núm. 82, de fecha Octubre de 1994, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.". El sobreseimiento debe hacerse extensivo a los actos reclamados a las autoridades responsables ejecutoras, por no impugnarse por vicios propios. "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 03 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1°, fracción I, 74 a 76 y 124 de su Ley Reglamentaria; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo por lo expuesto y fundado en el último considerando de esta sentencia.
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