María de Lourdes Ramírez García
Expediente 914/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 914/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María de Lourdes Ramírez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de once de octubre de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Destrucción del juicio principal. Con fundamento en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General antes citado, toda vez que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y que dicha determinación causó estado, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo. Sin documentos para devolver. De autos se advierte que las partes no exhibieron documentos ni garantías que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con su anexo. Pruebas. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas en este acto, dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que acompaña dicha autoridad responsable. Acuerda sobre informe. Visto el contenido del informe justificado que se agrega, en la parte en la que manifiesta: "[.] NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO.- Por lo que hace a la omisión que refiere de no emitir acuerdo, respecto de la promoción presentada en fecha 23 de junio del año 2021, ello en el trámite del juicio ordinario laboral número 10856/2020/13, de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de donde se advierte con auto de fecha 13 de septiembre del año 2021 se encuentra acordada la promoción presentada en fecha 23 de junio por la parte actora, donde manifiesta el nombre correcto y domicilio de la diversa moral demandada procediendo esta autoridad a fijar fecha y hora para audiencia incidental para darle continuidad al proceso[.]" Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional, la omisión de la Junta responsable de no acordar la promoción presentada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral 10856/2020/13 de su índice, con sus consecuencias legales. Calificación e hipótesis. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Interpretación del marco normativo. En torno a dicha causa de improcedencia, se precisa que los efectos de un acto no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye de forma total e incondicional todos los efectos del acto que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Caso concreto. Del escrito inicial de demanda y las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se advierte que: La parte quejosa presentó un escrito el veintitrés de junio de dos mil veintiuno ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dirigido al juicio laboral 10856/2020/13. A la fecha en que se presentó la demanda que dio origen a este juicio de amparo -diez de septiembre de dos mil veintiuno-, la autoridad responsable aún no había acordado el ocurso antes citado. Finalmente, la Junta responsable dictó el proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, en el que glosó el escrito presentado por la parte quejosa el veintitrés de junio de la presente anualidad y acordó al respecto. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de omisión de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintiuno, cesó la omisión reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que del informe y de las constancias que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, allegó a este asunto, no se advierte que tal circunstancia se haya hecho del conocimiento a la parte quejosa, sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con la emisión de la determinación referida se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano infringido. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación de la determinación correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8 de la Constitución General de la República. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la quejosa, pues al dictar la resolución respectiva, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con su anexo. Pruebas. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas en este acto, dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que acompaña dicha autoridad responsable. Acuerda sobre informe. Visto el contenido del informe justificado que se agrega, en la parte en la que manifiesta: "[.] NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO.- Por lo que hace a la omisión que refiere de no emitir acuerdo, respecto de la promoción presentada en fecha 23 de junio del año 2021, ello en el trámite del juicio ordinario laboral número 10856/2020/13, de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de donde se advierte con auto de fecha 13 de septiembre del año 2021 se encuentra acordada la promoción presentada en fecha 23 de junio por la parte actora, donde manifiesta el nombre correcto y domicilio de la diversa moral demandada procediendo esta autoridad a fijar fecha y hora para audiencia incidental para darle continuidad al proceso[.]" Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional, la omisión de la Junta responsable de no acordar la promoción presentada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral 10856/2020/13 de su índice, con sus consecuencias legales. Calificación e hipótesis. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Interpretación del marco normativo. En torno a dicha causa de improcedencia, se precisa que los efectos de un acto no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye de forma total e incondicional todos los efectos del acto que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Caso concreto. Del escrito inicial de demanda y las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se advierte que: La parte quejosa presentó un escrito el veintitrés de junio de dos mil veintiuno ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dirigido al juicio laboral 10856/2020/13. A la fecha en que se presentó la demanda que dio origen a este juicio de amparo -diez de septiembre de dos mil veintiuno-, la autoridad responsable aún no había acordado el ocurso antes citado. Finalmente, la Junta responsable dictó el proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, en el que glosó el escrito presentado por la parte quejosa el veintitrés de junio de la presente anualidad y acordó al respecto. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de omisión de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintiuno, cesó la omisión reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que del informe y de las constancias que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, allegó a este asunto, no se advierte que tal circunstancia se haya hecho del conocimiento a la parte quejosa, sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con la emisión de la determinación referida se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano infringido. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación de la determinación correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8 de la Constitución General de la República. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la quejosa, pues al dictar la resolución respectiva, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; expídasele copia que solicita.
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