María de Lourdes Quintanilla Cadena

Expediente 357/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
357/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • María de Lourdes Quintanilla Cadena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo 357/2022-II, promovido por María de Lourdes Quintanilla Cadena; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo relativo a la autoridad responsable foránea, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo en vigor, ésta sólo podría interponer el recurso de revisión si el sentido del fallo afectara el acto que le fue reclamado, lo que no acontece en la especie. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio de este Juzgado de Distrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo 357/2022-II, promovido por María de Lourdes Quintanilla Cadena, contra actos del Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad General de Investigación, con residencia en San Fernando, Tamaulipas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Matamoros, Tamaulipas, y turnado el veintinueve de ese mismo mes y año, a este órgano jurisdiccional, María de Lourdes Quintanilla Cadena, promovió juicio de amparo indirecto, en el que señaló como autoridad responsable y actos reclamados, los siguientes: "III. Las autoridades responsables.- El C. Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad General de Investigación, con residencia en San Fernando, Tamaulipas (.) IV. Acto reclamado. La negativa y omisión en le investigación del delito y de proveer medida de conservación al acceso del uso de las aguas por emergencia de subsistencia de cabezas de ganado que se tiene en pastoreo y cuidado en la finca folio número 558 a nombre de la titular María de Lourdes Quintanilla Cadena. Y los actos subsecuentes e inmediatos que pretende hacerse objeto en contra de la quejosa". SEGUNDO. Mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número 357/2022-II; asimismo, se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de los tercero interesados, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado el presente asunto, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Así, del estudio integral de la demanda de garantías, y de las constancias que obran en el presente asunto, se desprende que la parte quejosa reclama del Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad General de Investigación, con residencia en San Fernando, Tamaulipas: Omisión en la investigación del delito dentro de la carpeta de investigación 440/2021, de su índice. Acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintidós, relativo a la negativa de proveer sobre la medida de conservación de acceso al uso de las aguas por emergencia de subsistencia de cabezas de ganado que se tiene en pastoreo y cuidado de la finca folio 558, dentro de carpeta de investigación aludida. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad General de Investigación, con residencia en San Fernando, Tamaulipas, al rendir su informe justificado, admitió la existencia de los actos reclamados que se le atribuyen (foja 75). Lo cual se corrobora con las documentales que anexó a su informe justificado, consistentes en la copia certificada de la carpeta de investigación 440/2021 de su índice, a las que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documentos públicos. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora, se tiene que del análisis de las constancias de la carpeta de investigación 440/2021, del índice de la Agencia del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio, con residencia en San Fernando, Tamaulipas, en lo que interesa se advierte lo siguiente: 1. Querella presentada el pasado ocho de diciembre de dos mil veintiuno, por la quejosa María de Lourdes Quintanilla Cadena, en contra de Luis Arturo González Garza y Nancy Guadalupe Dávila Villavicencio, por el delito de despojo de cosas inmuebles y aguas, misma que fue ratificada. 2. El diez de diciembre de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad General de Investigación, con residencia en San Fernando, Tamaulipas, emitió el auto de inicio, dando origen a la carpeta de investigación 440/2021; asimismo, en diverso proveído en esa misma data ordenó remitir actas al Centro de Justicia Alternativa Penal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con la finalidad de que intervenga un especialista en mecanismos alternativos de solución de controversias; posteriormente el cuatro de enero de dos mil veintidós, la aquí quejosa desistió el procedimiento de justicia alternativa penal. 3. El cinco de enero del año en curso, se ordenó llevar a cabo la entrevista con la parte ofendida a fin de que aportara datos de prueba; asimismo, se ordenó la búsqueda y localización de imputados y entrevista con los mismos. 4. Luego, el doce de enero del año que transcurre, se llevaron a cabo las entrevistas con Luis Arturo González Garza y Nancy Guadalupe Dávila Villavicencio, los cuales se apegaron al artículo 20 constitucional y manifestaron que no era su deseo declarar en ese momento. 5. El dieciocho de ese mismo mes y año que transcurre, la autoridad responsable solicitó perito en topografía, a fin de que emitiera dictamen en agrimensura debiendo identificar la finca folio número 558, consistente en terreno rustico; luego, el servicio pericial, solicitó mayores datos, por lo que el veintiuno de febrero de la aludida anualidad, solicitó se realizará el dictamen en comento. 6. El cuatro de marzo de dos mil veintidós, la aquí quejosa María de Lourdes Quintanilla Cadena , solicitó a la Agencia del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad General de Investigación, con residencia en San Fernando, Tamaulipas, proveer medida de conservación de acceso al uso de las aguas por emergencia de subsistencia de cabezas de ganado que se tiene en pastoreo y cuidado de la finca folio 558, dentro de carpeta de investigación 440/2020. 7. El nueve de marzo del año en comento, el Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad General de Investigación, con residencia en San Fernando, Tamaulipas, acordó lo siguiente: "Constancia y acuerdo NUC 440/2021 En san Fernando, Tamaulipas, a los nueve días del mes de marzo de dos mil veintiuno. (sic) El suscrito licenciado José Fernando Reyna Flores, Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad General de Investigación, hago constar: que se recibió el 04 de marzo de 2022 firmado por María de Lourdes Quintanilla Cadena, solicitando se le provea sobre la medida de conservación con respecto al acceso a la parte de la propiedad en conflicto, que se requiere para el uso de las aguas por emergencia para la subsistencia de las cabezas de ganado que tiene en pastoreo y cuidado en la finca rústica folio número 558 de su propiedad que tiene en pastoreo y cuidado en la finca rústica folio número 621 que ahora aparece es propiedad de Nancy Guadalupe Dávila Villavicencio. Conste. Acuerdo. Analizada que fuera la solicitud el suscrito Agente del Ministerio Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 16, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 129, 126, 131,137, 138 y 153 y 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 37 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, Acuerda: Dígasele al solicitante que no ha lugar para acordar de conformidad lo solicitado, en virtud que la norma que regula el proceso tiene por objeto esclarecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Contemplando medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares a efecto de brindar protección cuando se estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido enumeradas en el numeral 137 del Código Nacional de procedimientos Penales, para el caso de garantizar la reparación del daño se contemplan las enumeradas en el diverso 138 del mismo numeral y para asegurar la presencia del imputado garantizar la seguridad de las partes y evitar la obstaculización del procedimiento las contempladas en el numeral 153 del Código Nacional de Procedimiento Penal. Atendiendo a lo anterior no se encuentra regulación para lo peticionado por la solicitante, por lo que se le deja a salvo sus derechos para que los haga valer en la forma y vía correspondiente" Hasta aquí se narran los antecedentes de los actos reclamados. QUINTO. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar, en su caso, la improcedencia de este juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2º. J/323, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se lee en la página 87, del Tomo 80, Agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Ahora, este órgano de control constitucional advierte de manera oficiosa que respecto de los actos precisados en los incisos a) y b) del considerando segundo de esta sentencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 16, párrafo decimocuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 16. [...] Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. [.] Lo anterior es así, porque el precepto 61 de la ley en cita, en su fracción XXIII, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio protector de derechos humanos, tenga apoyo en alguna disposición de la Constitución Federal. Por su parte, el numeral 20 de la ley fundamental, regula constitucionalmente el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral en nuestro país, para dejar a un lado el inquisitorio, derivado de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma constitucional en materia penal, representa no sólo un parteaguas en los sistemas de procuración e impartición de justicia, sino un verdadero cambio de paradigma que todos los actores que conforman un Estado democrático de derecho debemos asumir con responsabilidad y compromiso. Dicha reforma modifica, entre otros, el actuar de las autoridades que intervienen en el procedimiento jurisdiccional del país, debiendo contar con un juez para una etapa preliminar (juez de control, como controlador de la investigación, quien podrá concluir el procedimiento derivado de convenciones entre las partes); otro, resolverá el asunto (juez de juicio oral). Esto asegura el debido proceso legal y evita lo extenso de los procedimientos; al final, un juez (juez de ejecución) vigilará y controlará la ejecución de la pena. Ahora, es pertinente señalar que, la implementación del nuevo sistema de justicia penal, de corte acusatorio y oral, tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios constitucionales rectores que rigen a dicho sistema a saber: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Cabe resaltar que dichos principios son la base y unificación que dota de coherencia y funcionalidad al nuevo sistema de justicia penal en nuestro país; de ahí que las actuaciones (obligaciones y facultades) de los jueces de tal sistema, como operadores de éste, deben ceñirse en todo momento a tales máximas contempladas en la Constitución Federal y a los diversos instituidos en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 128, 129 y 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se detalla la estructura general del proceso penal de acuerdo al sistema acusatorio, destacándose las siguientes etapas: Etapa preliminar o de investigación, que asume el Ministerio Público con los cuerpos de policía, con vigilancia judicial garantizada por el juez de control; aquí es cuando el Ministerio Público puede optar por la aplicación de un criterio de oportunidad; siempre que no se haya formulado imputación; Etapa intermedia o de preparación de juicio oral, en la que el juez de control resuelve sobre la aplicación de justicia restaurativa, esto es, de las formas alternativas de terminación del proceso, como son la mediación, conciliación, arbitraje, entre otras, las cuales procederán hasta antes de decretarse el auto de apertura del juicio oral; además, deberá calificar, en su caso, la detención; celebrar si es solicitada la audiencia de formulación de imputación, así como la de vinculación a proceso y de solicitud de medidas cautelares; depurar y admitir pruebas ofrecidas por los intervinientes, resolver sobre excepciones procesales y sobre la apertura del juicio oral; Etapa de juicio, donde se desahogan pruebas, se escuchan alegatos y se dicta sentencia definitiva; Así, en el tema de que se trata, conviene precisar que la primera etapa llamada preliminar o de investigación comienza a partir de la denuncia (noticia criminis) y se agota una vez concluido el plazo que conceda el juez de control para su complementación. No obstante, siendo una sola etapa, tiene dos fases o momentos destacados: Antes de que el imputado quede a disposición del juez de control para la formulación de la imputación, a la que el Código Nacional de Procedimientos Penales denomina "investigación inicial"; y, A partir de la formulación de la imputación y hasta que se haya cerrado la investigación, a la que se le llama "investigación complementaria". La investigación "inicial" tiene el objetivo principal de que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos, así como datos y medios de prueba para sustentar el inicio del ejercicio de la acción penal de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, que establece que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Ahora, para procurar que las denuncias sean atendidas y que el Ministerio Público ejerza las funciones constitucionales de investigación, tiene las facultades y deberes que se encuentran contenidos en los artículos 212, 214, 216 en relación con los numerales 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que textualmente disponen: "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados. Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. Artículo 128. Deber de lealtad El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este Código y en la demás legislación aplicable. El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones. Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien,en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código. Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención." Así, de la interpretación de los preceptos transcritos, se colige que el Ministerio Público es quien constitucionalmente tiene la encomienda de la investigación de los ilícitos y para ello tiene a su alcance no solamente los mecanismos que las leyes secundarias le otorguen, sino aquellos elevados a rango constitucional y los de ámbito internacional. Asimismo, que tan pronto el Ministerio Público, reciba la denuncia, deberá dirigir la investigación penal, de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, cuya actuación en todo momento debe ser acorde con los principios de lealtad, objetividad y debida diligencia. Entendiéndose el primero de estos -lealtad- como aquel deber de informar de manera veraz sobre la investigación cumplida y los conocimientos alcanzados y el deber de no ocultar a los intervinientes, elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando ha resuelto no incorporar alguno de esos elementos al proceso. Mientras que la objetividad implica que tal investigación se refiera tanto a los elementos de cargo como de descargo, procurando recoger con urgencia los elementos de convicción y actuando en todo momento conforme a un criterio objetivo, con el fin de determinar, incluso, el no ejercicio de la acción penal o el sobreseimiento y finalmente el de debida diligencia, definido propiamente por el numeral 212, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que puede colegirse fundadamente, que la carpeta de investigación está encaminada a demostrar que los hechos denunciados son o no constitutivos de algún delito y que la conducta está sancionada por la legislación penal, pero para ello, se exigen ciertas obligaciones de actuación de la representación social del conocimiento. Al respecto el artículo 20 de la Constitución Federal, en su apartado C, fracción VII, respecto de los derechos de las víctimas u ofendidos en una investigación penal, dispone lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido:. [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Por su parte el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 109, fracción XXI, y la Ley General de Víctimas en sus artículos 10, 11, 12 fracciones III, IV, V, VI, XI y XII y 14 disponen lo siguiente: "Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;" Ley General de Víctimas. Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos. Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación. Artículo 11. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo 10 de la presente Ley, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en las leyes locales y federales aplicables y en los Tratados Internacionales. Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos: [.] III. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas; IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal; V. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño; VI. A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales; [.] XI. A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas; XII. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, y Artículo 14. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los Tratados Internacionales de derechos humanos, pero si no se apersonaran en el mismo, serán representadas por un Asesor Jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia." El artículo constitucional y los diversos numerales legales transcritos, revelan que las víctimas tienen el derecho de impugnar ante la autoridad judicial las omisiones o negligencias del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; lo anterior, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional (juez de control) conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad. Por tanto, conforme al nuevo paradigma del orden jurídico nacional, esa garantía o mecanismo, no es otra cosa que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante el juez de control las omisiones o determinaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, esto es, que en la etapa preliminar la víctima u ofendido, acuda ante el órgano jurisdiccional competente ante el desacato de los artículos 212, 214, 216 en relación con los numerales 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por parte de la representación social del conocimiento y por ende del artículo 17 de la Constitución Federal, respecto de una impartición de justicia pronta y expedita. Sobre este aspecto, el artículo 16, párrafo decimocuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: Artículo 16. . [.] Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. [.] Por su parte los ordinales 3, fracción VII, 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 3o. Glosario. Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: [.] VII. Juez de control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal; [.] Artículo 133. Competencia jurisdiccional. Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; [.]" Los preceptos transcritos, revelan que el juez de control tiene competencia constitucional para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación, hasta el dictado del auto de inicio a juicio en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: a) Control sobre medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control (artículo 16 de la Constitución Federal, párrafo décimo cuarto). b) Control posterior sobre detenciones realizadas por el Ministerio Público (artículo 16 de la Constitución Federal, párrafo séptimo). c) Control sobre cualquier medida adicional que implique afectación de derechos fundamentales en la fase de investigación (artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Federal). Control sobre omisiones o determinaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; resoluciones de reserva; no ejercicio de la acción penal; desistimiento de la acción penal; suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño y aplicación del criterio de oportunidad (Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal). Ahora, los referidos artículos constitucionales y los diversos dispositivos legales del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen la competencia de los jueces de control del nuevo sistema de justicia penal, concediéndoles la facultad para subsanar la violación a los artículos 212, 214, 216 y 258 en relación con los numerales 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al prever el derecho de las víctimas u ofendidos de acudir ante la autoridad judicial para impugnar las omisiones o determinaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, pues son actos que se dan en la etapa de investigación, donde justamente ese órgano jurisdiccional controla dicha etapa como garante de la investigación. En ese contexto, analizadas en su conjunto las disposiciones constitucionales y legales, se obtiene que al juez de control, corresponde en la etapa de investigación resolver en forma inmediata y por cualquier medio, entre otros, sobre el respeto y protección de los derechos de las víctimas del delito; controlar las facultades del fiscal investigador; otorgar autorizaciones y exigir el cumplimiento de los principios y garantías procesales y constitucionales. Luego, ante las determinaciones u omisiones de la representación social en la investigación de los delitos en el nuevo sistema de justicia penal, es necesario acudir ante la autoridad competente, siendo en este caso, el juez de control, quien en su calidad de garante de la tutela judicial efectiva y conforme a los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, velará por la regularidad del proceso, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe. Una vez realizada la petición de control ante el órgano jurisdiccional facultado para ello, en términos de los artículos 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción VII, y 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control atendiendo a los principios rectores constitucionales estatuidos en el artículo 20 y a los diversos instituidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en términos de los ordinales 52, 66, 44, 47, 48, 49 del antes citado ordenamiento convocará a una audiencia; y, en presencia de las partes (ministerio público, víctima u ofendido y el imputado) escuchará sus pretensiones y con base en ellas decidirá de inmediato lo conducente, de conformidad con los numerales 67, 68 y 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, es de advertirse que en el caso que nos ocupa y, de acuerdo al principio de igualdad procesal de conformidad con el artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido, tiene el derecho de impugnar ante el juez de control, las omisiones y determinaciones del Fiscal o Agente investigador en el ejercicio de sus funciones. Así, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las actuaciones del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. Luego, la inactividad o abstención del agente investigador, para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendido, constituye una omisión, que vulnera los derechos reconocidos en su favor para acceder a la justicia que busca, omisión que debe considerarse impugnable, porque así lo establece el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas, al interpretar sistemática y funcionalmente las citadas normas -de jerarquía constitucional y legal- y con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve, garantista y bajo el principio de igualdad, se concluye que la "omisión", "negligencia" o "abstención" del agente del Ministerio Público de cumplir con sus labores de investigación, es impugnable en términos de lo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, toda vez que el citado artículo prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido, de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como el debido y oportuno conocimiento del estado que guarda la respectiva carpeta de investigación y las razones de tal situación, a efecto de que puedan ejercer sus derechos conforme a sus intereses. En el caso, la quejosa María de Lourdes Quintanilla Cadena, se duele de la omisión por parte del Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad General de Investigación, con residencia en San Fernando, Tamaulipas, de realizar los actos tendentes a la integración de la carpeta de investigación 440/2021, de su índice; asimismo, del acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintidós, relativo a la negativa de proveer sobre la medida de conservación de acceso al uso de las aguas por emergencia de subsistencia de cabezas de ganado que se tiene en pastoreo y cuidado de la finca folio 558, dentro de carpeta de investigación en comento. En ese contexto, como se refirió, la promovente del amparo tienen a su alcance la prerrogativa constitucional y legal, de impugnar ante el juez de control competente, lo que se pretende reclamar en el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo establecido tanto en la Constitución Federal, como en el Código Nacional de Procedimientos Penales; pues en ellos se dispone el medio de defensa idóneo y específico para lograr la pretensión de la parte quejosa. De ahí, que la quejosa, quien ostenta el carácter de víctima en la carpeta de investigación de referencia debe acudir primeramente ante el juez de control para reclamar las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; así como a la negativa de proveer sobre la medida de conservación de acceso al uso de las aguas por emergencia de subsistencia de cabezas de ganado, pues acorde a su naturaleza, es la autoridad facultada de salvaguardar desde la etapa de investigación, los derechos previstos a favor de la víctima, ofendido; situación contraria al anterior sistema procesal penal, donde los actos que realizaba el Ministerio Público en investigación de delitos, no se encontraban sujetos a revisión de ningún órgano jurisdiccional, al menos en la etapa investigativa. En esa tesitura, como ya se dijo, el propio precepto 61, en su fracción XXIII, de la ley de la materia, establece que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues se reitera, acorde a los artículos 16, párrafo decimocuarto y 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las omisiones, negligencias o abstenciones del agente del Ministerio Público en la investigación de los delitos, son susceptibles de ser impugnadas ante la autoridad judicial de control; siendo que un Juez de Distrito, cuya función consiste en el control de regularidad constitucional de los actos de autoridad, no se encuentra facultado para realizar prima facie, las funciones que originalmente se encuentran instituidas constitucionalmente a favor del juez de control del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Lo anterior es así, dado que los jueces de control están constitucionalmente facultados por el Poder Reformador para ejercer un control preventivo y complementario en la etapa de investigación lo que hace que el juicio de amparo biinstancial sea improcedente contra las omisiones, determinaciones o abstenciones del agente del Ministerio Público en la indagación de los delitos en una carpeta de investigación, por ser un control de legalidad inmediato al Ministerio Público, por ende, es previsible que los reclamados por infracción a derechos fundamentales sean reparados por el juez de control y sin que se soslaye que de manera subsidiaria resulte procedente el juicio de amparo, cuando la violación al derecho fundamental no haya quedado reparada, ante la potestad de los jueces de control. Cobra aplicabilidad la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). Además, de no considerarlo así, se desconocería el espíritu de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, respecto del nuevo sistema de justicia penal, con el establecimiento de la figura de jueces de control, lo que implicaría que cada vez que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación, o emita alguna determinación, el ofendido o víctima e imputado, acudirían al juicio de amparo a hacer valer cuestiones de mera legalidad y por consiguiente el juicio de amparo sustituiría el control estatuido por dicha reforma, por ende el juez de distrito realizaría funciones que originalmente se encuentran constitucionalmente y legalmente reservadas al juez de control. Aunado, a que establecer que el juicio de amparo indirecto sea procedente respecto de actos u omisiones de la representación social en la fase de investigación, sin pasar por el escrutinio del juez de control, impondría a la víctima u ofendido un mayor gravamen y dilación; pues en la forma propuesta, luego de una audiencia, el juez de control resolvería de inmediato lo conducente; en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de lo previsto en la Constitución Federal, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, en el que no rigen los principios de inmediación, publicidad, continuidad, contradicción y oralidad que caracterizan al nuevo sistema de justicia penal. Inclusive que de no estimarlo así, se desnaturalizaría el juicio de amparo, considerándolo como un medio ordinario de defensa, a pesar de su carácter de extraordinario, lo que significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido las instancias jurisdicciones establecidas en la ley. Resulta orientadora por analogía la Jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/1 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, de rubro siguiente: "ACCIÓN PENAL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN O ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE INTEGRAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 20, APARTADO C, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SI PREVIAMENTE NO SE INTERPONE LA QUEJA PREVISTA EN EL NUMERAL 226 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO." Entonces, si la legislación aplicable al caso que lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que en contra de las omisiones, negligencias o abstenciones que cometa el Ministerio Público en la investigación de los delitos, procede impugnar ante el juez de control correspondiente y éste recurso no se agotó por la víctima u ofendido del delito (parte quejosa), previo a acudir al juicio de derechos fundamentales (principio de definitividad), es inconcuso que el presente juicio de amparo es improcedente. Consideraciones que son acordes a lo resuelto en la contradicción de tesis 233/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, asunto del cual derivó la jurisprudencia que se transcribe a continuación: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Asimismo, resulta orientadora la Jurisprudencia I.3o.C. J/39, sustentada I.3o.C. J/39, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE." Así como la tesis IV.2o.A.19 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA QUE LO PREVÉ, RESPETA EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO." Y, la diversa tesis III.2o.C.4 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES INCOMPATIBLE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA." Por lo que, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 16, párrafo decimocuarto y 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 62, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por María de Lourdes Quintanilla Cadena, por las razones expuestas en el último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hasta el día veintinueve de agosto de dos mil veintidós, fecha en que se terminó de engrosar, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el informe justificado remitido vía correo institucional, rendido por el Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en San Fernando, Tamaulipas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento al párrafo quinto del numeral 117 de la ley de la materia, con las documentales que remite para apoyar su informe. Por otra parte, toda vez que en proveído de dieciocho de abril del año en curso, se proveyó que una vez que se encontrara debidamente integrado el presente expediente, le serían enviados los datos de enlace para llevar a cabo la audiencia constitucional por el método de videoconferencia a través de la aplicación Cisco Webex Meetings, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, para el desahogo de diligencias, pues dicha conexión se llevará en tiempo real y permitirá entablar comunicación visual y auditiva; lo anterior por así haberlo solicitado los terceros interesados Luis Arturo González Garza y Nancy Guadalupe Dávila Villavicencio, a través de su escrito de doce de ese mismo mes y año. En ese sentido, se advierte que la aludida audiencia de ley se celebrará a las diez horas con veinticinco minutos del once de agosto de dos mil veintidós; a su vez, la parte citada en el párrafo que antecede, proporcionó la siguiente dirección de correo electrónico: m_arnaud_gil@hotmail.com y el número de teléfono celular 81-12-62-14-59; por ello, se instruye a la Coordinadora Técnica Administrativa adscrita a este órgano jurisdiccional, le remita el enlace de acceso a la aplicación Cisco Webex Meetings; por lo que en la fecha indicada para el desahogo de la misma, se le harán llegar por los medios facilitados. En el entendido que respecto a la parte quejosa, ésta no solicitó que se le proporcionara el enlace respectivo para comparecer por dicho medio electrónico a la audiencia constitucional en el presente juicio biinstancial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha no obra el informe justificado que le fue requerido al Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación con sede en San Fernando, Tamaulipas, ni obra el acuse de recibo del oficio 8956/2022, de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, a través del cual se le mandó emplazar a esta contienda constitucional y se le exigió el mismo. Por tanto, toda vez que resulta necesario que el suscrito juzgador tenga la certeza de que la referida autoridad responsable ha quedado debidamente llamada a este juicio y enterada de emitir su informe justificado, se hace necesario diferir la audiencia constitucional programada para esta fecha, y se señalan las diez horas con veinticinco minutos del once de agosto de dos mil veintidós, para su desahogo. Por contener consideraciones aplicables al caso, lo anterior encuentra apoyo en la tesis VI.1o.64 K, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación XV-II, del mes de Febrero de 1995, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. SÓLO PUEDE ESTABLECERSE SU OMISIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EXISTE LA CONSTANCIA DE EMPLAZAMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Una interpretación correcta del ordenamiento legal en cita permite sostener que, cuando no exista constancia en autos de que alguna autoridad responsable recibiera el oficio notificatorio por el cual se le solicitó su informe justificado, no se puede considerar que incurrió en omisión, porque el acuse de recibo es el documento idóneo demostrativo de que se hizo en tiempo la notificación respectiva que permitiera sostener que dicha autoridad incurrió en esa falta, caso en el cual se tendrían como presuntivamente ciertos los actos reclamados, pero no sucede así, cuando no hay prueba de que recibió la notificación, lo que es motivo suficiente para diferir la audiencia y acordar lo procedente para recabar el acuse de recibo, habida cuenta que la certeza del emplazamiento es una cuestión importante y trascendente en el juicio de amparo, y de ella dependerá la posibilidad de estimar presuntivamente ciertos los actos o que el quejoso se defienda contra lo manifestado por la autoridad." (Sic) Dicha invocación de criterio no es contraria a derecho ni afecta a las partes, pues, conforme al artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la legislación vigente; y dado que sólo complementa y abunda sobre el tema que se abordó en este asunto, resulta correcta su aplicación. A fin de integrar debidamente este expediente, remítase nuevamente al Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación en San Fernando, el oficio 8956/2022, de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, a través de la empresa de mensajería acelerada estafeta Tamaulipas, al domicilio ubicado en calle Mariano Abasolo 0 Colonia Bella Vista Sur, código postal 87604, en San Fernando, Tamaulipas, a efecto de que se imponga de su contenido y de ser el caso, rinda su informe justificado; comunicado, que podrá enviar al correo oficial de este órgano jurisdiccional 1jdo19ctoAJ@correo.cjf.gob.mx. Por otro lado, en términos de lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos el escrito remitido vía interconexión, signado por el licenciado Guadalupe Cortez González, en su carácter de autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por la parte quejosa; con el mismo, se le tiene reiterando las documentales ofrecidas y los alegatos formulados previamente en autos, mismos que de ser procedentes, se tomarán en consideración al momento de resolver en definitiva este asunto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

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