María de Lourdes Puc Yeh

Expediente 1862/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1862/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • María de Lourdes Puc Yeh

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado por la quejosa ...., con el que cumplen la prevención realizada en acuerdo de veintidós de noviembre del presente año. En consecuencia, vista nuevamente la demanda de cuenta, contra el acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda; por tanto, dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se le hará llegar vía electrónica copia de la demanda. En tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir privilegiando los medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado. Apercibidas que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir en su caso las constancias de mérito completas y legibles, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de las autoridades requerida que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberán rendirlos privilegiando la modalidad electrónica. Se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General antes referido así como el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet .... con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Respecto a la agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que en el expediente varios 1/2021, del índice de este Juzgado, la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios en el citado correo electrónico. Ahora bien, de conformidad con el multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, en el que se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el acuerdo general citado así como en el diverso 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las autoridades responsables a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Ahora bien, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión; lo anterior, sin que pase desapercibido para esta Juzgadora Federal, que la parte quejosa solicitó en su escrito inicial de demanda la suspensión de plano en relación con los actos reclamados. Se dice lo anterior, ya que basta la simple lectura del contenido íntegro de su demanda de amparo para advertir, que en el presente caso, los hechos que narra no lo ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Federal de la República o en las hipótesis previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues aun y cuando la peticionaria de amparo señaló como acto reclamado la confiscación de un vehículo automotor, lo cierto es que no se trata de un acto de confiscación, si se tiene en cuenta que por ésta debe entenderse la apropiación violenta por parte de la autoridad o del Estado de la totalidad de los bienes de una persona o de una parte significativa de los mismos sin título legítimo y sin contraprestación, lo que no acontece en la especie. Cierto, la parte quejosa manifestó que su vehículo se encuentra a disposición de la Policía Municipal de Kanasin y que no obstante que solicitó su devolución, le fue negado; de ahí que resulta evidente que no se advierte que la autoridad responsable hubiera puesto como pena la apropiación violenta del vehículo de la quejosa, por lo que la unidad motriz no está "confiscada" como lo aduce la justiciable. Por ende, se reitera, el otorgamiento de la suspensión de plano respecto del acto descrito deviene improcedente, al no actualizarse en la especie, los supuestos normativos previstos en el artículo 126 de la ley de Amparo. Ello es así, toda vez que de la lectura integral de su demanda de amparo, se desprende que los actos que por esta vía reclama, consisten medularmente en retención del vehículo retención del vehículo de la ********************línea********************clase 1, tipo 5, uso 36, serv. 1, cilindros 4, número de serie********************placas de circulación********************número de motor********************que aduce es de su propiedad. Empero, se estima que no se trata de alguno de los actos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni tramitados conforme al diverso numeral 126 de la propia ley, tal y como se acordó en auto de veintidós de los cursantes. Por tanto, dese nueva cuenta con una copia de la demanda y escrito aclaratorio que se recepciona. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido por Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión promovido por la quejosa ...contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades, con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita el incidente de suspensión solicitado sin necesidad de formar su duplicado de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales adicionado el siete de noviembre de dos mil veintidós. Asimismo, con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a las autoridades responsables y pídase su informe previo, el que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído; apercibidas, que de no hacerlo dentro del término fijado, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción I, de los artículos 238 y 260, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberás rendirlo privilegiando la modalidad electrónica. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento; en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General antes referido así como el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet ...con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Ahora bien, en el caso en cuanto a la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, respecto del acto reclamado consistente medularmente en la retención del vehículo de la marca TOYOTA, modelo 2019, línea Yaris, Sedan, clase 1, tipo 5, uso 36, serv. 1, cilindros 4, número de serie MR2B29F39K1168816, placas de circulación YWA-299-F, número de motor 2NRX426422, que aduce es de su propiedad y toda vez que de los antecedentes vertidos en la demanda de mérito, se advierte que la parte quejosa ya fue desposeída de dicho vehículo automotor, SE NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR por tratarse de un acto consumado, habida cuenta que actuar en forma contraria, por la naturaleza de los mismos, equivaldría a darles efectos restitutorios, lo cual es propio de la sentencia definitiva que se pronuncie en el expediente principal del cual deriva el presente incidente. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia II.3o. J/37, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, Materia Común, que a la letra dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Ahora bien, en relación a la suspensión provisional respecto de las consecuencias del citado acto a fin de que se le restituya a la parte quejosa la posesión del citado automotor, se procede analizar la procedencia de la medida cautelar solicitada. De conformidad con lo establecidos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos para conceder la suspensión a petición de parte, se establece los siguientes requisitos: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga en perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Antes de analizar los dos requisitos anteriores, es necesario verificar que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, dado que ningún efecto práctico tendría realizar un pronunciamiento sobre los requisitos que establece la ley para conceder la medida cautelar, si el acto reclamado, por su propia naturaleza, no es susceptible de ser paralizado a través de la suspensión, como podría ser el caso de actos negativos, consumados y declarativo, entre otros. Precisado lo anterior, lo que procede es determinar si la retención del vehículo de la marca TOYOTA, modelo 2019, línea Yaris, Sedan, clase 1, tipo 5, uso 36, serv. 1, cilindros 4, número de serie MR2B29F39K1168816, placas de circulación YWA-299-F, número de motor 2NRX426422,, realizada el cinco de noviembre de dos mil veintitrés, por parte de los agentes de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, previamente a la promoción del juicio de amparo, es un acto consumado para los efectos de la suspensión, y si la concesión de la medida implica dar efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo. Al respecto, a juicio de la suscrita, el acto no es consumado para los efectos de la suspensión y, por ende, sí es susceptible de ser suspendido. Así, en el caso, se desprende de que la retención del aludido vehículo que refiere, que a dicho de la quejosa se realizó cuando supuestamente su esposo se encontraba laborando y fue detenido sin ningún tipo de ordenamiento judicial, la cual, si bien es un acto que se ha ejecutado, no puede considerarse como consumado para los efectos de la suspensión, ya que subsiste mientras el vehículo no sea devuelto a la parte quejosa. Es decir, si bien la referida retención del vehículo se realizó en un solo momento, dicho acto no queda definitivamente consumado, toda vez que sus efectos se prolongan por todo el tiempo que exista la citada detención, lo que permite suspender esos efectos a fin de evitar perjuicio a la parte agraviada durante la tramitación del juicio de amparo. Además, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa solicitó la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, para el efecto de que le fuera devuelto el citado automotor, de donde se desprende que la suspensión se solicitó no respecto de la detención en sí misma, sino de sus efectos y consecuencias; de ahí que, si estos siguen ejecutándose, no podría considerarse la desposesión como un acto indefectiblemente consumado para los efectos de la medida cautelar. Ahora bien, debe precisarse que la suspensión que se conceda contra la retención del vehículo no tendrá efectos restitutorios, porque de no prosperar la acción constitucional intentada, las autoridades responsables estarán en aptitud de ejecutar nuevamente el acto y, en caso contrario se habrá restituido a la parte quejosa en el goce del derecho constitucional violado, con lo que se evitaran los perjuicios que se pudieran provocar durante la tramitación del presente amparo. Dicho en otras palabras, la concesión de la medida cautelar no implica una restitución en el goce del derecho constitucional violado, ya que el acto reclamado sigue existiendo, en este caso, la retención del vehículo de la marca TOYOTA, modelo 2019, línea Yaris, Sedan, clase 1, tipo 5, uso 36, serv. 1, cilindros 4, número de ser placas de circulac, número de motor 2NRX426422,, lo que hace es mantener la situación jurídica que mantenía antes de que tuviera lugar el acto reclamado, a fin de que sea la ejecutoria de amparo la que, en su caso, permita a la autoridad ejecutar el acto en sus términos o restituya a la parte agraviada en el goce de sus derechos. Con base en lo anterior, se considera que la detención o retención del vehículo antes, es un acto que, conforme a su naturaleza, es susceptible de ser suspendido, y que de conceder la suspensión en contra de ese acto, no se daría efectos restitutorios en la medida cautelar. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Décima Época, Registro: 2001198, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 59/2012 (10a.),Página: 1186, bajo el rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. SE PUEDE CONCEDER ANTE EL DESPOSEIMIENTO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR POR PARTE DE LA AUTORIDAD, PORQUE NO ES UN ACTO CONSUMADO. El desposeimiento de una licencia de conducir llevada a cabo por una autoridad antes de promover juicio de amparo no es un acto consumado para efectos de la suspensión, ya que sus consecuencias se prolongan durante el tiempo que el documento no se regrese al quejoso; por tanto, cuando se solicite la medida cautelar para que la autoridad devuelva el documento en cuestión, es factible decretarla sin que ello implique darle efectos restitutorios, al no dejar insubsistente el acto reclamado sino mantener viva la materia del juicio, a fin de que sea la ejecutoria de amparo la que, en su caso, permita a la autoridad responsable ejecutar el acto en sus términos o restituir al agraviado en el goce de sus derechos. En todo caso, la concesión estará sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, esto es, que la solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público -en cuyo caso se podrá realizar un análisis de la apariencia del buen derecho-, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado; lo que el órgano que conozca de la suspensión deberá analizar en cada caso, atendiendo a los motivos y fundamentos del acto reclamado." Ahora bien, continuando con el análisis se advierte que se cumple con la condición prevista en la fracción I del artículo 128 referido, pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa quien adjunta como documentos para acreditar de manera indiciaria la posesión del vehículo en cuestión, en específico con lo siguiente: - Copia simple de la factura con folio fiscal digital y folio de control DB000000903, de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, expedida por Automotriz Toy del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable. - Copia simple de la tarjeta de circulación digital, con folio 949033 A, con fecha de expedición siete de noviembre de dos mil veintitrés, a nombre de la quejosa. Mismos documentos que se le otorga valor indiciario, el cual genera convicción a la suscrita Juzgadora, respecto a la titularidad de la parte quejosa como propietario del vehículo retenido. Por otra parte, en cuanto al diverso requisito consistente en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, el primer párrafo del artículo 138 de la Ley de Amparo, dispone que: "Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, ...". La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que por apariencia de buen derecho respecto de lo cual, debe entenderse el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Motivo por el cual, actualmente se exige al juzgador constitucional que al momento de examinar la procedencia de la medida cautelar solicitada, conforme a lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 138 en comento, se analice si de concederse la medida suspensional en base a esa apariencia, no se cause una afectación al interés social, pues de lo contrario, no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia de buen derecho, dado que se pondría en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión. Lo anterior se señala así, pues sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, aun ante la apariencia del buen derecho a quien no fuera el agraviado, cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la sociedad; lo cual desde luego tornaría de suyo improcedente la medida. El segundo de los requisitos contenido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, también se satisface, porque al concederse la suspensión no se afecta al interés social ni se infringen disposiciones de orden público. Cuenta habida que la parte quejosa acreditó el interés suspensional que le asiste, en relación con el automotor que por esta vía defiende. Así, en el caso, como se vio, se reúnen los requisitos a que se refiere el numeral 128 citado para conceder la medida que se solicita. En el artículo 147 de la Ley de Amparo, se establece que la medida suspensional se concederá, de ser jurídica y materialmente posible, restableciendo provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Luego, considerando que la suspensión del acto reclamado en análisis constituye un acto de tracto sucesivo, que se acreditaron los requisitos previstos en el artículo 128 para el otorgamiento de la suspensión, y que en el caso, la naturaleza del acto otorga la posibilidad de que materialmente se restablezca provisionalmente a la parte quejosa en el derecho violado, procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el efecto de que las autoridades responsables, una vez cumplidos los trámites administrativos respectivos y acreditada ante ellas la propiedad del vehículo, devuelvan a la quejosa María de Lourdes Puc Ye, en calidad de depósito el vehículo de la marca TOYOTA, modelo 2019, línea Yaris, Sedan, clase 1, tipo 5, uso 36, serv. 1, cilindros 4, número de serie MR2B29F39K1168816, placas de circulación YWA-299-F, número de motor 2NRX426422,, hasta que se resuelva respecto de la suspensión definitiva en los presentes autos incidentales. Importa señalar que la presente suspensión no surtirá efecto alguno, en el caso de que, esté pendiente el pago de alguna diversa multa, derivada del acto que dio origen a la detención, esto es, con motivo de una falta administrativa, o cualquier otra sanción por violación al reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, o cualquier otra disposición de carácter Federal o Estatal; así como que el vehículo sea retenido por ser objeto, producto o instrumento del delito o bien, por cualquier otro acto diverso a lo narrado por la quejosa. Sin que dicha medida constituya autorización para que la quejosa contravenga disposiciones de carácter administrativo, quedando expeditas las facultades de las autoridades para aplicar dichas normas y complementarias que prevean las sanciones correspondientes para el caso de infracciones. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida ... contra actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades; en tal virtud, se provee: Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado como juicio de amparo 1862/2023-I. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la impetrante del amparo, manifiesta lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: Son todos los ataques a la libertad personal que ha sufrido la quejosa, mismas que han sido fuera de procedimiento, el decomiso y confiscación de mi bien, vehículo de mi propiedad: con datos de identificación: Placa actual: YWA-299-F de origen Extranjero, Marca: TOYOTA, Modelo: 2019, línea: Yaris, Sedan, Combustible: Gasolina, Clase: 1 Tipo: 5 Uso: 36, Serv. 1 Cil: 4 Número de Serie: MR2B29F39K1168816, Número de Motor: 2NRX426422, lo cual acredito en este momento con copia simple de la factura emitida por AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE, S.A. DE C.V., consistente en un que se están suscitando sin orden ni mandamiento judicial alguno". Sin embargo, de la narrativa de los hechos que asienta en la demanda de amparo no se advierte actos en relación a su persona consistentes en los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, sino que se refiere a que el cinco de noviembre del año en curso, el esposo de la promovente, de nombre Efraín de Jesús Ku, fue detenido por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Municipal de Kanasín, mientras transitaba en las calles del municipio de Kanasín, y fue despojado del vehículo propiedad de la promovente sin ninguna orden judicial. Ahora bien, a fin de estar en aptitud legal de proveer respecto de la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 114, fracción I de la misma, prevéngase a la promovente de amparo para que dentro del término de cinco días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad: a. Precise con claridad el acto que reclama de cada una las autoridades responsables que señala. b. Haga una relación sucinta, cronológica y detallada de los antecedentes que constituyen el acto reclamado, toda vez que los antecedentes que señaló no permiten conocer el origen del acto reclamado (ataques a la libertad personal, de la que refiere ha sido fuera de procedimiento). Asimismo, con apoyo en el numeral 110 de la citada ley de la materia, dígasele a la promovente que deberá también acompañar copias de su escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes, pues éste formará parte integral de la demanda de amparo. Al caso cobra aplicación la Jurisprudencia de rubro siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS.- " Con el apercibimiento que de no cumplir dentro del término señalado con lo requerido anteriormente, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 114 en comento. Tiene aplicación al caso la tesis cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE". Ahora bien, como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que menciona para tal efecto en su escrito de demanda de amparo; y como sus autorizados con las limitaciones que establece el párrafo segundo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que relaciona en su demanda de mérito; de igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se les autoriza el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Asimismo de conformidad con el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, se tiene como correo electrónico y número telefónico de la parte quejosa los que señaló en su demanda de mérito, para efecto de que le sean practicadas las notificaciones, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Ahora bien, en cuanto a que se otorgue el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, proporcionando para ello su nombre de usuario, que es "abogfco92", relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar y promover con su nombre de usuario "abogfco92", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. Comuníquese lo anterior al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente del referido usuario en el presente juicio de amparo. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Sin que soslaye que la parte quejosa solicitó se le conceda la suspensión de plano de los actos reclamados; sin embargo, de la lectura integral de la demanda se advierte que la peticionaria de amparo no se encuentra privada de su libertad, en tanto que ella es quien firma la demanda, por tal motivo, no se trata de alguna de los actos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni tramitados conforme al diverso numeral 126 de la propia ley. De igual forma, no pasa inadvertido para esta Juzgadora Federal de que la parte quejosa en su demanda de amparo señala como acto reclamado, el decomiso de un bien mueble que afirma es de su propiedad; sin embargo, no se tendrá como acto reclamado el decomiso de dicho bien, toda vez que basta la simple lectura del contenido íntegro de su demanda de amparo para advertir, que en el presente caso, los hechos que narra no lo ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Federal de la República o en las hipótesis previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues aun cuando la agraviada señaló como acto reclamado el decomiso de un vehículo automotor, lo cierto es que no se trata de un acto de decomiso, si se tiene en cuenta que por ésta debe entenderse aquella que se impone a título de sanción, por la realización de actos contra el tenor de leyes prohibitivas o por incumplimiento de obligaciones de hacer a cargo de los gobernados con la nota particular de que se reduce a los bienes que guardan relación con la conducta que se castiga, o sea, los que han sido utilizados como instrumento para la comisión de un delito o infracción administrativa, los que han resultado como fruto de tales ilícitos o bien los que por sus características, representan un peligro para la sociedad, lo que no acontece en la especie. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

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