María de Lourdes Prieto Arriaga
Expediente 1938/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1938/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/04/2022
Partes del expediente
- María de Lourdes Prieto Arriaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia definitiva, asimismo, se desprende que no se libraron los oficios correspondientes. Atento a lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, se ordenan librar los oficios correspondientes del auto referido.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que se establece, sin que ninguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, por la que se negó el presente juicio; por tanto, se declara que ha causado estado, para todos los efectos legales, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, archívese el presente asunto, previas las anotaciones en el libro correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, glósese el original del incidente de suspensión, no así la copia del mismo, toda vez que este tribunal considera que el presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), por haberse negado el otorgamiento de la tutela federal del presente juicio de amparo y carece de relevancia documental. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger, los documentos originales o copias certificadas, que en su caso hubiese exhibido en el presente juicio, apercibidos que de no hacerlo en el aludido término, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente.
- Principal
Visto el oficio de cuenta que suscribe el Comisario de la Policía Preventiva del Municipio de Tonalá, Jalisco, mediante el cual, da contestación al requerimiento formulado en proveído de cuatro de noviembre del año en curso, y hace del conocimiento que no cuenta con domicilio de la tercero interesada; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, y se está a la espera de la respuesta que den a dicho requerimiento las diversas autoridades requeridas.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que las partes, hubiesen interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de nueve de agosto de dos mil veintiuno, en la que por una parte, se sobreseyó en el juicio y en otra se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados; por tanto, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias, si bien es cierto, corresponde a las autoridades que intervinieron en la realización de los actos reclamados, también lo es, que en tratándose de amparo contra leyes y en atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del Presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente. En virtud de lo anterior, con copia de la sentencia dictada en las presentes actuaciones, tomando en consideración que conforme al contenido de la demanda, la persona jurídica solicitante de la tutela federal señaló que su domicilio se localiza en el domicilio indicado para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, remitan a este juzgado constancia fehaciente del cumplimiento que hayan dado a la resolución de que se trata, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para su separación del cargo y consignación ante autoridad competente, para lo cual remítasele copia certificada de la sentencia. No es obstáculo a lo anterior de que dichas autoridades no hubiesen sido señaladas como responsables, en virtud de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución. De igual forma, requiérase al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que, en su carácter de superior jerárquico de las responsables, ordene a éstas el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, dentro del referido término, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. Asimismo, se hace del conocimiento del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que la autoridad en contra de cuyos actos se concedió la protección constitucional.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
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