María de Lourdes Pérez Salazar

Expediente 10/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
10/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
22/02/2018

Partes del expediente

  • María de Lourdes Pérez Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    CÚMPLASE...

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EN VIRTUD DEL CITATORIO DE MÉRITO EL AUTO DE CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO: Vista la demanda de garantías promovida por FILIBERTO ARANDA ROBLES, por propio derecho, contra actos de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO CINCO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 10/2018, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que sea necesario tramitar el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, en virtud de que el mismo no fue solicitado por la parte quejosa. En atención a los dispositivos 117 y 75, de la ley de la materia, pídase a la responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de quince días, en el que expresará con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberá expresar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye haciendo la aclaración que dichas copias tienen que ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice de fondo la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente de conformidad con los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 260, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En la inteligencia, que los salarios mínimos a que se alude en este acuerdo y en el presente asunto, se entenderán referidos a los ahora denominados unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del "Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado el miércoles 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, página 351, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Sin perjuicio de que la parte quejosa exhiba dichas constancias. Independientemente de lo anterior, requiérase a la JUNTA ESPECIAL NÚMERO CINCO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, para que dentro del término de tres días, informe a este Juzgado Federal el estado procesal que guarda el expediente 7349/2013/5/1, de su índice, promovido por el quejoso FILIBERTO ARANDA ROBLES, es decir, si ya cerró la instrucción y de ser así, si ya se dictó el laudo respectivo, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que se lleve a cabo la audiencia constitucional. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde y, en atención al inciso k), del ordinal 26 de la ley de la materia, notifíquesele mediante oficio el presente acuerdo, corriéndole traslado con copia de la demanda, para los fines legales a que haya lugar. Asimismo, con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida y admitida la prueba presuncional en su doble aspecto, legal y humana; sin perjuicio de la relación que de ella se haga en la celebración de la audiencia constitucional, a efecto de ser tomada en cuenta al momento de emitirse el fallo; ahora bien, por cuanto hace a la prueba documental que ofrece el quejoso, consistente en el informe que rinda la autoridad responsable y la instrumental de actuaciones referente a las copias certificadas del expediente 7349/2013/5/1, que en su momento remita en apoyo a su informe justificado la autoridad responsable; este juzgado federal se reserva a acordar lo conducente, hasta en tanto obre dicho informe y las constancias respectivas en el presente juicio de amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce el carácter de tercera interesada en el presente juicio a GRUPO TERRESTRE CHAP, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; en consecuencia, comisiónese a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que se constituya indistintamente en los domicilios ubicados en: Hacienda del Jacal, número 709, Colonia Jardines de la Hacienda y/o Arquitos y/o Boulevard Centro Sur, número 118, interior 2, Colonia Colinas del Cimatario, de esta ciudad de Querétaro; y proceda emplazarla a juicio por conducto de quien acredite su legal representación, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo y del presente proveído, con sustento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, le entere el día y la hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, le requiera para que en el término de tres días contado a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio en esta Ciudad de Querétaro, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le harán por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Asimismo, en caso de que no se encuentre a la parte tercera interesada buscada, el Actuario deberá cerciorarse de que en los domicilios en el que se constituya puede ser localizada, y deberá proceder conforme a lo ordenado en el artículo 27, fracción I, incisos b y c de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el referido diario oficial, el dos de abril de dos mil trece. Se le hace del conocimiento al Actuario que en caso de que los domicilios que se proporcionan no sean los correctos, pero sí le fuese informado que es alguno distinto, se faculta para que practique la diligencia encomendada en ese nuevo domicilio, en caso de que corresponda a esta jurisdicción. Se faculta a cualquiera de los Actuarios adscritos, para que en caso de que la parte tercera interesada se presente en este Juzgado por sí o por conducto de persona que acredite su legal representación con documento idóneo, realice el emplazamiento correspondiente. Independientemente de lo asentado en párrafos precedentes, se requiere a la autoridad responsable, para que en caso de ser cierto el acto reclamado con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en el término de tres días informe el último domicilio que hubieren señalado las partes en el juicio natural, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien días conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, de conformidad con el artículo 244 de la Ley de Amparo, en concordancia con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por otro lado, se tiene como domicilio procesal del quejoso el que indica en el proemio del escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Hilda Yasmin Delgado Rojo, Ivan Lenin Aguilera Medrano, Pedro Marcos Balderas Arriaga y Gustavo Olvera Castro; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que señala; por ser los efectos de su autorización. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. En diverso aspecto, se da vista a la parte quejosa para que, en el caso de que la autoridad señalada como responsable, con la denominación que indica en su demanda, no exista, con fundamento en la fracción III del artículo 108, de la Ley de Amparo vigente, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), sin diverso acuerdo, se le tendrá como inexistente, no se le dirigirán comunicaciones procesales y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación, en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto.

  3. Principal

    SE TIENE POR CONSENTIDO EL AUTO POR EL QUE SE DECLARÓ CUMPLIDA LA SENTENCIA..., ARCHÍVESE COMO CONCLUÍDO...., EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN..., FINALMENTE, PÓNGASE A DISPOSICIÓN DE LA QUEJOSA EL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ANEXÓ A SU ESCRITO DE DEMANDA, A FIN DE QUE SI ES SU DESEO COMPAREZCA A RECOGER EL MISMO DENTRO DEL TÉRMINO DE NOVENTA DÍAS NATURALES..., EN LA INTELIGENCIA QUE DE NO HACERLO PODRÁ SER DEPURADO JUNTO CON EL EXPEDIENTE...

  4. Principal

    VISTO EL ESTADO DE LOS AUTOS..., SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO Y SE DEJAN A SALVO LOS DERECHOS DE LA PARTE QUEJOSA...

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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