Maria de Lourdes Perez Moguel
Expediente 26/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Maria de Lourdes Perez Moguel
Actuaciones
- Principal
Agréguese únicamente a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; sin proveer al respecto, toda vez que en nueve del mes y año en curso, se ordenó el archivo definitivo del cuaderno de antecedentes en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Homólogo acepta la competencia planteada.- Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficios signado por el Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada, circunstancia de lo cual queda enterado este Órgano Jurisdiccional. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por María de Lourdes Pérez Moguel, por medio del cual desahoga la prevención decretada en proveído de diez de enero de dos mil veintitrés; en virtud de lo anterior se acuerda lo siguiente: DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA Del escrito aclaratorio presentado por la parte quejosa, se desprende información con base en la cual, este órgano de control constitucional estima carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo, debido a que el acto reclamado conlleva una ejecución material fuera del territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Al respecto, la quejosa, bajo protesta de decir verdad señaló como acto reclamado: "De las ordenadoras señalo, la orden de detención y presentación en contra de la suscrita que pretende llevar las autoridades señaladas consideradas como ejecutoras en contra de la impetrante para privarme de mi libertad." Asimismo, en su capítulo de HECHOS, manifestó: "2.- Así las cosas, he tenido conocimiento por voces de mis vecinos, que en fecha veintiséis de diciembre del año dos mil veintidós, unos sujetos que dicen ser policías ministeriales adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo, sin acreditar con documento alguno que pertenecen a la corporación policiaca que refieren, se han acercado a mi domicilio particular, ubicado en PRIVADA DE CANARIAS MANZANA 06 LOTE 01 6D CIUDAD INTEGRAL HUEHUETOCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54696,con el fin de detenerme y presentarme ante el Agente de Ministerio Público que he citado." Asimismo, en su escrito aclaratorio, la quejosa manifestó lo siguiente: "Señalo también como autoridad responsable en su carácter de ejecutora: El Coordinador de la Policía de Investigación adscrito al Ministerio Público de Huehuetoca, Estado de México." Expuesto lo anterior, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia I.2o.P. J/40, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56 (Agosto de 1992), Octava Época, Registro 218721, del rubro y textos siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." competencia, al igual que la legitimación, la temporalidad y las causas de improcedencia, son temas de estudio previo y oficioso, pues en el momento en que el órgano jurisdiccional antes de analizar el tópico de la competencia, decide que el acto reclamado es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible, partiendo en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del asunto." En efecto, la competencia constituye un supuesto cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto emita, puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función de que define, aparte de que juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, confirme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el resolutor haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. En ese sentido, la ley de la materia prevé diversos tipos de competencia: a) competencia por territorio; b) competencia por materia; c) competencia por grado; d) competencia auxiliar; y e) competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. criterios de tipo geográfico y está relacionado con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora, la competencia constitucional de los Jueces de Distrito esté prevista por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el numeral 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." El precepto legal transcrito, establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que los actos reclamados se ejecuten o traten de ejecutarse, destacando por ende, que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte sentencia correspondiente. Por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto legal transcrito, se obtienen tres reglas básicas que, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) En el último párrafo del precepto en cita se establece la tercera regla, consistente en que, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En atención a lo expuesto, este órgano de control constitucional estima que no se encuentra facultado legalmente para conocer del presente juicio, al actualizarse la primera regla de competencia mencionada. Lo anterior, en razón de que conforme al primer párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo, es Juez competente el del lugar en cuya jurisdicción se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ello es así, pues contenido del escrito de demanda la promovente del amparo María de Lourdes Pérez Moguel, bajo protesta de decir verdad señaló como acto reclamado, la orden de detención y presentación en su contra, misma que pretenden llevar a cabo las autoridades responsables y privarla de sus libertad; asimismo señaló que como autoridad responsable en su carácter de ejecutora al Coordinador de la Policía de Investigación adscrito al Ministerio Público de Huehuetoca, Estado de México. Por lo anterior precisado, el suscrito Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, se considera legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, y declina competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, residente en Naucalpan de Juárez en turno, toda vez que al ubicarse el lugar donde tuvo ejecución el acto reclamado en el domicilio de la aquí quejosa ubicado en PRIVADA DE CANARIAS MANZANA 06 LOTE 01 6D CIUDAD INTEGRAL HUEHUETOCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54696, es competente para conocer del juicio de amparo bi-instancial, el Juez de Distrito dentro de cuya demarcación territorial en la cual ejerce su jurisdicción como en el caso, se haya ejecutado el acto reclamado. Por lo anterior, se estima que ante la incompetencia legal de este Juzgado de Distrito, para conocer de la demanda de cuenta, lo procedente es remitirla a los Juez de Distrito en el Estado de México, residente en Naucalpan de Juárez en turno, para que manifieste si acepta o no la competencia y, en su caso, se avoque al conocimiento del presente juicio, conforme lo establece el artículo 37 de la Ley de Amparo; solicitando atentamente acuse el recibo de estilo e informe su determinación sobre la competencia declinada. Notifíquese, y personalmente.Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el Secretario Pedro Gabriel Galán Pérez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
PREVENCIÓN En este sentido el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Por su parte, el diverso numeral 108, fracción IV de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" En virtud de lo antes asentado, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, y 114 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente de aquél en que surta efectos la legal notificación del presente proveído bajo protesta de decir verdad: ÚNICO. Aclare si señala como autoridad responsable ejecutora, alguna que ejerza jurisdicción en el Estado de México, toda vez que en su capítulo de hechos, según aduce, se presentaron los agentes ministeriales el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, en su domicilio particular ubicado en Privada de Canarias Manzana 06 Lote 01 6D, Ciudad Integral Huehuetoca, Estado de México, C.P. 54696; sin embargo, únicamente se limita a señalar a las autoridades del Estado de Hidalgo y no así del Estado de México En el entendido que conforme a lo dispuesto por el artículo 110, de la ley de la materia, se previene a la parte quejosa, para que exhiba las copias necesarias de su escrito con el que cumpla con la presente prevención. Bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en la temporalidad señalada, o bien de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se tendrá por presentada en los términos en que fue recibida la demanda de amparo; de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. SANCIONES POR HECHOS FALSOS. También se hace de su conocimiento que el artículo 261, fracción primera, de la Ley de Amparo, prevé sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, para el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten. PRECISIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO y AUTORIZADOS De igual forma, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda; y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo a Juan Gilberto Vázquez Rivera y Claudio Ernesto Calixto Patiño, en virtud que se encontró el registro de la célula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta; y en términos restringidos del referido numeral 12 de la Ley de la Materia a********************y********************; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlos como autorizados en términos amplios. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro orden, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que se establezcan comunicaciones no procesales. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: " PRINCIPAL. PREVENCIÓN ". Notifíquese personalmente.
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