María de Lourdes Pérez Luna y Otros.
Expediente 862/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 862/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María de Lourdes Pérez Luna y Otros.
- María Guadalupe Pérez Luna y Otros.
Actuaciones
- Principal
En la ciudad de León, Guanajuato, a seis de septiembre de dos mil veintitrés, la suscrita Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, CERTIFICA: que en cumplimiento a lo ordenado en el auto inicial, hago constar que la presente promoción, con número de registro 11752, se ubica en la hipótesis del inciso c) acuses de recibo, por lo que resulta inútil el dictado de acuerdo. Doy fe.
- Principal
I. Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que concluyó el término de impugnación del proveído de nueve de agosto pasado, sin que lo hubiera hecho; por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. II. Archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que es destruible la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. III. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase un tomo de prueba al Juzgado Único Civil de Partido, de San Felipe, Guanajuato, toda vez que resulta innecesario permanecer con el mismo.
- Principal
Tribunal Colegiado remite demanda de amparo y anexos. Téngase recibido el oficio signado por la actuaria judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, presunta heredera y apoderada legal de ******, ***** y ****, todos de apellidos *********** y copia simple de traslado, copia certificada del oficio 1588, constancias de notificación, escrito de desistimiento y los autos del juicio 62/2021 del índice del Juzgado Único Civil de Partido, de San Felipe, Guanajuato; lo anterior, por haberse declarado legalmente incompetente para su conocimiento. Acúsese recibo. Atento al contenido del oficio y anexos de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; así como en los numerales 1º, 37, 38, 45 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con los puntos de acuerdo primero, relativo al Décimo Sexto Circuito, y cuarto, párrafo segundo, del punto XVI, derivados del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, este Juzgado de Distrito acepta la competencia declinada y por ende, se avoca al conocimiento de la demanda de amparo remitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito. Consideración previa. No pasa inadvertido para esta juzgadora que la demanda de amparo carece de la narrativa de antecedentes requisitada por el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo (en mérito de la demanda de amparo directo intentada), lo que de suyo haría procedente una prevención para subsanar dicha omisión, no obstante, en el particular no se considera necesario requerir a la parte quejosa para que cumplimento lo anterior, dado que de los datos que constan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se advierte que en este mismo tribunal se radicó la demanda de amparo ********************, promovida por ********************, por propio derecho, presunta heredera y apoderada legal de ******, ***** y ***** (nombre correcto advertido de constancias), todos de apellidos *******, en la que fueron narrados la totalidad de antecedentes del acto reclamado y reconocida la personalidad que ostentó la accionante. Lo que constituye un hecho notorio, sin que para ello sea menester deducir copia certificada del ocurso de trato (escrito aclaratorio), de conformidad con lo establecido en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al constar los datos atinentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento. Precisado lo anterior, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Dicha figura jurídica de improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el caso, la suscrita estima que se estima actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, lo que impone el desechamiento de plano de la demanda, al operar sobre el acto reclamado la figura jurídica de cosa juzgada, en tanto que el mismo ya fue materia de un amparo previo. Los citados preceptos invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; La citada causa de improcedencia tiene por objeto dar certeza jurídica a los gobernados al impedir que las resoluciones dictadas en un juicio de amparo puedan ser materia de otro de la misma especie, ya que con ello se generaría incertidumbre sobre la constitucionalidad de aquéllas y con ello el juicio de amparo perdería credibilidad ante la sociedad. Es decir, el hecho de que el juicio de derechos humanos se regule bajo su propia ley y en un esquema que permite a las partes impugnar las resoluciones que en él se dicten, permite a los justiciables acceder a la justicia y confiar en el amparo como el medio adecuado para la protección de sus derechos fundamentales. En consecuencia, la citada hipótesis de improcedencia encuentra justificación en que la ley de la materia prohíbe que una resolución dictada en el juicio de amparo, o su ejecución, sea combatida mediante otro de igual naturaleza, y ello atiende a la inconveniencia de aceptar un medio de control constitucional sobre otro que ha sido concluido. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de trece de abril de la presente anualidad, dictada en el juicio sucesorio intestamentario número ********************, del índice del Juzgado Único de Partido Civil de San Felipe, Guanajuato, que modificó el auto de diez de marzo de dos mil veintitrés y, por consiguiente se acordó que ********************, sí cuenta con personalidad para actuar en el aludido contradictorio en su carácter de gestora oficiosa de ********************. Luego, de la certificación de cuenta se advierte que la parte impetrante ya había promovido diversa demanda de amparo en contra del mismo acto antes reseñado y en contra de las mismas autoridades responsables, la cual fue radicada en este mismo Juzgado Federal, bajo el número de expediente ********************, en cual se advierte que mediante resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, al estimarse que el acto combatido no lesiona de manera directa algún derecho sustantivo de los impetrantes, sino únicamente derechos procesales, los cuales podían ser reparados con el dictado de una sentencia favorable; resolución que causó estado mediante diverso proveído de ocho de junio del año actual, al no haber sido recurrida por la parte quejosa; lo que de suyo hace patente la actualización de la causal de improcedencia invocada. Por lo expuesto, toda vez que, de la lectura de la demanda y de los datos aportados por el que constan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mismos que se invocan como hecho notorio, se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causa de improcedencia en estudio, en relación con el acto reclamado, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitido, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, del mismo ordenamiento legal. Para la emisión de la presente determinación se tiene en cuenta que la superioridad remitió, entre otras constancias, un escrito de desistimiento signado presuntivamente por ******************** (aquí quejosa), presentado ante la autoridad responsable, Juzgado Único Civil de Partido, de San Felipe, Guanajuato, en el que manifestó su intención en desistir del juicio de amparo directo previamente promovido, por las manifestaciones que ahí expresa; sin embargo, dado el sentido de la presente determinación, se estima innecesario realizar mayor pronunciamiento al respecto. VIII. No se provee la suspensión de plano. Sin que en el caso haya lugar a conceder la suspensión de plano que solicita la parte quejosa respecto al acto reclamado, en mérito del desechamiento decretado, a más de que la resolución reclamada no encuadra dentro de los supuestos de procedencia previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, al reclamarse medularmente cuestiones meramente intraprocesales y sus consecuencias jurídicas, así como tampoco la suscrita advierte que la parte peticionaria del amparo esté siendo objeto de actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos. IX. Domicilio y autorizados. En cuanto al domicilio procesal que señala la promovente, no ha lugar a tenerlo de conformidad, en virtud de que dicho medio corresponde a la Dirección Electrónica del Sistema Informático del Poder Judicial de Estado de Guanajuato, no así al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ésta y las subsecuentes notificaciones hágansele por medio de lista hasta en tanto subsane dicha omisión. Ahora, téngase como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, ********************y ********************, en virtud de que no cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. X. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. XI. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL y e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
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