María de Lourdes Pérez Bustamante
Expediente 1138/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1138/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/07/2022
Partes del expediente
- María de Lourdes Pérez Bustamante
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como a la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes que se encuentran legitimadas para ello, hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintidós, por la cual, se negó el amparo y protección de la justifica federal, en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en cita, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el asunto como concluido. Orden de depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, en el plazo de tres años, toda vez que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno en original, que devolver a las partes. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Notifíquese personalmente
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO Y QUEJOSO EN EL DIVERSO 970/2020, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO DECIMOSEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, LA SENTENCIA TERMINADA DE ENGROSAR EL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE, EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTIDÓS SIGUIENTE, LA SENTENCIA EN CITA SEÑALA: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 976/2020 y su acumulado 970/2020, promovidos respectivamente por la Secretaría de Educación Jalisco y ****, contra el acto que reclaman del Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y su Secretario Ejecutor; y (...) PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un amparo en materia laboral y reclamarse actos de autoridades residentes en la demarcación territorial donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional en la presente instancia; así como en atención al criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, misma que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En esas condiciones, de la lectura integral de las demandas y de la totalidad de las constancias que integran el presente sumario constitucional, se advierte que los quejosos Secretaría de Educación Jalisco y ****, reclaman del Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: a) La resolución de dieciocho de mayo de dos mil veinte, por la que se resuelve la planilla de liquidación del laudo dictado en el juicio laboral 1276/2013-D. Además, la Secretaría de Educación Jalisco reclama del Secretario Ejecutor del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: b) La inminente ejecución de la citada resolución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, toda vez que así lo manifestó el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, al rendir informe justificado. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 231, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1971-2000, que indica: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, la existencia del acto se corrobora con las constancias certificadas relativas al procedimiento de origen, allegadas por la autoridad responsable, a las cuales se confiere valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con apoyo en la tesis de jurisprudencia número 226, consultable en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Oportunidad en la presentación de las demandas de protección de derechos fundamentales. La quejosa Secretaría de Educación Jalisco, fue notificada de la resolución reclamada, en su carácter de demandada en el procedimiento de origen, el siete de agosto de dos mil veinte; en tal virtud, el plazo para presentar el juicio de amparo trascurrió del diez al veintiocho del mismo mes y año; de ahí que al haberse presentado la demanda el veintiséis de agosto de dos mil veinte, debe estimarse oportuna, pues fue promovida dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. Por su parte, el quejoso **** fue notificado de la resolución reclamada, en su carácter de actor en el procedimiento de origen, el seis de agosto de dos mil veinte, de ahí que el plazo para presentar el juicio de amparo trascurrió del siete al veintisiete del mismo mes y año; por tanto, al haberse presentado la demanda el veintisiete de agosto de dos mil veinte, debe estimarse oportuna, pues fue promovida dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. Sin que en dichos plazos se contabilicen los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de agosto de dos mil veinte, por corresponder a sábados y domingos, de conformidad a lo previsto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. QUINTO. No se actualiza causa de improcedencia. Examinado el expediente, se inadvierte la aparición de alguna causa de improcedencia que pueda estudiarse de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo; por ello, no se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal en cita; en consecuencia, no existe imposibilidad para analizar la inconstitucionalidad planteada por el quejoso en su demanda. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. I. Fijación de la litis1. En principio, es menester señalar que la litis en el presente juicio de amparo, se centra en determinar si es legal o no la resolución de dieciocho de mayo de dos mil veinte, por la que se resuelve la planilla de liquidación del laudo dictado en el juicio laboral 1276/2013-D. II. Conceptos de violación. Los conceptos de violación aducidos son los visibles en los capítulos correspondientes de las demandas, sin que sea necesario transcribirlos, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal reproducción, ni por ello se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes en el presente asunto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis registrada con la nomenclatura 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, registro 164618, del tenor literal siguiente: 1 La litis se fija de la lectura del acto reclamado en oposición a los conceptos de violación. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." III. Decisión sobre la litis constitucional del juicio de amparo 976/2021. Por razón de técnica jurídica se estudiaran en primer término los conceptos de violación que se formularon en la demanda de amparo promovida por la Secretaría de Educación Jalisco. Dicha parte quejosa aduce, en esencia, que la resolución reclamada trasgrede en su perjuicio los derechos fundamentales a la legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, por lo siguiente: 1) El tribunal responsable fue omiso en tramitar el incidente de liquidación de laudo conforme a lo previsto en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, privándole de realizar manifestaciones y ofrecer pruebas para la cuantificación de las prestaciones laudadas. 2) No estableció que a la cantidad líquida se deberían de aplicar las deducciones de ley, por concepto del pago de impuestos. 3) En razón de que la resolución reclamada no satisface los requisitos de una auténtica actuación, al carecer de la firma de los integrantes del Pleno responsable; y, 4) Debido a que resulta incongruente que al contabilizar la prestación por concepto de pago de días de descanso obligatorio, indica que deben pagarse al 200% doscientos por ciento, sin embargo, el cálculo lo realiza por el 300% trescientos por ciento. El primer concepto de violación es infundado, y para evidenciarlo, resulta oportuno precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 39/2008-PS, puntualizó que el trámite incidental tiene por objeto cuantificar la condena ilíquida decretada en la sentencia definitiva que puso fin al juicio principal -en el caso el laudo arbitral-, el cual constituye un procedimiento contencioso, en tanto que tiene por objeto determinar si el cálculo contenido en la planilla de liquidación fue realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables. Asimismo, la Primera Sala refirió que dicho procedimiento es autónomo respecto del juicio principal, porque su resolución no afecta la cosa juzgada derivada de la sentencia definitiva dictada en éste, y su tramitación constituye un procedimiento independiente del juicio principal, con una estructura procesal equiparable a la de éste, por partir de una acción incidental que contiene una pretensión jurídica, a la que pueden oponerse defensas procesales, y por contener una etapa procesal de pruebas, alegatos y sentencia. En ese mismo tenor, sostuvo que la procedencia de la acción incidental depende de la previa existencia de una condena ilíquida, y su tramitación, aunque es facultativa, es jurídicamente necesaria porque obedece al interés público de cuantificar la condena decretada en el procedimiento respectivo; de ahí que deba considerarse que el incidente de liquidación es, materialmente, una extensión del juicio principal, aunque formalmente sea ajeno a éste, pues al resolverse en el mismo un aspecto esencial de la pretensión jurídica que fue materia del juicio principal, tal resolución obedece al principio de la justa composición de la litis, que en términos del artículo 17 constitucional, ordena que la justicia sea administrada de manera completa. Esto es, en lo que es materia de estudio en el presente fallo, se destaca que el trámite en la vía incidental de la liquidación de laudo se regula por las mismas formalidades esenciales que rigen al procedimiento, esto es, durante su desarrollo se debe respetar cada una de las etapas que constituyen el debido proceso, a saber, la de pruebas, alegatos y sentencia, pues sólo de esa manera se puede dar oportunidad a las partes de refutar lo que su contraria alega con relación a los montos que se pretenden liquidar en la vía incidental. Dichas consideraciones se encuentra contenidas en la jurisprudencia publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Materia Civil, Página 580, número de registro 167486, que señala: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. AUNQUE FORMALMENTE SEA UN PROCEDIMIENTO AJENO AL JUICIO PRINCIPAL, MATERIALMENTE ES UNA EXTENSIÓN DEL MISMO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO DE COMERCIO). El procedimiento que tiene por objeto cuantificar la condena ilíquida decretada en la sentencia definitiva que puso fin al juicio principal, que en la legislación analizada se tramita por la vía incidental, constituye un procedimiento contencioso, en tanto que tiene por objeto determinar si el cálculo contenido en la planilla de liquidación, fue realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables. Dicho procedimiento es autónomo respecto del juicio principal, porque su resolución no afecta la cosa juzgada derivada de la sentencia definitiva dictada en éste, y su tramitación constituye un procedimiento independiente del juicio principal, con una estructura procesal equiparable a la de éste, por partir de una acción incidental que contiene una pretensión jurídica, a la que pueden oponerse defensas procesales, y por contener una etapa procesal de pruebas, alegatos y sentencia, siendo ésta impugnable en la apelación; sin embargo, este procedimiento es al mismo tiempo un accesorio del juicio principal, porque la procedencia de la acción incidental depende de la previa existencia de una condena ilíquida, y su tramitación, aunque es facultativa, es jurídicamente necesaria porque obedece al interés público de cuantificar dicha condena. El aparente antagonismo se explica porque para hacer efectivo un derecho de crédito, no basta con que se decrete su existencia, sino que además debe determinarse su contenido y alcance, pues un derecho de crédito es inerte si no puede cobrarse, y para ello es necesaria su liquidación. Por lo tanto, aunque a veces no es posible o conveniente que en el juicio principal se determine tanto la existencia como la cuantía del derecho de crédito, y por ende deba tramitarse otro procedimiento que desde el punto de vista adjetivo, es autónomo e independiente, ello no resta a tal liquidación del crédito su naturaleza sustantiva, pues su objeto versa sobre un aspecto esencial de la litis principal, que es la determinación del contenido y alcance del derecho cuya existencia fue previamente decretada como cosa juzgada en la sentencia definitiva. Por consiguiente, debe considerarse que el incidente de liquidación es, materialmente, una extensión del juicio principal, aunque formalmente sea ajeno al mismo, pues al resolverse en el mismo un aspecto esencial de la misma pretensión jurídica que fue materia del juicio principal, tal resolución obedece al principio de la justa composición de la litis, que en términos del artículo 17 constitucional, ordena que la justicia sea administrada de manera completa. De lo anterior se deriva que la sentencia interlocutoria dictada en un incidente de liquidación, participa de la misma naturaleza jurídica de la sentencia definitiva, ya que no puede considerarse que el proceso contencioso ha terminado materialmente, sino hasta que se apliquen en pago al acreedor los bienes necesarios." Bajo esa premisa, se concluye que el trámite que se dio en el juicio de origen a la planilla de liquidación de las prestaciones laudadas, no infringe los derechos sustantivos de la demandada, hoy quejosa, que tutelan los artículos 14 y 16 de la Carta Magna; pues conforme a las constancias que obran en el sumario se advierte que en ningún momento se le restringió el derecho de ofrecer los medios de convicción que estimara necesarios para justificar los montos a que tiene derecho la parte actora con motivo de la condena decretada en el juicio arbitral y, en su caso, de hacer valer los alegatos que estimara necesarios. En efecto, de las constancias certificadas del expediente laboral de origen se advierte, en lo que aquí interesa, que el trece de febrero de dos mil dieciocho, el tribunal responsable emitió el laudo definitivo en el juicio 1276/2013-D, en el cual decretó procedente la acción intentada por el actor y, por vía de consecuencia, condenó a la demandada al pago de diversas prestaciones que ahí se detallan. En mérito de lo previo, el quince de marzo de dos mil diecinueve, la parte actora presentó escrito en el que formuló planilla de liquidación de las cantidades laudadas, mismo que fue proveído el trece de mayo del citado año, y al efecto, la autoridad responsable ordenó correr traslado a la demandada por el término de tres días para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, quien fue notificada personalmente de tal auto el treinta y uno siguiente. Luego, por escrito presentado ante la responsable el cinco de junio de dos mil diecinueve, la demandada hoy quejosa desahogó la vista que fue ordenada con motivo de la planilla de liquidación de que se habla, limitándose a objetarla bajo los argumentos que ahí formuló; lo cual se proveyó en auto de nueve de julio del mismo año. En ese tenor, por auto dictado el treinta de enero de dos mil veinte, el tribunal tuvo por recibido por parte de la autoridad demandada la información correspondiente a los incrementos salariales correspondientes al puesto que desempeñaba el actor y, en consecuencia, se dejaron los autos a la vista del Pleno para la emisión de la resolución incidental respectiva. Así, el dieciocho de mayo de dos mil veinte se emitió la resolución que aquí se impugna, en la que se cuantificó el monto de las prestaciones a las que fue condenada la parte demandada en el juicio natural. Lo antes narrado, pone en evidencia lo infundado del planteamiento de inconstitucionalidad que se estudia en el presente apartado, tomando en consideración, en primer término, que la responsable sí dio el trámite incidental para cuantificar las prestaciones condenadas en el juicio laboral de origen, pues de la reseña de los antecedentes del acto reclamado previamente descritos, se destaca que el trece de mayo de dos mil diecinueve, al tenerse por recibida la planilla de liquidación presentada por la parte actora, se ordenó correr traslado a la aquí quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, lo que pone de manifiesto que sí existió la apertura del trámite incidental, pues de no ser así se hubiera emitido la resolución correspondiente en esa misma determinación. En ese mismo sentido, se evidencia lo infundado de lo alegado por la quejosa respecto a que no se le dio oportunidad de hacer valer sus defensas y ofrecer los medios de convicción necesarios para emprender la defensa de sus intereses, debido a que, como se señaló, en el citado auto en que se dio trámite a la planilla de liquidación, se ordenó correrle traslado para que hiciera valer lo que en derecho corresponda. Incluso, como se apuntó, la demanda desahogó la vista que le fue otorgada mediante escrito presentado el cinco de junio de dos mil diecinueve, limitándose a exponer objeciones. De ahí que, contrario a lo que señala la dependencia quejosa, en el caso particular no se infringieron en su perjuicio las garantías de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales, pues previo a que se emitiera la resolución en la que se cuantificaron las prestaciones condenadas, la responsable ordenó correrle traslado para que estuviera en aptitud de ofrecer los medios de prueba que estimara necesarios y, en su caso, de hacer valer las manifestaciones respectivas. Por tanto, si la quejosa fue omisa en anunciar los elementos de convicción y presentar alegatos con relación a la planilla de liquidación de que se trata, tal circunstancia no puede ser reprochable a la autoridad responsable y, por ende, estimar que existió una infracción a las normas procesales que regulan el trámite incidental, pues como se señaló, el tribunal sí cumplió con su obligación que estatuye la legislación que rige el acto reclamado al ordenar correrle traslado a la disidente con la misma. En otro orden de ideas, es infundado el segundo concepto de violación previamente precisado. Es así, debido a que la quejosa aduce que la autoridad responsable en ningún momento estableció que a la cantidad líquida se deberían de aplicar las deducciones de ley, lo que la deja en estado de vulnerabilidad para cumplir con la obligación de retener y enterar los impuestos correspondientes. Sin embargo, contrario a dicho argumento, la autoridad responsable en el segundo párrafo de la proposición única de la resolución reclamada, estableció: "En el entendido de que las partes deberá observar sus correspondientes obligaciones tributarias.". Más aún, lo infundado de lo alegado radica en que, con independencia de lo asentado por la responsable con relación a las obligaciones tributarias, es un deber legal del actor pagar el impuesto sobre la renta y del demandado retenerlo para enterarlo al fisco federal. En efecto, la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en la data en que se emitió la resolución reclamada, en sus artículos 93, fracción XIII, 94, 95 y 96, establece: "Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: XIII. Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, así como los obtenidos con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y los que obtengan por concepto del beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal, hasta por el equivalente a noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio o de contribución en el caso de la subcuenta del seguro de retiro, de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez o de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Los años de servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados. Toda fracción de más de seis meses se considerará un año completo. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. "Artículo 94. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes: "Artículo 95. Cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, por separación, se calculará el impuesto anual, conforme a las siguientes reglas: "Artículo 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. De lo previamente transcrito se desprende que ley en consulta prevé dos excepciones para el pago de tributos, en los casos en que las personas han estado sujetas a una relación laboral y obtienen un ingreso por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, o de cualquiera de los demás conceptos descritos en la fracción XIII, del transcrito artículo 93, siendo éstas: a) Que la cantidad recibida no exceda el equivalente a noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio o de contribución en el caso de la subcuenta del seguro de retiro, de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez o de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro; y, b) Que las personas perciban únicamente el salario mínimo general correspondiente. Fuera de esas hipótesis, debe cubrirse el impuesto sobre la renta, el cual está obligado a retener quien realiza el pago, para posteriormente enterarlo al fisco. Si en esa legislación no se señala como excepción, que cuando las prestaciones obtenidas provengan de la condena establecida por un órgano jurisdiccional, derivada de la acción de despido hecha valer por el trabajador, la consecuencia lógica es que este último debe pagar el tributo respectivo y el patrón retenerlo, siempre y cuando no se den alguno de los dos casos de excepción antes citados, independientemente de que así se exprese o no en el laudo o en la interlocutoria de liquidación, o de que exista separación justificada o injustificada, ya que, como se dejó precisado, esta circunstancia no la contempla la Ley del Impuesto sobre la Renta, prueba de ello es que el artículo 94 transcrito, el cual define los ingresos por la prestación del servicio personal subordinado, sólo establece que son aquéllos percibidos como consecuencia de la terminación de la relación laboral, sin hacer distinción alguna de la forma en que la separación se llevó a cabo. Es así, pues en la Ley del Impuesto sobre la Renta se regula lo relativo a los tributos que las personas deben cubrir y quienes deben retenerlo en su caso y enterarlo, cuya base impositiva deriva de la obligación contenida en los artículos 31, fracción IV y 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, si el pago debe hacerse por determinación judicial, como consecuencia de laudo condenatorio, no priva a ese pago del carácter de indemnización. Por lo cual, como lo establece el artículo 54 Bis 5 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, los servidores públicos están obligados a pagar las contribuciones fiscales que se originen con motivo del recibo de la remuneración y demás prestaciones gravables, y para ese efecto las instancias correspondientes harán las retenciones debidas, esto es, la dependencia para la cual el servidor público presta los servicios, debe retener el impuesto correspondiente para enterarlo al fisco federal, sin que, para que ello proceda, deba establecerse expresamente en el laudo o en la resolución que lo liquida, ya que esa obligación se establece en la ley y tanto el servidor público, como la dependencia publica equiparada a un patrón y la autoridad jurisdiccional que resolvió el juicio laboral, deben acatarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 136/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVI, Agosto de 2007, página 543, cuyo rubro y texto dicen: "LAUDO. PARA TENERLO POR CUMPLIDO ES INNECESARIO QUE EL PATRÓN EXHIBA LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS CONCEPTOS MATERIA DE LA CONDENA O EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA DEDUCCIÓN RELATIVA, PUES BASTA CON QUE EN EL RECIBO DE LIQUIDACIÓN EXPRESE LAS CANTIDADES SOBRE LAS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN. Conforme a los artículos 109, 110, 112 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 26, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, salvo los casos de excepción, los patrones tienen el carácter de auxiliares de la administración pública federal en la recaudación del impuesto de referencia a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obligación de retener el causado por alguno o algunos de los conceptos a los que resulten condenados en el laudo con motivo de la terminación de la relación laboral. En ese sentido, una vez que se ha determinado en el laudo el importe líquido de la condena y el patrón al exhibir su cuantificación manifieste haber retenido el impuesto correspondiente, para que la autoridad laboral tenga posibilidad de vigilar el cumplimiento del laudo, bastará con que aquél exhiba el recibo de liquidación en el que pueda observarse con claridad el desglose y coincidencia de los conceptos y cantidades a las que resultó condenado en el laudo, así como las cantidades retenidas por concepto del impuesto, sin necesidad de que la autoridad laboral proceda a examinar si el cálculo del entero fue o no correcto, pues en caso de que resulte defectuoso, no se deja en estado de indefensión al trabajador, ya que tiene expedito su derecho para solicitar ante la autoridad hacendaria la devolución de las cantidades que le hayan sido retenidas en forma indebida y corresponderá a la autoridad fiscal su revisión, consecuentemente no es requisito indispensable para efecto de tener por cumplido el laudo que el patrón exhiba el documento en el que acredite la deducción del impuesto para justificar el monto de las prestaciones que debió pagar al trabajador, o la constancia de que enteró la cantidad que retuvo al trabajador como impuesto del producto del trabajo.". De la misma manera, es infundado el tercer concepto de violación sintetizado en párrafos previos. Lo anterior es así, tomando en cuenta que la quejosa argumenta que la resolución reclamada no satisface los requisitos de una autentica actuación, al carecer de la firma de los integrantes del Pleno responsable; sin embargo, basta imponerse de las actuaciones certificadas que allegó el tribunal responsable para advertir que en la interlocutoria de dieciocho de mayo de dos mil veinte, sí se plasmó la firma autógrafa y los nombres de los magistrados y del secretario general integrantes del Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Por otra parte, es fundado el cuarto concepto de violación sintetizado previamente, en el que la demandada, hoy quejosa, arguye que la responsable de manera incongruente contabiliza el pago de los días de descanso laborados a razón de un salario triple, no obstante que indica que deben pagarse al 200% doscientos por ciento. Con el fin de evidenciar lo fundado del motivo de queja hecho valer, resulta necesario atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, el cual dispone textualmente, en lo que interesa: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. En el precepto constitucional en cita, se ve implícito el principio de exhaustividad que debe prevalecer en toda resolución de autoridad, según el cual, las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, al momento del dictado de sus resoluciones, tienen el deber de agotar todos y cada uno de los puntos debatidos y planteamientos hechos por las partes en apoyo a sus pretensiones. Al caso, por las razones que la informan, cobra aplicación la jurisprudencia192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, octubre de 2007, visible en la página 209, que textualmente prevé: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.". Asimismo, atento al contenido del precepto legal previamente transcrito, cabe precisar que las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales, deben ser congruentes en su contenido, es decir, atendiendo al principio de congruencia, tanto externa como interna, que debe regir en toda resolución; este principio estriba, entre otras cosas, en que las determinaciones deben dictarse en concordancia con las constancias que integran el juicio y con lo planteado por las partes (externa), además de ser congruentes consigo mismas (interna), por lo que no debe contener consideraciones que se contradigan entre sí. Cobra aplicación a lo previo, la jurisprudencia I.1o.A. J/9, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Tomo VIII, Agosto de 1998, página 764, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que, a la letra, dice: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." En ese orden de ideas, debe decirse que la resolución interlocutoria que por esta vía se combate, resulta violatoria del referido principio de congruencia, debido a que la autoridad responsable calculó el pago de los días de descanso obligatorio a que fue condenado la demandada, a razón de salario triple. En efecto, analizada la resolución reclamada, se advierte que la responsable, respecto al pago de mérito, estableció: "Dicho periodo comprende un total de 06 seis días, en dicha tesitura, tomando en cuenta el salario base ya establecido, salario diario que se multiplica por los 06 seis días, arrojan un total de $4,333.76 (cuatro mil trescientos treinta y cuatro pesos 76/100 m.n.), cantidad que se multiplica por tres al ser pagaderas al 200%, tal como quedó asentado en el laudo de fecha trece de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, resultando $13,000.28 pesos (trece mil cuatrocientos pesos 282/100 m.n.) por concepto de días de descanso." En ese sentido, a fin de evidenciar lo fundado del concepto de violación, resulta preciso traer a contexto el contenido de los artículos 74 y 75 de la Ley Federal del Trabajo, que dicen: "Artículo 74. Son días de descanso obligatorio: I. El 1o. de enero; II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; IV. El 1o. de mayo; V. El 16 de septiembre; VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; VIII. El 25 de diciembre, y IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral." "Artículo 75. En los casos del artículo anterior los trabajadores y los patrones determinarán el número de trabajadores que deban prestar sus servicios. Si no se llega a un convenio, resolverá la Junta de Conciliación Permanente o en su defecto la de Conciliación y Arbitraje. Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado." Del último de los preceptos puede advertirse, que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios en los días de descanso obligatorio, pero en caso de que lo hagan, deberá pagárseles, independientemente del salario que corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Por ende, fue incorrecto que la autoridad responsable procediera a cuantificar a razón de salario triple, pues perdió de vista que su cálculo se basa con el salario ordinario que recibía el trabajador más un salario doble por el servicio prestado, es decir, a razón de salario triple, pero no implica una cuantificación a razón de tres salarios, pues el ordinario se cubre de forma habitual, en la quincena laboral. Aunado a lo anterior, analizado que es el laudo dictado en el juicio de origen, no se advierte que haya sido materia de controversia un impago del salario ordinario correspondiente a los días de descanso obligatorio, de ahí que se considere que el tribunal debió calcular el monto de tal prestación por dos salarios. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia 4a./J.45/93, sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cincuenta y tres, del Núm. 72, Diciembre de 1993, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DESCANSO SEMANAL Y DESCANSO OBLIGATORIO. Los artículos 69 a 73 de la Ley Federal del Trabajo establecen el descanso semanal, que consiste en un día de reposo, con goce de sueldo, por cada seis días de labores, cuyo objeto es el de preservar la salud física y mental de los trabajadores, por lo que éstos no están obligados a prestar sus servicios en sus días de descanso, y cuando lo hagan en forma voluntaria, tendrán derecho a percibir un salario triple, independientemente de la sanción a que se hará acreedor el patrón en los términos del artículo 994, fracción I, por no cumplir la disposición contenida en el artículo 69. Tal rigor pretende evitar prácticas viciosas que afecten la integridad física del trabajador, aunque éste reciba una remuneración extra, toda vez que existen razones de tipo humanitario y fisiológico en el sentido de que el trabajador requiere del descanso de ese día para reparar el desgaste de las energías que ha sufrido después de seis días de servicios prestados. Por otra parte, además del descanso semanal o séptimo día, la Ley señala los días que denomina de descanso obligatorio, cuyo establecimiento no está inspirado en el deseo de proporcionar al trabajador un desahogo de la fatiga producida por el desempeño de sus labores, sino en permitirle contar con tiempo disponible para conmemorar o tomar parte en determinados acontecimientos referidos a festividades cívicas, tradicionales o religiosas. Así, los artículos 74 y 75 de la Ley laboral establecen cuáles son los días de descanso obligatorio y permiten que los trabajadores queden obligados a laborar en esos días, con derecho a percibir un salario doble por el servicio prestado, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio." Por lo antes determinado, se impone conceder la protección constitucional, para el efecto de que sea reparado en los derechos subjetivos violados a la quejosa, conforme a los lineamientos que se precisarán enseguida. Concesión que se hace extensiva al acto atribuido a la autoridad ejecutora, en la medida en la que su inconstitucionalidad no se cuestiona por vicios propios, sino simplemente como una consecuencia de la resolución reclamada. IV. Efectos de la sentencia del juicio de amparo 976/2021. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, a fin restituir a la parte quejosa en el goce del derecho humano consagrado en el artículo 17 constitucional, el amparo y la protección de la justicia federal se concede para efecto de que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de mayo de dos mil veinte, dictada en el juicio 1276/2013-D, de su índice; y, en su lugar, Dicte otra en la que, reiterando las cuestiones ajenas al motivo por el cual se concede el presente amparo, tome en cuenta el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que el cálculo para el pago de días de descanso obligatorio se basa en el salario ordinario que recibía el trabajador más un salario doble por el servicio prestado, es decir, a razón de salario triple, pero no implica una cuantificación a razón de tres salarios, pues el ordinario se cubre de forma habitual; hecho lo anterior, cuantifique la prestación correspondiente. V. Decisión sobre la litis constitucional del juicio de amparo 970/2020. Es infundado el concepto de violación formulado por el quejoso Víctor Hugo García Aguilar. En el mismo, aduce esencialmente que, la resolución reclamada infringe sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a su falta de congruencia y exhaustividad, puesto que el tribunal responsable no cuantificó los salarios caídos con base en el salario diario integrado, desde la data del despido injustificado del que fue objeto hasta el día de su reinstalación, es decir, del treinta y uno de mayo de dos mil trece al diecisiete de enero de dos mil diecinueve. A fin de evidenciar lo infundado de lo alegado, se precisa que la cuantificación de la condena al pago de salarios vencidos, fue realizada por la autoridad responsable a partir del uno de junio de dos mil catorce al dieciséis de enero de dos mil diecinueve (día anterior al de la reinstalación del trabajador actor), por lo correspondiente a doce meses de salario íntegro y el resto en razón de intereses que se generaron sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Luego, conviene destacar que el actor presentó su demanda laboral el seis de junio de dos mil trece, tal y como se advierte de las actuaciones certificadas relativas al expediente 1276/2013-D, por lo que se colige que el tribunal responsable está constreñido a aplicar lo previsto en la disposición vigente al día de esa presentación, es decir, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, con su última reforma publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", el veinticinco de mayo de dos mil trece; legislación que, en lo aquí interesa, su artículo 232 se encontraba derogado. Al respecto, se invoca que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional el decreto 24121/LIX/12, del Congreso del Estado de Jalisco, mismo que entró en vigor el veintisiete de septiembre del año dos mil doce y que derogó el artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Empero, la citada Segunda Sala del Alto Tribunal del País, en las sentencias de amparo directo en revisión 3254/2019, 7117/2019, 9034/2019 y 337/2020, al declarar la inconstitucionalidad de ese decreto, también limitó el pago de los salarios caídos, pues estableció que los efectos serían los siguientes: [.] Al haberse determinado inconstitucional la derogación del artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos en el Estado de Jalisco y sus Municipios, mediante Decreto 24121/LIX/12, publicado el veintiséis de septiembre de dos mil doce, lo conducente es revocar la sentencia de quince de agosto de dos mil diecinueve (sólo en lo que es materia de la revisión), y en virtud de que en términos del artículo 81 de la Ley de Amparo, la materia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras, deben devolverse los autos al Segundo Tribunal 2 "Art. 23. (DEROGADO, P.O. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012)." Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, para el efecto de que obre en los siguientes términos: ? Ante la determinación de inconstitucionalidad de la derogación del artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos en el Estado de Jalisco y sus Municipios, mediante Decreto 24121/LIX/12, publicado el veintiséis de septiembre de dos mil doce, deberá proceder de la siguiente manera: Limitar el pago de salarios caídos por un período máximo de doce meses a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago, y señalar que en caso de incumplimiento al laudo se pagara también al servidor público los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago. En las sentencias de amparo directo en revisión de los expedientes mencionados, destacó la Segunda Sala que en aras de tutelar los principios de progresividad y no regresividad, el pago de los salarios vencidos debe limitarse por un período máximo de doce meses, y en el supuesto de que prosiguiera el incumplimiento al laudo se paguen también al servidor público los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario a razón del dos por ciento mensual capitalizable al momento del pago. Agregó que dicha limitante no resulta violatoria a los principios previamente citados, tal como se estableció, al resolverse la contradicción de tesis 291/2015, en la que el Alto Tribunal del País refirió una justificación que obedece a la tutela de los derechos económicos, sociales y culturales y no para justificar un actuar incorrecto de quien funja como ente o persona patronal, como ocurrió en el caso que la justificación que se dio por el Congreso local fue por la merma económica generada por despidos decretados como injustificados por las autoridades jurisdiccionales respectivas. Asimismo, señaló que, al limitar el pago de salarios caídos, la justificación que existió no transgrede los principios de progresividad y no regresividad, porque no desconoce un derecho anteriormente establecido, ni suprime la sanción constitucional que impone a los patrones la obligación de indemnizar a los trabajadores separados injustificadamente de la fuente de empleo, sino que sólo regula en forma distinta cómo habrá de calcularse dicha indemnización, con los objetivos siguientes: a) Evitar que los juicios laborales se prolonguen artificialmente con el fin de obtener una mayor condena por concepto de salarios caídos y, b) Impedir la eventual quiebra de las fuentes de trabajo con perjuicio incluso para otros trabajadores, lo que generaría un gran desempleo y por ello indirectamente incidiría en otros problemas para la economía nacional. Precisó que tales motivos si bien implicarían el recorte en el pago del estipendio vencido, ello sería con la finalidad de obtener un balance en aras de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población, pues, por una parte, pervive el derecho al pago de salarios caídos y, por otra, se permite que la parte patronal no desaparezca, pues esto último ocasionaría la perdida de otros empleos. Tal y como se consideró en la jurisprudencia emitida por la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que derivó de la referida contradicción de tesis 291/2015, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1264, registro digital 2011180, de rubro y texto siguientes: "SALARIOS CAÍDOS. LA REFORMA AL ARTÍCULO 48, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD NI ES VIOLATORIA DE DERECHOS HUMANOS. De la interpretación armónica de los artículos 1o. y 123, apartado A, fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el Estado Mexicano forma parte, y de los precedentes sustentados por esta Segunda Sala del Máximo Tribunal del país sobre el principio de progresividad, se concluye que la reforma al artículo 48, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, al limitar a 12 meses máximo el pago de salarios vencidos en casos de despido injustificado en un juicio laboral, no transgrede el principio de progresividad que tutela el citado artículo 1o. constitucional, ni es violatorio de derechos humanos, porque no desconoce un derecho anteriormente establecido, ni suprime la sanción constitucional que impone a los patrones la obligación de indemnizar a los trabajadores separados injustificadamente de la fuente de empleo, sino que sólo regula en forma distinta cómo habrá de calcularse dicha indemnización, con los objetivos siguientes: a) Evitar que los juicios laborales se prolonguen artificialmente con el fin de obtener una mayor condena por concepto de salarios caídos y b) Impedir la eventual quiebra de las fuentes de trabajo, con perjuicio incluso para otros trabajadores, lo que generaría un gran desempleo, y por ello, indirectamente incide en otros problemas para la economía nacional. Máxime que el legislador federal si bien limitó a 12 meses como máximo el pago de salarios vencidos, lo cierto es que también contempló la obligación de pagar intereses sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago, e incluso desarrolló otros mecanismos para que los juicios laborales no se demoraran injustificadamente, tales como la imposición de sanciones a las partes o a los servidores públicos que actúen con la finalidad de prolongar, dilatar y obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral." Expuesto lo anterior, se evidencia que, contrario a lo alegado por el quejoso, el tribunal responsable no debía cuantificar los salarios caídos desde la data del despido injustificado hasta el día de su reinstalación, con base en el salario diario integrado; sino, como acertadamente lo hizo, limitado al pago de doce meses de salario íntegro y el resto en razón de intereses que se generaron sobre el importe de quince meses de salario, a razón del 2% mensual. Sin que constituya una ilegalidad que, en la fecha que aconteció el despido y en la que se inició el procedimiento laboral, se encontraba vigente la derogación al artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, efectuado mediante Decreto Legislativo 24121/LIX/12, a través del cual se eliminó el citado concepto en favor de los servidores públicos despedidos injustificadamente. Se afirma lo anterior, porque como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien es cierto, hubo una supresión del derecho al pago de los salarios vencidos ocurrida al momento en que fue despedido e inició el juicio laboral en contra de su despido injustificado, también lo es que el alto tribunal determinó que en ejercicio de la libertad de configuración legislativa de la que goza el Congreso del Estado de Jalisco, no existió una justificación suficiente en los trabajos legislativos que antecedieron a la derogación del precepto reclamado, acerca de la necesidad de suprimir los salarios vencidos. Por lo que estimó que la supresión al pago de salarios caídos violentaba el principio de no regresividad, y declaró inconstitucional la derogación del artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos en el Estado de Jalisco y sus Municipios, mediante el Decreto 24121/LIX712, precisando, como anteriormente se dijo, que los efectos en dichos supuestos, debían concretarse a limitar el pago de salarios caídos por un período máximo de doce meses a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago y señalar que en caso de incumplimiento al laudo se pagará también al servidor público los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago. De ahí que, los argumentos de la parte quejosa resultan ineficaces, porque la decisión del tribunal responsable, al limitar el pago de los salarios caídos a partir del treinta y uno de mayo de dos mil trece, hasta por un periodo máximo de doce meses, y el resto conforme a los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del 2% mensual capitalizable al momento del pago, se encuentra legalmente apegada a lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las resoluciones a las que se ha hecho referencia. En tal sentido, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Víctor Hugo García Aguilar. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 77, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la Secretaría de Educación Jalisco, contra el acto reclamado del Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y su Secretario Ejecutor. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, contra el acto que reclaman del Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Zapopan, Jalisco, siendo las nueve horas con veintiocho minutos del seis de junio de dos mil veintidós, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 241/2022... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *, contra los actos que reclama de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco; y, Secretaría de Seguridad de Estado de Jalisco, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *, contra los actos que reclama del Congreso del Estado de Jalisco y Gobernador del Estado de Jalisco, precisados en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos expuestos en los considerandos séptimo y octavo de esta resolución. Notifíquese por lista física y electrónica.
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