Maria De Lourdes Nolasco Ricardo
Expediente 1869/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1869/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 13/07/2018
Partes del expediente
- Maria De Lourdes Nolasco Ricardo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
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IV) Toluca, Estado de México; trece de julio de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio suscrito por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, a través del cual acusa recibo del oficio 15216/2018, mediante el cual se le remitió los anexos que adjunto como complemento a su informe justificado.
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iv La certificación de cuenta evidencia que las partes dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrieron la sentencia dictada el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (foja 223 a la 231), por la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el libro de gobierno realícense las anotaciones respectivas. Por otro lado, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; por tanto, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque se sobreseyó el juicio de amparo, (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto de referencia). Por su parte, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, fracción III, segundo y tercer párrafos de dicho Acuerdo). El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III párrafo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Sin que resulte necesario glosar los cuadernos incidentales, toda vez que de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente su transferencia desglosado del cuaderno principal; razón por lo cual deberá continuar su tramitación por cuerda separada al presente cuaderno principal. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, devuélvase al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México, las constancias que adjuntó en alcance a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo respecto, apercibido que en caso de ser omiso se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 260, fracción ll, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Juan Alejandro de la Cruz Martínez Bohórquez que autoriza, firma y da fe.
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IV) Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1869/2017-IV; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, María de Lourdes Nolasco Ricardo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se mencionan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES SEÑALO COMO AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS: - JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA Y JUICIOS ORALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE CON RESIDENCIA EN SANTIAGO TIANGUISTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - LA PRIMERA SALA CIVIL DE TOLUCA DEL ESTADO DE MÉXICO. SEÑALO COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS. - JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA Y JUICIOS ORALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE CON RESIDENCIA EN SANTIAGO TIANGUISTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - EJECUTOR ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA Y JUICIOS ORALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE CON RESIDENCIA EN SANTIAGO TIANGUISTENCO, ESTADO DE MÉXICO. ACTO RECLAMADO: DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA EL C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA Y JUICIOS ORALES DE TENANGO DEL VALLE CON RESIDENCIA EN TIANGUISTENCO, ESTADO DE MÉXICO. EL INICIAL INSTRUIR Y CONCLUIR EN PRIMERA INSTANCIA EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, SOBRE ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA DE CONTRATO DE COMPRA VENTA PROMOVIDO POR MARÍA FÉLIX PUENTES MORALES EN CONTRA DE EDILBERTO MANZANARES GONDRA, EN EL EXPEDIENTE 640/2010, OMITIENDO LLAMAR A JUICIO A LA SUSCRITA. DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA LA PRIMERA SALA CIVIL DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO. LA EJECUTORIA DICTADA EL DIEZ DE FEBRERO DEL DOS MIL ONCE, EN EL TOCA DE APELACIÓN 28/2011, AL RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EDILBERTO MANZANARES GONDRA, EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ. [.] LA RESPONSABLE ORDENADORA DICTÓ LA EJECUTORIA MEDIANTE LA CUAL ORDENÓ LA DESOCUPACIÓN Y ENTREGA DEL BIEN INMUEBLE A FAVOR DE LA ACTORA EN EL JUICIO, HOY TERCERA PERJUDICADA, DEL TERRENO DEL CUAL SOY COPROPIETARIA, SIN IMPORTARLE QUE LA SUSCRITA NUNCA FUE LLAMADA A JUICIO. DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA Y JUICIOS ORALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE CON RESIDENCIA EN SANTIAGO TIANGUISTENCO, ESTADO DE MÉXICO. LA ORDEN DE EJECUTAR LA RESOLUCIÓN EJECUTORIA DICTADA EN EL TOCA DE APELACIÓN 28/2011, POR LA PRIMER SALA CIVIL DE TOLUCA, MÉXICO. DEL EJECUTOR ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA Y JUICIOS ORALES DE DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE CON RESIDENCIA EN SANTIAGO TIANGUISTENCO, ESTADO DE MÉXICO. LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LA EJECUTORIA DICTADA EN EL TOCA DE APELACIÓN 28/2011, POR LA PRIMER SALA CIVIL DE TOLUCA, MÉXICO, A PESAR DE ADVERTIR QUE EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL." SEGUNDO. Derechos humanos transgredidos. La parte quejosa señaló como derechos humanos violados, los protegidos por los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Recibida la demanda de amparo en este juzgado de distrito, se registró con el número 1869/2017-IV, por auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete (foja 28 a 31), admitió; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución. CUARTO. Readscripción de Juez. Por oficio SEADS/461/2018, de cuatro de abril de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la readscripción del Juez Adrián Rivera López, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efecto a partir del dieciséis de abril de dos mil dieciocho; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 54, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues los actos reclamados son atribuidos a una autoridad con residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito (Toluca, Estado de México). SEGUNDO. Presupuestos de procedencia del juicio. I. Oportunidad en la presentación de la demanda. La promoción del presente juicio de amparo es oportuna, tomando en consideración que el acto reclamado es de carácter omisivo o negativo (omisión de ser llamada a juicio), así como continuado, por lo que se está en aptitud de presentar la demanda en cualquier momento. II. Legitimación. María de Lourdes Nolasco Ricardo, está legitimada para promover la demanda en términos de los artículos 5° fracción I y 6° de la Ley de Amparo, pues estima ser titular de los derechos subjetivos que se ven afectados con la falta de llamamiento al juicio natural en calidad de conyuge del demandado, la cual le produce una afectación real, actual y directa a su esfera jurídica, y la faculta para intentar la acción de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 47/2017 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2015475, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, Página: 427, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENEN LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTAN COMO TERCEROS EXTRAÑOS PARA IMPUGNAR EL EMBARGO DE UN BIEN PERTENECIENTE A LA SOCIEDAD CONYUGAL, AUN CUANDO ÉSTA NO SE HUBIERE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. El artículo 5o., fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo prevé que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el artículo 61, fracción XII, de dicha ley dispone que el amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el examen del derecho de propiedad o posesión inmobiliaria con motivo de la interposición de un juicio de amparo por las personas que se ostentan como terceras extrañas a juicio, no resuelve de forma directa ni definitiva sobre la titularidad sustantiva de esos derechos, sino que sólo determina su eficacia para conceder o negar la protección federal solicitada respecto del acto reclamado en el juicio constitucional. Así, los cónyuges que se ostentan como terceros extraños tienen interés jurídico para promover juicio de amparo indirecto contra el embargo de un bien perteneciente a la sociedad conyugal, aun cuando ésta no se hubiere inscrito en el Registro Público de la Propiedad, pues resultaría irrelevante en el estudio de procedencia el hecho de que en el juicio constitucional se haya o no acreditado que el derecho de propiedad inmobiliario que ostenta la quejosa fue inscrito en dicho registro para surtir efectos contra terceros de buena fe, pues esa circunstancia trasciende a la apreciación del interés jurídico, para depender del examen de fondo de dicho juicio. Además, lo resuelto en cuanto a la procedencia del juicio de amparo no implica pronunciamiento alguno respecto a la cuestión de fondo, la cual quedará sujeta a que de las pruebas o los argumentos de la quejosa deriven razones jurídicas de las que pueda concluirse la existencia de un derecho de audiencia que debiera haber sido tutelado en el procedimiento cuya reposición se reclama." TERCERO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, tal como lo prevé el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se deduce que el quejoso reclama La orden de desocupación y entrega del bien inmueble identificado en la calle 16 de septiembre, número 52, en el Barrio de San Juan en el Municipio de Xalatlaco, Estado de México así como su ejecución, al ostentarse como tercero extraño a juicio. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Presidente de la Primera Sala Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, así como el Juez y Ejecutor adscrito a al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia y Juicios Orales del Distrito Judicial de Tenango del Valle con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México (fojas 36 y 91 a 93), al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia del acto que se le reclama. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de algunas constancias del toca 28/2011 y del expediente 640/2010, del índice de las responsables; a las cuales se les concede valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de las que se aprecia que a la fecha de presentación de la demanda, existía el acto que se le atribuía a la responsable. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Del análisis oficioso de las constancias que integran el presente asunto, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 63, fracción II, de la propia ley, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; [.]" Expuesto lo anterior, es pertinente precisar que de la certificación realizada el veintidós de mayo del presente año (foja 222) se evidencia que María de Lourdes Nolasco Ricardo, no desahogó el requerimiento formulado mediante proveído de tres de abril del año en curso (fojas 213 a 216), a través del cual se le requirió la entrega de los edictos para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación nacional, por los cuales se pretendía notificar la radicación del juicio a la tercera interesada María Félix Puentes Morales, tal como lo señalan los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la primera de las legislaciones invocadas por disposición expresa de su numeral 2°. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de mérito y, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo y 5, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta el sobreseimiento del juicio de amparo, debido a la falta de notificación y emplazamiento de una de las partes y a la falta de cumplimiento a lo dispuesto en los preceptos anteriormente citados, para la debida integración de este asunto. A mayor abundamiento, se precisa que, la notificación del juicio de amparo al tercero interesado por edictos, es para tener constituida válidamente la relación jurídica procesal; sin embargo, está condicionada a que la parte quejosa recoja y pague la publicación de los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo al tercero interesado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, por ende, ante tal incumplimiento no se pueda resolver el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su notificación al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, al tomar en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo procedimiento, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio biinstancial pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por no recoger los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el presente juicio, pues jurídicamente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Lo anterior, porque al quedar paralizado el juicio constitucional por no recoger los edictos, a costa del solicitante del amparo, para lograr la notificación del tercero interesado, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible a este órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos que al respecto señala la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, del agraviado, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Atento a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita tal y como lo ordena el artículo 17 constitucional, evitándose además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo se supedite al arbitrio de la parte quejosa, quien omitió manifestar su imposibilidad de recoger o cubrir el pago de los edictos. Se hace hincapié en que este Juzgado agotó los medios a su alcance para lograr la notificación y emplazamiento de la tercero interesada María Félix Puentes Morales, ya que por autos de quince de enero, doce de febrero del presente año (foja 95 y 138) se giraron exhortos para lograr el emplazamiento respectivo sin lograr el mismo, además, mediante proveído de quince de marzo de dos mil dieciocho (foja 186 y 187), se giraron atentos oficios para logar la localización del tercero interesado a diversas dependencias, sin obtener resultado favorable) y, finalmente por auto del tres de abril de dos mil dieciocho se ordenó el emplazamiento por edictos a costa de la parte quejosa (fojas 213 a 216). Consecuentemente, ante la falta de emplazamiento de la parte tercero interesada lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, en los términos antes indicados. Es aplicable la tesis XVII.1°.C.T.18K (10ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1320, del Libro XXVI, del Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de 2013, Décima Época, con número de registro 2004907, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA). No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad". Así como la Jurisprudencia I.3°.C.J/42, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1463, del Tomo XXVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2007, Novena Época, con número de registro 170760, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO. GENERA PARA EL QUEJOSO LAS OBLIGACIONES DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA. De la jurisprudencia 64/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", se desprende que a la orden de emplazar por edictos a los terceros perjudicados le siguen tres distintos momentos, y otras tantas obligaciones a cargo de la parte quejosa, a saber, recoger los edictos, pagar su publicación y exhibir ésta, de tal suerte que la parte demandante de garantías debe satisfacer todos y cada uno de esos deberes, pero es evidente que no podrá hacerlo en una sola oportunidad, sino que debe seguir una secuencia lógica que, de suyo, entraña diversos tiempos, ya que, primero, recoge los edictos; a continuación, los paga; y, por último, espera las publicaciones para poder exhibirlas, para lo cual es menester dejar transcurrir el término legalmente previsto en cuanto al espaciamiento de cada publicación, según se desprende de la lectura correlacionada de los artículos 30, fracción II, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ende, no puede exigirse a los quejosos que, en un solo término procesal, den cumplimiento a las tres obligaciones a su cargo, pues podrán recoger y pagar los edictos en un breve plazo, pero las publicaciones sólo podrán exhibirlas hasta que se hayan realizado con la periodicidad legalmente prevista en el precepto invocado en segundo término". Además, la tesis aislada XVII.3°.35 K (10ª), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 2846, Libro 11, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de octubre de 2014, Décima Época, con número de registro 2007600, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA OMISIÓN INJUSTIFICADA DEL QUEJOSO DE DILIGENCIARLOS NO CONSTITUYE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SINO UNA HIPÓTESIS AUTÓNOMA DE SOBRESEIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la ejecutoria de la que se derivó la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 416, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la omisión del quejoso de recoger los edictos para el emplazamiento del tercero perjudicado, pagar su publicación y exhibirla podría configurar la causa de improcedencia del amparo prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 30, fracción II, y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, este criterio no puede aplicarse analógicamente a los asuntos regidos por la ley de la materia vigente a partir del 3 de abril de 2013, para integrar una causa de improcedencia y sobreseer con base en ésta en términos del artículo 63, fracción V, de dicha ley. Ello es así, porque la fracción II de ese mismo precepto incorporó expresamente como una causa autónoma de sobreseimiento la omisión injustificada del quejoso de acreditar la entrega de los edictos para su publicación, cuando deba emplazarse por ese medio al tercero interesado. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO". De igual modo, la jurisprudencia número II.2o.C.J/27, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1868, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio 2010, Novena Época, con número de registro 164213, que establece: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA. Si bien es exacto que inexiste precepto que establezca como causal de sobreseimiento el no recoger los edictos para que se emplace a la tercera perjudicada, no obstante, existe una jurisprudencia obligatoria ineludible, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; luego, atento al criterio jurisprudencial en cita, establecido por contradicción de tesis, ello autoriza al Juez de Distrito al respecto, por contener la interpretación jurídica y armónica de esa situación fáctica y procesal, según lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al alcance de los preceptos 14, párrafo segundo y 17 constitucionales; 73, fracción XVIII, en relación con el 30, fracción II y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, precisamente en razón a la falta de norma que motivó la integración de tal laguna de ley para actualizar la referida causa de sobreseimiento del juicio de garantías, dada la evidente omisión y desinterés del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero o terceros perjudicados." Atento al razonamiento vertido en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo, conforme al criterio sustentado en la Jurisprudencia 509, publicada en la página 335 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, con número de registro 226555, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María de Lourdes Nolasco Ricardo, por el acto y autoridad precisados en los considerandos tercero y cuarto, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
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IV) Toluca, Estado de México; ocho de mayo de dos mil dieciocho. El estado procesal de autos evidencia que del oficio SEADS/461/2018, de cuatro de abril de dos mil dieciocho, se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la readscripción del Juez Adrián Rivera López, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efecto a partir del dieciséis de abril de dos mil dieciocho; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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